Venezuela/ Quebrada por las sanciones. Petróleo en jaque, desigualdad creciente y atajos grises. [Maëlle Mariette]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

7 de abril 2022

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Venezuela



Petróleo en jaque, desigualdad creciente y atajos grises



Quebrada por las sanciones



Dolarización no oficial, criptomonedas y formas sui generis de
privatización, son algunas de las respuestas a la crisis en un país cuya
economía se contrajo en un 80 por ciento entre 2013 y 2020. El proceso de
estrangulamiento, explícitamente reconocido por Estados Unidos, puede
modificarse ahora que Washington “redescubre” Caracas a raíz de su necesidad
de crudo.



Maëlle Mariette. enviada especial *

Le Monde, edición uruguaya, abril 2022

https://ladiaria.com.uy/le-monde-diplomatique/



“Es un poco como en Star Wars, cuando Darth Vader estrangula a alguien. Eso
es lo que estamos haciendo con el régimen económicamente”. Las declaraciones
de John Bolton en la cadena Univision el 22 de marzo de 2019, cuando era
consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pretendían esclarecer la
estrategia estadounidense para con Venezuela. Impuestas en julio de 2017,
las sanciones transformaron la crisis local, ya profunda, en aquello que el
ex embajador estadounidense en Venezuela, William Brownfield, describió el
12 de octubre de 2018 como una “tragedia”. Antes de añadir, con serenidad:
“Si podemos hacer algo para acelerarla, debemos hacerlo, sabiendo que
repercutirá en millones de personas que ya están teniendo dificultades para
acceder a alimentos y medicamentos [...]. Nuestro objetivo justifica este
severo castigo” (1).



Mediante sus esfuerzos por derrocar al presidente Nicolás Maduro, Washington
habrá demostrado que es posible destruir un país sin armas. Cuando se
dispone del privilegio exorbitante de imponer sanciones a otras naciones, se
vuelve posible arruinar su economía, destruir su aparato estatal, quebrar su
sociedad. Y luego, de repente, cambiar brutalmente de parecer. Como las
tensiones en el mercado energético, ligadas a la invasión rusa de Ucrania,
condujeron al presidente estadounidense a retomar el diálogo con un líder
político que su país ni siquiera reconocía hasta entonces, el levantamiento
de las sanciones estadounidenses no es imposible.



Caracas ya estaba de rodillas cuando Washington decidió intensificar la
ofensiva en su contra. A partir del verano de 2014, el precio del petróleo
–que representa el 95 por ciento del total de las exportaciones venezolanas–
cayó de 100 a 50 dólares el barril en seis meses y luego a 30 dólares en
enero de 2016. Tres años más tarde, cuando Juan Guaidó se autoproclama
“presidente interino” (sin la más mínima justificación legal), la Casa
Blanca, seguida por Canadá y la Unión Europea, decreta una batería de
sanciones inusualmente severas: un embargo contra la compañía petrolera
estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) y todas sus filiales;
incautación de activos venezolanos en el exterior (como los de Citgo, filial
de PDVSA en Estados Unidos, de un valor de 7.000 millones de dólares);
procedimientos contra todas las empresas extranjeras que operan con estas
empresas venezolanas; etc.



Estas medidas impiden el acceso de Venezuela a casi todos los mercados
financieros internacionales, obstaculizando considerablemente su capacidad
de efectuar transacciones. Así, en junio de 2021, algunos de los pagos para
la compra de vacunas contra el Covid quedan bloqueados, lo que impide que se
beneficie del sistema Acceso Global para Vacunas (COVAX), diseñado para
países pobres. Desde 2014, Venezuela perdió el 99 por ciento de sus ingresos
en divisas. En semejante contexto, la economía se contrajo en un 80 por
ciento entre 2013 y 2020 (una situación peor que la que atravesó Libia tras
el estallido de la guerra civil).



En respuesta, el presidente Maduro presentó el 29 de setiembre de 2020 ante
la Asamblea Nacional una ley “antibloqueo” para “flexibilizar la inversión
en la actividad económica venezolana”. El objetivo, explica William
Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo, es permitir el retorno del
capital privado a la economía del país. Para ello, “la ley permite la
clasificación confidencial, durante un determinado número de años, de la
información relativa a los contratos firmados por particulares con
inversores privados. Fueron los propios empresarios quienes nos pidieron
esta forma de protección, ya que Estados Unidos sanciona a las empresas que
hacen negocios con Venezuela; como Rosneft [compañía petrolera rusa], por
ejemplo”.



Prefiriendo permanecer en el anonimato, un especialista en finanzas
internacionales que trabaja con fondos de inversión que desean participar en
la industria petrolera venezolana, explica: “La confidencialidad también es
ventajosa para el Estado, porque así puede hacer acuerdos con inversores
privados que no están autorizados por la Constitución, que es imposible
cambiar en el contexto político actual y que prohíbe que una empresa privada
nacional o extranjera tenga una participación mayoritaria en una empresa
mixta”. Ahora, desesperado, el Estado quiere liberarse de estas “trabas”,
ayer presentadas como uno de los principales avances de la Revolución
Bolivariana en materia de soberanía. “Solo será por la duración limitada del
contrato en cuestión”, alega Castillo. “Es una modificación táctica puntual
para una situación económica específica. Se trata simplemente de transferir
al sector privado activos que el Estado no está utilizando bien, o empresas
que, de lo contrario, no son eficientes”. Pero una vez burlada la ley, ¿será
realmente posible volver hacia atrás? Nuestro interlocutor evade la
respuesta.



Esta es la singularidad del contraataque venezolano: la discreción que rodea
el proceso de privatización “impuesto por las sanciones”. “Gracias a la ley
antibloqueo, se han logrado progresos espectaculares en términos de
inversión y alianzas en diferentes áreas de la economía –declara Maduro en
una aparición televisiva el 12 de diciembre de 2020–. Pero no puedo decir
mucho. Eso es lo que tiene la ley antibloqueo: hacer sin decir.” De este
modo, gracias a un entorno legal que el Presidente califica de “menos
hostil”, se está produciendo un “desarrollo de la agroindustria” (2), señala
Ricardo Cusanno, presidente de Fedecámaras, la principal organización
patronal del país.



De industria a chatarra



En el caso del sector petrolero, la ley antibloqueo tiene sus límites. “Este
sector requiere inversiones enormes –explica Víctor Álvarez, ex ministro de
Industrias Básicas y Minería (2005-2006) tras haber sido director de PDVSA
(2004)–. Al soslayar el marco legal que limita las inversiones privadas en
las empresas estatales, esta ley exacerba paradójicamente la inseguridad
jurídica y la debilidad institucional de Venezuela, reforzando la idea de
que la ley se aplica de manera arbitraria y discrecional. Una multinacional
extranjera no se arriesgará a invertir grandes capitales en semejante
contexto”. Para Álvarez, solamente un levantamiento de las sanciones puede
reactivar el sector petrolero del país, que cuenta con las mayores reservas
de oro negro en el mundo.



La caída del precio del petróleo, seguida de las sanciones estadounidenses,
ha provocado un colapso brutal de la producción de PDVSA, que pasó de casi
tres millones de barriles diarios en 2014 a menos de un millón y medio en
2018 y luego a 350.000 en 2020, es decir, una octava parte en apenas seis
años. Es un golpe duro para un país cuyos ingresos petroleros representan
casi la totalidad de sus ingresos en divisas extranjeras, con los que solía
pagar la importación masiva de sus bienes de consumo (incluidos muchos
productos alimenticios).



Esta caída de la producción de petróleo se explica, en primer lugar, “por un
problema de demanda –subraya Francisco Rodríguez, economista venezolano e
investigador asociado del Council on Foreign Relations (CFR)–. En un momento
dado, el país tuvo que suspender la explotación de varios pozos porque ya no
podía vender el petróleo y sus depósitos de almacenamiento estaban llenos.
Por miedo a las sanciones, ya nadie quería comprar el petróleo de Venezuela.
Así que el país tuvo que venderlo a precios inferiores a los del mercado,
principalmente a sus aliados, China y Rusia, con quienes está endeudado”.



Sin embargo, el comercio petrolero entre Venezuela y Estados Unidos no se ha
detenido. La compañía petrolera estadounidense Chevron obtuvo una derogación
especial de las autoridades estadounidenses para seguir operando en el país
e incluso mantener asociaciones directas con PDVSA. La empresa –la que
“mejor produce” en la Faja del Orinoco, según Luis Romero, técnico de PDVSA
desde hace veinte años– vende el petróleo que extrae a PDVSA, que se ocupa
de comercializarlo. Sin embargo, esto ya no puede hacerse en Estados Unidos,
que en 2017 todavía era el principal comprador (41 por ciento) del petróleo
venezolano.



Si bien la caída de la producción petrolera venezolana se debe
principalmente a la disminución de la demanda de este petróleo, también es
resultado de la dificultad del país para adquirir los insumos necesarios
para su explotación: “Aquí, en la Faja del Orinoco, se extrae petróleo
pesado, que debe mezclarse con petróleo más ligero para ser exportable. Los
insumos utilizados para esta mezcla son los diluyentes, que se importaban de
Estados Unidos. Pero con las sanciones, eso se acabó”, señala Romero. Sin
estos diluyentes, tampoco hay gasolina refinada, lo cual explica la
recurrente escasez de nafta y gasoil en el país. Los venezolanos se ven así
obligados, de este modo, a hacer cola durante horas, incluso días, para
cargar combustible.



Para remediar esta dificultad, el gobierno de Maduro firmó en setiembre de
2021 un acuerdo de veinte años con Irán, que le provee los preciados
diluyentes a cambio de parte de su producción de petróleo crudo. La alianza
entre los dos países sancionados por Estados Unidos explicaría el reciente
aumento de la producción petrolera venezolana, que se elevó a una media de
850.000 barriles diarios en 2021, es decir, multiplicando por 2,5 la del año
precedente, con el objetivo de alcanzar los dos millones de barriles este
año 2022.



Para ello será necesario rehabilitar las instalaciones petrolíferas del
país. ¿Hará la crisis ucraniana que Washington facilite este tipo de
inversiones? “La producción podría aumentar rápidamente y el país sería el
más beneficiado por el aumento del precio del petróleo”, afirma Romero. Por
el momento, “las instalaciones se han deteriorado; y más aún porque la gente
las desmantela para revender la chatarra”, nos explica a la vera de una ruta
cortada en la Faja del Orinoco, donde vimos grandes camiones cuyos volquetes
desbordan de chatarra: trozos de tuberías, cables, motores, etc. “A veces,
cuando llegamos a la zona, nos encontramos con chatarreros cortando
tuberías. Huyen corriendo y esperan a que nos hayamos ido para volver. Se
suele hacer de noche. También hay trabajadores que roban todo lo que pueden:
aceite, cables e incluso el aire acondicionado de su dormitorio”.



Aunque la práctica es naturalmente condenada por los tribunales y a veces
conduce a detenciones, la mayoría de las veces se beneficia de un cierto
laissez-faire: permite compensar los bajos salarios en parte del sector
público. Para regular esta práctica –que afecta también a las principales
empresas siderúrgicas del país, en particular a Sidor– y, con ello,
controlar la informalidad, el gobierno aprobó en 2018 un decreto que
confiere a la chatarra un “carácter estratégico y vital para el desarrollo
de la industria nacional”: la chatarra del país debe venderse exclusivamente
a la compañía estatal Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (Corpoez),
dirigida por un militar.



En 2020, ello le permitió a PDVSA, que se estaba quedando sin efectivo,
“pagarles a subcontratistas con chatarra y piezas provenientes de las
instalaciones frenadas –cuenta Moisés Vargas, colega de Romero–. Las
autoridades prefieren centrarse en la explotación de los campos petrolíferos
en buen estado, porque rehabilitar los demás costaría una fortuna.” “El
mercado de la chatarra es una zona gris, muy poco transparente, en el límite
entre legalidad e ilegalidad –explica Andrés Antillano, profesor de
Sociología en la Universidad Central de Venezuela en Caracas (la principal
universidad pública del país)–. Es una actividad muy rentable para los
intermediarios.” Vargas prosigue: “Compran la chatarra recuperada a unos 250
dólares la tonelada. Luego, dependiendo del metal, estos intermediarios
pueden vender la chatarra hasta por mil dólares la tonelada a Corpoez. Pero
antes de eso, los militares que protegen las instalaciones de PDVSA se
llevan una comisión para emitir pases para llevar la chatarra al puerto de
Guanta, donde parte hacia Turquía”, el principal comprador. Al volverse
lucrativo, el comercio de la chatarra se ha amplificado, hasta el punto en
que a veces barrios enteros se quedan sin luz ni agua porque se han robado
las tuberías o los cables de electricidad.



Dolarización de facto



Bajo los efectos de la hiperinflación, que superó el 130.000 por ciento en
2018 (3) (antes de volver a “solamente” un 686 por ciento en 2021),
Venezuela perdió el uso de su moneda desde hace tiempo. La utilización del
dólar en la vida cotidiana terminó “siendo avalada por el gobierno
venezolano”. Sin temor a las paradojas, Maduro lo presenta como “un acto de
rebeldía” (4) contra las sanciones económicas impuestas por Washington,
argumentando que la dolarización de facto de la economía “puede servir para
la recuperación y el despliegue de las fuerzas productivas del país y el
funcionamiento de la economía” (5). Estas declaraciones se inscriben en el
marco de las decisiones adoptadas por el gobierno desde fines de 2018 para
abrir y flexibilizar la actividad económica. Así, se suprimieron los topes
de precios y los controles de cambio; se devaluó la tasa de cambio oficial
del bolívar para acercarla a la del mercado; se levantaron los aranceles de
varios miles de productos, y, lo más simbólico, se permitió el uso de
divisas para las transacciones internas.



Estas medidas dieron rápidamente sus frutos, de modo que a principios de
2022 se produjo una tímida recuperación económica en el país. Sin embargo,
se desarrolla principalmente en los barrios acomodados del este de la
capital. En el de Las Mercedes, por ejemplo, el número de concesionarias de
autos de lujo se triplicó recientemente: “Antes de 2020, había tres; ahora
hay unas diez –explica Peteris Berzins, fotógrafo de autos–. Llegaron muchos
Lamborghini, Porsche, Bentley e incluso Ferrari”, se alegra. La supresión de
los derechos de aduana “ha amplificado el fenómeno”. El primer Chevrolet
Corvette C8, por ejemplo, llegó a Venezuela incluso antes de salir a la
venta en Estados Unidos, donde había una larga lista de espera. El auto se
vende a 200.000 dólares en Caracas. Y para cargar uno de estos autos, queda
totalmente descartado ir a un surtidor normal y hacer la cola (a veces
interminable, debido a la escasez): los afortunados propietarios prefieren
ir a una estación de servicio donde se distribuye la costosa nafta VP Racing
“adaptada a estos vehículos e importada especialmente de Estados Unidos”,
explica Berzins.



En los últimos dos años florecieron en Caracas rascacielos, restaurantes con
propuestas gastronómicas internacionales, almacenes que desbordan de
productos importados. En el Bodegón Actual, situado en un barrio acomodado
de Caracas, se pueden encontrar cajas gigantes de copos Kellogg’s, queso
roquefort Président, jamones enteros de bellota, jarabe de arce Maple Joe,
cápsulas de café Nespresso, mostaza Dijon Maille, champagne, whisky, fois
gras Labeyrie o incluso Nutella. Almacenes como estos “se dirigen al seis
por ciento de los hogares con mayor poder adquisitivo”, sostiene Manuel
Sutherland, economista y director del Centro de Investigación y Formación
Obrera, CIFO.



Ante la pregunta ritual del cajero, “¿en bolívares o dólares?”, la mayoría
de los clientes elige la segunda opción. Pero “el Estado no grava las
transacciones en dólares, que constituyen el 60 por ciento de las compras en
el país”, añade Sutherland. Privada de los ingresos que generarían las
exportaciones petroleras, aislada de los capitales extranjeros como
consecuencia de las sanciones, incapaz de recaudar impuestos y, por tanto,
de redistribuir la riqueza, “Venezuela se está convirtiendo en un país sin
Estado”, concluye Antillano.



¿De dónde provienen entonces los dólares que circulan en el país? Dado que
la dolarización de la economía venezolana “no es un proceso oficial”,
recuerda Álvarez, no provienen, como sucede normalmente, de un acuerdo con
la Reserva Federal de Estados Unidos. “Existen diversas fuentes, como el
blanqueo de dinero. Pero las dos más importantes son el oro y la producción
de petróleo, por un lado, y las remesas que envían los venezolanos desde el
exterior, por otro.” Con casi una quinta parte de los veintinueve millones
de habitantes del país que ha emigrado a causa de la crisis económica,
muchas familias reciben dinero de sus parientes: tres de cada cinco
emigrantes envían ayuda financiera a su hogar de origen (6). “De este modo,
Venezuela recibió entre 4.000 y 5.000 millones de dólares de remesas en 2021
–afirma Rodríguez–. Es un monto muy importante para la economía venezolana.
En comparación, en 2020 y 2021, los ingresos netos de las exportaciones de
petróleo fueron inferiores a 4.000 millones de dólares”.



Sin embargo, las sanciones dificultan el envío de divisas desde el
extranjero a cuentas bancarias en Venezuela. “Gran parte del dinero que
envían los venezolanos que viven fuera del país lo hacen, por tanto, a
través de mecanismos informales”, explica Sutherland. Cada vez más, estas
transferencias se efectúan a través de aplicaciones específicas más o menos
fiables. Verónica Hidalgo, una venezolana que vive en París, utiliza la
aplicación Binance, una plataforma de intercambio de criptomonedas, para
enviar dinero a su madre todos los meses.



Pero este tipo de herramientas no basta para resolver los problemas
asociados a la falta de efectivo en circulación en el país. “¡Me están
volviendo loco!”, dice irritado Franklin Jiménez a la salida de una tienda
de ropa en el centro comercial Sambil de Caracas, el más grande del país.
“Es una guerra para conseguir billetes chicos de dólares. No solamente para
nosotros, los clientes, sino también para los comerciantes, que nunca pueden
darnos cambio. Si uno saca un billete de 20 dólares, está obligado a
gastarlo todo en el mismo lugar.” Ese mismo día, Jiménez decidió irse de la
tienda con las manos vacías. “Se pierden ventas por este motivo y se pierden
clientes –dice decepcionada la vendedora del negocio–. El problema –explica–
es que actualmente, como suele pasar, los cajeros automáticos están vacíos.
Así que no podemos recurrir al bolívar...”. La política monetaria del
gobierno desde hace algunos años es, en efecto, imponer una escasez de
bolívares en efectivo para frenar la inflación y la depreciación de la
moneda nacional frente al dólar. En los barrios populares comerciales de
Catia o Petare, algunos vendedores informales intercambian 18 billetes de 1
dólar contra 1 billete de 20 dólares. “Con eso gano dos dólares por cada
transacción”, relata uno de ellos, satisfecho con su pequeño negocio. Sus
mejores clientes son pequeños comerciantes dispuestos a perder dos dólares
por cada billete de 20 antes que perder clientes.



Sobrevivir como “mineros”



Esta dolarización de facto de la economía frenó la inflación. Pero acentúa
la desigualdad en un país que hace una década era de los más igualitarios de
América Latina gracias a las políticas sociales del presidente Chávez. La
vida se ha vuelto difícil para aquellos cuyos ingresos aún se pagan en
bolívares. Entre ellos, los tres millones de empleados del sector público
que, en promedio, no ganan más que el equivalente a 10 dólares al mes, y los
cinco millones de venezolanos que reciben pensiones estatales irrisorias.
María R., a quien encontramos en Caracas en el barrio popular 23 de Enero,
es una de ellos. Docente jubilada, apenas recibe el equivalente a un dólar,
es decir, el precio de una caja de seis huevos. También recibe la llamada
ayuda “Contra la guerra económica” (destinada a los jubilados, introducida
en mayo de 2020, para ayudarlos a enfrentar la inflación) y la ayuda
alimentaria. Pero con más de noventa años, tiene que vivir con su hijo, que
se encuentra en una situación financiera similar.



Un ex técnico del Ayuntamiento de Caracas tuvo que volver a ponerse el
uniforme de trabajo con más de setenta años para realizar pequeños trabajos
en casas particulares de manera informal. Lo mismo sucede con Lionel F.,
otro vecino del barrio, enfermero del hospital público Dr. Elías Toro que,
además de este trabajo, vende café que trae de Colombia sin declarar. “En un
buen día, puedo ganar más que en un mes entero de trabajo en el hospital”,
afirma. “Recibo ayuda, pero apenas llega a 18 dólares por mes”, explica una
madre de tres hijos, enumerando los precios de los alimentos básicos: “un
kilo de carne cuesta 3,50 dólares; un kilo de harina de maíz para hacer
arepas [el alimento de base de los venezolanos] está a un dólar; un litro de
leche ronda los dos dólares...”. Como muchas de las personas del barrio,
ella también recibe los paquetes de alimentos que el Estado distribuye cada
mes a los más desfavorecidos. Pero “no llegan con regularidad”. Antillano,
profesor universitario, también tiene otro trabajo para complementar su
salario de 20 dólares.



El 3 de marzo de 2022, Maduro anunció un aumento del salario mínimo de siete
bolívares (un dólar y medio) a 126 bolívares (unos 28 dólares). El valor del
bono alimenticio (vales de restaurantes entregados a los funcionarios), que
complementa el salario, pasará de tres bolívares (unos 0,7 dólares) a 45
bolívares (unos diez dólares). También las pensiones se elevaron al salario
mínimo. Además, Maduro anunció que los subsidios estatales se ajustarán al
nuevo valor del salario mínimo. Es poco probable que esto sea suficiente en
un país donde, como relata Antillano, “para sobrevivir, todo el mundo tiene
un segundo o incluso un tercer trabajo. Esto tiene consecuencias en la
calidad de los servicios públicos, ya que la asistencia al trabajo
disminuye. Pero el Estado mira para otro lado”.



En realidad, el gobierno no se limita a mirar hacia otro lado: ha instalado
equipos en algunos ministerios, instituciones y empresas públicas para
“minar” criptomonedas (7). “Esto permite que los funcionarios completen su
salario, pero en detrimento de las condiciones de trabajo. Porque la minería
requiere mucha electricidad, lo que a veces provoca cortes de luz o
disminución de la velocidad de Internet”, relata Antillano. Los altos
funcionarios más cercanos al gobierno han recibido incluso “granjas
mineras”, donde trabajan varias decenas de máquinas. “La minería de
criptomonedas se ha vuelto la principal fuente de ingresos para una gran
parte de las personas relacionadas con la burocracia”, añade el sociólogo.
Evidentemente, el ejército no fue dejado de lado: se inauguró un “Centro de
producción de activos digitales” en noviembre de 2020 en Fuerte Tiuna, el
complejo militar más importante del país. En una publicación de la cuenta
oficial de Instagram de la 61 Brigada de Acondicionamiento de Ingenieros GB
Agustín Codazzi, que está a cargo del proyecto, se puede leer que esta
gigante granja minera tiene como objetivo procurar “ingresos para el
bienestar del personal militar”.



Esta práctica, potencialmente muy lucrativa, no se limita al sector público.
Venezuela, donde la electricidad subvencionada no cuesta casi nada, se ha
convertido en uno de los países más rentables del mundo para la producción
de criptomonedas, que requieren una cantidad enorme de energía. Por ello,
muchos venezolanos se han convertido en “mineros”. “Se necesitan unos meses
para amortizar el costo de una máquina y ganar dinero –explica Gilbert
Rojas, gerente de Cripto Ávila, una de las empresas del país especializadas
en la venta de equipos para la minería de criptomonedas–. El negocio comenzó
realmente en 2014, cuando la crisis económica se intensificó a causa de la
caída de los precios del petróleo. Es también una forma de escapar a la
hiperinflación. Desde entonces, la cantidad de mineros no para de aumentar.
Muchos ponen máquinas en sus comedores y algunos reinvierten sus ganancias
en la compra de más máquinas. Montan granjas mineras en hangares.” En los
locales de Cripto Ávila, donde se inauguró en julio de 2021 un “museo del
minado de bitcoin”, cruzamos a Juan L., que observa detenidamente cada
modelo de máquina (la más vendida, el AntMiner S9, cuesta 1.250 dólares). Es
un plomero al que le gustaría entrar en el negocio pero no cuenta con los
fondos necesarios: “No dan crédito, así que voy a vender mi auto”, dice,
resuelto. Pedro B., otro cliente del negocio, explica: “Ya no podía pagar a
los empleados de mi hotel. Entonces sacrifiqué una habitación para instalar
máquinas”.



Esta “fiebre del bitcoin”, en palabras de Rojas, provoca subidas de consumo
eléctrico que hacen saltar los transformadores de los barrios donde los
vecinos se dedican al “minado”. El Estado creó, entonces, la
Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Relacionadas
(SUNACRIP), encargada de regular el sector. Ahora, minar bitcoins requiere
tener una licencia otorgada por el organismo estatal, que determina también
las zonas en las que se permite la actividad. “Ahora tenemos que pagar un
impuesto por nuestra producción, pero a cambio el Estado organiza y regula
el sector”, dice Rojas, que continúa confiándonos que la policía solía
cometer muchos abusos, sobre todo confiscando material muy frecuentemente.
Cada vez más popular, hoy el bitcoin se acepta como medio de pago en un
número creciente de comercios en Caracas. Los jóvenes venezolanos se están
volcando a los criptojuegos, cuya popularidad está en auge y requieren una
inversión inicial mínima, muy inferior a la necesaria para minar bitcoins.



Para Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo, estos avances son
simplemente una cuestión de pragmatismo, sin el cual el país no habría
empezado a recuperarse. “Es cierto que se ha desarrollado una economía
subterránea. Que aquellos que dejaron el sector público hayan tenido éxito
con sus pequeños negocios, sus pequeñas empresas, es algo positivo. Este
sector depende de las iniciativas individuales, que el Estado va a fomentar
y sostener.” Castillo concluye: “Lo que pretendemos es un poco lo que hizo
China hace 30 años. En un momento dado, comenzó a abrir su economía en
colaboración con el sector privado. Deng Xiaoping solía decir: ‘Poco importa
que el gato sea blanco o negro, mientras cace ratones’. Creo que la gente
quiere un Estado que cace ratones”. Antillano ofrece otro análisis de la
situación: “Las sanciones han transformado a Venezuela en un país dispuesto
a trabajar de la mano de Estados Unidos”.



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Punto uy



Según cifras de 2021, viven en territorio uruguayo 14.926 ciudadanos
venezolanos. El dato procede de la Plataforma Regional de Coordinación
Interagencial para migrantes y refugiados de Venezuela, y se complementa con
la estadística del Banco Central que señala que desde el país se envían
tantas remesas de dinero como las que se reciben, confirmando que la
uruguaya ha vuelto a ser una sociedad de acogida. La mitad de los
venezolanos en Uruguay estaba trabajando a inicios del año pasado, un 79 por
ciento de los cuales lo hacía en el sector formal.



* Maëlle Mariette, periodista. Traducción de Emilia Fernández Tasende.



Notas



1) “Venezuela as a Narco State”, conferencia organizada por el Center for
Strategic and International Studies, Washington, DC, 12-10-18.

2) “Entrevista al responsable de la patronal venezolana: ‘Un ala del
Gobierno de Maduro quiere ir a la privatización... con otro nombre’”, La
Información, 12-12-20.

3) Según las cifras anunciadas/publicadas por el Banco Central de Venezuela
(BCV) y recogidas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.


4) “Los casinos vuelven a florecer en Caracas”, La Voz de Galicia, La
Coruña, 4-10-21.

5) “Maduro dice que la dolarización de facto es ‘válvula de escape’ para la
economía”, EFE, Madrid, 17-11-19.

6) Encuesta nacional sobre las condiciones de vida (Encovi), Universidad
Católica Andrés Bello (UCAB), Caracas, setiembre de 2021.

7) Véase Frédéric Lemaire, “Bitcoin, un valor con vicios ocultos”, Le Monde
diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, febrero de 2022.

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