Ecuador/ Doce días de pie. Los de abajo en el centro del escenario político. [Decio Machado]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

24 de junio 2022

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Ecuador



Los de abajo en el centro del escenario político



Doce días de pie



Las protestas indígenas contra la carestía y en defensa del ambiente y los
servicios públicos han movilizado hacia las ciudades a decenas de miles de
personas, a pesar del estado de excepción y la represión policial.



Decio Machado, desde Quito

Brecha, 24-6-2022

https://brecha.com.uy/



La movilización empezó con cortes de carreteras en gran parte de las
provincias ecuatorianas y pocos días después se dio la llegada a las grandes
ciudades de miles de indígenas provenientes del sector rural. Este
levantamiento popular se viene dando en Ecuador desde el 13 de junio,
inicialmente a impulso del movimiento indígena, en concreto, de la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que en forma
paulatina ha sido secundada por diferentes organizaciones sociales y gremios
del país, incluido el movimiento de mujeres.



Las reivindicaciones de la Conaie incorporan diez puntos que desde hace un
año son negociados con el gobierno, encabezado por el presidente, Guillermo
Lasso, pero hasta el momento no se les había dado respuesta, con el
Ejecutivo abocado a agendas macroeconómicas basadas en el saneamiento de la
finanzas públicas, la reducción del déficit fiscal y el servicio de deuda a
costa del deterioro de los servicios públicos y el recorte de políticas
sociales. La plataforma de la Conaie llama a la congelación de los precios
del combustible diésel y de la gasolina extra –ambos utilizados por la
maquinaria agrícola y los vehículos con los que los sectores rurales sacan
sus productos hacia los mercados–; una moratoria mínima de un año para las
deudas familiares contraídas tras la pandemia con la banca pública, privada
y cooperativas de ahorro y crédito; la fijación de precios justos para los
productos del campo, junto con el control de precios y el combate a la
especulación de productos de primera necesidad.



También se aboga por medidas de mejoramiento del empleo y los derechos
laborales, con políticas de inversión pública para frenar la precarización
laboral; la no ampliación de la conflictiva frontera extractiva minera y
petrolera en territorios con ecosistemas frágiles; el respeto a los 21
derechos colectivos reconocidos en la Constitución ecuatoriana; la no
privatización del patrimonio público y los servicios sociales; la dotación
de presupuestos urgentes a la salud y la educación, cuyas infraestructuras y
atención son cada vez más deficientes, y la generación de políticas de
seguridad efectivas frente al disparado aumento de las muertes violentas y
los actos delictivos en el país.



A este pliego de demandas iniciales se han sumado otras, procedentes de
organizaciones sindicales, ambientales, estudiantiles y de mujeres, que van
desde demandas laborales hasta sistemas de redistribución justa del trabajo
de cuidados, pasando por la ampliación de los cupos de acceso a las
universidades o la protección de las fuentes de agua.



Quito se ha convertido, una vez más, en el punto álgido de la movilización,
a donde se estima que llegaron entre 15 mil y 20 mil indígenas venidos desde
diferentes territorios de la Sierra Central y la Amazonía. En paralelo, las
organizaciones barriales, de mujeres y juveniles quiteñas se fueron
incorporando a la movilización en los últimos días, cortando los accesos a
la ciudad y las principales vías internas, lo que implica cierto nivel de
desabastecimiento en la capital del país y una correspondiente alza de
precios.



Amedrentamiento y represión



Ante esto, la estrategia gubernamental ha consistido en amedrentar y
presionar a los principales actores institucionales. Lasso afirmó este
miércoles que «unos pocos violentos quieren secuestrar la democracia», en
referencia a las decenas de miles de manifestantes. El lunes, decretó el
estado de excepción por «grave conmoción interna» en las provincias de
Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua. Las
universidades del país –que han funcionado como centros de paz y atención
humanitaria en otras ocasiones de este tipo (véase «País de lucha», Brecha,
20-X-19)– han sido amenazadas con la eliminación de cualquier tipo de
subvención estatal o de apoyo para becas en el caso de que un solo
manifestante se haga presente en sus instalaciones.



A la Conferencia Episcopal se le abrió esta semana un expediente en la
Fiscalía General del Estado para investigar cómo se financió la llegada del
papa Francisco a Ecuador en 2015, acción que ha llevado a que ninguna
iglesia abra ahora sus puertas para atender, alimentar o darles techo a los
sectores movilizados, mientras que la institución eclesiástica se mantiene
alejada de su rol histórico de mediadora en este tipo de conflictos. En
tanto, la Policía ocupó en estos días la sede de varias instituciones
autónomas del Ejecutivo. El ejemplo más emblemático ha sido la conversión de
la Casa de la Cultura Ecuatoriana en un cuartel de comandos especiales de la
Policía Nacional.



A pesar de estas acciones, la presión de las organizaciones estudiantiles,
que en algunos casos han llegado a derribar puertas y cercados de los
recintos académicos, permitió que este jueves, en el décimo día de
protestas, algunas instalaciones universitarias pudieran oficiar de refugio
para mujeres y niños indígenas, así como de centro de atención médica para
los manifestantes heridos por la represión estatal. Hasta el momento, se
registran cuatro muertes, cientos de heridos y un número indeterminado de
manifestantes desaparecidos, según denuncias de las organizaciones sociales.



En el ámbito de la disputa de narrativas, el gobierno impulsa el relato de
que las movilizaciones indígenas y populares están financiadas por el
«narcoterrorismo» –al que busca asociar con el correísmo– y por intereses
internacionales –la típica y reiterada telenovela sobre la «infiltración
chavista»–, lo que intenta deslegitimar la causa de los manifestantes. Esta
argumentación cunde entre sectores medios acomodados y elites principalmente
quiteñas, que han empezado a movilizarse e incluso a armarse con el fin de
enfrentar a los «invasores» de tez canela, llegados desde los páramos y la
selva.



Sublevación popular y caída del apoyo al gobierno



Las organizaciones indígenas afirmaron este miércoles en una declaración
pública que «mientras en la calle masacran a nuestra gente» no se sentarán a
una mesa de diálogo. Como condiciones para abrir ese canal, piden el cese
del estado de excepción y de la represión, la garantía de que no se
impondrán nuevos decretos en el marco de la protesta, el cese de los ataques
de la fuerza pública a las zonas de resguardo humanitario y «que toda la
agenda sea puesta sobre la mesa y no existan puntos inviables para el
gobierno» a la hora de negociar.



Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea han
llamado públicamente al gobierno y a la Conaie a dialogar y encontrar una
salida pacífica al conflicto. Al momento de redactarse estas líneas, desde
el Ejecutivo se han dado muestras de aceptar al menos una parte de las diez
reivindicaciones originales de los indígenas y de permitir el uso de una
sede pública para que las organizaciones movilizadas puedan celebrar una
asamblea, con el fin de sentar las bases iniciales para una mesa de
negociación.



Las masas de manifestantes que hoy ocupan Quito y otras ciudades del país
reflejan esos puntuales momentos de la historia en la que los nadie, los sin
rostro, los cualquiera, ocupan la centralidad política nacional para
inscribir, de alguna forma, sus derechos en ley. Asistimos a un proceso en
el que dolores antes comprendidos como individuales o, incluso, como
fracasos personales (no poder satisfacer las necesidades familiares,
enfrentar el desempleo o el embargo a manos de un banco por no poder atender
las deudas contraídas) se politizan y generan una plataforma de demandas
reivindicativas que busca soluciones colectivas.



Con el país aún pendiente del desenlace final, la sublevación de los
sectores populares de Ecuador ha puesto en jaque al establishment político
nacional, que ha visto superadas sus agendas e intereses
político-partidistas por el desborde de las multitudes. Queda por verse
cómo, a partir de la parcial resolución de este conflicto, el gobierno
conservador del exbanquero Lasso podrá seguir gobernando, con un creciente
aislamiento político y un apoyo popular en desplome: según las encuestas de
las principales consultoras, Lasso inició su mandato el 24 de mayo de 2021
con más de 75 por ciento de aprobación; hoy el rechazo a su gestión alcanza
al 80 por ciento de la población.

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