Ecuador/ Las calles vuelven a encenderse. [Anahí Macaroff]

[Ernesto Herrera]

  _____

Correspondencia de Prensa

22 de junio 2022

https://correspondenciadeprensa.com/

redacción y suscripciones

germain en montevideo.com.uy <mailto:germain en montevideo.com.uy>

  _____



Ecuador



Las calles vuelven a encenderse



Ecuador vive nuevamente una movilización social antigubernamental liderada
por el movimiento indígena. La reacción del gobierno, que ha apelado a la
represión, ha sumado a diversos sectores a las protestas, que ya
contabilizan dos muertes.



Anahí Macaroff *

Nueva Sociedad, junio 2022

https://nuso.org/

La convocatoria al paro y la movilización de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el 13 de junio pasado, es la
primera protesta de magnitud que enfrenta el presidente Guillermo Lasso
desde su llegada al poder en 2021. La protesta ha ido escalando en gran
parte por las propias acciones del gobierno, que generaron un fuerte rechazo
y fueron sumando a diversos sectores al paro.



Desde el oficialismo, se denuncia la existencia de un intento
desestabilizador. Las Fuerzas Armadas han llegado incluso a señalar nexos
entre las bandas de narcotráfico y las manifestaciones. Mientras que desde
las organizaciones sociales se afirma que son las mismas acciones represivas
las que hacen tambalear la institucionalidad democrática.



Claves para entender la protesta y el malestar social



Desde junio de 2021, la Conaie ha mantenido distintos diálogos con el
gobierno y entregado una serie de propuestas que no fueron acogidas, razón
por la cual en noviembre de ese año la entidad matriz indígena dio por
terminado el diálogo. Desde allí, la tensión ha ido escalando hasta el
actual llamado al paro nacional para el cumplimiento de diez demandas
fundamentales. Entre ellas está la suspensión del incremento de los
combustibles; una renegociación de las deudas de los clientes del sistema
financiero nacional; la regulación de precios de productos agrarios; la
derogación de los decretos 95 y 151 que promueven el aumento de la
explotación petrolera y la minería; el respeto a la consulta previa, libre e
informada para iniciar proyectos extractivos en territorios comunitarios e
indígenas; y finalmente, la regulación de los precios de productos de
primera necesidad.



Desde el gobierno se afirma que no existen razones para la protesta, pero no
es eso lo que perciben diversos sectores de la sociedad. La crisis social y
económica, agudizada tras la pandemia de covid-19, ha desnudado la falta de
políticas públicas del gobierno de centroderecha de Lasso, un político y
banquero que el año pasado venció al candidato correísta Andrés Arauz en la
segunda vuelta de las elecciones, pero ha debido gobernar con mayoría
opositora en el Congreso y una oposición latente en las calles.



Lasso ha priorizado salvaguardar los intereses de las grandes empresas y la
banca, ahondando aún más las brechas de desigualdad. La crisis del país
combina, de hecho, los más diversos factores. La inflación y la permanente
suba de precios hace que casi 70% de la población tenga dificultades para
cubrir de la canasta básica. El sector agropecuario —especialmente de los
pequeños productores—, ya muy golpeado, sufre aún más por los efectos del
conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. A ello se suma la falta de
medicamentos y la crisis del sistema de salud, así como el aumento de los
índices de desempleo y los altos índices de empleo inadecuado que abarcan al
62,6% de las personas activas —especialmente a mujeres, jóvenes, pueblos y
nacionalidades indígenas y afrodescendientes—. A este panorama se suma la
reducción del presupuesto a las universidades y el incumplimiento de la
promesa de campaña de ingreso irrestricto a las casas de estudio, además de
la potente la ola de violencia con actos de sicariato —en los cuales se han
visto involucrados miembros activos de las fuerzas policiales— y la crisis
carcelaria, con el asesinato de decenas de reclusos. El veto presidencial a
la ley y la resolución de la Corte Constitucional para permitir el aborto
por violación es, por último, la guinda de este cóctel explosivo. Ante esta
situación, el incremento de las protestas se ha hecho evidente. El accionar
mismo del gobierno y de las fuerzas represivas en el marco del paro nacional
no ha hecho más que caldear los ánimos.



Palo y zanahoria, medidas que avivan el paro



Si bien la convocatoria al paro se centra principalmente en el movimiento
indígena, desde el inicio estudiantes y organizaciones de mujeres y
disidencias forman parte de las movilizaciones. Estas últimas, de hecho, han
logrado incluir sus voces y una permanente presencia en las ruedas de prensa
que cada noche brindan los y las dirigentes. Sin embargo, a diferencia de lo
ocurrido en 2019, en ocasión de las fuertes protestas contra el gobierno de
Lenín Moreno, las organizaciones de trabajadores no se plegaron
inmediatamente al paro y convocaron a una movilización para el día 22 de
junio.



El segundo día de paro se produjo la detención de Leónidas Iza, el
presidente de la Conaie, por interrupción de los servicios públicos. Para
los actores sociales movilizados, esta acción representa una clara
persecución política y el cumplimiento de la amenaza que realizó meses atrás
el mismo presidente de la nación cuando afirmó que «Leónidas Iza terminará
con sus huesos en la cárcel». Esta detención despertó una ola de repudio por
sus múltiples irregularidades y encendió los ánimos sumando a más
organizaciones y habitantes de barrios populares a la movilización.



El tercer día de paro, en la ciudad de Cuenca, la tercera más importante del
país, se reportaron varios enfrentamientos entre estudiantes universitarios
y policías, quienes violando la autonomía universitaria lanzaron gases
lacrimógenos al interior de la institución, tal como había sucedido en 2019
en la Universidad Católica en Quito. Fue el mismo accionar represivo el que
provocó que al día siguiente toda la comunidad académica, encabezada por la
rectora María Augusta Hermida, se sumara al paro y se movilizara de manera
pacífica. Escenas similares se vivieron el octavo y noveno día del paro
cuando las fuerzas de seguridad reprimieron en las inmediaciones de la
Universidad Salesiana, una de las dos universidades que junto a la
Universidad Central decidieron abrir sus puertas como centros de acogida
humanitaria. Lo mismo sucedió en la Universidad Católica, a la que ingresó
un grupo antimotines violando su autonomía.



En el cuarto día, y en un intento de calmar las aguas, el gobierno anunció
la publicación del Decreto Ejecutivo 452 y la suscripción el Acuerdo
Ministerial 0069, con los cuales respondía parcialmente a dos de los pedidos
de la Conaie. Con el decreto, el gobierno se comprometía a intensificar las
intervenciones y operativos de control de precios de productos de primera
necesidad y a sancionar a quienes incumplan con los pagos justos a los
productores bananeros.



En el quinto día de paro se vivió una jornada de fuertes enfrentamientos en
la provincia de Chimborazo que terminó, según la Confederación del
Movimiento Indígena de Chimborazo (Comich), con 40 heridos, dos de ellos de
gravedad. Estos últimos habrían recibido impactos de perdigones, a pesar de
que la policía afirmo tener «la disposición de no emplear armas de fuego ni
munición letal». Por la noche, el presidente de la República declaró el
estado de excepción en tres provincias: Pichincha, Cotopaxi e Imbabura. El
decreto tuvo dos versiones. Inicialmente circuló una que incluía una
restricción al derecho a la libertad de información que podía implicar la
suspensión de servicios de telecomunicaciones fijas, móviles y de internet.
Se limitaba, además, el manejo de información «debidamente clasificada»,
reservada o de circulación restringida a través de los medios de
comunicación social, redes sociales y contenido comunicacional. Y se
habilitaba el uso progresivo de la fuerza, incluida la fuerza letal.



Finalmente, ante la ola de voces que alertaban la violación de derechos
constitucionales, desde el gobierno se afirmó que, a pesar de contar con la
firma del mandatario, lo que había circulado era «un borrador» y que la
versión final no contenía estos polémicos artículos. Sin embargo, esto
motivó la convocatoria de la Asamblea Nacional para tratar la derogación del
decreto. La Constitución contempla la posibilidad de que el Parlamento pueda
«revocar el decreto en cualquier tiempo, sin perjuicio del pronunciamiento
que sobre su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional».
Tras el decreto, la asambleísta del partido indígena Pachakutik Mireya
Pazmiño presento un pedido para tratar la derogatoria en el pleno el lunes
20 de junio.



El lunes 20, justo antes de la sesión del pleno, desde el Poder Ejecutivo se
derogó y reemplazó el decreto por uno nuevo que ampliaba las provincias
contempladas en el estado de excepción. Con esta estrategia, la Asamblea ya
no pudo sesionar y debe volver a presentar una nueva moción y esperar al
menos 48 horas para tratarla.



Con este decreto, el gobierno busca controlar la extensión de la
manifestación y restringir la llegada de indígenas a la capital, pero al
mismo tiempo da cuenta de cierta discrecionalidad a la hora de aplicar las
normas ya que, al mismo tiempo que se restringe la libertad de asociación y
reunión, desde la Secretaría General de Comunicación del Ejecutivo se
convocó a la ciudadanía a participar de una jornada de movilizaciones por la
paz, programada para el sábado 18 de junio en varios puntos de Quito.



La última acción que pone en tela de juicio el respeto a la
institucionalidad democrática, y reaviva las tensiones, fue el allanamiento
y posterior toma de la Casa de las Culturas Ecuatorianas, en Quito, por
parte de la policía en busca de «material bélico, como explosivos y armas
artesanales». Durante las protestas de 2019, esta institución sirvió de base
para miles de militantes y organizaciones sociales, así como para la
realización de asambleas permanentes. Al no encontrarse nada, amparándose en
el decreto de estado de excepción la policía decidió disponer de la Casa de
las Culturas como albergue para los uniformados, ante la indignación de
artistas, gestores culturales y ciudadanía que se habían convocado a una
vigilia en rechazo a la intervención policial.



La Casa de las Culturas es una institución cultural creada en 1944 que
funciona bajo un esquema de autonomía y que solo había sufrido una
intervención como la ocurrida el pasado domingo durante la dictadura militar
en 1963. Este hecho fue condenado en numerosos comunicados emitidos por
universidades, artistas e instituciones y únicamente recibió el respaldo del
Ministerio de Cultura, que justificó el accionar de los uniformados como una
acción para resguardar las colecciones y bienes patrimoniales que se
encuentran en su interior.



El último elemento que echó leña al fuego fueron las polémicas declaraciones
de jefes de las Fuerzas Armadas intentando vincular las manifestaciones con
el narcotráfico y la delincuencia organizada, en un momento en el que desde
el gobierno, en alianza con la Embajada de Estados Unidos, se busca impulsar
el Plan Ecuador –basado en el modelo del Plan Colombia–, para frenar el
ingreso del narcotráfico al país.



Represión y llamados al diálogo



La caída de la popularidad del presidente Guillermo Lasso a poco más de un
año de haber asumido la presidencia es abrupta, lo que le restringe la
posibilidad de canalizar las demandas por la vía institucional. Según la
encuestadora Perfiles de Opinión, Lasso inició su mandato con más de 75 % de
aprobación. Ahora tiene una desaprobación de alrededor de 80%. Y es que,
tras un año de gobierno, la única de las promesas de campaña que el gobierno
cumplió a cabalidad fue la campaña de vacunación contra el covid-19.



La llegada a la presidencia de Lasso, con un programa de gobierno
abiertamente proempresarial, representó un quiebre tras dos décadas en las
cuales las elites no habían logrado llegar al poder a través de elecciones.
Es importante señalar que las elites ganan, no porque hayan logrado
amplificar el apoyo a su proyecto político, sino por la fragmentación del
resto de las opciones. Lasso solo obtuvo menos de 20% en la primera vuelta
de 2021, de allí su escasa representación parlamentaria.



Luego de asumir, el mandatario se alejó del Partido Social Cristiano (PSC)
que lo apoyó para llegar a la presidencia y que ideológicamente parecía ser
su aliado natural. No obstante, más allá de las disputas de poder y de los
enfrentamientos mediáticos a la hora de aplicar un plan económico, tanto el
partido de gobierno como el PSC responden a sectores de elites
financiarizadas y agroexportadoras con intereses comunes. Esa cohesión toma
forma en coyunturas de movilización social como la actual y le permite al
gobierno aplicar una fuerte represión con el respaldo de las Fuerzas
Armadas, los medios masivos de comunicación y las elites económicas.



Por su parte, quienes debían representar la oposición —Pachakutik y la
correísta Unión por la Esperanza (UNES)— quedaron entrampados en el juego de
alianzas con el Ejecutivo bajo el argumento de la gobernabilidad,
permitiendo así el avance del programa de gobierno y, al mismo tiempo,
minando la credibilidad moral de las fuerzas de oposición.



Aun así, a lo largo de este primer año la relación entre el Ejecutivo y la
Asamblea Nacional estuvo marcada por la tensión, con amenazas de «muerte
cruzada», una figura presente en la Constitución de Ecuador que faculta al
Poder Ejecutivo a disolver el Congreso con la obligatoriedad de convocar a
elecciones en un periodo de 6 meses para renovar ambos poderes. Durante ese
plazo, el presidente puede gobernar por decreto.



Al noveno día de paro nacional, y tras dos años de pandemia que ahondaron
las desigualdades y con la memoria reciente del levantamiento de octubre de
2019, las condiciones para un dialogo fructífero no terminan de cuajar. En
este camino, lo que está en juego no son solo las diez demandas planteadas
por la Conaie, sino las posibilidades de una resolución del conflicto que
evite la erosión de la institucionalidad democrática. Esto es algo que,
hasta el momento, no parece estar sucediendo.



* Anahí Macaroff, es magíster en Comunicación por Flacso-Ecuador. Es
investigadora Asociada al Instituto de Estudios Ecuatorianos.

  _____





--
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus


------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20220622/967c6c00/attachment-0001.htm