Chile/ El poder constituyente cobra altura. [Cristian González Farfán]m

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

5 de noviembre 2021

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Chile



Avanza el trabajo de la convención

El poder constituyente



En cuatro meses de funcionamiento y a dos semanas de las presidenciales, la
asamblea se ha anotado logros rutilantes, a pesar de los sectores de derecha
empeñados en obstruir su trabajo cobra altura.



Cristian González Farfán, desde Valparaíso

Brecha, 5-11-2021

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Exactamente a las 15.38 horas del simbólico 18 de octubre de 2021, la
presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, declaró ante el
pleno el inicio oficial del debate constitucional. Mientras una multitud de
manifestantes se aglomeraba en las calles de todo Chile para conmemorar el
segundo aniversario de la revuelta popular, la representante mapuche
anunciaba en el ex Congreso Nacional, sede del órgano constituyente, el
comienzo de la redacción de la nueva Constitución. «Por primera vez los
pueblos de Chile nos hemos sentado en una misma mesa, en una mesa plural, en
condiciones de igualdad y horizontalidad a discutir y pensar un país donde
la dignidad se haga costumbre», señaló Loncon.



Instalada el 4 de julio con una histórica ceremonia, la Convención
Constitucional logró discutir y aprobar en tres meses el reglamento general
que regulará su funcionamiento, además de otros tres reglamentos anexos que
surgieron en medio del debate: el de ética, el de participación popular, y
el de participación y consulta indígena. «Se hizo en un plazo que, en
promedio, está por debajo de lo que se han demorado otras asambleas o
procesos constituyentes en el mundo», destaca a Brecha Valentina Rosas,
cientista política e integrante de la Red de Politólogas Chile.



Rosas lo dice a pesar del camino rocoso que ha debido transitar el organismo
desde el primer día: la poca colaboración del gobierno en acondicionar un
espacio para celebrar las sesiones en el contexto de la pandemia y el atraso
en pagar los sueldos a los asesores de los convencionales; la postura
obstruccionista de algunos constituyentes de derecha; las recriminaciones de
la prensa oficialista por una supuesta lentitud del proceso, y la renuncia
al organismo de Rodrigo Rojas Vade, convencional de la ahora extinta Lista
del Pueblo e ícono de la lucha en la Plaza de la Dignidad, quien reconoció a
comienzos de setiembre, acorralado por un reportaje del diario La Tercera,
que no tenía cáncer, tal como había dicho previamente, a pesar de que
concurría a la «zona cero» de las movilizaciones a torso desnudo, con sondas
colgadas de su pecho y rayado con consignas a favor del derecho a la salud.



El reglamento general, publicado en el Diario Oficial el 13 de octubre, fijó
los procedimientos básicos que regirán la Convención: una mesa directiva
ampliada y rotativa con presidencia, vicepresidencia y siete
vicepresidencias adjuntas (dos de pueblos originarios con escaños
reservados); la definición de siete comisiones temáticas permanentes que
desde el mismo 18 de octubre comenzaron a trabajar en los contenidos; la
obligación de que el pleno y las comisiones sesionen en localidades
apartadas, ubicadas en el interior del país, y la participación incidente y
vinculante de la ciudadanía, entre otras reglas.



El documento también zanjó uno de los nudos críticos de discusión en el seno
de la Convención. Tras ser sometido a votación el 29 de setiembre de 2021,
el artículo que ratificaba el cuórum de dos tercios para votar cada norma
constitucional (así quedó establecido en el Acuerdo por la Paz del 15 de
noviembre de 2019, que abrió el proceso constituyente y desactivó la crisis
social de entonces) fue aprobado por 96 sufragios a favor, 54 en contra y
una abstención. Dicha votación supuso una derrota para los convencionales de
la izquierda más radical (Chile Digno, Pueblo Constituyente, independientes
de movimientos sociales y representantes de pueblos originarios con escaños
reservados), que apostaban por desbordar el acuerdo del 15 de noviembre
rebajando el cuórum requerido a tres quintos.



«Yo sigo siendo una opositora de los dos tercios. Es un cuórum
supramayoritario, antidemocrático, que obliga a generar acuerdos con
sectores que son más moderados. En la práctica, se ponen más trabas a las
transformaciones profundas. Hubiésemos esperado otro escenario, pensando que
el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 fue obra de la derecha con sectores
del Congreso que se dicen de izquierda para destrabar la crisis política»,
comenta a Brecha Camila Zárate, constituyente que renunció prematuramente a
la Lista del Pueblo, colectivo de independientes que se disolvió tras una
severa crisis interna, agravada por el caso de Rojas Vade. Hoy Zárate
integra Pueblo Constituyente.



Por el contrario, el abogado constitucionalista Javier Couso califica como
«positiva» la confirmación de los dos tercios para votar las normas
constitucionales. «El grupo “institucional” de la izquierda logró prevalecer
a la hora de respetar las reglas del juego acordadas por el pacto político
del 15 de noviembre. Esto simboliza el respeto a la palabra empeñada y al
Estado de derecho. El triunfo de esa adhesión a las normas le hizo bien a la
Convención», asegura a este semanario Couso, profesor titular del
Departamento de Derecho Público de la Universidad Diego Portales y
catedrático en Tendencias Globales del Constitucionalismo de la Universidad
de Utrecht.



Plebiscito e iniciativa popular



No obstante la ratificación de los dos tercios, se aprobaron en el
reglamento de participación popular (por 107 votos a favor, 42 en contra y
cuatro abstenciones) dos mecanismos de democracia directa. El primero es el
llamado plebiscito dirimente. Se celebraría en una fecha previa al trigésimo
día anterior al término de la Convención (fijado para el 4 de marzo de 2022,
supeditado a una prórroga de tres meses) y sometería a escrutinio público
aquellas normas constitucionales que no sean aprobadas por dos tercios del
pleno en una primera votación, pero sí por un cuórum de tres quintos en un
segundo intento. Aunque el plebiscito dirimente requiere para su desarrollo
una reforma constitucional previa efectuada por el Parlamento, varios
convencionales de derecha han repudiado el mecanismo y esgrimido que, en el
escenario actual, «los dos tercios son letra muerta y se violan los términos
del Acuerdo por la Paz», tal como indicó ante el pleno la constituyente
Carol Bown, miembro de la conservadora Unión Demócrata Independiente.



Desde la vereda opuesta, el convencional Francisco Caamaño –miembro de
Pueblo Constituyente tras renunciar a la Lista del Pueblo– cree que el
plebiscito dirimente «va a permitir decidir al pueblo soberano de Chile». Al
respecto, el abogado Couso estima que el plebiscito dirimente no es tan
«vinculante» como aparece escrito en el papel. «Si en los próximos comicios
no se logra una mayoría favorable de dos tercios en la composición del
Senado, no habrá plebiscito dirimente, porque no se conseguirá la reforma
constitucional previa. Es casi impracticable», plantea Couso, quien alude a
la elección presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales de este
21 de noviembre.



El otro mecanismo de democracia directa visado por el reglamento de
participación popular de la Convención es la iniciativa popular de norma
constitucional. Faculta a las personas naturales o a las organizaciones
sociales a presentar propuestas constitucionales. Si dichas propuestas
alcanzan 15 mil firmas de, por lo menos, cuatro regiones distintas, se
considerarán equivalentes a las presentadas por los convencionales, por lo
que deberán ser analizadas y votadas en las comisiones temáticas y,
eventualmente, ante el pleno. Otro tanto corresponde a la consulta indígena,
regida por el reglamento homónimo, que permitirá a los pueblos originarios
tener una participación directa en el proceso constituyente.



«Esto no representa un quiebre con la institucionalidad. Más bien es una
evolución necesaria. Este debería ser el nuevo estándar: paritario, con
escaños reservados, con independientes, parámetros de probidad y ética, y
nuevos estándares de participación. Hemos subido la vara y esperamos que la
futura institucionalidad se rija por estos nuevos estándares», asegura a
Brecha Juan José Martin, convencional de Independientes No Neutrales,
colectivo situado en la centroizquierda dentro de la correlación de fuerzas
políticas en el interior de la Convención.



La obstrucción



Pese a los numerosos avances logrados por el organismo, tanto los
convencionales con posiciones progresistas como los analistas externos
coinciden en que hay un grupo de convencionales de derecha empeñados en
obstruir y desprestigiar el trabajo de la Convención. «Hay un sector
político que no quería una nueva Constitución, que se sentía muy cómodo con
la actual y que viene a resguardar este modelo neoliberal que sacrifica los
territorios y los cuerpos. Y, como saben que la nueva Constitución reducirá
sus privilegios, que desafiará al poder constituido, han orquestado una
campaña de desprestigio a la Convención que se expresa en un llamado a votar
Rechazo en el plebiscito de salida», explica Caamaño. Alude al plebiscito de
salida obligatorio al que se convocará para que la ciudadanía apruebe o
rechace la propuesta de nueva carta fundamental.



«Nos han dicho que no trabajamos, que nos subimos el sueldo, que incluso
queremos cambiar el nombre, la bandera y el himno de Chile, lo cual es
totalmente falso», añade Caamaño en referencia a la propaganda electoral de
la actual senadora y candidata derechista por la Región de los Ríos Ena von
Baer, quien acusó a la Convención de querer modificar los emblemas patrios.



Para Couso, los convencionales de derecha proclives al diálogo son la
excepción, y quienes buscan «atrincherarse» en contra de la Convención son
mayoría dentro del grupo más conservador: «Hay un grupo recalcitrante de
convencionales que trabaja desde el primer día por el Rechazo en el
plebiscito de salida, pero hay otro grupo dialogante que si logra introducir
algún concepto en la nueva Constitución, puede aumentar su peso en la
derecha y marginar a quienes todavía aman la Constitución del 80».



Couso agrega que volcar todas las fichas al Rechazo de la nueva carta magna
«es una apuesta muy arriesgada», porque «es muy difícil que una Constitución
de una dictadura criminal pueda competir con otra elaborada
democráticamente, que reconocerá la paridad de género, mayores derechos
económicos y sociales, mayores derechos reproductivos para la mujer,
etcétera».



Rosas concuerda con él en que «no están las condiciones para decir que la
propuesta de una nueva Constitución vaya a ser rechazada». Sin perjuicio de
ello, cree que las embestidas a la Convención no son «homologables a
sectores o partidos políticos». Tanto ella como Couso, eso sí, asumen que la
prensa dominante ha jugado un papel opaco al amplificar tanto dichos ataques
como los desaciertos propios de la Convención y, con ello, empobrecer
injustamente su imagen ante la ciudadanía.



En opinión de Couso, lo que ayudaría al proceso constituyente es que la
izquierda más «institucional» de la Convención lograra convocar a la derecha
más dialogante, de manera tal que «el conjunto de la población se sienta
representado en algún sentido». Al respecto, el abogado constitucionalista
ve con buenos ojos el liderazgo adoptado por el eje Frente Amplio,
Independientes No Neutrales y Colectivo Socialista –grupos de izquierda de
posiciones más moderadas– en la discusión de los grandes temas. «Si estos
colectivos trabajan de forma cohesionada y logran invitar a la derecha que
sí quiere participar del proceso, y si también convocan a los independientes
de izquierda más radicales y a los representantes de pueblos originarios de
escaños reservados, eso podría ser muy importante para la viabilidad futura
de la Constitución», prevé. Rosas también percibe que la bisagra y el
control del debate constitucional descansan en los tres grupos moderados,
por lo que, presume, «habrá una búsqueda por mayores acuerdos».

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