Francia/ Primera ola de movilizaciones. Por aumentos salariales, contra la inflación y la carestía de vida. [León Cremieux]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

22 de octubre 2022

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Francia



Contra la inflación y la carestía de vida



Primera ola de movilizaciones



León Cremieux *

Viento Sur, 22-10-2022

https://vientosur.info/



Desde el 29 de septiembre, en Francia se ha producido una primera oleada de
huelgas y manifestaciones contra la inflación y la carestía de la vida para
pedir aumentos salariales. Hubo una jornada de huelga nacional el 29 de
septiembre, otra el 18 de octubre y una manifestación nacional el 16 de
octubre contra la carestía de la vida y la inacción climática del gobierno.



Con la explosión de las facturas de energía, de los alimentos, los
alquileres y todos los productos de primera necesidad, la inflación y el
alto coste de la vida se han convertido claramente en las principales
preocupaciones de las clases trabajadoras y de la población en general.



A través de estas movilizaciones, una vez más, se iluminó la realidad del
capitalismo francés.



Es el grupo TotalEnergies el que, en este periodo, ha cristalizado la ira
popular por distintas vías.



Los superbeneficios de esta empresa se salen de lo normal: 18,8 mil millones
en el primer semestre de 2022 (triplicando los del primer semestre de 2021),
mientras que el 70% de los asalariados que utilizan el coche para ir al
trabajo han visto aumentar el precio del combustible ha subido un 20% desde
enero de 2020. También se ha sabido que el director general de Total,
Patrick Pouyanné, ha incrementado su salario en un 52% en 2022. Como campeón
del capitalismo francés, la empresa también pagará 2.620 millones de euros
en dividendos excepcionales este otoño y su propio jefe recibirá 1 millón de
euros en dividendos en 2022. ¡Aunque muchos consejeros delegados del CAC40
[equivalente al IBEX35] superen los 5,9 millones de Pouyanné, especialmente
Bernard Charles (Dassault Systèmes) con más de 44 millones de euros en 2021
o Carlos Tavares (PSA/Stellantis), con 19,5 millones de euros!



En cualquier caso, la remuneración de los jefes de la CAC40 se duplicó entre
2020 y 2021 para alcanzar los 8,7 millones de media y Pouyanné se ha
convertido en el símbolo de un sistema en el que cada crisis ve cómo se
agravan las desigualdades y el goteo de la riqueza producida va de los
explotados a los explotadores[1]. Y los salarios de los grandes jefes
franceses suelen ser mucho más bajos que los de sus homólogos alemanes, 15,4
millones (+83%) de media para los jefes del Dax (el equivalente alemán del
CAC 40). En Inglaterra, 13,5 millones de euros (+143%) para los 100 jefes
del FTSE.



A modo de recordatorio, en una nota del 23 de septiembre de la DARES, el
Ministerio de Trabajo anunció que, en un año, el salario medio mensual
"había aumentado un 3,1% para el sector de los servicios, un 3,0% para la
industria y un 2,6% para la construcción", y por tanto con la inflación. "En
euros constantes y durante el mismo periodo, [el salario medio mensual]
disminuyó un 2,9%, un 3,0% y un 3,4% respectivamente para cada uno de estos
sectores (servicios, industria y construcción).



Del mismo modo, en el caso de los funcionarios, con un aumento del 3,5% del
punto de índice (que se utiliza para calcular la paga) en julio de 2022, los
aumentos totales desde 2010 hasta 2022 habrán sido del 4,7%, frente a una
inflación acumulada del 20,4%... !15,7% de disminución respecto a la paga de
2010!



El 29 de septiembre fue un día de huelga nacional, con una fuerte
movilización; en particular en los sectores de la energía, la energía
nuclear, el transporte, la educación nacional, la automoción, la
agroalimentación y los servicios sociales. La CGT propuso un salario mínimo
de 2.000 euros brutos, aumentos salariales en función de la inflación, el
restablecimiento de la escala móvil de salarios, la indexación de los
salarios y las pensiones a la inflación y la igualdad salarial real entre
mujeres y hombres. Por su parte, Solidaires defendía una plataforma similar,
traduciendo en muchas huelgas demandas más precisa de los aumentos
salariales y, no de primas, del 10% o, mejor aún, incrementos lineales de
300 a 400 euros en todos los salarios.



Las manifestaciones fueron mucho más numerosas que en las jornadas de
movilización de enero y marzo de 2022. Los sindicatos anunciaron 250.000
personas en las calles.



Por su parte, el 27 de septiembre, los empleados de las 5 refinerías de
Total y de las 2 refinerías de Exxon se pusieron en huelga. La huelga,
convocada por la CGT, sindicato líder en las refinerías de Total y Exxon, y
secundada por FO, contó con una amplísima mayoría de más del 70% de los
3.000 operadores. El objetivo: conseguir aumentos del 7,5% en Exxon y del
10% en Total. La huelga se renovaba cada día en una asamblea general de los
propios huelguistas, huelga que se convertiría en el punto de referencia de
la movilización en defensa del poder adquisitivo de los salarios. Este
movimiento de huelga renovable había sido preparado por la CGT del sector,
miembro de la Federación Nacional de Industrias Químicas (FNIC), que forma
parte de la oposición en la CGT y está afiliado a la FSM.



En el tema de los salarios y la huelga en las refinerías, el gobierno
intentó jugar varias cartas. En primer lugar, dijo que las grandes empresas
y Total en particular deberían negociar los aumentos. Exxon aceptó negociar
y el 10 de octubre obtuvo un acuerdo de la CFDT y la CGC para un aumento
general del 5% y una prima de 3000 euros. Por su parte, Total, que al
principio se mantuvo en una posición inflexible (en un primer momento,
ninguna negociación antes de noviembre para la negociación anual obligatoria
en vistas a 2023; luego, ninguna negociación si no se ponía fin a la
huelga), bajo la presión del gobierno, aceptó entrar a negociar el convenio
de 2023. El 14 de octubre, obtuvo la firma de un acuerdo por parte de la
CFDT y la CGC, que jamás han convocado una huelga. Finalmente, la dirección
concedió un 5% el 1 de noviembre más una prima de al menos 3000 euros y un
2% en medidas individuales. Las y los huelguistas y la CGT rechazaron este
acuerdo y continuaron con la movilización.



La huelga de las refinerías tiene la capacidad de bloquear el suministro de
los depósitos y estaciones de servicio. Así pues, a los pocos días se empezó
a notar la penuria en las estaciones de servicio y la dirección de Total y
el gobierno comenzaron a hacer todo lo posible para romper la huelga. En
primer lugar, fingiendo que los acuerdos eran mayoritarios (lo que es cierto
a nivel del conjunto de TotalEnergies, pero no lo es en absoluto en las
refinerías en huelga) para hacer creer que la CGT intentaba continuar una
huelga minoritaria. Luego, afirmando que los operadores ganan de 4.000 a
5.000 euros y son privilegiados. Todas ellas, noticias falsas retransmitidas
en bucle por los medios de comunicación mientras, frente a las refinerías,
las y los trabajadores que trabajan por turnos 7días sobre7, a menudo con
décadas de antigüedad, mostraban sus nóminas con salarios de entre 2500 y
3000 euros. Después de haber hecho una campaña mediática para poner a los
automovilistas en contra de los huelguistas y tras la presión de la derecha
de los Republicaciones que acusaba de inacción al gobierno, la primer
ministro, Borne, comunicó la decisión del gobierno de obligar a la plantilla
a volver al trabajo. Simbólicamente, en varios operadores de Exxon y Total
se aplicó esta medida para desbloquear las refinerías. Finalmente, aparte en
Exxon que votó volver al trabajo, la huelga continuó en todas las refinerías
de Total hasta el 20 de octubre.



El problema es que, tras el 29 de septiembre, las refinerías fueron el único
sector en huelga y que la intersindical no fijó ninguna nueva fecha para
continuar y ampliar la movilización. Esto se debe a varios factores: la
división sindical; sólo la CGT, Solidaires y FSU llamaron a la movilización
el 29 de septiembre; la orientación de la dirección confederal de la CGT
que, a principios de año, quiso priorizar la búsqueda de un frente común
contra la reforma de las pensiones y buscaba una alianza con la CFDT y UNSA.



Finalmente, el elemento desencadenante de la jornada del 18 de octubre por
parte de la CGT, Solidaires, FSU y FO fue determinado por la huelga en las
refinerías y la provocación del gobierno de obligar a las y los huelguistas
volver al trabajo. Aunque anunciada con menos de una semana de antelación,
esta nueva jornada de huelga fue tan movilizadora como la del día 29. En
muchas ciudades, con manifestaciones más masivas y un ambiente más
combativo, aunque en la enseñanza la movilización, convocada en tan poco
tiempo, fue menor.



Asimismo, muchos centros de la SNCF -ferrocarril- fueron a la huelga a pesar
de la falta de preparación y de la obligación de tener que anunciar la
huelga con antelación. Pero los intentos de continuar con la huelga por
parte de los militantes de Sud Rail y de los militantes combativos de la CGT
no fueron seguidos más allá de 48 horas. Sólo el sector de la energía, con
los empleados de 10 centrales nucleares, lanzó una huelga renovable al día
siguiente del 29. La mayoría de huelguistas en las refinerías, que siguen
aislados, reanudaron el trabajo el 20 de octubre, si bien 2 de 5 refinerías
continuarán la huelga hasta el 27 de octubre.



Se ha encendido una mecha lenta



Pero está claro que en el tema de los salarios y el poder adquisitivo se ha
encendido una mecha lenta. CGT, Solidaires, FSU y FO han convocado una nueva
jornada de huelga para el 10 de noviembre (coincidiendo con las vacaciones
escolares de Todos los Santos) y Solidaires, CGT una jornada intermedia de
movilización el 27 de octubre. También se ponen en pie convocatorias
intersindicales, sobre todo en el transporte y la formación profesional.
Aunque sea de de forma caótica, se puede construir una movilización central
en defensa de los salarios y el poder adquisitivo. Pero esto requerirá una
fuerte presión unitaria para la movilización de las bases y las iniciativas
de movilización popular que vinculen las reivindicaciones salariales con
todas las demás cuestiones de poder adquisitivo. Las plataformas
reivindicativas de la CGT y de Solidaires ya contienen algunas líneas de
acción en este sentido: reducir el IVA de los productos de primera necesidad
al 5,5% o suprimirlo, aumentar e indexar a la inflación las pensiones y
todas las rentas de sustitución, especialmente las prestaciones de
desempleo, bajar los alquileres, bajar los precios de los carburantes y de
la energía suprimiendo los impuestos y deduciéndolos de los ingresos de las
empresas productoras, desarrollar las redes de transporte público y
gratuidad en el transporte local y regional.



Además, la cuestión de una redistribución de la riqueza se plantea de forma
obvia y masiva en la sociedad. Esto afecta a los salarios y a todas las
rentas sociales, pero también, sobre todo, al sistema fiscal y a la
redistribución. A este respecto, mientras los presupuestos de sanidad y
educación están a media asta, un grupo de economistas de Lille acaba de
calcular el importe total de las ayudas públicas a las empresas: en 2019
ascendieron a 157.000 millones de euros, la mayor partida presupuestaria, es
decir, un tercio del presupuesto del Estado, el doble que el presupuesto
nacional de educación. Además, mientras los empresarios se quejan del "peso
aplastante" de las exacciones obligatorias, parece que cada año el aumento
de las ayudas a las empresas va acompañado de una disminución de todas las
exacciones obligatorias. Evidentemente, esto no incluye la optimización
fiscal legal y el uso de los paraísos fiscales, ni el propio fraude fiscal.



Por lo tanto, la lucha en defensa de los salarios y las rentas sociales está
directamente vinculada a la lucha anticapitalista contra el alto coste de la
vida. En este sentido, la marcha iniciada el 16 de octubre por la NUPES iba
en dirección de esta indispensable convergencia popular que vincula las
batallas por los salarios y todas las demás reivindicaciones relativas al
coste de la vida, la lucha contra la subida de los precios en los
alquileres, el transporte, la energía, los alimentos y todos los elementos
que hacen que el aumento del coste de la vida en los hogares de la clase
trabajadora sea muy superior a la inflación calculada por el INSEE.



La marcha del 16 de octubre, a convocatoria de los partidos NUPES (FI, EELV,
PS, PC), del NPA y de numerosas asociaciones, reunió a decenas de miles de
manifestantes en París, y a pesar de la negativa de la CGT, la FSU y
Solidaires a sumarse a ella, muchos militantes y banderas sindicales
estuvieron presentes, y un llamamiento de varios centenares de dirigentes
sindicales a participar en ella dio testimonio de la buena acogida de esta
iniciativa en los círculos sindicales combativos.



Las semanas y los meses venideros deberán hacer converger todas estas
iniciativas, sobre todo a nivel local, evitando evidentemente la posición
hegemonista que adoptó France insoumise en la preparación del 16 de octubre.
Pero sería saludable que en las ciudades se construyeran iniciativas
unitarias de un frente social y político común.



Porque, paralelamente a los conflictos salariales, la reapertura
parlamentaria confirmó tanto la presión de la extrema derecha como la
voluntad del gobierno Macron-Borne de imponerse por la fuerza considerándose
como una mayoría de hecho capaz de imponer su política a pesar de su fracaso
en las elecciones legislativas del pasado junio. En muchos países europeos,
los partidos institucionales se ven obligados a formar alianzas
parlamentarias, llegando a compromisos para formar una mayoría de gobierno.
Por razones opuestas, el partido de Macron (Renacimiento) y Los
Republicanos, a pesar de su proximidad neoliberal, no han buscado ni
conseguido esa alianza. A partir de ahí, cada votación parlamentaria termina
con un diktat del gobierno, obligando a los demás partidos a dejar pasar el
proyecto de ley o a formar una alianza de todas las oposiciones para forzar
la dimisión del gobierno. La Constitución francesa, con su artículo 49.3,
permite al gobierno aprobar sin votación cada año el Proyecto de Ley de
Finanzas (PLF), el Proyecto de Ley de Financiación de la Seguridad Social
(PLFSS) y un proyecto de ley por sesión parlamentaria. El gobierno
minoritario de Elisabeth Borne ya ha utilizado sus dos comodines para el PLF
y el PLFSS, permitiéndose no integrar las enmiendas votadas por la mayoría
de los diputados (por ejemplo, la relativa a un impuesto sobre los
superbeneficios). Tanto el NUPES como el RN han presentado mociones de
censura contra el gobierno, que seguramente serán minoritarias. En cualquier
caso, la derrota del gobierno y de sus políticas patronales sólo puede venir
de las movilizaciones sociales que debemos seguir desarrollando en las
próximas semanas.



* Leon Cremieux, sindicalista de Sud-Aviación, Solidaires, y militante del
NPA (Nuevo Partido Anticapitalista).



Nota



[1] El discurso gubernamental es que hay que promover la buena marcha de los
negocios para que los los de abajo se sientan benericiados por un efecto de
goteo [nde].

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