Argentina/ Derechos laborales en peligro: las palabras y los hechos. [Pablo Anino]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

5 de octubre 2021

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Argentina



Derechos laborales en peligro: las palabras y los hechos



El período electoral fue el terreno propicio para volver a instalar, a
permear, una vez más, en el sentido común la idea de una reforma laboral.
Los argumentos son un testimonio del pasado: recogen todas las falacias
noventistas. Se dice que sin una “modernización” de las relaciones laborales
el tren de la historia pasará de largo por estas pampas. Que la aplicación
del desarrollo tecnológico está limitada por las arcaicas leyes actuales.
Que la única forma de crear empleo es barrer con los derechos laborales. Que
la desocupación y la informalidad son causadas por la protección legal que
la clase trabajadora conquistó con sus luchas históricas.



Pablo Anino

Ideas de Izquierda, 3-10-2021

https://www.laizquierdadiario.com/



Son planteos que impulsan las grandes empresas y los candidatos de la
derecha. Buscan aumentar los niveles de explotación de la clase trabajadora
e incrementar sus ganancias. Como una parodia del eslogan de la Revista
Barcelona (una solución europea para los problemas argentinos) en la campaña
electoral avanzó la idea de implementar la “mochila” austríaca en este país
del sur: se trata de un sistema donde el empresario contribuye
periódicamente a un fondo para atender la eventual indemnización de las
trabajadoras y trabajadores despedidos.



El Gobierno del Frente de Todos se pronuncia de palabra contra la reforma
laboral. No obstante, las reformas que se pretenden generalizar, de hecho,
ya están implementadas en numerosas actividades y avanzan en otras.
Paradójicamente (o no tanto), en el propio Estado existe el fraude laboral a
gran escala: se cuentan de a miles las trabajadoras y trabajadores sin
estabilidad laboral, el personal contratado como monotributista y los
empleados que realizan tareas de limpieza y mantenimiento a través de
empresas tercerizadas. Es decir, que el Estado no garantiza a una gran parte
de su personal el derecho a la indemnización, a la sindicalización, a las
vacaciones pagas ni al aguinaldo. Los gobiernos de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández de Kirchner fueron campeones en multiplicar los casos de
fraude laboral en el empleo público.



Por otro andarivel, la gran mayoría de la juventud sufre el mismo fraude
laboral en las aplicaciones de reparto, en los supermercados, en los
comercios, en las fábricas. Una investigación de La Izquierda Diario expuso
un presente oscuro: más del 70 % de les jóvenes trabajan en condiciones de
precarización extrema. Entre los que tienen entre 14 y 29 años, la
desocupación trepa al 16,1 % si son varones y al 22,4 % si son mujeres [1].
No solo eso. En todos los rangos de edades, la desocupación ronda el 10 %. Y
la estructural laboral del país opera hace décadas con alrededor de un
tercio de la fuerza de trabajo en la informalidad.



La burocracia sindical de la CGT procede como el gobierno: rechaza de
palabra la reforma laboral, pero avala su implementación allí donde está
planteada a través de modificaciones en los convenios colectivos o por
empresa. También es cómplice de dejar pasar el ataque al poder de compra del
salario: desde octubre de 2015 a julio de este año se perdió el 21 % en el
sector privado registrado y el 29 % en el sector público. Entre los
informales, el retroceso es del 30 % desde octubre de 2016.



Esta semana se puso en escena el obrar de las burocracias sindicales con el
nuevo régimen de trabajo que Toyota pondrá en marcha desde enero en su
planta de Zárate. El plan fue pactado con el mandamás del SMATA, Ricardo
Pignanelli, que montó una farsa de democracia obrera para votar el nuevo
régimen a mano alzada en uno de los gremios que mejor combina dosis de
patoterismo y control policial sobre los trabajadores. Desde enero, los
sábados se trabajará de forma obligatoria. Antes era opcional, se pagaba
como horas extras y los trabajadores rechazaban trabajar porque parte de lo
que cobraban como extras lo perdían en el pago del impuesto al salario.
Ahora, recibirán una “compensación” con un franco semanal y rotativo, además
de $ 8.000 extras por sábado trabajado para cubrir la pérdida de las horas
extras. Los días en los cuales los trabajadores estén de franco serán
reemplazados por “franqueros”, que actuarían como un turno más en la
empresa.



Con el nuevo esquema la producción prácticamente no se detiene en toda la
semana. La imposición de los sábados como obligatorios es un avance de la
patronal contra los derechos de los trabajadores. Ahora Toyota podrá
fabricar más modelos Hilux y SW4, lo cual, evidentemente, es más importante
que la salud y las condiciones de vida de los trabajadores. Además, Toyota
“prometió” efectivizar un poco más de mil empleados, algo que hasta hace no
mucho era lo normal: desde el primer día se entraba a trabajar como
efectivo. Eso ocurría hasta que, entre la empresa y el sindicato, aprobaron
el “período de prueba”.



En el contexto de las elecciones en el gremio de la alimentación, medios de
comunicación adelantaron que Rodolfo Daer (quien fuera secretario general en
la CGT noventista) se propone negociar un nuevo convenio adecuado a los
“cambios tecnológicos”. Durante la pandemia, la industria de la alimentación
innovó con los trabajadores y trabajadoras “prestados” por McDonald’s,
Burger King y Starbucks que la multinacional Mondelez tomó por tiempo de
contratación, sin miras a efectivizarlos, y sin las mismas condiciones que
tienen los trabajadores de la planta. En la planta Pacheco de esa
multinacional los “cambios tecnológicos” tienen repercusión hace varios
años: la empresa implementó la robotización de algunas áreas con lo que
logró un aumento de la producción, pero también logró que el colectivo de
trabajadores esté en peores condiciones.



Esta línea de “actualización” de los convenios había sido anticipada en el
Primer Congreso de la Producción y el Trabajo realizado a fines de agosto
bajo el impulso del Gobierno de Alberto Fernández. El diario El Cronista
relataba que “consultado sobre una posible reforma laboral, el gremialista
contestó que ’hay que adecuar los convenios colectivos; el mío es de 1975,
pero debe ser acordado en cada actividad’", la respuesta correspondía a
Antonio Calo, el titular de la UOM [2].



La “mochila” que facilita el despido



Horacio Rodríguez Larreta cambió su monotonía en el tramo final de la
campaña de las PASO para hablar de un cambio en las indemnizaciones. Y ya
existen al menos cuatro proyectos para impulsar la “mochila”: uno
corresponde al diputado fueguino del PRO, Héctor Antonio Stefani; otro al
senador radical y exministro de CFK, Martín Lousteau; el tercero es del
dueño de TN Platex, el empresario Teddy Karagozian; y un cuarto proyecto fue
elaborado por IPA, una asociación de Industriales PYME.



Como se dijo, la “mochila” consiste en que el empresario contribuye
periódicamente a un fondo para atender la eventual indemnización de las
trabajadoras y trabajadores despedidos. El proyecto de Karagozian comprende
un aporte que va desde un 2% a un 8,33% del salario mensual. El Fondo de
Cese Laboral que impulsa Lousteau comprende un aporte del empleador
equivalente al 12 % de las remuneraciones durante el primer año y del 8 %
los años siguientes. Las estimaciones de los especialistas es que en ningún
caso permitiría cubrir el equivalente a lo que actualmente corresponde como
indemnización. No solo eso. Además, se elimina el preaviso en el despido,
entre otros agravios a los derechos laborales.



En el blog El Confidencial del Estado Español se analiza este mecanismo
porque el Banco Central de ese país también lo impulsa. Allí se explica que
les permitiría a las empresas estabilizar sus finanzas en momentos de crisis
en el caso de que tengan que recurrir a despidos masivos. Otro beneficio
para las empresas es que ya no deberían utilizar el “pervertido” criterio de
despedir al trabajador que acumula menos indemnizaciones: todos, viejos y
jóvenes, los más y los menos antiguos, estarían sometidos a la misma ruleta
rusa que los podría arrojar a la calle. Es decir, toda la clase trabajadora
está a prueba a toda hora.



También hay fabulosos beneficios para los trabajadores. Uno de ellos es
llevarse su “mochila” (o mochilita, más precisamente) de plata acumulada en
el fondo en el momento que decide cambiar de empresa si su talento no es
retribuido adecuadamente en el actual trabajo. El otro beneficio es para
quienes se jubilan: se pueden embolsar, además del haber jubilatorio, el
capital acumulado en el fondo indemnizatorio. Una suerte de “bonus track”
para derrochar dinero junto a los nietos. Para que la “promoción” no pueda
ser rechazada, el proyecto del fueguino Stefani también plantea que el fondo
sea hereditario.



En rechazo a los proyectos de cambios en las indemnizaciones, la candidata a
diputada nacional, Myriam Bregman, señaló que en la legislación argentina
existe el derecho al trabajo, pero no existe el derecho al despido. Por lo
cual constituye un acto ilícito que la Constitución Nacional y la Ley de
Contrato de Trabajo penalizan con una indemnización. Ahora las patronales y
la derecha pampeana quieren más libertad para la explotación obrera.



Si tus peligros son tan sensatos



Esa libertad de llevar su talento por distintas empresas y la posibilidad de
una jubilación feliz la gozan en la actualidad los obreros de la
construcción bajo convenio de la UOCRA. Tienen un sistema similar al de la
“mochila” y viven en un paraíso de empleo no registrado y son hojas al
viento de la desocupación en momentos de crisis. No solo eso. El convenio
UOCRA incluso es utilizado por numerosas patronales para tercerizar tareas
con menor costo. Es lo que ocurre con trabajadores de EMA que realizaban
tareas para EDESUR y fueron despedidos por reclamar el pase a planta.



El abogado y coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA
Autónoma, Luis Campos, escribió un hilo en Twitter en el que refuta la idea
de que reemplazar la indemnización por un seguro similar a la libreta de
desempleo de la industria de la construcción implique generar condiciones
para crear mayor empleo formal. Campos explica que en los últimos trece años
la industria de la construcción no creó más empleos que el resto de las
actividades. Hasta antes de la pandemia venían relativamente parejos, pero
después de la pandemia la construcción quedó rezagada. Por lo tanto, la
existencia de un esquema flexible de terminación del contrato de trabajo no
condujo a un crecimiento diferencial del empleo registrado. En realidad, el
despido libre permite que los empleadores ajusten rápidamente a la baja en
contextos de crisis económica. La velocidad de la destrucción del empleo en
la construcción fue mucho más rápida que en el resto de las ramas durante
las crisis de 2009, 2012, 2016 y 2019/20.



La facilidad para despedir tampoco contribuyó a que aumente el nivel de
registro laboral. Según un estudio del Centro de Estudios para la Producción
(CEP XXI), del Ministerio de Desarrollo Productivo, el 67,8% de los
trabajadores no está registrado en el sector de la construcción. Se trata de
uno de los niveles más altos junto al que se observa en el servicio
doméstico y en la agricultura.



Juan Graña es Doctor en Economía, docente de la Facultad de Ciencias
Económicas (UBA) e investigador del CONICET en el Centro de Estudios sobre
Población, Empleo y Desarrollo (CEPED). En una entrevista que fue publicada
en el suplemento Ideas y Universidad dejó varias definiciones importantes:
que menos indemnizaciones o contribuciones patronales no generan más empleo;
que el crecimiento del empleo está atado al ciclo económico; que en los
noventa con retroceso de derechos no hubo generación sustancial de empleo,
el que se creó fue precario y derivó en desempleo masivo hacia 2001; que el
crecimiento posterior del empleo desde 2003 por el ciclo económico fue con
las leyes actuales (claro ya contenían dosis importantes de lo heredado de
los noventa).



A su vez, explica Graña, no son segmentos absolutamente separados el formal
y el informal. No solo porque el informal amortigua la caída en momentos de
crisis económica, como en los últimos diez años, sino porque además las
empresas se aprovechan de los informales a través de la subcontratación. Por
último, en tanto que se mantiene la brecha de ingresos entre ambos
segmentos, los informales logran mantener el ritmo de ingresos de los
formales, pero si les quitan derechos a los formales cae la capacidad de
defensa de los ingresos del conjunto de la clase trabajadora.



El economista llama la atención sobre que tanto eje por parte del gran
capital en la quita de la indemnización se explica por un país con una
situación económica inestable. La indemnización, justamente, tiene el rol de
sostener el empleo en épocas de crisis, mientras que el nuevo criterio que
se va imponiendo es que el trabajador tenga algo de plata para tirar cuando
lo despiden.



Por otro lado, la "mochila" consiste en un aporte mensual a un fondo
indemnizatorio, lo cual implica, en los términos empresariales, un aumento
del costo laboral que es lo que, supuestamente, se quiere reducir. En este
punto, el nuevo esquema incluso podría desincentivar la contratación. No
obstante, Graña explica que muchas empresas hacen previsiones contables para
posibles despidos, por lo cual es un costo que está relativamente
incorporado en la ecuación de ganancias. Además, no se puede descartar de
ninguna manera que el costo de la “mochila” se descargue sobre el trabajador
acortando los salarios.



De toda esta reflexión se desprende que uno de los objetivos centrales de
hacer descartables a los trabajadores con el cambio en la indemnización es
debilitar su capacidad de organización, imponer mayor disciplinamiento.



Fantasmas noventistas



Es revelador encontrar estudios de las reformas laborales de los noventa,
publicados en el ocaso de los ídolos del neoliberalismo, para ver qué se
argumentaba entonces y, fundamentalmente, qué resultados se observaron. Es
lo que ocurre con el Cuaderno N° 4 del CEPED, publicado en el año 2000. Allí
se encuentra un artículo de elaboración coral que analiza las “Reformas
Laborales y Precarización del Trabajo Asalariado (Argentina 1990-2000)”.



Se señalan varias definiciones importantes. Una de ellas es que las
políticas de reformas laborales no comprenden toda la explicación del
deterioro de la estructura social del trabajo. No obstante, las políticas
laborales (entre ellas, la reforma laboral) “ha ocupado un lugar importante
en las luchas por la definición de la agenda pública". Contra cualquier
ingenuidad, el documento se encarga de señalar que las políticas económicas
laborales tienen efectos distributivos e inciden en las relaciones sociales.



Pero lo central es que el paradigma neoliberal se instaló en un clima
conservador de hiperinflación, ineficiencia del Estado y sucesivas crisis. A
lo que se sumó el impulso de los grupos económicos y organismos
internacionales (FMI, Banco Mundial) para fijar prioridades de política
pública. En última instancia, fue la relación de fuerzas que se construyó y
se puso en juego la que definió el resultado: “Desde esta perspectiva, cabe
reconocer en el desempleo y la precariedad laboral las formas típicas bajo
las cuales se expresa la mayor subordinación política y social del trabajo
al capital y las posibilidades objetivadas y subjetivas de su mayor
explotación”, indica el documento.



¿Qué argumentos se esgrimían a principios de los noventa para impulsar
cambios en las leyes laborales? El documento del CEPED señala tres grupos de
argumentos: 1) que las regulaciones y controles institucionales elevan los
costos laborales, generan ineficiencias y, en última instancia, explican la
informalidad, la subocupación y el sobreempleo público; 2) que la apertura
económica, las nuevas tecnologías, los cambios organizacionales y en el
proceso de trabajo requerían mayor calificación y más flexibilidad; por
ende, la desocupación es por déficit educacional; 3) que los nuevos
paradigmas productivos dejaron caducas las leyes laborales, de modo que las
empresas no tenían incentivo para invertir y contratar empleo.



Los cambios en las relaciones laborales se apoyaron en dos pilares: por un
lado, la descentralización de las negociaciones colectivas; por otro, la
flexibilización interna y externa de las relaciones laborales. Pero lo más
importante parece ser lo que operó a nivel de la relación de fuerzas. Un
dato explica bien la situación: la mayoría de los cambios en la normativa
laboral parecen haber ocurrido luego de que se habían aplicado en la
práctica. El CEPED explica que, a excepción de la Ley Nacional de Empleo de
fines de 1991 (la cual habilitó el contrato temporal por fuera de cualquier
justificación en las características de las tareas o de la actividad de la
empresa), el resto de los cambios en las regulaciones laborales fueron
posteriores a las reformas económicas.



Las iniciativas de reformas operaron por distintos andariveles: 1) en el
proceso productivo, flexibilización y reducción de costos laborales; 2) a
nivel organizacional, debilitamiento político del poder sindical
(reglamentación del derecho a huelga, descentralización de la negociación y
quita del manejo centralizado de obras sociales); 3) privatización de la
seguridad social en favor del capital financiero con las AFJP y la
desregulación de las obras sociales. Hay que recordar que la “opción” de los
trabajadores por las AFJP era casi obligatoria. En este contexto, señala el
CEPED, el sindicalismo oficial registró una estrategia defensiva: defensa de
“atribuciones corporativas y poderes” (como los fondos de las obras
sociales) en detrimento de los derechos y condiciones laborales. En esos
tiempos comandaba la CGT, Rodolfo Daer, quien tiene más años como burócrata
sindical que años de vida en la tierra. Los hilos de continuidad se
expresan, no solo en que Rodolfo sigue hoy al mando de la Alimentación, sino
en que su hermano, Héctor, es el actual titular de la CGT.



El diagnóstico oficial de entonces indicaba que las reformas debían impulsar
la inversión y el empleo. No obstante, la evaluación de la década del
noventa lo desmiente. La desocupación pasó de ser el 6,3 % en 1990 a
ubicarse en el 13,8 % en 1999. La subocupación se movió en el mismo sentido.
El porcentaje de personas bajo la línea de la pobreza, luego de bajar en
1991 al 21,5%, creció hasta el 26,7 % en 1999. La década también concluyó
con mayores niveles de desigualdad en el ingreso.



Para los que quedaron con empleo, el poder de compra del salario se
recuperó, pero siempre por detrás del avance de la productividad, como no
podía ser de otra manera, en tanto es regla en este sistema social que las
mejoras de productividad se la embolsa la clase capitalista. En realidad, el
resultado de las reformas noventistas fue un aumento de la explotación
obrera. Según estimó Paula Bach en un artículo [3] de hace unos años, entre
1993 y 1997, aumentó la utilidad obtenida por trabajador como porcentaje del
salario promedio en las 500 grandes empresas: este indicador es una
aproximación a cómo se incrementó la tasa de explotación. En 1998 y 1999 el
indicador retrocedió, pero debido a otras causas: a las condiciones de
agotamiento del régimen de la Convertibilidad [4].



Los efectos de las reformas noventistas también se reflejaron en las arcas
públicas. En el documento del CEPED se señala que entre 1993 y 1999 existió
una transferencia fiscal superior a los U$S 19.000 millones en favor de las
empresas por reducción de contribuciones patronales para abaratar los
“costos laborales”. Así se construyó el desfinanciamiento del sistema
previsional que persiste hasta hoy. Fue el primer paso para luego declarar
que el sistema previsional es insustentable y que no queda más alternativa
que reformarlo. Las AFJP también fueron insustentables: mientras se llenaban
de plata con las comisiones cobradas a los trabajadores, los fondos para la
futura jubilación se empequeñecían. De tal modo, que fue Amado Boudou, un
exmilitante de la UCeDe (el partido liberal que aportó varios funcionarios a
Carlos Menem), quien impulsó la nacionalización de los recursos para
anticiparse a una potencial quiebra del sistema de jubilaciones privatizado
[5].



El documento del CEPED contribuye con varias observaciones importantes: las
condiciones bajo las cuales se generó un “clima” favorable a las reformas
laborales; una secuencia que va desde el “ordenamiento” económico al
laboral; que los cambios en las leyes laborales se materializaron luego de
ponerse en práctica en la realidad, en el cuerpo a cuerpo entre los
trabajadores y la clase capitalista en cada lugar de trabajo. La historia no
se repite. Pero sí vale tomar en cuenta las lecciones del pasado.



No son lo mismo, pero no debería evaluarse como una mera casualidad
histórica que el Gobierno del Frente de Todos intenta el “ordenamiento”
económico con la reestructuración de la fraudulenta de deuda con los lobos
de Wall Street y se encamina a negociar un acuerdo con el FMI. En las
últimas semanas anunció proyectos de ley en beneficio del agropower y del
extractivismo hidrocarburífico. En simultáneo, aunque rechaza una reforma
laboral, avala el avance de la “modernización” de algunos convenios
colectivos o por empresa.



Hoy la derecha y el establishment económico buscan instalar la agenda de
reformas laborales más amplia con argumentos calcados de los noventa. Pero
no cuentan a su favor con el neoliberalismo en su esplendor en el mundo. El
paraíso prometido de más inversiones y empleos es una zanahoria para imponer
en el infierno terrenal mayores niveles de explotación. En la historia
reciente, la clase trabajadora no carga en su “mochila” la derrota de la
dictadura y el disciplinamiento de la hiperinflación que abrió camino a las
contrarreformas noventistas. La relación de fuerzas se va definiendo en cada
batalla, en la lucha de argumentos, pero, fundamentalmente, en la lucha de
clases.



Una agenda de otra clase



En sentido opuesto a la agenda del régimen del FMI, la propuesta de la
izquierda de una reducción de la jornada legal de trabajo a 6 horas y 5 días
a la semana (30 horas semanales), sin rebaja salarial, implica, en los
hechos, una recuperación del 33 % en el salario por hora trabajada para
todos los que actualmente tienen una jornada de ocho horas diarias. Para la
izquierda, la propuesta de la reducción de la jornada laboral es inseparable
de la lucha por absorber a todas las trabajadoras y los trabajadores
desocupados en la perspectiva de imponer el reparto de las horas de trabajo.



Se podría crear una gran cantidad de nuevos puestos para terminar con la
desocupación y garantizar trabajo genuino a quienes hoy no tienen más
alternativa que recurrir a los planes sociales como forma de supervivencia.
¿Qué pasaría si la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas
trabajadas se aplicaran en las grandes empresas? En lo inmediato, permitiría
generar casi 900 mil nuevos puestos de trabajo. Es decir, se podría absorber
casi la mitad de la desocupación, que en el segundo trimestre fue de 2
millones en todo el país. Las grandes empresas son catalogadas así por el
Ministerio de Trabajo (Carlos Moroni) siguiendo la clasificación del
Ministerio de Desarrollo Productivo (Matías Kulfas) que observa el nivel de
facturación [6].



Justamente, fueron esos dos ministros los que rechazaron la propuesta de
reducción de la jornada laboral con argumentos empresariales. Kulfas dijo
que el salario iba a caer. Moroni, aunque no explicitó qué cálculo hizo,
afirmó que “tampoco vemos que matemáticamente la reducción de la jornada
aumente el empleo”. En una entrevista con Telefé, Leandro Santoro, el
candidato a diputado en la CABA por el Frente de Todos, también hizo
sintonía con los ministros en el rechazo a la propuesta.



Aplicando la reducción de la jornada laboral y el reparto de horas en el
resto de las empresas que no son grandes y en el empleo público se podría
absorber toda la desocupación. Por ejemplo, alivianando las jornadas para el
personal de salud que estuvo en la primera línea trabajando sin descanso;
ampliando la provisión de tareas de cuidado; aumentando la infraestructura
de guarderías, jardines de infantes. El impulso de un plan de obras públicas
permitiría, no solo generar empleo, sino también construir las viviendas que
se necesitan para terminar con el déficit habitacional que sufren tres
millones y medio de hogares en nuestro país desde hace años. Al mismo
tiempo, un plan de obras públicas permitiría desarrollar las obras de
extensión de las redes de agua, cloacas, electricidad y gas, o las escuelas
y hospitales necesarios, en función de una planificación urbana racional
orientada a atender las necesidades sociales.



No se puede naturalizar la existencia de un ejército de desocupados crónicos
e indigentes, una suerte de amenaza latente que las empresas utilizan como
extorsión para que los que sí tienen empleo se vean obligados a agachar la
cabeza frente a las rebajas salariales, jornadas extenuantes, mayor
intensidad en el ritmo de producción u otros cambios regresivos en las
condiciones laborales. No solo eso. El reparto de las horas de trabajo,
incluso, permitiría incorporar en buen número a todos aquellos que,
desalentados por años de retroceso económico, dejaron de buscar trabajo.



Esta iniciativa va indisolublemente ligada a otras exigencias: que nadie
gane menos que lo que cuesta la canasta familiar (ATE Indec la estimó en $
109 mil en agosto), la obligatoriedad de registración de los trabajadores,
la estabilidad laboral con la incorporación a la planta permanente bajo el
convenio más favorable de cada rama para terminar con toda forma de
precarización y que no se impongan mayores ritmos de producción. Bajo estos
requisitos, la reducción de la jornada laboral exige no solo, obviamente,
una lucha organizada de la clase trabajadora, sino que incluso su conquista
parcial hará necesario un control de los trabajadores en los lugares de
trabajo para evitar las previsibles maniobras patronales. La conquista
duradera y generalizada de la reducción de la jornada laboral y el reparto
de las horas de trabajo, necesariamente, planteará la lucha por un gobierno
de trabajadores.



En diciembre de 2017, la movilización en las calles le cambió la agenda de
“reformismo permanente” a Mauricio Macri e impidió una reforma laboral
amplia. Hoy es necesario poner en debate y luchar por una agenda opuesta a
la que propone el régimen del FMI y las expresiones políticas capitalistas.
La clase trabajadora tiene el desafío de establecer un debate desde las
bases de los lugares de trabajo para organizar la pelea unificada contra los
intentos de reforma laboral y de avance del gran capital en la quita de
derechos por lugar de trabajo. La propuesta de reducción de la jornada
laboral –en la perspectiva de terminar con la desocupación y establecer el
reparto de las horas de trabajo– deber estar integrada en un programa que
proponga el desconocimiento soberano de la deuda, la ruptura con el FMI y la
reorganización de la economía en favor de los intereses de las grandes
mayorías.



Notas



[1] Datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC
correspondientes al segundo trimestre de 2021.

[2] Entre otros casos, con el macrismo tuvo lugar la “actualización” del
convenio petrolero con la “adenda” para Vaca Muerta que flexibilizó las
condiciones laborales. El actual Gobierno, como es evidente, no solo no
revirtió esa reducción de derechos, sino que usufructúa de la misma para el
relanzamiento del fracking con el impulso de un proyecto de ley para
promover la actividad hidrocarburífica.

[3] Paula Bach, “El salario relativo en la Argentina de la devaluación”,
Revista Lucha de Clases. Disponible en:
https://www.ips.org.ar/wp-content/uploads/2011/03/El-salario-relativo-en-la-
Argentina-de-la-devaluaci%C3%B3n.pdf .

[4] Luego, el indicador que aproxima la tasa de explotación se recuperaría
fuerte con la devaluación de 2002. Como explicaba hace mucho tiempo un
centro de estudios dirigido por un afamado economista, la “caja negra” que
explica el crecimiento de los años kirchneristas fue la devaluación del peso
que permitió una recomposición de la tasa y de la masa de ganancias
empresarias. Ese economista ahora es gobernador. Se llama Axel Kicillof.

[5] Más reciente en el tiempo, también bajo la idea de “reformismo
permanente” que contemplaba una tríada de reformas (previsional, laboral y
tributaria), Mauricio Macri produjo un enorme recorte de los haberes
jubilatorios con la modificación de la movilidad de diciembre de 2017.
Previamente, había recortado derechos jubilatorios con la Pensión Universal
para el Adulto Mayor (PUAM). El actual gobierno del Frente de Todos volvió a
ajustar a los jubilados con un nuevo cambio de la fórmula jubilatoria justo
en el año que con la previa podían recuperar poder de compra.

[6] Son grandes empresas las que facturan más de: $ 1.241 millones anuales
en la construcción; más $ 940 millones en servicios; más de $ 3.698 millones
en comercio; más de $ 3.955 millones en industria y minería; más de $ 1.099
millones las agropecuarias. Es decir, se trata de empresas con mucha
espalda.

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