Argentina/ Grietas en el oficialismo. Ganadores y perdedores en el acuerdo con el FMI. [Fabián Kovacic]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

11 de marzo 2022

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Argentina



Grieta en el oficialismo del Frente de Todos

Ganadores y perdedores en el acuerdo con el FMI



No hay peor astilla que la del mismo palo, sostiene el dicho popular. Las
diferencias en la interna del bloque legislativo oficialista hacen peligrar
el acuerdo hecho con el FMI. La oposición echa leña al fuego, pero admite
que puede votar a favor si se tienen en cuenta sus condiciones.



Fabián Kovacic, desde Buenos Aires

Brecha, 11-3-2022

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El acuerdo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional
(FMI) ya está en el Parlamento para ser tratado primero en la Cámara de
Diputados y luego en el Senado. La confianza oficial indica que será
aprobado pese a las diferencias internas en el bloque del Frente de Todos y
los cascotazos arrimados por la oposición, en la que se enrolan el macrismo,
el radicalismo y la Coalición Cívica –todos en la interna macrista–, los
nuevos ultraliberales del economista Javier Milei y los trotskistas del
Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U).



En el Frente de Todos la decisión de Máximo Kirchner de abandonar la
presidencia del bloque de diputados, precisamente por las diferencias en el
acuerdo con el FMI, no parecen ir en busca del quiebre de la bancada
oficial, pero hacen crujir las frágiles alianzas en la coalición de 19
partidos que tienen pendiente desde noviembre pasado institucionalizarse
para ser algo más que un conjunto de formaciones políticas dispuestas a
ganar elecciones. Para calmar a los socios de las centrales obreras
Confederación General del Trabajo y Central de Trabajadores de la Argentina
(CTA), el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que no habrá reforma
laboral ni previsional: no se tocan ni las pasividades ni las condiciones de
empleo.



Sin embargo, una veintena de diputados ligados a la CTA, como Hugo Yasky y
Pablo Carro, y a los movimientos sociales, como Natalia Zaracho, Itaí
Hagman, Federico Fagioli y Juan Carlos Alderete, mostraron su disconformidad
con los términos del acuerdo y pusieron en duda su voto. Los legisladores
del FIT-U anunciaron su voto en contra «para evitar más ajustes sobre el
pueblo» y marcharon por las calles de la ciudad para confirmar su postura.
Desde la presidencia de la Cámara de Diputados, su titular, Sergio Massa,
asegura con confianza que logrará los votos para cerrar el debate a favor.



Déficit estructural



Desde el domingo 6 de marzo se suceden las reuniones parlamentarias entre
bloques oficialistas y opositores con el propio Guzmán para acceder a la
letra chica del acuerdo con el FMI. «Si no se aprueba el entendimiento con
el FMI, las cosas serán muy complicadas», deslizó ante los legisladores el
ministro de Economía. Se prevé que el producto bruto interno (PBI) crezca en
2022 entre 3,5 y 4,5 por ciento y que haya un déficit primario de 2,5 por
ciento del PBI en 2022, que se reduciría a 1,9 en 2023 y a 0,9 en 2024. A
partir de abril habrá aumentos de tarifas de servicios públicos, como el
agua, el gas y la energía eléctrica, segmentados según los ingresos de la
población, pero se situarán en un promedio del 20 por ciento.



«Con esos números es evidente que estamos frente a un ajuste a los bolsillos
de la sociedad», asegura el economista y director del banco Nación, Claudio
Lozano, a la sazón, presidente de Unidad Popular, uno de los partidos de la
coalición de gobierno. «Estamos asumiendo un acuerdo que limita nuestra
soberanía en el manejo de la coyuntura y compromete la política fiscal y
monetaria, y, al limitar la mejora en los ingresos y aumentar las tasas de
interés, tiende a desacelerar la tasa de crecimiento de la economía, porque
limita la expansión del mercado interno y la política de crédito, y a
quitarle herramientas al gobierno para intervenir sobre la situación de
desigualdad social, hambre y pobreza», afirma en diálogo con Brecha.



Para el economista Enrique Martínez, exdirector del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial y titular del Instituto para la Producción Popular,
una ONG ligada a los movimientos sociales, «el acuerdo con el FMI es el
mejor acuerdo posible teniendo en cuenta la coyuntura dejada por el
macrismo». «El problema es que no es de fácil refinanciación y tiene
condicionamientos políticos, como las revisiones trimestrales del FMI, lo
cual condiciona la soberanía argentina», sostiene ante Brecha. «La economía
argentina está trasnacionalizada por los grandes grupos que giran sus
divisas al exterior. No veo en la agenda del gobierno la decisión de
desmantelar esa extranjerización creando empresas públicas que permitan, por
ejemplo, ser referentes para la comercialización de granos, carnes,
minerales u otras producciones cuyos precios podamos regular para permitir
el desarrollo de un mercado productivo interno que pueda discutir precios de
exportación», agrega.



Horacio Rovelli, economista y docente de Ciencias Económicas en la
Universidad de Buenos Aires, es crítico con el acuerdo y vislumbra ajustes
en la economía argentina. «Está hecho a la medida de quienes fugaron el
dinero otorgado por el FMI en 2018, especialmente las grandes empresas. El
nudo gordiano lo constituyen los nexos entre el fondo de inversión Black
Rock y Telefónica de Argentina, entre otras grandes multinacionales. La
economía argentina está extranjerizada y el acuerdo señala que el dólar se
ajustará con la inflación, lo cual atrae a nuevas empresas extranjeras que
vienen por los recursos naturales porque les conviene el precio del dólar»,
señala Rovelli a Brecha. «La inflación es un mecanismo de ajuste perverso e
histórico en la Argentina», remata.



«El gobierno ocultó información, porque nunca mencionó que habría una
revisión trimestral del FMI con técnicos en Buenos Aires. Eso coarta la
soberanía nacional, porque impone ajustes fiscales e impide el crecimiento.
Néstor Kirchner jamás hubiera firmado un acuerdo como este. Las metas
fiscales e inflacionarias son incumplibles pensando que terminaremos de
pagar en 2034 la deuda contraída por Mauricio Macri en 2018», sentencia. «A
los ajustes de tarifas públicas ya anunciados en un promedio del 20 por
ciento a partir de marzo habrá que sumarles nuevos ajustes en el segundo
semestre. No hay otra forma de acercar las metas del FMI», dice Rovelli.
Ambos economistas coinciden en que el país arrastra un problema estructural
con el déficit en la balanza de pagos y el acuerdo no facilita salir de ese
problema.



Apoyos y condiciones



La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, que nuclea a las empresas
generadoras del 71 por ciento del empleo nacional, considera que el acuerdo
con el FMI es la única salida posible. No obstante, cree que «Argentina
quedó atada a los sectores exportadores con este acuerdo, por el ingreso de
divisas necesarias. Las pymes vamos a padecerlo, porque no parece que a
priori vaya a aumentar el mercado interno, nuestro principal punto de
apoyo», según señala en un comunicado.



Los gobernadores peronistas apoyan el acuerdo hecho por el gobierno e
instruyeron a sus diputados para que voten a favor cuando llegue el momento.
Pero el silencio ensordecedor de la vicepresidenta Cristina Fernández indica
su desconfianza en el acuerdo, otro de los elementos que suman incertidumbre
en la interna del Frente de Todos.



La oposición, en cambio, pone condiciones para entregar los votos al
acuerdo. El diputado de la Unión Cívica Radical Mario Negri asegura estar
dispuesto a votar el financiamiento acordado con el FMI, pero no el programa
económico del ministro Guzmán que lo sostiene. El PRO –macrismo puro– no
quiere votar un acuerdo mientras la cúpula de la gestión macrista que tomó
el crédito ante el FMI es investigada por la Justicia. El bloque menos
reticente a votar es el de la Coalición Cívica, cuyo referente, Elisa
Carrió, se mostró de acuerdo en arreglar un entuerto tomado por otro
gobierno. «Alguien tiene que dar la cara y no podemos hacernos los
distraídos porque fuimos gobierno», dijo para bendecir a sus legisladores en
la decisión final.



Las últimas experiencias de casi 39 años de democracia bajo los gobiernos de
Raúl Alfonsin, Carlos Menem y Fernando de la Rúa muestran que siempre hubo
acuerdo con el FMI. La excepción fue el kirchnerismo entre 2003 y 2015.
Resta esperar la votación estipulada para el 22 de marzo.

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