Argentina/ La agudización de una crisis con orígenes estructurales. [José Castillo]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

21 de agosto 2022

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Argentina



La agudización de una crisis con orígenes estructurales



José Castillo *

Revista Herramienta, agosto 2022

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El gobierno del Frente de Todos entra en el último tercio de su mandato
sumido en una profunda crisis. La Argentina lleva una larguísima fase
histórica de retroceso económico y decadencia social. Un PBI per cápita
estancado en los últimos diez años, que en una curva más larga se remonta al
último medio siglo. Índices de pobreza que se incrementan desde el 4% de
1974 hasta números cercanos al 40% en la actualidad, desocupación
estructural y marginación social creciente ¿Cuál es la causa de todo esto?



El régimen de acumulación de valorización o hegemonía y la inserción
argentina en la crisis crónica de la economía mundial



La actual crisis es sólo un capítulo del modo en que viene funcionando la
acumulación del capital en la argentina desde mediados de la década del 70,
con el derrumbe definitivo del régimen de acumulación sustitutivo de
importaciones que había preponderado en los 50 años previos. Todas las
crisis que abrieron a posteriori no son más que consecuencias de la
continuidad de este nuevo régimen de acumulación, al que se lo suele
denominar como de “hegemonía” o “valorización financiera”. Más allá de las
distintas políticas económicas llevadas adelante por los diferentes
gobiernos.



En general hay acuerdo en señalar la continuidad de este régimen de
acumulación de valorización financiera entre mediados de los 70 y la crisis
de 2001. Las coincidencias no son tantas al afirmar que sigue vigente en el
siglo XXI. Evidentemente, lo que está en discusión es la valorización de las
políticas económicas del período kirchnerista (2003-2015). Nuestra postura
será que, más allá de las obvias diferencias con respecto a programas
económicos como el de la dictadura, el menemismo o, posteriormente, el
macrismo, durante los doce años kirchneristas no se rompieron los elementos
estructurales que conforman el régimen de acumulación de valorización
financiera. Esa continuidad fue la que permitió la facilidad con que el
macrismo retomó los elementos más regresivos de dicho régimen y los agravó.
Ahí está el origen de la crisis actual.



Repasemos las características básicas que definen dicho régimen. Lo primero
y principal es la particular vinculación del capitalismo argentino con la
economía mundial. No es casual que el final de régimen sustitutivo de
importaciones coincida con la crisis mundial de los años setenta. Muestra el
carácter profundamente dependiente y subordinado de nuestra economía al
capitalismo imperialista.



Las crisis económicas se expresaron siempre bajo la forma de crisis
externas. Hasta los años 70 del siglo pasado, las fluctuaciones de los
precios de las mercancías exportables por la Argentina, y el cierre o
apertura de mercados para estos bienes, definían los límites de la política
económica. Durante la sustitución de importaciones se dieron crisis
periódicas de balanza comercial, que se las conoció como de “stop and go”.
Los límites dependientes de la economía argentina se expresaban así por lo
que aún hoy se suele denominar la “brecha externa”. Desde fines de los años
50 en adelante, una parte importante de estos problemas se expresaron no
exclusivamente por dicha balanza. La remisión de utilidades a casas matrices
por parte de las empresas transnacionales, así como el pago de royalties y
patentes aportaban en la conformación de dicha brecha.



En el régimen de acumulación de valorización financiera, la brecha externa
asume otra forma. Las podemos denominar crisis de “stop and crash”: las de
1980-82, 1989 o 2001 fueron infinitamente más agudas y con consecuencias
políticas, económicas y sociales más graves que las anteriores.



Lo determinante ahora pasó a ser la entrada o salida de capitales
financieros de tipo especulativo. Muy rápidamente se generó una gigantesca
deuda externa que actúa como el limitante decisivo de la trayectoria de
nuestra economía. Este es el elemento central, definitorio a nuestro
entender, de la continuidad del régimen de valorización financiera.



Que se expresa también en otras manifestaciones: desindustrialización,
extranjerización y fuerte concentración del capital. A ello sumémosle las
consecuencias sociales de este régimen: una espectacular traslación de
ingresos desde el trabajo hacia el capital, la aparición del desempleo
estructural y la agudización de la pobreza.



La crisis de fines de 2001, y en particular, la rebelión popular de entonces
modificó fuertemente la relación de fuerzas. Todo trastabilló en esos meses.
Sin embargo, por cuestiones que exceden este artículo, se produjo luego una
cierta reconstitución del capitalismo argentino y de sus gobiernos.



Mucho se ha discutido sobre cómo se dio la recuperación económica desde
mediados de 2002. El kirchnerismo insistirá en que fue producto de sus
políticas expansivas. Otros autores pondrán énfasis en una coyuntura mundial
con altos precios de las commodities que exporta nuestro país. Un tercer
factor, fue el fenomenal ajuste que implicó la devaluación de enero de 2002,
que le permitió a la burguesía recomponer rápidamente sus ganancias.



Todos estos elementos tienen que ser ponderados. Pero para nosotros lo
determinante fue la suspensión de una parte sustancial de los pagos de la
deuda externa entre diciembre de 2001 y fines de 2005.



La continuidad del régimen de acumulación durante el kirchnerismo



El kirchnerismo ha insistido en que produjo un quiebre cualitativo con
respecto al período anterior. No acordamos con esta afirmación. No se rompió
el proceso de desindustrialización (más allá de una recuperación con
respecto a lo más agudo de la crisis de 2001). La valorización del capital
siguió estando centrada en lo financiero (como reconoció la propia Cristina
Fernández refiriéndose a las ganancias de los bancos durante el período). Se
mantuvo y aún más se profundizó la extranjerización, concentración y
centralización del capital. Y el mercado de trabajo siguió estando
fuertemente flexibilizado con un altísimo porcentaje de trabajo informal y
tercerizado, y una masa permanente en desempleo estructural. La recuperación
salarial que se dio en los primeros años empezó a partir de 2006 a ser
recortada por un creciente proceso inflacionario.



Y, lo más importante, no se dio el “desendeudamiento” propagandizado el
kirchnerismo. En 2003 la deuda ascendía a 190.000 millones de dólares, se
pagó en efectivo 200.000 millones durante los doce años y culminó 2015 con
un endeudamiento de 240.000 millones de dólares. A partir de fines de 2005
se retomaron los pagos y lentamente se fue dando un creciente proceso de
endeudamiento. Que la deuda pública haya pasado a estar nominada
mayoritariamente en pesos, no implica que no estuviera a la vez fuertemente
extranjerizada en la cartera de los poseedores de esos bonos.



El macrismo y la profundización de los rasgos más regresivos del régimen de
acumulación



El macrismo motorizó un fuerte ingreso de capitales puramente especulativos.
La reversión del ciclo a partir de abril de 2018 dio comienzo a la crisis
actual. Así, incrementó la deuda en 150.000 millones de dólares y fomentó
una fuga de un monto similar. El acuerdo con el FMI, inédito por el monto
(45.000 millones de dólares) y la corrida cambiaria que tuvo su último
capítulo tras las PASO de agosto de 2019, marcaron el límite a que debía
enfrentarse el nuevo gobierno, con una situación recesiva y salarios y
jubilaciones cayendo fuertemente desde 2018.



La velocidad con que el macrismo fue capaz de reconstruir y profundizar los
aspectos más regresivos del régimen de acumulación de valorización
financiera son la mejor demostración de la continuidad de este.



El gobierno del Frente de Todos



Alberto Fernández llegó al gobierno prometiendo que era posible una
renegociación “progresista” y que abriera un horizonte despejado de varios
años, tanto con los acreedores privados como con el FMI. Mencionaba además
el lanzamiento de un shock de consumo reactivador. Nada de eso sucedió.



El presidente se mostraba como un piloto de tormentas experimentado, con el
currículum de haber sido jefe de gabinete de Néstor Kirchner en el período
en que se produjo la reactivación de la economía tras la crisis de 2001.
Pero omitía que ello había sido posible porque en ese entonces no se estaba
pagando una porción sustancial de la deuda externa: los superávits gemelos
(fiscal y de balanza de pagos) y el incremento de reservas en esos años eran
un producto de ese acontecimiento.



En 2019 era absolutamente distinto. El gobierno del Frente de Todos ni
siquiera se planteó una moratoria mientras se renegociaba la deuda. Por el
contrario, cumplió a rajatabla todo el exigente cronograma de pagos,
asumiendo ya en una situación complicada de reservas. Las negociaciones
“progresistas”, con acreedores “comprensivos” y con un FMI “distinto”, eran
pura fantasía, como se verificó más adelante.



El período pre-pandémico (diciembre 2019-marzo 2020)



El gobierno del Frente de Todos insiste en que su plan de “redistribución” y
reactivación se truncó por la pandemia. Sin embargo, en los cuatro meses
previos a esta, las políticas económicas estuvieron fuertemente alienadas al
objetivo central de la renegociación con los acreedores privados y el FMI.



Así, se modificó la ley jubilatoria para mostrar al establishment
internacional la capacidad de reducir la masa del gasto jubilatorio. El
supuesto shock de ingresos se fue diluyendo y terminó prácticamente en la
nada. El centro del accionar del nuevo ministro de Economía, y así se lo
presentó, fue abocarse con exclusividad a la renegociación de la deuda.



La pandemia y el acuerdo con los acreedores privados (2020)



Al hacerse un análisis fino de las políticas implementadas durante la
pandemia, se observa un sesgo hacia una sistemática apropiación por parte de
los grandes empresarios de los beneficios de las políticas económicas
implementadas. Así el pago de una parte de los salarios por parte del
estado, con la contrapartida de la prohibición de despidos, terminó en
empresas que aprovecharon esa financiación (que les redujo los costos), pero
luego, por diversos mecanismos, igual llevaron adelante las cesantías (el
caso más escandaloso fue el de LAN Argentina).



El IFE, única política que se dirigía directamente a manos del pueblo
trabajador, fue claramente insuficiente, tanto en su monto como en la
periodización de su entrega. Por contrapartida, tras una larga discusión, el
impuesto a las grandes fortunas terminó en una tibia medida que no llegó a
mover la realidad de un agudo proceso de redistribución regresiva del
ingreso.



El ministro Guzmán finalmente alcanzó un acuerdo con los acreedores
privados. Fue “vendido” como un gran negocio para nuestro país por la quita
obtenida y como lo que abría una ventana para dedicarse plenamente a la
redistribución de la riqueza y el desarrollo. La realidad fue que, luego de
culminada la negociación, no se resolvió nada en términos de “incertidumbre”
de los mercados (de hecho, se dio una primera corrida cambiara en
octubre/noviembre de 2020), al poco tiempo los bonos canjeados ya cotizaban
a precios de default y, lo más grave, a partir de julio de 2021 ya hubo que
empezar a destinar divisas a los pagos de este acuerdo.



El año del rebote, los pagos al FMI y la profundización de la brecha social
(2021)



2021, tras la pandemia, fue el año en que el PBI creció a valores similares
a los que había retrocedido el año anterior. Sin embargo, se mantuvo un
deterioro sostenido de la distribución del ingreso. En concreto, los puestos
de trabajo formales que se perdieron durante la pandemia (150.000 en la
industria) de hecho no se recuperaron, siendo reemplazados por otros tantos
mucho más precarizados y con menores salarios.



Las políticas sociales, aún limitadas, que se habían puesto en marcha
durante la pandemia, se discontinuaron (el caso más paradigmático fue el
IFE). La manifestación política de todo esto se vio en las elecciones de
medio término, con la derrota del oficialismo, y en particular con su
reducción de votos en el conurbano bonaerense.



El acuerdo con el Fondo y la crisis de reservas



El pacto con el FMI comenzó a discutirse en septiembre de 2020, y continuó
durante todo el 2021. En el medio, se siguieron pagando todos los
vencimientos. Incluso cuando este giró un monto de DEGs (Derechos Especiales
de Giro) para atender a las consecuencias de la pandemia, el gobierno
decidió utilizarlos para cumplir con los compromisos con el propio Fondo. La
fragilidad de las reservas, que ya venía desde el mismo comienzo del
gobierno, se fue agudizando por el drenaje que generaban estos pagos,
sumados a la endémica fuga de divisas.



Hasta diciembre de 2021 de insistió con la posibilidad de lograr un acuerdo
“progresista”, se hablaba de llevarlo “a 20 años”, “sin exigencias de
ajuste” y “con quita”, al menos de la sobretasa de intereses. Nada de esto
sucedió. La evidencia de que se iba a un acuerdo de ajuste clásico provocó
una crisis en la coalición de gobierno, con un kirchnerismo que buscó, más
que evitar la firma del pacto, escapar a pagar los costos de las
consecuencias sociales del mismo.



Finalmente, el acuerdo se firmó en marzo de 2022. Contenía duras metas de
ajuste, con un sendero de reducción de déficit fiscal y de la monetización
vía el Banco Central y de crecimiento de las reservas para demostrar la
futura capacidad de pago. El acuerdo salió con la promesa de que “ahora” sí,
se despejaba el panorama.



Marzo-junio de 2022: la estabilidad no alcanzada



Dos elementos aparecen como centrales para caracterizar este subperíodo. El
primero es la aceleración inflacionaria. Queremos remarcar que, a pesar de
toda la retórica de “guerra a la inflación”, la suba generalizada de precios
termina siendo funcional a la realización del ajuste exigido por el Fondo.
Es la manera en que, en términos reales, se logra la baja del salario, de
las jubilaciones y de los planes sociales, así como de la totalidad de las
partidas presupuestarias. Por supuesto que, desde el punto de vista
político, la inflación tolerable tiene un límite, y el gobierno busca que no
se le desboque. Pero la suba del nivel de precios no es un indicador
contradictorio con el ajuste reclamado por el Fondo.



El problema sí se genera con el tipo de cambio. La amplitud de la brecha
entre las cotizaciones oficiales y financieras (MEP, CCL y blue) generaron
el fenómeno de que, a pesar de los altos precios de las commodities, el
Banco Central no logró recomponer reservas. Más aún, siguió perdiéndolas.
Empeorado más aún por el incremento de importaciones que produjo la
necesidad de importar gas para cubrir la demanda energética.



En junio comenzó la presión ya más clara y definitiva por una devaluación.
Es inútil discutir si el tipo de cambio está atrasado o no en términos
comerciales. Lo concreto es que la especulación financiera y el
endeudamiento impagable, construyen una trayectoria del tipo de cambio que
en el largo plazo “tiende al infinito”. En este caso, la orden de largada
para la carrera devaluatoria fue el fin del roll-over de los bonos y letras
en pesos, con una gran cantidad de especuladores que los liquidaban y se
pasaban a la divisa extranjera.



El interregno Batakis: al borde del abismo



La renuncia de Guzmán abrió una fuerte crisis política. En lo económico se
manifestó en una aceleración de la devaluación del peso (por medio del
incremento de la brecha entre los dólares oficiales y los CCL, MEP y Blue) y
una remarcación desaforada de los precios.



Todo ello a pesar de que Batakis buscó sobreactuar “firmeza” para llevar
adelante el ajuste, anunciando que se cumpliría a rajatabla la meta de
ajuste acordada con el Fondo, se congelaría la planta del estado y se
“unificarían todas las cuentas públicas”, un eufemismo para demostrar la
intención de ajustar partidas. Se sumó a ello la visita a Estados Unidos
para conseguir el aval del propio FMI a las medidas. Al mismo tiempo, se
comenzó una fuerte y sostenida suba de las tasas de interés del Banco
Central, con el objetivo de recomponer el roll-over de los bonos y letras en
pesos. Pero, evidentemente, la apuesta de una porción importante de la
burguesía (los sectores exportadores y la especulación financiera) por una
devaluación en toda la línea continuó, a partir de advertir que ello era
posible por la debilidad de la coalición gobernante.



La nueva era Massa y las perspectivas



Las escasas tres semanas de Batakis al frente del ministerio de Economía no
lograron torcer la tendencia de caída de reservas y presión por ampliar la
brecha, a lo que se sumó una aceleración de la inflación a niveles récord.



El recambio por Sergio Massa intentó ser mostrado como un nuevo punto de
partida. Busca emitir señales hacia el establishment de que “ahora sí” se
avanzaría a fondo con el ajuste. La primera fue la unificación del
ministerio de Economía, absorbiendo las carteras de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Desarrollo Productivo. Recreando de hecho, un “superministerio”
que evoca a los tiempos de Domingo Cavallo. El segundo, la conformación de
un equipo con algunas figuras con historia en las renegociaciones de deuda
de los 80 y 90, tal el caso de Daniel Marx. A ello se suma, no como dato
menor, las propias relaciones de Sergio Massa con el establishment político
y económico de los Estados Unidos y con un núcleo selecto de grandes
empresarios locales



Massa arrancó reafirmando las metas a cumplir con el FMI y el congelamiento
de la planta del Estado, agregándole también la negativa a que el Banco
Central siga financiando a la Tesorería. Le sumó promesas buscando acelerar,
vía diversos privilegios, la liquidación de divisas por parte de los
monopolios exportadores. Planteó una suba muy superior a la que se estaba
anunciando en las tarifas de gas y luz, por medio de agregar a la
diferenciación de ingresos, otra medida basada en el consumo. Y continuó con
la fuerte suba de las tasas de interés de referencia del Banco Central,
mixturado con el ofrecimiento de un canje voluntario de bonos y letras por
otros “duales” (que garantizan cobertura ante la inflación, pero también
frente a una eventual devaluación) con plazos de vencimiento en 2023.



A todo ello le agregó la posibilidad de conseguir nuevos préstamos externos,
acelerando algunos pendientes con el BID y también recurriendo al mecanismo
de los REPO, por medio del cual fondos de inversión extranjeros prestarían a
la Argentina con la garantía de bonos, letras e incluso acciones que luego
podrían ser “recompradas” por nuestro país. Todas medidas que apuntan a
incrementar en el corto plazo las reservas, claro que con el costo de seguir
aumentando la bola de nieve del endeudamiento externo.



La contrapartida de todo esto es la virtual ausencia de medidas que
recompongan sustantivamente la pérdida de ingresos del pueblo trabajador.



El Frente de Todos, con Massa ahora en el rol central, busca una
estabilización de corto plazo. Para esto el primer paso, obvio, es la
recomposición de las reservas, para luego proceder, habiendo logrado reducir
un poco la brecha cambiaria, a una devaluación fuerte, pero “controlada”,
que no desboque todas las variables. Obviamente, dicha devaluación generará
un nuevo salto inflacionario, pero, como explicamos más arriba, el gobierno
está dispuesto a pagar ese costo ya que es parte del mecanismo con que se
lleva adelante el ajuste.



Se trata de objetivos difíciles de alcanzar. Cumplir con la meta de
reducción del déficit fiscal exigida por el Fondo (2,5% del PBI) implica
llevar adelante un recorte de acá a fin de año de entre 500.000 y 800.000
millones de pesos. La rebaja de subsidios energéticos podrá aportar como
mucho 150.000 millones. El resto tendrá que ser recortes efectivos sobre las
partidas salariales, jubilatorias, de ayuda social o sobre la obra pública.
Un costo evidente lo pagarán las provincias, con la limitación de los giros
a las mismas.



La meta externa (alcanzar 5.800 millones de dólares de reservas) es
fundamental para el gobierno no sólo por tratarse de algo reclamado por el
FMI, sino porque de ello depende, en las condiciones actuales, alcanzar
algún tipo de estabilidad del tipo de cambio.



Si Sergio Massa alcanza estos logros, evitando a la vez que se incremente
demasiado la conflictividad social, y logra mantener el equilibrio inestable
del Frente de Todos, recién entonces el gobierno estará en condiciones de
encarar con algún viso de normalidad el proceso electoral del año próximo.



¿A qué se juega el establishment?



Se ha abierto una discusión acerca de si se está frente a una suerte de
“golpe económico” contra el gobierno. No creemos que sea así. Lo que sigue
primando es la unidad burguesa (y del imperialismo) sosteniendo la
estabilidad política, que incluye que este gobierno continúe y culmine su
mandato. El gobierno de los Estados Unidos, y a través de él, la posición
del FMI es seguir sosteniendo el acuerdo con la Argentina, a pesar incluso
del no cumplimiento de algunas de las metas parciales. El marco de todo esto
es, sin duda, la situación global latinoamericana, luego de los procesos de
rebelión que se vienen dando desde 2019 (Haití, Ecuador, Chile, Colombia,
Panamá) que en varios países han implicado cambios políticos no esperados
por Washington.



Todo esto no quita que sí efectivamente hay una fuerte presión de muchos
sectores para provocar una devaluación relativamente fuerte (del 30 o 40%).
Encabezan esto los monopolios exportadores del agro, pero también participan
sectores financieros especulativos que ya han apostado a ello a futuro y
dependen de que suceda para realizar sus rentas.



El objetivo de la inmensa y absoluta mayoría de la burguesía que opera en
nuestro país (nacional y extranjera) es que se lleve adelante el ajuste
siguiendo la hoja de ruta del FMI para 2022 y 2023. Como un principio de
“estabilidad” provisoria y a corto plazo.



Pero, en el mediano plazo, el programa de todos estos sectores es avanzar
hacia la efectiva realización de la tríada de reformas estructurales:
fiscal, previsional y laboral. Aprovechando para ello la necesaria
reestructuración de la deuda, tanto con los acreedores privados (los bonos
hoy cotizan a valores de default y los vencimientos para los años
posteriores a 2024 son imposibles de cumplir) como con el propio FMI.



En concreto, la reforma fiscal (reducción o eliminación de impuestos
progresivos, a escala nacional y provincial) apunta a que, en conjunto con
la exigencia de “déficit cero” y la no asistencia del Banco Central a la
Tesorería, se fuerce una reducción sustancial del gasto público total,
llevándolo del actual 40% del PBI a un valor cercano a 25%.



La reforma previsional es la misma que se promueve en otros países:
incremento de la edad jubilatoria, no automatismo de los reajustes (de
hecho, esto ya se logró al desenganchar la fórmula de la inflación a fines
de 2019) y eliminación de los regímenes especiales (del cual el más
importante es el docente). Todo con la perspectiva de reinstalar algún tipo
de jubilación privada en el mediano plazo, quedando la pública como un mero
subsidio a la pobreza para la tercera edad.



Finalmente, la reforma laboral apunta a la destrucción de todo el entramado
legal de conquistas de décadas de la clase trabajadora, instaurando un
sistema flexible generalizado, al estilo de que ya existe en el convenio
petrolero de Vaca Muerta, o el que funciona de hecho en algunos rubros, como
el de los trabajadores de las aplicaciones. Su objetivo es la reducción
definitiva y estructural del “costo laboral argentino”, para igualarlo al de
las regiones de mayor súperexplotación del planeta.



A todo esto, se suman los proyectos de privatización o liquidación de las
empresas públicas que han vuelto a existir en el siglo XXI y algún tipo de
reforma monetaria (donde si bien no es la posición mayoritaria, algunos
sectores extremos llevan al punto de la dolarización).



La puesta en marcha de estos proyectos, amparados en una nueva (y enésima)
renegociación del endeudamiento, se aspira a que sea llevada adelante por el
“nuevo gobierno” que surja a partir de diciembre de 2023, sea la actual
oposición (Juntos por el Cambio) o incluso alguna reconfiguración del propio
peronismo.



Frente a esta realidad, queda planteada la urgente tarea de fortalecer una
alternativa política que plantee otro programa económico, opuesto por el
vértice al actual. Que necesariamente comience por la inmediata suspensión
de los pagos de deuda externa, por la ruptura con el FMI, por un conjunto de
medidas estructurales como la nacionalización de la banca y el comercio
exterior, la reestatización de las empresas privatizadas (tanto de servicios
públicos, como las que operan en el negocio gasífero-petrolero) y una
profunda reforma impositiva progresiva, con el objetivo de poner todos los
recursos para resolver las más urgentes necesidades populares de salario y
jubilaciones dignas, trabajo, educación, salud y vivienda.



* José Castillo. Economista, docente e investigador de la Facultad de
Ciencias Sociales-Universidad de Buenos Aires. Dirigente de Izquierda
Socialista. Miembro de Economistas de Izquierda.

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