Ecuador/ Un escenario abierto, nada decidido. [Mario Unda]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

16 de junio 2021

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Ecuador



Un escenario abierto, nada decidido



Mario Unda *

Quito, 15 de junio de 2021



Más allá del respaldo de la prensa tradicional y de los grandes grupos
empresariales y de la buena imagen que le concede una encuestadora alineada
con sus propuestas, el gobierno de Guillermo Lasso inicia con una cierta
debilidad política.



Una cierta debilidad por su origen:Lasso accedió a la segunda vuelta con
menos de 20% de los votos en el primer turno, y con una mínima ventaja sobre
Yaku Pérez, candidato de Pachakutik (aún si dejamos de lado la negativa a
contar los votos, concertada entre CREO (Creando Oportunidades), el partido
político fundado por Lasso para las elecciones de 2013-, Partido Social
Cristiano (PSC), había sido hasta ahora el partido hegemónico de la derecha
y el correísmo); más del 60% de su votación en el ballotage provino de
personas para las cuales no fue esa su primera opción: no se trató de un
respaldo a sus propuestas, sino de un rechazo a la candidatura del
correísmo, de manera que no puede darse por sentado que sus votantes vayan a
apoyar cualquier medida que Lasso adopte desde el gobierno.



También una cierta debilidad parlamentaria. El bloque legislativo de su
partido CREO llega apenas a 12 asambleístas sobre 137. Para superar esa
dificultad, estableció primero una alianza sorpresiva que incluía al PSC y a
la Unión por la Esperanza (UNES), el nombre que adoptó la alianza correísta
para estas elecciones de 2021, la cara actual del correísmo. Pero el
gobierno rompió el acuerdo el mismo día en que se instalaba la Asamblea para
armar otra alianza, esta vez con los denominados “independientes”, con
Pachakutik y con la Izquierda Democrática una alianza que, con los votos
justos logró hacerse con la conducción de la Asamblea Nacional luego de que
el primer día ninguna fuerza lograra la mayoría de votos. El episodio sirve
también para mostrar que el gobierno tomó la iniciativa política y que
parece dispuesto a disputar la hegemonía de la derecha al Partido
Socialcristiano, que la detentaba desde el “retorno a la democracia” en
1979, una disputa que habrá que ver cómo se resuelve.



Gracias al poder de atracción clientelar que tienen los gobiernos (y más en
un escenario de fragmentación política como el que vivimos), Lasso cooptó
primero a los legisladores de pequeños partidos locales y después a los
desafiliados de otras tiendas políticas, constituyendo con todos ellos la
Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), a donde se han ido integrando en este
último mes 4 ex socialcristianos, 2 ex Izquierda Democrática (ID), de
tendencia socialdemócrata y un ex Pachakutik. Con 26 legisladores es
actualmente el segundo bloque más numeroso, pero sigue muy lejos de la
mayoría, aunque puede pensarse que las desafiliaciones seguramente no han
terminado y pueden continuar a lo largo del período.



El acuerdo con el que se nominó a las autoridades de la Asamblea es también
precario: la Izquierda Democrática cuenta ahora con 16 legisladores y
Pachakutik con 26; pero, como junta apenas el número casi justo para lograr
mayoría, cada votación puede ponerlo al borde de una derrota. Cuando se
trate de aprobar leyes que le interesen, el gobierno deberá recurrir a otros
bloques, y siempre será una duda si los consigue o no, con quiénes y a qué
costo. Por de pronto, esta alianza se ha mantenido, pese a algunos traspiés,
como la pérdida de la presidencia de la estratégica comisión de régimen
económico, que recayó en una asambleísta de Pachakutik, en acuerdo con el
PSC y con UNES. Pero la verdadera prueba de su estabilidad vendrá con los
proyectos de ley que realmente interesan al programa neoliberal del
gobierno, que aún no se han enviado al poder legislativo.



La política económica



La política económica de Lasso no ofrece novedades. Se basa en la aplicación
de la carta de intención que el gobierno de Moreno (2017-2021) firmó con el
FMI y cuya aplicación -si bien parcial- fue el detonante de las masivas
protestas de octubre de 2019.



Esto incluye mantener el mecanismo de incrementos mensuales de los precios
de las gasolinas, introducido por el régimen aprovechando la coyuntura
creada por la pandemia. Una anunciada reforma laboral pretende extender la
precarización del trabajo ya iniciada con la hipócritamente denominada “Ley
de ayuda humanitaria” aprobada por Moreno: ampliar los contratos por tiempo
parcial, facilitar las contrataciones eventuales y abaratar los despidos, lo
que rebajará en general el costo de la fuerza de trabajo.



Se propone acentuar la apertura comercial, comenzando con un acuerdo con
México como puerta de entrada a la Alianza del Pacífico, y teniendo en
agenda acuerdos con Estados Unidos, China y Corea del Sur entre otros.

Las privatizaciones, con las que el nuevo gobierno tiene la esperanza de
atraer inversión extranjera, están también en los primeros lugares de la
lista: las refinerías, un puerto para la distribución de combustibles, las
carreteras, la telefónica estatal (una de las empresas ecuatorianas con más
ventas anuales), el segundo banco más grande del país, actualmente en manos
públicas, y probablemente las hidroeléctricas.



Si las privatizaciones pueden lograr recursos inicialmente, a mediano plazo
traerá una merma significativa, al deshacerse de empresas que tienen una
alta rentabilidad. De manera que el gobierno requerirá fuentes de
financiamiento; quizás la anunciada reforma tributaria provea algo,
dependiendo de cuánto incremente el censo de contribuyentes: se habla de un
aumento del IVA, y ya el ministro de finanzas ha dicho que quienes ganen más
de 500 dólares mensuales tendrán que hacer un mayor esfuerzo, en un país en
que el salario mínimo está en 400 dólares y el costo de la canasta básica
supera los 700 dólares por mes. Se espera que mayores montos provengan de
una agresiva profundización del extractivismo petrolero y minero y de nueva
deuda externa, acentuando el carácter dependiente de la economía
ecuatoriana.



Con una política económica de estas características, la conflictividad
social puede saltar en cualquier momento. Para prevenirla, el gobierno
apunta en tres direcciones: una renegociación con el FMI (que ya se ha dicho
que no modificará las medidas, sino solamente el ritmo de su implementación,
con el objetivo de diferir las previsibles protestas sociales), las
políticas sociales y la “gobernabilidad”.



Las políticas sociales



Con las políticas sociales, el gobierno espera contrarrestar el descontento
social. La ministra de Inclusión Social ha anunciado la creación del “Bono
Prospera”, por de pronto junto a los que mantenía el anterior gobierno, que
llegan a 1.400.000 familias, pero para los cuales sólo habría financiamiento
hasta octubre. El nuevo bono atendería a 400.000 familias, pero aún no se
anunciado ni su monto ni su funcionamiento.



Ha ofrecido también entregar gratuitamente 200.000 viviendas en el campo e
“impulsar la construcción” de otras 500.000 en áreas urbanas; esto
significaría construir 175.000 viviendas anuales, con la idea de armonizar
“rentabilidad y solidaridad social”. En la misma línea, Lasso pidió
públicamente a la banca que emprendan una línea de microcréditos al 1%
Asobancos (Asociación de Bancos del Ecuador) de interés y a mayores plazos.
Las cooperativas de ahorro y crédito y las instituciones de finanzas
populares señalaron estar dispuestas a hacerlo, pero aún se espera una
respuesta de la banca, que ha guardado prudente silencio. No obstante, un ex
director ejecutivo de se sumó a la idea, señalando que únicamente se
necesitaba que el ministro de finanzas se reúna con los dueños de los
bancos. Por de pronto, la ministra de Agricultura ha reiterado que los
pequeños productores del campo recibirán créditos al 1% de interés y a 30
años plazo, y el propio Lasso afirmó que se destinarán “al menos 1.000
millones de dólares” para el efecto.



Quizás la medida de política social más mediática haya sido el ofrecimiento
de vacunar a 9 millones de personas durante los primeros 100 días de
gobierno. Según datos oficiales,2.700.000 personas habría recibido ya al
menos una dosis, y la ministra de Salud ha anunciado que se espera recibir 6
millones de dosis de la nueva vacuna china CanSino. Mientras tanto, la
situación de los hospitales sigue siendo dramática, sin contar con insumos
ni medicinas ni para atender a los enfermos de Covid ni para atender a los
demás pacientes.



En cuanto a los salarios, el ministro de Trabajo aseguró que se cumplirá la
oferta de la campaña electoral de incrementar el salario mínimo a 500
dólares mensuales, pero aclaró que esto se lo irá haciendo paulatinamente
durante los 4 años de gobierno.



Habrá que esperar todavía para ver cuáles de estas políticas terminan
cumpliéndose, pero es claro que dependen de los dineros que el gobierno
alcance a movilizar y del impacto social de las políticas económicas. Como
ya se observó en el gobierno de Moreno, las políticas económicas
neoliberales pueden liquidar las pretensiones de política social por los
efectos desastrosos que tienen sobre las condiciones de vida de la mayoría
de la población. Pero, por otra parte, es evidente, que dependerán también
de otro factor: la existencia de acuerdos políticos entre los grupos de
poder económico, que se han mostrado por lo general muy reacios a cualquier
medida levemente redistributiva. Este aspecto tendrá mucho peso sobre todo
en las ofertas de relativas al microcrédito y al incremento salarial.



La “gobernabilidad” y las Fuerzas Armadas



La relativa debilidad con la que el gobierno inició su mandato pone en
primer plano las preocupaciones en torno a la “gobernabilidad” y a la
legitimidad social. El gobierno ha puesto en circulación un discurso que
pretende hacerle ganar la aceptación de una mayoría de la población,
aprovechando la enorme sintonía que ha logrado entre las clases dominantes y
en vastos sectores medios, así como el espíritu de expectativa que suele
reinar en la población durante los primeros meses.



Por un lado, busca legitimarsedentro del ambiente anticorreísta que le
permitió triunfar en la segunda vuelta: decretó un “código de ética” como
supuesto remedio a la corrupción, pero que parece destinado sobre todo a
guardar los “secretos de Estado”; anunció que venderá los medios de
comunicación públicos que estaban en poder del Estado desde la crisis
bancaria de 1999-2000, y aseguró que abandona el control sobre los medios de
comunicación, que en adelante se “autoregularán”, y que ya no se recurrirá a
cadenas nacionales.



Pero, por otro lado, hace gala de un discurso de derechos e la inclusión,
prometiendo terminar con la violencia de género: “La lucha por la igualdad
de género no es un problema solo de las mujeres. Es un problema nacional. Un
problema ecuatoriano que debe ser abordado por el Gobierno”, dijo Lasso en
su discurso posesión el 24 de mayo. Antes ya había prometido acatar la
resolución de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en embarazos
causados por violación, y la nueva secretaria de derechos humanos anunció la
creación de una subsecretaría para atender a la población LGBTIQ+,
especialmente en salud, educación y servicios judiciales, y centros de
atención 24/7 para dar atención integral a mujeres víctimas de violencia de
género. Se comprometen, dijo, a “erradicar todas las formas de
discriminación y violencia”.



También al ecologismo se destinaron guiños: Lasso anunció que se cambiará el
nombre del ministerio de Ambiente y Agua, que pasará a llamarse Ministerio
de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. “La transición ecológica no es un
impedimento al desarrollo”, dijo, sino “transitar hacia formas de producción
circulares, inagotables e inclusive regeneradoras, es crecer con industrias
limpias conectadas a las nuevas tecnologías”.El “capitalismo verde” comienza
a abrirse paso, y seguramente chocará con las resistencias al extractivismo.



El mismo objetivo persiguen los anuncios sobre la vacunación, la vivienda y
el microcrédito, ya mencionados. El primero tiene por blanco a la población
en general, hastiada del pésimo manejo de la pandemia por parte del gobierno
de Moreno. El segundo se dirige a un gran segmento de las clases
subalternas, compuesto por pequeños propietarios, en general expoliados por
los grandes capitales, y ahora sometidos al riesgo de la desaparición por la
pandemia.



El énfasis en el campo seguramente está dictado por el alto nivel de
conflictividad que se manifestó abiertamente en octubre de 2019. Se
complementa con la creación de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de
Pueblos y Nacionalidades, cuya dirección fue encargada a Luis Pachala, un
indígena que ya fue asambleísta de la provincia de Bolívar por el movimiento
CREO en el período 2017-2021, pero que no logró reelegirse en estos últimos
comicios. No es un novato en estas lides: en 2003, durante el gobierno de
Lucio Gutiérrez, fundó Fedepicne, una organización que buscaba “romper el
monopolio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
–CONAIE- y Pachakutik”. Tendrá rango de ministro. Mientras tanto, sectores
afines al Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del
Ecuador (FEINE), le entregaron a Lasso el bastón de mando, en una ceremonia
realizada en Colta, provincia de Chimborazo, acto que se repitió casi
enseguida en Tamboloma, provincia de Tungurahua.



La nueva reforma laboral apunta a generar condiciones para “normalizar” la
sobreexplotación del trabajo, pero también a fragmentar a la clase
trabajadora y a azuzar las diferencias entre quienes trabajo y el sector más
precarizado. Como “nada es más precario que no tener trabajo”, ofertar
trabajos precarios puede parecer aceptable para quienes se encuentran
desempleados o subempleados, y seguramente sintonizará con la mentalidad de
sectores medios que se han adherido al discurso neoliberal.



Las conversaciones con los transportistas son parte importante de la misma
estrategia, especialmente luego de los acontecimientos de 2019. En las
primeras negociaciones, los transportistas han dejado saber que están
dispuestos a aceptar que continúe subiendo mensualmente la gasolina a cambio
de que el subsidio se focalice y se incrementen los pasajes.



Con todo eso se busca la desactivación preventiva de protestas sociales y
generar condiciones para dividir al posible bloque popular de lucha contra
las políticas fondomonetaristas.



Pero, en caso de que no resulte así, ya está preparándose la represión.
Lasso ha anunciado que fortalecerá a las Fuerzas Armadas para que actúen en
el control interno, con el pretexto de la presencia de mafias del
microtráfico de drogas. Y durante la ceremonia de cambio del alto mando
militar lo enunció de modo inequívoco: “No habrá tolerancia para grupos que
actúen fuera del marco institucional y pretendan con anarquía desestabilizar
al país. Nos la jugamos por la paz social y la tranquilidad ciudadana”.
Calificó como “desempeño heroico” a la salvaje represión desatada en esos
días, que dejó una decena de muertos, más de mil heridos, más de mil
detenidos y varios juicios penales en contra de manifestantes y dirigentes
sociales.



¿Y la izquierda?



En estos andares, la izquierda no ha tenido aún un buen pie. El conflicto
por la representación política del pueblo quedó evidenciado en las
elecciones de febrero y abril. El correísmo ya no puede seguir presumiendo
de ser el exclusivo representante de los sectores populares, y ha venido
perdiendo votación desde 2013 hasta ahora. Además, su conducta en estas
semanas dista de la imagen que quiere dar de sí mismo: contando con la
bancada legislativa más numerosa (sin embargo distante de garantizar la
mayoría por sí solo, como se acostumbró a hacerlo durante los 10 años de
correísmo), optó por aliarse con la derecha para captar puestos directivos
en la Asamblea Nacional, pero la alianza fracasó porque CREO se desembarcó
antes de zarpar. Hasta ahora, las bancadas de UNES y del PSC continúan
actuando en acuerdo; habrá que ver si lo hacen cuando la labor legislativa
tenga que abordar temas centrales de la política. Hacia adelante, el
correísmo pretende presentarse como la única oposición a las medidas
neoliberales que tomará el nuevo gobierno y, a partir de allí, recuperar
posiciones políticas. Pero sabe que, para hacerlo, deberá deshacerse de
Pachakutik y de los movimientos sociales, sobre todo de la CONAIE y del
Frente Unitario de Trabajadores (FUT); eso explica la andanada de ataques
que ha dirigido contra ellos.



Pero un segmento muy significado de las clases subalternas dejaron ver que
están en busca de una nueva representación política, y esa búsqueda se
encontraron con Pachakutik, pero Pachakutik no parece haber estado
suficientemente preparado para responder a ese movimiento. Inició
estableciendo un acuerdo con la ID, pero no parece haber tenido una
estrategia de acción y alianzas muy definida, presionado por intereses
locales y particulares. Finalmente, junto con la ID, se decantaron por
establecer un acuerdo con CREO y su satélite del BAN (Bancada del Acuerdo
Nacional (el bloque legislativo que responde a los intereses del gobierno de
Lasso). Lograron un paso simbólico significativo: la presidencia de la
Asamblea para Guadalupe Llori, mujer amazónica perseguida desde el inicio
del correísmo; pero Llori y otros asambleístas se dejaron llevar en varios
momentos por el discurso de la “gobernabilidad”. Es pronto para sacar
conclusiones, porque hasta ahora lo que se ha discutido es la directiva de
la Asamblea y la conformación de las comisiones legislativas. En todo caso,
la prueba le vendrá a Pachakutik con las propuestas de ley que enviará Lasso
para viabilizar la implementación de su propuesta neoliberal.



Mientras tanto, las organizaciones sociales parecen en un compás de espera.
La CONAIE organizó un par de movilizaciones en las provincias de Imbabura y
Cotopaxi, que, aunque no reunieron un número muy alto de participantes,
resultaron importantes para establecer su predisposición a movilizarse. La
misma suerte corrieron las acciones emprendidas por el FUT. Por lo demás, la
CONAIE está próxima a la realización de su congreso, en el cual deberá
renovarse su Consejo de Gobierno.



En estas condiciones, las tareas que están por delante siguen girando
alrededor del fortalecimiento de las organizaciones sociales, de la búsqueda
de espacios concretos de unidad entre las principales organizaciones del
movimiento popular y entre ellas y las representaciones políticas, y del
mantenimiento del contacto entre las organizaciones sociales y políticas con
ese importante segmento del pueblo que busca nuevas formas de
representación, más allá del correísmo y de las derechas. Por eso se vuelve
urgente dar pasos formes en la construcción de un espacio político y
programático que no se detenga en la polarización entre populismo y
neoliberalismo.



Es un escenario abierto, y quizás no sea el mejor de todos, pero nada está
decidido y todo dependerá de lo que se haga en adelante.



* Sociólogo, activista del movimiento urbano popular.

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