Vacunas/ Leoninas. Las condiciones que impone Pfizer alrededor del mundo. [Leonardo Cardozo/Francisco Claramunt]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

29 de enero 2021

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Vacunas



Las condiciones que impone Pfizer alrededor del mundo



Leoninas



El secretismo impuesto por las farmacéuticas para la venta de inmunizantes
contra el covid-19 se extiende por el planeta, con la complicidad o la
subordinación de los Estados.



Leonardo Cardozo/Francisco Claramunt

Brecha, 29-1-2021

https://brecha.com.uy



La población mundial desconoce cuánto pagará por las vacunas, cómo se fijan
los precios y cuándo llegarán los suministros. Varias multinacionales, con
la gigante Pfizer a la cabeza, introducen cláusulas que las eximen de
responsabilidades por efectos adversos, las blindan contra los sistemas
judiciales nacionales y las liberan de cumplir cabalmente con los plazos de
entrega acordados. Compiten las empresas por mercados y precios, y compiten
los Estados y las regiones por sacar ventaja en la carrera de la
inmunización.



El sábado 23, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, afirmó que,
«amparado en la ley», su gobierno habría firmado dos contratos, sobre los
que se desconocen mayores detalles, para proveerse de vacunas con
Pfizer-Biontech y la empresa china Sinovac. Consultado sobre qué establecían
esos acuerdos en materia de responsabilidad ante los eventuales efectos
adversos de las vacunas, respondió que ambos documentos «tienen cláusulas
que hacen a la velocidad con que se aprobaron» estos inmunizantes. Uruguay
tenía que elegir, dijo, «tomar las vacunas o no» y en esa elección «asumimos
algunas responsabilidades». Dado el secretismo que rodea el asunto, el
público sólo cuenta, por el momento, con los antecedentes internacionales de
las últimas semanas para hacerse una idea de en qué consisten las
responsabilidades tomadas en su nombre.



Indemnizaciones, arbitraje y garantías



Empecemos por el barrio. Argentina participó con más de 6 mil voluntarios en
los ensayos clínicos de Pfizer-Biontech, para los que puso a disposición su
Hospital Militar y creó una ley a medida de las exigencias del laboratorio.
Pero un renglón introducido por los congresistas trancó la posterior
negociación para acceder a las vacunas. La ley faculta al Poder Ejecutivo a
incluir en los contratos con los proveedores de inmunizantes «cláusulas que
establezcan condiciones de indemnidad patrimonial [para las empresas]
respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias […] con
excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas
maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos». Según La
Nación, Pfizer pidió al gobierno argentino que quitara esta excepción. Ante
la negativa oficial, las negociaciones se truncaron.



En declaraciones a la radio AM 750, el ministro de Salud argentino, Ginés
González García, dijo no entender «por qué tienen tantas exigencias»:
«Pareciera que no le tienen fe a la vacuna». Ratificó el trascendido de que
Pfizer no terminaba de conformarse con la ley hecha especialmente por el
Congreso y agregó: «La verdad es que es muy difícil para nosotros hacer otra
ley, más allá de que no sería lo más digno para un país». Luego, Jorge
Rachid, médico sanitarista asesor del gobernador de la provincia de Buenos
Aires, diría a la radio rosarina LT8 que «desde la empresa Pfizer pidieron
una ley con garantías, con bienes inembargables que incluía petróleo,
glaciares», condiciones que calificó de «inaceptables» (Perfil, 28-XII-20).



Este extremo, sin dudas escandaloso, va en la misma línea de lo afirmado el
24 de enero por el Ministerio de Salud de Brasil y replicado por la estatal
Agência Brasil, donde la cartera explica la razón del fracaso de sus
conversaciones con Pfizer (véase en este número «En manos de la buena fe»).
También en Perú se vieron trancadas las negociaciones con esa transnacional.
El gobierno ya había accedido a someter al arbitraje internacional posibles
controversias con la empresa. «La autorización establecida en este artículo
comprende la renuncia a la inmunidad soberana», reza expresamente el decreto
supremo promulgado por el Ejecutivo peruano el 2 de diciembre. Pero esto no
fue suficiente para Pfizer, que pretendía una cláusula que estipulara que,
en el caso de que Perú perdiera una controversia, el país autorizara al
laboratorio a cobrar indemnizaciones con activos peruanos en el extranjero,
entre ellos, bienes muebles del servicio diplomático, naves militares u
objetos prestados a museos, indicaron fuentes de los ministerios de Salud y
Relaciones Exteriores a El Comercio (8-I-21).



En Europa, los recientes incumplimientos de Pfizer-Biontech y
Oxford-Astrazeneca en la distribución de las dosis prometidas han tensado el
vínculo entre los gobiernos y las farmacéuticas. Italia anunció el fin de
semana que estudia demandar a Pfizer, y las autoridades de ese país
revelaron algunos detalles del muy secreto acuerdo de la Unión Europea (UE)
con la compañía. Otra vez aparece el lavado de manos con respecto a
eventuales efectos adversos tras la vacunación, así como la estrategia legal
de la empresa para no cumplir con las entregas prometidas: aunque la
distribución de dosis es semanal, los Estados de la UE no podrán quejarse si
semanalmente las cantidades enviadas están por debajo de las acordadas
previamente. Sólo podrán presentarse reclamos con base en lo entregado por
Pfizer al finalizar el trimestre, el 31 de marzo. Si para entonces la
empresa entregó menos dosis de las encargadas, habrá varias opciones: Pfizer
podrá devolver el dinero correspondiente a las dosis faltantes; las partes
podrán rescindir el contrato, y, sólo como última opción, las autoridades
europeas podrán pedir, entonces sí, que se sancione a la empresa. Estas
exenciones en el cumplimiento de las entregas, detalladas en la última
semana por el diario italiano La Repubblica, van en una línea similar,
aunque más civilizada, a lo afirmado en la denuncia pública hecha contra la
farmacéutica por el gobierno de Brasil y a la copia del contrato que Pfizer
habría ofrecido a la República de Albania, según una reciente filtración
publicada en la prensa de ese país (véase el recuadro).



El precio de la dosis



Los precios de las dosis de Pfizer y otras farmacéuticas también se intentan
mantener en el más estricto secreto. La UE, por ejemplo, tiene
presupuestados al menos 2.000 millones de euros del Instrumento de
Asistencia Urgente para la pandemia y sus países aprobaron una contribución
adicional de 750 millones para la compra de vacunas, pero la población no
sabe cómo los están gastando las autoridades.



A mediados de diciembre, la secretaria de Estado de Presupuesto y Protección
de los Consumidores de Bélgica, Eva De Bleeker, divulgó en Twitter los
precios de las vacunas de los seis contratos firmados por la UE. Los borró
media hora después y no quedó claro si su error fue intencional o no, pero
para entonces la información ya había corrido. Oficialmente la Comisión
Europea se ha negado a confirmar esos precios, cuya divulgación enardeció a
Pfizer. «Estos precios están cubiertos por una cláusula de confidencialidad
en el contrato con la Comisión Europea», recordó una portavoz de la empresa.
De acuerdo al tuit de De Bleeker, dos de las vacunas que ya circulan en
Europa son las más caras (17,7 dólares la de Moderna y 14,5 la de
Pfizer-Biontech, aunque fuentes de Reuters corrigieron al alza estos precios
e indicaron que el precio pagado a Pfizer era de 18,3 dólares por dosis).



Mientras tanto, Israel paga a 62 dólares la dosis de la misma empresa. El
dato se debe, esta vez, a la indiscreción de Yaron Niv, un jerarca del
Ministerio de Salud de ese país, que así lo informó en una entrevista en
diciembre con la radio pública Kan, sin mayores detalles. Quizás allí, y en
el acuerdo complementario por el que Israel brinda a Pfizer las estadísticas
detalladas de su campaña de vacunación –datos médicos de los vacunados
incluidos, según el documento oficial al que tuvo acceso Brecha–, se
encuentre la llave del celebrado éxito israelí en materia de vacunación
contra el covid-19 (éxito del que están excluidos los palestinos sometidos a
la ocupación militar). Por su parte, Estados Unidos paga por cada dosis de
Pfizer unos 19,50 dólares, se informó en diciembre.



Esta impredecibilidad en el costo del inmunizante ha sido explicada en
algunos medios internacionales como sometida a la situación financiera de
cada país. Así, las farmacéuticas les venderían dosis más baratas a los
Estados más pobres y más caras a los más ricos, lo que, a su vez, explicaría
la necesidad del secreto. Sin embargo, la semana pasada se supo que
Sudáfrica, uno de los países africanos más afectados por la pandemia, ha
pagado casi 2,5 veces más que Europa por la vacuna Oxford-Astrazeneca, un
inmunizante cuya venta, se había anunciado, sería al costo. «El precio que
nos fue comunicado es de 5,25 dólares», declararon a AFP fuentes del
Ministerio de Salud sudafricano.



En el marco de la tensiones de esta última semana entre la Comisión Europea,
y Pfizer y Astrazeneca por el incumplimiento de estas en la entrega de las
dosis prometidas, la comisaria de Salud Stella Kyriakides anunció este
jueves que, «en el futuro, todas las compañías que produzcan vacunas contra
el covid-19 en la UE tendrán la obligación de proporcionar una notificación
previa cuando deseen exportar vacunas a terceros países». Bruselas pretende
evitar que la producción de vacunas en su territorio se vaya a otros países
a precios más elevados (especialmente a Inglaterra, adonde, se sospecha, fue
a parar un cargamento de Astrazeneca prometido para la UE), bajo el
entendimiento de las autoridades de que esa es la causa del atraso en los
suministros y no los problemas en las fábricas de Bélgica aducidos por ambas
farmacéuticas.



La sexta dosis y las jeringas



A mediados de diciembre, cuando comenzó a administrarse la vacuna de Pfizer
en Estados Unidos, el personal de algunos hospitales descubrió que de cada
vial (el frasco que contiene las dosis de la vacuna) de Pfizer podían
obtenerse seis dosis, una más de lo previamente anunciado. El hallazgo
provocó esperanzas en un panorama de escasez y urgencia por los nuevos
aumentos de casos. Pero la empresa pinchó ese globo rápidamente al ejercer
una fuerte presión para que la Food and Drug Administration (FDA), de
Estados Unidos, cambiara el texto de su hoja informativa para los
administradores, oficializando el nuevo rendimiento de cada vial (The New
York Times, 22-I-21). Ese cambio llegó el 6 de enero, y el 8 hizo lo propio
la Agencia Europea de Medicamentos. También la Organización Mundial de la
Salud introdujo esa recomendación.



El detalle es clave, pues el suministro prometido en los contratos se paga
por cantidad de dosis y no por frasco. Esto le permite a la empresa paliar
parcialmente el incumplimiento de sus compromisos en Europa y Canadá, en
momentos en que las autoridades alemanas advierten de un desabastecimiento
de vacunas en el viejo continente que podría durar hasta diez semanas. El 15
de enero Pfizer ya había comunicado a todos los referentes europeos que a
partir del lunes 18 «cada bandeja enviada contendría 1.170 dosis y ya no
975, con una reducción del 20 por ciento en el número de viales» (El Mundo,
25-I-21). Con esa modificación, la producción neta de Pfizer prevista para
este año se eleva, por arte de magia, de 1.300 a 2.000 millones de dosis,
comunicaron luego a la prensa funcionarios de la compañía.



Pero ocurre que las jeringas especiales necesarias ahora –llamadas de bajo
contenido muerto, pues reducen el contenido residual que puede quedar
inutilizado en la aguja o en el émbolo­– no están a disposición de todos los
centros de vacunación de Europa y Estados Unidos, y su producción a gran
escala no estaba prevista para obtener la sexta dosis. «Para Pfizer, la
aprobación por la FDA de la dosis extra significa que puede cumplir su
contrato […] y recibir el pago completo de Estados Unidos con casi 7
millones de viales menos. Pero muchas de esas sextas dosis podrían acabar
siendo desechadas porque los centros de distribución carecen de las
herramientas adecuadas», dijo el 22 de enero a The Washington Post Sam
Buffone, ex asesor jurídico de la división de fraudes civiles del
Departamento de Justicia. De las más de 286 millones de jeringas que la
empresa Becton Dickinson –la principal productora de jeringas del mundo–
tiene comprometidas con el gobierno de Estados Unidos, sólo 40 millones son
del tipo necesario para extraer la sexta dosis, afirmó la compañía.



Por eso, el gobierno de Joe Biden evalúa aplicar la Ley de Producción de
Defensa. Se trata de una norma aprobada en 1950 durante la Guerra de Corea
que permite al gobierno intervenir en empresas privadas para cumplir metas
bélicas. La ley se ha ido extendiendo del campo militar a necesidades como
las causadas por catástrofes naturales y fue utilizada por la administración
de Donald Trump el año pasado para incrementar la producción de mascarillas,
respiradores y otros insumos médicos. Además, según ABC News, da potestades
al Ejecutivo para bloquear fusiones y adquisiciones extranjeras consideradas
perjudiciales para la seguridad nacional, lo que, de aplicarse, podría
frenar las exportaciones de las jeringas (22-I-21). Mientras tanto, la socia
alemana de Pfizer, Biontech, ha anunciado la próxima producción y venta al
costo de 50 millones de jeringas especiales. Quizás deba recordarse que
Estados Unidos ya encargó a Pfizer unos 200 millones de dosis de su vacuna.



***



A cal y canto



El celo de las empresas que trafican con las vacunas por mantener en secreto
las condiciones impuestas a los Estados compradores llega a extremos
absurdos. Tras masivas manifestaciones y pedidos internacionales, Ucrania,
un país acosado por constantes escándalos de corrupción, aprobó en los
últimos años un paquete de reformas en pro de la transparencia que obliga a
hacer públicas la práctica totalidad de los contratos estatales. Pero
Pfizer, Moderna y Johnson and Johnson, entre otras compañías farmacéuticas,
han obligado ahora al gobierno ucraniano a desechar sus propias normas y
saltearse sus mecanismos anticorrupción para asegurar la confidencialidad de
eventuales contratos por vacunas con esas empresas, informó The New York
Times el viernes 22.



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La filtración albanesa



El portal de periodismo investigativo de Albania Gogo.al publicó el 19 de
enero una copia del contrato secreto que Pfizer habría ofrecido al gobierno
de ese país y que fue replicado luego por varios medios locales. Albania
tiene una población algo menor que la de Uruguay, con casi 3 millones de
personas, y anunció oficialmente en las últimas semanas que compró a la
mencionada empresa medio millón de dosis. Brecha no ha podido confirmar de
forma independiente la veracidad del documento publicado por los periodistas
albaneses, pero sus cláusulas van en la misma línea de lo declarado por
autoridades latinoamericanas y europeas.



El breve inciso 2.6 establece que «en ningún caso Pfizer estará sujeta o
será responsable de penalizaciones por retrasos en la entrega». Otro
apartado establece que, en el caso de que «Pfizer no haya suministrado al
comprador ninguna dosis del producto antes del 31 de diciembre de 2021» o
«no pueda suministrar todas las dosis contratadas antes del 31 de diciembre
de 2022», cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato. Llegado el
caso, «la devolución del cincuenta por ciento (50 %) del pago anticipado
será el único y exclusivo recurso del comprador por la falta de entrega de
las dosis contratadas».



También queda establecido en el documento que Albania «renuncia expresa e
irrevocablemente a cualquier derecho de inmunidad soberana», y esto incluye
la inmunidad que «sus activos puedan tener o adquirir en el futuro (ya sea
caracterizada como inmunidad soberana o cualquier otro tipo de inmunidad)
con respecto a cualquier arbitraje […], incluyendo, pero sin limitarse a,
[…] la inmunidad contra el embargo preventivo de cualquiera de sus activos».
El contrato insiste en diversos incisos en que cualquier controversia entre
Albania y Pfizer deberá ser resuelta por tribunales del estado de Nueva
York.



En cuanto a las responsabilidades, se establece que «en ningún caso Pfizer
será responsable ante el comprador por daños directos, salvo en la medida en
que […] sean consecuencia de un incumplimiento sustancial de una declaración
o garantía de Pfizer en virtud del presente contrato que haya causado
directa y exclusivamente el daño». Además, «en ningún caso Pfizer y sus
afiliadas serán responsables ante el comprador por cualquier reclamo por el
cual el comprador tendría que indemnizar a Pfizer si dicho reclamo fuera
presentado directamente contra Pfizer. La responsabilidad total de Pfizer y
sus afiliadas […] no excederá una suma equivalente al cien por ciento (100
%) del precio total efectivamente recibido por Pfizer en virtud de este
contrato por las dosis contratadas».

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