Venezuela/ Cómo Maduro «liberalizó» la economía venezolana. [Antulio Rosales]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

27 de octubre 2021

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Venezuela



Cómo Maduro «liberalizó» la economía venezolana



Las últimas reformas económicas en Venezuela apuntan a la dolarización
parcial de la economía, la transferencia de activos y el empoderamiento de
una nueva elite económica. En Venezuela se vive una suerte de perestroika
sin glásnost.



Antulio Rosales *

Nueva Sociedad, octubre 2021

https://nuso.org/



Las historias de Instagram muestran lujosas terrazas con piscina y
sonrientes modelos promocionando un sorbete de prosecco con frutas. Nuevos
restaurantes exclusivos con menús en dólares emergen en las urbanizaciones
privilegiadas de Caracas. En simultáneo, llegan noticias de nuevos casos de
contagio de covid-19 y una creciente lista de solicitudes de crowdfunding
para financiar ayudas y tratamientos médicos. Detrás de todo ello está el
rumor de la muerte de dos profesores universitarios jubilados
presumiblemente afectados por la desnutrición. Todas estas imágenes vienen
de Venezuela. ¿Cómo coexisten esas realidades en un solo país? ¿Cómo pueden
venir además de una sociedad que apenas pocos años antes experimentaba con
un nuevo socialismo, de carácter bolivariano y pretendidamente democrático?



Pese a su carácter contradictorio, estas postales no deben sorprender. En
los últimos años, la desigualdad en Venezuela ha ido en aumento. Según la
encuesta de calidad de vida (ENCOVI), la más confiable que se publica en el
país –a falta de estadísticas oficiales– Venezuela sería en 2021 el país más
desigual de América Latina, incluso por encima de Brasil, con un coeficiente
de Gini de 56,7. La pobreza de ingresos alcanzaría a la gran mayoría de la
población mientras que la pobreza extrema superaría el 70%.



El incremento de la desigualdad y la pobreza son resultado de una serie de
medidas económicas pragmáticas y el recrudecimiento del autoritarismo en el
modelo político, una suerte de perestroika sin glásnost, como la que otros
gobiernos hegemónicos de la región llevaron a cabo en el pasado. Esta
desigualdad se caracteriza por elevados niveles informalidad y precariedad
laboral, crecientes lazos de dependencia entre personas que viven en el país
y sus familias en la diáspora y, en el contexto de la pandemia de covid-19,
un deterioro pronunciado de la red de protección social del país. En años
recientes, el gobierno de Nicolás Maduro, agobiado por presiones externas,
especialmente las sanciones sectoriales impuestas por Estados Unidos y el
intento de la antigua Asamblea Nacional por buscar salidas a su gobierno
–desde una solicitud de referéndum revocatorio hasta el desconocimiento de
la elección de Maduro en 2018 y el establecimiento de pretendido «gobierno
interino»–, ha emprendido una serie de reformas económicas que ponen en
cuestión el núcleo de la política económica tradicional del chavismo. El
objetivo superior está claro: mantenerse en el poder.



Las reformas se relacionan con la liberalización y desregulación de ciertos
mercados, incluida la dolarización parcial de la economía, la transferencia
de activos y el empoderamiento de una nueva elite económica, junto a la
consolidación de su poder gracias al apoyo de las Fuerza Armada Nacional
Bolivariana. Las reformas tienen además un correlato social que sugiere una
serie de prácticas de adaptación informales, descentralizadas y sustentadas
en ecosistemas e infraestructuras frágiles. Es por ello que la reciente
medida de reconversión monetaria (la tercera en su estilo desde el segundo
gobierno de Hugo Chávez hasta hoy), que quitó seis ceros a la moneda
nacional, el bolívar, ha pasado casi inadvertida. La medida incluye el
ostensible nacimiento del bolívar digital, que no es más que el
reconocimiento formal de una realidad ya conocida por la población: el uso
de medios electrónicos a falta de medios de pago tradicionales, amén del
creciente uso de monedas extranjeras, criptomonedas, oro y hasta café como
medios de pago. Esta medida, a la vez, es ilustrativa de las dinámicas
sociales y productivas venezolanas: llega a formalizar realidades
preexistentes, con un bautizo embellecedor que pretende esconder un sustrato
precario y vulnerable.



Liberalización con características bolivarianas



El veterano líder chavista y varias veces ministro Aristóbulo Iztúriz dijo
en 2014 que «la primera tarea de una revolución es no dejarse tumbar y por
eso [existe] el control de cambio». En el manejo de la renta internacional
del suelo, por la vía del control de cambio, el gobierno centralizó la
principal arma económica y redistributiva del Estado, sin contrapesos y con
objetivos partidistas. Después de años de subsidios al consumo de bienes
importados y trasegar millones de petrodólares a importaciones ficticias o
infladas, ese modelo de control se agotó. Y con él, las reservas
internacionales líquidas de un país petrolero que en una década recibió la
más grande bonanza en moneda extranjera de su historia. En 2019, el gobierno
abandonó el control cambiario que fue consustancial con la política
económica bolivariana.



En un contexto de hiperinflación, tensión social, escasez y migración
masiva, liberar el mercado cambiario sirvió como arma de supervivencia.
Apoyados en el uso de las divisas privadas y de los consumidores, el
gobierno abrió las puertas a las importaciones con escaso control e
incentivó aperturas portuarias opacas. Se constituyeron nuevos modelos de
negocios para llenar anaqueles con productos importados que solo la
población con acceso a divisas extranjeras puede consumir, a través de los
denominados «bodegones». El dólar ha venido copando espacios en el mercado
local para el intercambio y para algunas remuneraciones, mientras que otras
monedas, como el euro, el peso colombiano, el real y hasta el bitcoin forman
parte del nuevo sistema multimoneda en el que el bolívar cumple un lejano
rol referencial, para el menudeo más cotidiano como el transporte local y
para los salarios empobrecidos del sector público.



Si bien la dolarización parcial de la economía ha logrado detener un poco el
ritmo de crecimiento de la inflación, la liberalización del mercado
cambiario ha incentivado la informalidad e impulsa la desigualdad.



No obstante, la liberalización cambiaria es apenas la capa superficial y más
visible de los cambios que ha venido ejecutando el gobierno de Maduro. Junto
con la dolarización se han llevado a cabo un proceso de privatización
sigilosa o de transferencia de activos del Estado al sector privado por
mecanismos poco transparentes, en los que el gobierno determina a priori los
ganadores de la liberalización. Mientras que la forma de ejecutar la
política económica sigue centralizada en el poder ejecutivo, con nulos
mecanismos de contrapesos y rendición de cuentas, el gobierno ha emprendido
otras políticas de desregulación de mercados. Uno fundamental es el sector
de hidrocarburos, en el que, bajo la égida del ministro de Petróleo Tareck
El Aissami, el gobierno ha venido acordando contratos de servicio y de
producción compartida con el sector privado para intentar reactivar la
producción petrolera. Estos «acuerdos de servicios productivos», están
amparados en la denominada Ley Antibloqueo que facilita cambios en la
estructura accionaria de empresas mixtas de hidrocarburos y, contraviniendo
la ley orgánica en la materia, mantiene bajo secreto de Estado el
procedimiento.



No obstante, los resultados han sido mediocres. La producción petrolera
sigue estancada y, mientras los riesgos reputacionales del Estado venezolano
sigan siendo altos y las sanciones estadounidenses sigan poniendo en jaque
la capacidad comercial de la industria, es previsible que esta realidad no
cambiará. A esto hay que sumar una progresiva transición pospetrolera que se
inicia en las economías del norte global y en las que grandes inversiones a
largo plazo en áreas riesgosas, costosas y altamente contaminantes tienen
horizontes limitados.



La fase desregularizadora de la Revolución Bolivariana tiene otros objetivos
más allá de la industria petrolera, sujeta a imponderables internacionales
como las sanciones y las medidas de mitigación del cambio climático. La
elite política busca en cambio, por la vía de una ley de zonas económicas
especiales, expandir los territorios de experimentación regulatoria. Así
como las privatizaciones sigilosas implican que el gobierno es el rector
final de los ganadores de la liberalización, las zonas económicas especiales
buscan expandir esta dinámica de experimentación y transferencia de
ganancias a una nueva elite económica que pueda dar sustento al poder
bolivariano en su fase madurista más allá del petróleo. En un sentido más
sustancial, el gobierno de Maduro estaría replanteando, de manera
accidentada, torpe y autoritaria, una transición del Estado rentista
petrolero a uno neopatrimonial, todavía con carácter extractivo pero con
nuevos oligarcas a la cabeza, bajo la protección y, posiblemente
supervisión, de la elite de poder.



Salidas informales desde abajo



Además de las estrategias desregularizadoras del gobierno de Maduro, la
sociedad venezolana ha venido adaptándose. Distintos grupos han buscado
salidas productivas informales para sobrevivir, dada la fragilidad de los
servicios públicos y la virtual desaparición del salario de los
trabajadores. La vinculación entre ambos fenómenos –la liberalización
focalizada desde arriba y las estrategias de sobrevivencia y experimentación
desde abajo– pocas veces es discutida a la luz de las nuevas dinámicas
económicas venezolanas, pero adentrarse en esa relación es fundamental para
reconocer los retos tan profundos a los que se enfrenta el país en su
perspectiva de desarrollo y transición a la democracia.



Una de las estrategias que se ha anunciado y que se comienza a conocer más a
partir de sus consecuencias humanas y ambientales es la expansión de la
frontera extractiva del país. Esta estrategia, depredadora de la naturaleza
y explotadora de la mano de obra, está patente en la minería informal de oro
en los estados Bolívar y Amazonas (en territorios muchos más vastos que el
ya significativo Arco Minero del Orinoco, zona de «desarrollo» oficial para
la minería). En el sur del río Orinoco, un entramado de crimen organizado,
disidencias guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y células activas del Ejército de
Liberación Nacional (ELN) junto con las Fuerza Armada Nacional Bolivariana
controlan las minas de oro a la fuerza mientras que se erige una economía
paralela, marcada por el oro y sus mercancías adyacentes, el mercurio, la
explotación sexual y el comercio informal.



La reconfiguración de las prácticas sociales y económicas en las zonas
mineras tiene como consecuencia la vulneración de los derechos de quienes
hacen vida en las minas, con importantes rasgos diferenciados por razón de
género y etnia. Los actores armados juegan un papel central en la resolución
de conflictos y el Estado se ha replegado, participando escasamente de la
captación de la renta extractiva. Asimismo, la transferencia competencias de
gobernanza a grupos informales e ilegales ha implicado la erosión de ya
frágiles mecanismos de protección ambiental en la Amazonia venezolana, con
devastadoras implicaciones sociales y ambientales, incluyendo un incremento
de la deforestación, la contaminación de cuencas de agua y la apropiación de
tierras ancestrales indígenas.



En contraste, en las ciudades venezolanas muchos se han refugiado en
estrategias de supervivencia en el interior de la emergente economía
vinculada al blockchain, como la minería de criptomonedas o el gaming. El
surgimiento de bitcoin en 2009, a propósito de la crisis financiera global,
representó una respuesta tecnológica frente a las sospechas que suscitaba el
Estado como rector del sistema monetario. Esta y otras criptomonedas emergen
como herramientas descentralizadas, basadas en la validación de par a par a
través de las cadenas de bloque y se sustenta en última instancia en la
capacidad instalada de computadoras capaces de registrar transacciones
resolviendo complicados problemas matemáticos. Más allá del origen
ideológico de carácter anarcocapitalista, las criptomonedas encuentran
asidero en un país con alto control del Estado sobre la economía entre
individuos con visiones ideológicas diversas, pero con condiciones
materiales comunes.



El proceso de validación, denominado «minería», requiere de sustanciales
aportes de energía eléctrica. La minería de criptomonedas, en especial el
bitcoin, ha significado una salida para venezolanos que, con una inversión
básica en el hardware capaz de resolver estos acertijos, permitió acumular
las recompensas que reciben los «mineros» de criptomonedas para luego
transferirlas a monedas convertibles, es decir, pasando el valor del tiempo
y la energía invertida a dólares. Con acertijos matemáticos cada vez más
complejos, se requiere mayor capacidad y potencia acumulada para resolverlos
por lo que los proyectos de minería individuales son menos exitosos y se
requieren grandes inversiones o «granjas» de minería que hasta hace poco
tiempo tenían su principal centro en China.



Un rasgo central de este mercado es su marcada volatilidad. En todo caso,
las actividades asociadas a las criptomonedas y las cadenas de bloque siguen
siendo importantes para un sector de la población venezolana que invierte
tiempo valioso y se apalanca en una infraestructura eléctrica y de internet
frágil para apropiarse de activos financieros altamente especulativos pero
que, en el contexto de bajísimos salarios y una inflación rampante,
representan oportunidades de ganancia o sobrevivencia. Ejemplos de ello son
la creciente participación de venezolanos en el mundo del gaming, como el
universo de Axie Infinity, basado en activos digitales o Non-Fungible Tokens
(NFT). Se calcula que unos 6.000 jugadores participan diariamente en el
juego desde Venezuela, muchos de ellos «becados» por pequeños o medianos
inversionistas que con una inversión al menos 450 dólares dan vida a un trío
de figurines NFT y obtienen ganancias en la moneda virtual del juego que
luego canjean por la criptomoneda Ethereum y de ahí la pasan a monedas
convertibles. Muchos de estos becados trabajan jugando por varias horas al
día y obtienen entre 90 y 100 dólares estadounidenses mensuales, una suma
que, en contraste con el dilapidado salario nacional, puede completar un
ingreso para sobrevivir.



¿Qué relación guardan estos procesos alternativos e informales de
supervivencia? Surgen tres rasgos fundamentales. En primer lugar, se tratan
de nuevos procesos extractivos. Esta vez no de los hidrocarburos, pero sí de
la naturaleza (evidente en el caso del oro) y la infraestructura vinculada
la electricidad y telecomunicaciones frágiles. La minería de criptomonedas y
el gaming se sustentan en la apropiación de ventajas de mercado que permite
una provisión de energía eléctrica, de origen hidroeléctrico, casi gratuita
y un servicio de internet económico, aunque precario. Una segunda ventaja de
mercado se refiere a las precarias condiciones del mercado laboral que
liberan mano de obra abundante que puede ver sus necesidades medianamente
satisfechas en un contexto general de precarización.



En segundo lugar, el Estado se mantuvo a la retaguardia de algunos de estos
procesos y ha tenido una relación ambigua frente a ellos. Desde ignorarlos y
permitir su desarrollo velado, ha pasado a la represión o apropiación de
estas actividades y estrategias, al punto que participan, especialmente
desde las Fuerzas Armadas como actores fundamentales en esos mercados. En
tercer lugar, muchas de estas estrategias de supervivencia no están
vinculadas con encadenamientos productivos aguas arriba o aguas abajo que
permita una expansión económica que permita la satisfacción de necesidades.
Además, dependen en última instancia de ecosistemas e infraestructuras
precarias que, de no ser preservadas y rehabilitadas, generarán mayores
costos en el futuro.



Retos para el rescate institucional y capacidad estatal



Cuando nos aproximamos a las transformaciones económicas que vive Venezuela,
surgen imágenes contradictorias, desde una desigualdad inusitada hasta la
aparición de nuevos emprendimientos. La informalidad y la precariedad se
convierten en norma a partir de medidas liberalizadoras y desregularizadoras
focalizadas, sin el concurso de la sociedad ni de los actores políticos, es
decir, son reformas determinadas desde el poder. Sin embargo, vienen
acompañadas, por la fuerza misma de la crisis y los espacios que las
reformas van generando, de estrategias sociales y nuevas ganancias.



Más allá de los efectos económicos de los cambios que ha ejecutado el
gobierno de Maduro, es importante reflexionar sobre sus efectos sociales y
políticos. Está claro que, en el mediano plazo, el gobierno ha logrado su
cometido: estabilizó un régimen de índole autocrático, con escasos
contrapesos, y cuyo poder, de momento, no puede ser desafiado. Al mismo
tiempo, se ha resquebrajado un sistema de protección social que, mal que
bien, subsistía desde la era de la democracia representativa al igual que se
ha socavado la red de servicios alternativa que emergió con la Revolución
Bolivariana. En ese contexto, la sociedad ha sido abandonada y han surgido
nuevos actores sociales que han tomado la batuta en organización,
participación y producción a escala local para satisfacer sus necesidades.
La provisión de servicios públicos es extraordinariamente frágil y
vulnerable. Una infraestructura envejecida y sin mantenimiento no puede
sostener un crecimiento económico estable.



En el plano de las elites, emergentes grupos de poder se han encumbrado,
muchos asociados directamente con el poder, mientras que otros, en el sector
privado, han ahondado estrategias de inversión que podrían generar
contrapesos –al menos productivos– al poder. En ese caso, la fragmentación
social, territorial y productiva que generan las nuevas desigualdades
constituye nuevos retos para la recuperación institucional y democrática. La
reconstitución de una institucionalidad democrática pasará por el rescate de
las competencias del Estado, como proveedor de servicios públicos, así como
de su rol de facilitador de espacios de convivencia, representación y
contestación del poder.



* Es profesor asistente de Ciencias Políticas de la Universidad de New
Brunswick. Es doctor en Gobernanza Global por la Universidad de Waterloo y
fue investigador del Centro de Estudios de Medioambiente y Desarrollo de la
Universidad de Oslo.

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