Venezuela/ ¿Por qué vuelven las negociaciones? [Colette Capriles]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

23 de junio 2021

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Venezuela



¿Por qué vuelven las negociaciones en Venezuela?



Detrás de la aparente inmovilidad, varias cosas se mueven en Venezuela. En
medio de la crisis, la desafección política alcanza al gobierno y a la
oposición. Por eso ambos bloques, debilitados en diferente medida, tienen
incentivos para iniciar nuevas negociaciones después de varios fracasos.



Colette Capriles *

Nueva Sociedad, junio 2021

https://nuso.org/



En Venezuela, se está preparando un nuevo e incierto proceso de negociación
política entre el gobierno y la oposición. Para calibrar sus posibilidades
de éxito, conviene preguntarse en primer lugar en qué se diferencia y en qué
repite las experiencias anteriores. Es importante subrayar que la iniciativa
ocurre en continuidad -al menos metodológica- con el esfuerzo emprendido en
2019 en Barbados bajo la facilitación de Noruega, cuyos expertos están
involucrados desde hace varios meses en consultas a dos bandas. Ello indica
que se retoma el proceso recuperando algunas bases en el campo de la
creación de confianza, si no entre los actores, al menos en los mecanismos
de construcción de la agenda y de reglas de funcionamiento.



Sin embargo, las condiciones políticas de 2019 y de 2021 son enteramente
diferentes, y ello, en mi opinión, podría favorecer avances en una
negociación de esta naturaleza, siempre que los actores políticos
identifiquen esas diferencias y ajusten sus demandas y estrategias.



Se parece, pero no es igual



Vista de un modo muy superficial, la situación venezolana pareciera
resumirse en un estancamiento inercial en el que el gobierno de Nicolás
Maduro resiste, impertérrito, en medio de la devastación de la vida
cotidiana de millones de personas, mientras la oposición procura lidiar con
sus propias contradicciones estratégicas. Pero tras esta apariencia de
inmovilidad es posible identificar una serie de circunstancias que permiten
entender por qué los actores políticos están hoy dispuestos a reiniciar un
proceso de negociación que en el pasado fracasó una y otra vez.



Una de ellas afecta por igual a la oposición y al gobierno: llamémosla
desafección generalizada hacia lo político. Es un lugar común señalar la
despolitización que conllevan y provocan los regímenes autoritarios,
reduciendo a la ciudadanía a la vida privada o a la mera supervivencia. Pero
en el chavismo este efecto coexiste con su propia contradicción populista:
en su sistema operativo hay una variable inevitable que es el metabolismo
electoral, no solo en términos de legitimación política, sino también como
método de distribución de cuotas de poder entre las partes que componen ese
archipiélago.



El mal resultado de las elecciones parlamentarias de 2020, con el
oficialismo corriendo solo o mal acompañado por pequeños sectores
desprendidos de la coalición opositora, es una señal de debilidad muy
preocupante para la honra del «proyecto histórico» y, más pragmáticamente,
para las bases de sustentación del propio poder. Esto lo vuelve más
dependiente de alianzas con el sector militar y con socios no necesariamente
muy confiables. Ciertamente, el gobierno se hizo del control total de la
Asamblea Nacional, pero dejó al descubierto sus grietas internas.



Esto por supuesto no es ninguna novedad, atendiendo a los misérrimos niveles
de popularidad que acompañan al gobierno desde hace años. Pero adquiere una
significación estratégica distinta, paradójica: la debilitada oposición ya
no funciona como una amenaza capaz de unificar y cohesionar al bloque
chavista. Maduro debe ahora atender a una infinidad de demandas contenidas,
recomponer «el proyecto», ofrecer resultados y alcanzar una gobernabilidad
que le exige concesiones para reconstruir la ruinosa condición del aparato
del Estado. La función política de cohesionar y repartir cuotas de poder que
cumple la corrupción sistémica cuesta ahora más que lo que beneficia al
poder porque ha destruido las capacidades de gestión. Del mismo modo, la
tolerancia hacia socios irregulares pero hasta hace poco útiles ha
significado la pérdida de control territorial en zonas críticas del país y
puso en evidencia limitaciones operacionales y de la cadena de mando de las
Fuerzas Armadas.



Pero para la oposición las noticias son igual de malas: su capacidad de
capitalizar el enorme descontento popular está reducida a mínimos históricos
y ha perdido la iniciativa política en medio de una inercia estratégica. No
es cuestión de recapitular aquí las condiciones y circunstancias que
condujeron a este estado de cosas, pero se puede señalar que fue
determinante la desaparición, a partir de 2016 y más agudamente a partir de
la conformación del «gobierno interino» en 2019, de la instancia de
conducción política unitaria que fue la Mesa de la Unidad Nacional, lo que
impidió que las importantes divergencias en torno de las estrategias para
impulsar el cambio político pudieran ser metabolizadas.



El fracaso de la visión dominante, que se fundamentaba en la tesis de la
«máxima presión», apalancada por las sanciones estadounidenses, tanto a
Venezuela como a funcionarios del gobierno, y por la diplomacia regional. Se
suponía que todo esto provocaría rupturas horizontales (entre grupos del
poder, especialmente en el sector militar) y/o rupturas verticales
(movilizaciones populares). Pero no ocurrió nada de eso y se generaron
fracturas en el campo opositor que fueron hábilmente aprovechadas por el
régimen para tratar de legitimar las elecciones legislativas de diciembre de
2020 con una diminuta «nueva oposición», calificada de «moderada» en
contraste con el «extremismo» de la oposición mayoritaria. Hasta ahora, los
aproximadamente 20 diputados (contra los 253 del oficialista Partido
Socialista Unido de Venezuela) de esta coalición, que recientemente se ha
rebautizado como Alianza Democrática, no han alterado el statu quo en la
nueva Asamblea Nacional.



Sin embargo, la dinámica centrífuga no se limita a este grupo. En ocasión de
la decisión de la mayoría de la oposición de no participar en las elecciones
parlamentarias de 2020, comenzaron a producirse discretos movimientos dentro
de cada uno de los partidos agrupados en torno del «gobierno interino» de
Juan Guaidó (Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, Un
Nuevo Tiempo, La Causa R, etc.), que presionaban por redefinir el rumbo
estratégico hacia la reconstrucción de las condiciones para la participación
electoral, considerando el horizonte inmediato de las elecciones regionales
y municipales que deben realizarse en noviembre de 2021. Desde entonces,
otros factores, como el liderazgo social y nuevas formaciones de activistas,
irrumpen a su vez en la escena pública y acompañan lo que en realidad es una
demanda de reconfiguración de la estrategia del cambio político que la
dirigencia de estos partidos, junto con el «gobierno interino», lee y
responde en una nueva propuesta bautizada «Acuerdo de Salvación Nacional».



La nueva teoría del cambio se fundamenta en una agenda de negociación con el
chavismo en cuatro áreas: elecciones generales competitivas, ayuda
humanitaria, vacunación y garantías políticas para todos. Y junto con esto,
el levantamiento progresivo de las sanciones según avances en los acuerdos.



Eppur si muove



Para calibrar las posibilidades de esta nueva negociación, hay que completar
el retrato anterior con dos elementos que en mi opinión podrían marcar el
éxito o el fracaso del proceso: la activación de actores de la sociedad
civil organizada en la escena política y las señales que el gobierno ha
enviado en cuanto a su disposición a ceder parte de su control hegemónico
sobre las instituciones.



En los últimos años, muchas organizaciones de la sociedad civil se han
enfrentado al abordaje de la emergencia humanitaria compleja que sufre el
país. La acción humanitaria, que debe ocurrir bajo unas reglas
internacionalmente aceptadas de neutralidad y universalidad, tiene en
Venezuela características particulares por la naturaleza misma de la
emergencia: su origen es eminentemente político, a diferencia de otros casos
en que han resultado de catástrofes naturales o conflictos armados.



Las políticas públicas y económicas oficiales han conllevado un agudo
deterioro de los indicadores de calidad de vida desde al menos 2015. El
trabajo local de las ONG humanitarias y de defensa de derechos humanos ha
necesitado del desarrollo de habilidades de intermediación y
micronegociación con el gobierno, y con los actores políticos en general. Y
hoy, una serie de organizaciones busca potenciar sus capacidades de
incidencia política en la búsqueda de una solución democrática y negociada
que haga énfasis en la recuperación de las instituciones y de las reglas del
juego político, a partir de consensos básicos sobre los valores democráticos
y el respeto a los derechos humanos.



Fundamentalmente agrupados bajo la iniciativa del Foro Cívico –aunque no es
la única, sí es la más visible–, ONG, sindicatos, organizaciones
empresariales y gremiales y organizaciones juveniles y académicas han
construido algunos espacios de incidencia y de catalización que han
movilizado a los sectores políticos y hecho avanzar propuestas concretas de
acuerdos político-institucionales que abonan el terreno para alcanzar
acuerdos políticos de alto nivel.



La historia de las relaciones entre la sociedad civil y el ámbito político
en Venezuela es sumamente complicada y no exenta, como en el resto de
América Latina, de motivaciones corporativas. A la vez, la historia de estas
relaciones bajo el chavismo ha sido particularmente difícil, pero aun así se
ha podido desarrollar una conciencia de autonomía de la acción, que no es
neutral, puesto que los objetivos de democratización y
reinstitucionalización son en sí mismos políticos, pero sí tienen claridad
acerca del rol esencial que deben jugar los actores políticos para llevar
adelante las soluciones negociadas.



Por su parte, el gobierno de Maduro, empeñado en recuperar su capacidad de
gobernar, comienza desde enero de 2020 a tomar riesgos, abriendo por ejemplo
algunos espacios de interlocución y negociación con organizaciones civiles y
algunos actores políticos. Estas interlocuciones no son las únicas señales
emitidas desde el poder: se ha venido implementando, en la práctica y sin
mucho ruido, un conjunto de reformas en el plano económico y fiscal para
mejorar los ingresos internos; se fue formalizando la dolarización de facto
de la economía; se avanzó en un proyecto de creación de zonas económicas
especiales, que tiene un fuerte aire de familia con la concepción china de
«un país, dos sistemas», y se hicieron otras concesiones inéditas, como la
autorización de la entrada del Programa Mundial de Alimentos al país, lo que
implica reconocer la tragedia humanitaria que padece la población. Pero todo
ello acontece en un contexto en el que no cesan los gestos hostiles y
represivos contra organizaciones y personas, y se exacerban la corrupción y
la miseria general en medio de la pésima gestión de la pandemia.



Hay varios espacios de «negociaciones sectoriales» que están activos, como
las que el principal gremio empresarial, Fedecámaras, lleva adelante con una
agenda de incidencia en las políticas económicas, o la posible creación de
una instancia de coordinación humanitaria con organizaciones que aseguraría
condiciones de respeto y apoyo del gobierno a las reglas de la acción
humanitaria. Hay también avances en la recuperación del llamado diálogo
tripartito (empresarios, sindicatos y gobierno) al que obligan los convenios
con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual ha amenazado
con procesos contra el gobierno de Maduro por sus graves violaciones al
derecho al trabajo y al salario digno. Un caso menos prometedor es el de la
Mesa Técnica para la vacunación, en la que participan expertos sanitarios,
miembros del gobierno y representantes del «gobierno interino». En una
lógica bastante previsible, el gobierno no ha renunciado hasta ahora a
politizar el tema de la vacunación, y lejos de acordar facilitaciones
internacionales para el financiamiento y suministro de vacunas a través de
la Mesa Técnica, ha preferido apelar a sus alegatos de que las sanciones
financieras le impiden cumplir con su plan de vacunación, que por cierto no
ha hecho público.



Sin embargo, el impacto más importante es el que puede tener la conformación
de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya composición, en la que
participan expertos electorales y políticos postulados por las
organizaciones civiles especializadas en el tema electoral, resultó menos
desequilibrada que las versiones anteriores, y sobre todo, ocurrió siguiendo
los procedimientos legales. Ello fue posible en virtud de negociaciones
entre varios actores políticos, especialmente el ex-candidato presidencial
Henrique Capriles Radonsky, las organizaciones civiles y los operadores
políticos del gobierno de Maduro, en lo que aún sigue siendo un espacio
activo de negociación que serviría para que el nuevo CNE, si bien bajo
control del chavismo, cumpla un programa de reformas que mejorarían
sustancialmente las condiciones institucionales para las próximas
elecciones. Esto serviría de incentivo para la participación electoral de
los grandes partidos de la oposición.



La cuestión toca un asunto medular de la estrategia de la oposición agrupada
en torno del «gobierno interino», que por ahora no ha dado respuesta sobre
su eventual participación en esas elecciones, ni queda claro entonces si
propondrá las reformas electorales como parte de la agenda de la negociación
facilitada por Noruega.



No cabe duda de que las concesiones del gobierno no provienen de una súbita
conciencia democrática, sino de una apuesta a que oxigenar el camino
electoral agudice las actuales contradicciones dentro del campo opositor con
respecto a la participación o no en los comicios. No cabe dudar, tampoco, de
que parte del impulso del gobierno hacia la promoción de negociaciones
sectoriales simultáneas proviene de un cálculo que básicamente persigue
quitarle oxígeno al liderazgo político opositor que no participe en ellas.
Pero el hecho político es que se trata de oportunidades, de rendijas por las
cuales se puede avanzar hacia acuerdos que prefiguren el juego político
democrático que se aspira lograr, y en esa medida también suponen un riesgo,
para el régimen, de reformas en cascada que precipiten la transformación del
sistema.



El realineamiento internacional



Como un tercer conjunto de factores, hay que considerar que las dinámicas
geopolíticas han cambiado, obviamente, en especial a partir de la
instalación del gobierno de Joe Biden, con el vuelco geoestratégico que ello
implica y su voluntad de favorecer una solución política sustentable para
Venezuela. Pero para resumir el contexto internacional, se diría que el caso
venezolano se ha vuelto tóxico, en especial en el hemisferio, como suelen
decir los estadounidenses. Y esto no solamente debido a la situación
migratoria, de por sí terrible para quienes emprenden el éxodo y para los
países receptores, sino también porque Venezuela termina siendo una variable
de la ecuación política interna en muchos países que amplifica el conflicto
político con la gramática de la polarización. Así como en algún momento hubo
un alineamiento internacional con la tesis de que la crisis venezolana podía
derivar en el cambio político en el corto plazo, la prioridad hoy parece ser
tratar de evitar que el conflicto se vuelva crónico y acompañar una ruta
creíble, realista, acordada y posiblemente larga para el rediseño
democrático.



La clave: la construcción de la agenda



Todas estas circunstancias mueven a los actores a negociar, sin duda, y
advierten que una nueva ronda de negociaciones puede conducir a nuevos
resultados si se cumple una condición esencial: que el espacio de
negociación no resulte, como en ocasiones anteriores, un dispositivo para la
escenificación del conflicto, en el que los actores persiguen fortalecerse
uno frente al otro, en lugar de construir un marco básico de reglas del
juego político para dirimir el conflicto.



En efecto, lo ocurrido tanto en los encuentros de 2017-2018 como en los del
ciclo de 2019 con la facilitación de Noruega fue algo así como la
continuación de la guerra por otros medios: para cada parte, se trataba de
«ganar» la negociación o al menos de no quedar debilitada en el proceso. La
negociación pareció funcionar como una táctica más para posicionarse en el
conflicto, y no como un método para acordar la recomposición de las
instituciones que, a la postre, permitirían regularlo para inducir el
proceso de democratización.



Así, el gobierno de Maduro se sentó en la mesa de negociación en 2019 con el
objetivo de mejorar las condiciones para conservar el poder, mientras que el
objetivo de la oposición era procurar las condiciones para asegurar el
cambio político. Entre la aspiración del gobierno de ganar estabilidad y la
de la oposición de sustituir a Maduro mediante elecciones libres, se podía
vislumbrar una teórica zona de posible acuerdo: pactar las condiciones de
elecciones presidenciales en las que ambas partes pudieran ser competitivas.
Pero el problema es que para el gobierno de Maduro, ser competitivo
significaba (y eso sigue siendo así) poder gobernar con capacidad
financiera, es decir, asegurar el levantamiento de las sanciones y el acceso
a la administración de activos de la República controlados, hasta hoy, por
el «gobierno interino», mientras que, para la oposición, ser competitiva
significa que se cumpla una serie de condiciones institucionales y legales
que aseguren no solo la pulcritud del proceso sino el reconocimiento y
respeto de los resultados.



La verdad es que, en 2019, ninguna de las dos partes estaba en capacidad o
tenía la voluntad política de garantizar las concesiones que implicaba este
esquema. En particular, la cuestión de la intervención indirecta de la
administración Trump al imponer nuevas sanciones al gobierno de Maduro
mientras aún estaban en curso las conversaciones, a principios de agosto de
2019, fragilizó la capacidad negociadora de la oposición, dividiéndola, y
radicalizó a su vez al gobierno en una posición de resistencia, lo que
suspendió las tensiones en el campo chavista entre quienes favorecían y
quienes rechazaban la negociación.



Hoy, algunas señales discursivas no lucen muy prometedoras: tanto en el
campo chavista como en el opositor ha habido menciones públicas muy
negativas acerca de lo que cada parte espera del nuevo proceso de
negociación, desde «salvar a Venezuela de la dictadura» hasta obligar a la
oposición a reconocer la supremacía del chavismo y el levantamiento de las
«sanciones criminales». Las narrativas que establecen la mesa de negociación
como campo de batalla siguen creando una atmósfera beligerante que no le
ofrece al ciudadano común confianza en que la negociación puede ser la vía
para reconstruir la democracia.



La experiencia acumulada en muchas negociaciones políticas ha permitido
decantar unos principios o guías para conducir el proceso a buen término,
pero solo voy a mencionar un par de aspectos que en este caso parecen muy
necesarios.



En primer lugar, hay un elemento subjetivo que falta: el mutuo
reconocimiento, aquello que precisamente está en el fondo del conflicto
político histórico entre oposición y gobierno. En la mentalidad hegemónica
del chavismo, la oposición no existe más que, en el mejor de los casos, en
una posición ancilar, mientras que por su parte la oposición, en sus
diferentes configuraciones, ha puesto en duda la legitimidad de las
victorias electorales del chavismo. En principio, la negociación misma
debería ser una forma de mutuo reconocimiento de cada parte como legítimo
actor político, independientemente de sus cualidades morales o de la
naturaleza de su objetivo estratégico.



En segundo lugar, las cuestiones de representatividad tanto de las partes
negociadoras como de los contenidos de la agenda. Como he querido mostrar,
las primeras ya no son las mismas que en 2019. Con la irrupción de otros
actores que no están alineados con los miembros del gobierno o con el
liderazgo formal de la oposición, que tienen una visión más orgánica de las
demandas de la sociedad y capacidad de intermediación, con un compromiso con
la democratización pero no con las agendas particulares de los actores
políticos, se hace necesario incluir esta perspectiva en la mesa.



Pero esa presencia no tiene necesariamente que materializarse en el grupo de
negociadores, aunque es frecuente la fórmula de los dos tracks (actores
políticos y sociedad civil); es más bien en la confección de la agenda donde
debe concentrarse la experiencia de esos agentes sociales que están o han
estado catalizando procesos de negociación entre actores políticos. En el
proceso facilitado por Noruega, el periodo de construcción de la agenda ha
transcurrido bajo una regla de discreción y prudencia que no permite conocer
su contenido, pero no sería productivo, en mi opinión, que negociaciones ya
adelantadas o al menos prometedoras como las que tienen que ver con las
condiciones electorales que dependen del CNE volvieran a ponerse en la mesa
de la negociación integral y terminaran atadas al cumplimiento de otros
acuerdos más disputados. Más bien podría pensarse en un esquema de múltiples
procesos simultáneos bajo una misma concepción estratégica, que sería la
materia fundamental del acuerdo integral: la reconstrucción del sistema
institucional de tal manera que, en el futuro inmediato, quien sea elegido
limpiamente para gobernar lo haga dentro de los límites constitucionales, y
quien quede en el lugar de la oposición, pueda ejercerla con todas las
garantías y libertades.



* Colette Capriles, es profesora agregada e investigadora en el área de
Filosofía Política y Ciencias Sociales en la Universidad Simón Bolívar.
Además de numerosos artículos académicos, ha publicado dos libros de
crónicas políticas: La revolución como espectáculo (Debate, 2004) y La
máquina de impedir (Alfa, 2010). Ha sido columnista en varios medios
nacionales e internacionales. Dirige la revista Argos, de la Universidad
Simón Bolívar.

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