Nicaragua/ La izquierda latinoamericana frente al régimen de Ortega. [José Natanson]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

7 de julio 2021

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Nicaragua



La izquierda latinoamericana frente a Nicaragua



José Natanson

Le Monde Diplomatique, julio 2021

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Resultado de un largo proceso de lucha social contra la dictadura más
longeva de Centroamérica, el sandinismo fue un movimiento heroico y diverso,
caracterizado por su pluralidad político-ideológica, que incluía marxistas,
socialdemócratas y liberales, una gran apertura religiosa, que iba desde el
materialismo histórico a la teología de la liberación, la feminización de su
militancia y el carácter colectivo de su conducción, en la que Daniel Ortega
era, a lo sumo, un primus inter pares. Pese a las múltiples dificultades que
enfrentó, el primer gobierno sandinista lanzó un gigantesco plan de
alfabetización al estilo cubano, inauguró un sistema de atención de salud
primaria e inició la reforma agraria para mejorar la situación de las zonas
rurales, hasta entonces abandonadas a la economía latifundista del café y el
algodón. La organización social creada por la revolución, con sus comités,
sus comunas y sus frentes, explica algunas singularidades que distinguen a
Nicaragua al día de hoy, por ejemplo el hecho de que el país, aunque
afectado por niveles de pobreza y desigualdad similares a los de sus
vecinos, no sufre como ellos el drama de la inseguridad, los asesinatos y
las maras.



Pero además la Revolución Sandinista tuvo una dimensión electoral única. En
1984, ante el reclamo de las facciones burguesas que habían abandonado el
gobierno y la creciente presión internacional, Ortega convocó a un
plebiscito en el que los nicaragüenses ratificaron su apoyo al proceso
revolucionario. Seis años más tarde, cuando la crisis económica arreciaba
(Nicaragua registró una inflación de 14.000% en 1990) y el acoso feroz de la
Contra arrinconaba al gobierno, Ortega nuevamente aceptó someterse a la
prueba electoral: perdió las elecciones presidenciales y se retiró a su
casa.



Al hacerlo, el comandante daba el paso que Fidel siempre se había negado a
dar, y con ello realizaba un aporte tan involuntario como crucial a la
redemocratización de Centroamérica: la idea de que las elecciones pueden ser
una salida eficaz a los conflictos armados resultaría decisiva para los
acuerdos de paz de Guatemala y El Salvador, que no se explican sin la
normalización democrática nicaragüense. La paradoja es que Ortega es hoy
víctima del espíritu democrático que él mismo contribuyó a crear, porque
hasta su llegada al poder Nicaragua nunca había celebrado elecciones
limpias. “La Revolución Sandinista había heredado lo que no se propuso, la
democracia, y no había podido heredar lo que se propuso, el bienestar y la
justicia para los más pobres, que sólo se consiguen con la transformación
económica”, escribió Sergio Ramírez, ex vicepresidente sandinista y enorme
escritor, autor, entre otros libros, de Adiós muchachos, su amarga despedida
de la revolución.



Durante su larga travesía por el desierto de la oposición (16 años y 3
derrotas electorales), Ortega fue perdiendo el fuego, la moral y los
escrúpulos. Concentró en sus manos la conducción sandinista (de los nueve
míticos comandantes solo quedaron a su lado dos), y disfrutó de la comodidad
económica obtenida en la “piñata”, el voraz proceso de adquisición
fraudulenta de bienes en los meses finales del gobierno.



Dispuesto a todo con tal de volver al poder, lo consiguió finalmente en
2006, tras un acuerdo con su adversario histórico, el líder liberal Arnoldo
Alemán, al que le garantizó una cómoda prisión domiciliaria a cambio de una
reforma constitucional diseñada para garantizar una victoria sandinista en
primera vuelta. Caso único en el mundo, el sistema electoral nicaragüense
establece que, para evitar el ballottage, es necesario obtener el 40% de los
votos, o el 35% y una diferencia de 5% con el segundo. En 2006, por primera
vez en la historia, el liberalismo se presentó dividido entre el sector que
respondía a Alemán y un frente integrado por las facciones más modernas –y
menos corruptas– del partido. Juntos, los dos candidatos liberales sumaron
el 55%, por lo que presumiblemente hubieran logrado imponerse en el
ballottage. El nuevo diseño electoral, sin embargo, permitió que el líder
sandinista se alzara con la Presidencia pese a haber obtenido menos votos
que en cualquiera de sus derrotas anteriores.



Para facilitar su regreso al poder, Ortega había emprendido una remodelación
ideológica que incluyó un discurso pragmático, el apoyo legislativo a
algunas reformas neoliberales y una nueva estética: el clásico rojinegro fue
reemplazado por un rosa suave y el Himno Sandinista, que incluía un verso
inelegante pero impetuoso –“luchamos contra el yanqui, enemigo de la
humanidad”– fue sustituido por “Give Peace a Chance”: de Lenin a Lennon en
el breve lapso de una década. Estos cambios cosméticos acompañaron otros más
significativos: Ortega se acercó a la Iglesia Católica (junto a Estados
Unidos, uno de los núcleos de la oposición en los 80), invitó a los obispos
a abrir sus actos de campaña y apoyó la ley que prohíbe el aborto
terapéutico, lo que convirtió a Nicaragua en uno de los pocos países del
mundo en penalizar la interrupción del embarazo cuando corre riesgo la vida
de la madre.



Más por los ecos del pasado que por sus cualidades actuales, Ortega fue
aceptado como un miembro menor, pero miembro al fin, del club de gobiernos
del giro a la izquierda latinoamericano en la primera década del siglo XXI.
Su gestión recibió el petroapoyo de Venezuela, y con eso, las remesas y una
veloz expansión de la maquila logró índices razonables de crecimiento
durante algunos años, que permitieron reducir los niveles de pobreza e
indigencia (Nicaragua sigue siendo el país más pobre del continente junto
con Haití y Bolivia) y mejorar las condiciones de vida de los sectores
medios. En 2009, disfrutando todavía de un sólido respaldo popular, Ortega
forzó un fallo de la Corte Suprema de Justicia para habilitar su reelección,
constitucionalmente prohibida. Y luego, en 2014, impulsó una reforma
constitucional por vía legislativa para habilitar la reelección indefinida,
convirtiendo a Nicaragua en el único país de la región –salvo Venezuela– que
no establece límites al ejercicio del poder por la misma persona. Y lo hizo
sin convocar a un referéndum.



La involución no puede estar más clara: si en los 80 Ortega se había animado
a realizar las elecciones que Fidel nunca se dignó conceder, en 2014 se
negaba a correr el riesgo que sí había aceptado Chávez, que convocó a dos
plebiscitos para habilitar la reelección indefinida (perdió el primero y
reconoció la derrota, y al año siguiente llamó a otro, que ganó). Superados
los obstáculos legales, Ortega encadenó tres mandatos al hilo –el último con
su esposa como vice– y hoy se prepara para un cuarto.



Pero las cosas comenzaron a complicarse tres años atrás, cuando anunció una
reforma del sistema previsional que aumentaba las contribuciones y creaba un
impuesto del 5% a los jubilados, lo que desató una ola de protestas de la
oposición y los movimientos sociales a las que pronto se sumaron los
estudiantes de Managua y León. El gobierno respondió con una represión feroz
de la Guardia Nacional que se cobró más de 300 muertos, la censura a tres
señales de televisión y algunos intentos poco creíbles de diálogo. Denunció,
por supuesto, un plan de Estados Unidos para desplazarlo del poder, aunque
el origen del conflicto había sido claramente interno. De hecho, las
sanciones estadounidenses fueron posteriores a la represión, y van desde
medidas puntuales contra un puñado de funcionarios a otras de efectos más
reales, como el voto en contra de Washington en los organismos
internacionales. Pero no afectan los programas vigentes ni contemplan un
cerco financiero más duro, como el que asfixia a Venezuela o Irán.



En diciembre de 2020, la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional votó una
ley de nombre largo (“Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la
Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”), que penaliza
como “traidores a la patria” no sólo a quienes organicen actos de sedición o
golpes de Estado, como sancionan de un modo u otro todas las legislaciones
del mundo, sino también a aquellos que “realicen actos que menoscaben la
independencia, la soberanía y la autodeterminación”, que “inciten a la
injerencia extranjera en los asuntos internos”, “gestionen bloqueos
económicos, comerciales y de operaciones financieras”, reclamen “sanciones
contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos” o “lesionen los intereses
supremos de la Nación”. No hace falta ser Raúl Zaffaroni para reconocer que
los tipos penales abiertos son una herramienta ideal para las detenciones
arbitrarias y los abusos de poder: por si hacía falta, esto demuestra que el
lawfare es ideológicamente bidireccional, que puede usarse de derecha a
izquierda, como en Brasil o Argentina, pero también de izquierda a derecha,
como en Venezuela y Nicaragua.



Amparándose en la nueva legislación, un mes atrás la justicia nicaragüense
ordenó la detención de una veintena de dirigentes opositores, entre los
cuales se encontraban casualmente los cuatro candidatos con más chances de
disputar las elecciones presidenciales de noviembre, e incluso referentes
del sandinismo histórico como Hugo Torres, el comandante 1 que en 1976
encabezó el operativo que liberó a Ortega de la cárcel de Somoza, y Dora
María Téllez, la comandante 2. En cierto modo, fue como si Fidel hubiera
ordenado detener a Camilo Cienfuegos y al Che Guevara.



Éste, y no el de 1979, es el Ortega que hoy gobierna Nicaragua. Su deriva,
tanto más amarga cuanto que viene de un pasado memorable, pone a la
izquierda latinoamericana ante una incomodidad parecida a la que producen
Cuba y Venezuela. Con algunas diferencias: Cuba sufrió, como Nicaragua en
los 80, el bloqueo de Estados Unidos, los intentos de invasión y las
tentativas de magnicidio (Fidel solía decir que si la CIA no logró
asesinarlo fue porque nunca encontró a alguien dispuesto a morir en el
intento). La diferencia es que todavía hoy las empresas estadounidenses
tienen prohibido operar en Cuba, las compañías extranjeras se exponen a
sanciones si lo hacen y el turismo está prohibido, en tanto que Nicaragua
tiene vigente… un Tratado de Libre Comercio con Washington. Pero además Cuba
logró eliminar el analfabetismo, reducir la pobreza y sostener, desde una
pequeña isla del Caribe, un intenso activismo internacional, con actuaciones
decisivas por ejemplo en la lucha contra la extensión del apartheid a
Angola. En suma, el régimen cubano ha dado sobradas muestras de su voluntad
represiva, del caso Padilla en los 70 al Movimiento San Isidro actual, pero
tiene cosas que mostrar.



Venezuela ya no. Aunque en sus años iniciales el chavismo logró dejar atrás
la anquilosada democracia del Punto Fijo gracias una serie de planes
sociales desordenados pero muy amplios, una política exterior solidaria y
una identificación emocional única entre el líder y el pueblo, su llama se
fue apagando, producto de sus propias inconsistencias, la muerte de Chávez y
el subibaja de los precios del petróleo, hasta hundir a Venezuela en el
abismo socioeconómico más profundo de su historia. Venezuela, como
Nicaragua, es una democradura, un régimen híbrido que combina algunos
elementos democráticos con cada vez más componentes autoritarios, y que no
se priva de reprimir violentamente marchas y manifestaciones, confirmando el
viejo adagio de Deleuze: “Toda revolución que fracasa acaba disparándoles a
los estudiantes”.



Frente a estos puntos ciegos, la izquierda latinoamericana reacciona de
diferente forma: Gustavo Petro, Gabriel Boric y Pepe Mujica cuestionaron la
represión y las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, en tanto
que los gobiernos de Venezuela y Cuba defendieron a Ortega, igual que el
Foro de San Pablo, con las consabidas apelaciones al anti-imperialismo como
un paraguas justificador de casi cualquier cosa que se haga en su nombre. El
silencio de partidos y dirigentes que en años recientes sufrieron la misma
política de proscripción y persecución que hoy pesa sobre la oposición
nicaragüense, como el PT de Lula, resulta especialmente estruendoso.



En este marco, la posición del gobierno argentino resulta ilegible de tan
sutil, confusa. Consistió en emitir un comunicado manifestando
“preocupación” y llamar al embajador en Managua a consulta, pero cuidándose
de condenar a Ortega en la OEA y la ONU. Si la abstención en la OEA podría
explicarse para evitar un alineamiento automático con Luis Almagro y Estados
Unidos, la posición en la ONU parece difícil de explicar, toda vez que
Argentina no se ha privado de condenar las violaciones a los derechos
humanos en otros países (las últimas en Myammar y Bielorrusia) y que la
responsable de escribir el informe fue Michelle Bachelet, insospechada de
conspirar con el imperialismo. Tampoco se entiende por qué Argentina votó la
condena a Venezuela pero no a Nicaragua.



En una América Latina atormentada por golpes de Estado, derivas autoritarias
y elecciones cuestionadas, Argentina aparece como un país institucionalmente
estable, de impecable continuidad democrática: utilizar ese activo para
contribuir a fortalecer la democracia en la región exige tratar del mismo
modo a todos los gobiernos, más allá de pasados heroicos y simpatías
actuales. Por eso, si el objetivo detrás de la abstención en la OEA fue
sintonizar con México, entonces vale, a condición de agregar que la
diplomacia mexicana tiene una tradición distinta a la nuestra, con énfasis
en la no injerencia y el asilo más que en los derechos humanos y el
multilateralismo. Si la idea es mantener abierto el diálogo con Ortega para
contribuir a una salida consensuada, también vale, aunque hasta ahora no hay
evidencias de que esa hipótesis vaya a avanzar.

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