Perú/ A sangre y fuego. La violencia estatal persigue a los manifestantes. [Jacqueline Fowks]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

15 de abril 2023

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Perú



La violencia estatal persigue a los manifestantes



A sangre y fuego



En el país andino, al exceso de empleo de la fuerza por la Policía y la
estigmatización de las protestas se suma el uso del sistema de justicia
contra los manifestantes, mientras el régimen conservador de Dina Boluarte
es objeto de denuncias ante la ONU y Amnistía Internacional.



Jacqueline Fowks, desde Lima

Brecha, 14-2-2023

https://brecha.com.uy/



Desde que, en diciembre, empezó a gobernar una coalición autoritaria en
Perú, son 49 los muertos civiles a causa de la represión policial y militar
de las protestas que piden el adelanto de las elecciones generales y la
dimisión de la presidenta Dina Boluarte. Entre el 7 de diciembre y el 10 de
abril ha habido 1.522 protestas en el país, según estima la Defensoría del
Pueblo, incluidos plantones, paros y vigilias. La Policía ha detenido
arbitrariamente a cerca de 1.000 personas en el contexto de estas
manifestaciones, la mayoría ya liberadas. Una de ellas, Nelson Calderón, un
joven ingeniero aimara que viajó desde el sur del país a protestar en Lima,
fue además víctima de desaparición forzada temporal y tratos degradantes en
un calabozo tan maloliente que no pudo dormir. «Imagino que a los
terroristas los tratan así, pero nosotros no merecíamos eso», cuenta en
entrevista con Brecha. Es uno de los cientos de peruanos bajo investigación
judicial por haberse pronunciado contra un gobierno que no fue el elegido en
las urnas en 2021. El 24 se cumple el plazo de dos meses que la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) dio al gobierno peruano para responder sobre el
caso de Calderón y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas
mayoritariamente contra indígenas, documentadas por la Defensoría del
Pueblo, Amnistía Internacional y la propia ONU, entre otros.



El mayor uso desproporcionado de la fuerza ocurrió el 9 de enero en Juliaca
(Puno, en la frontera con Bolivia), cuando la Policía cometió 18 ejecuciones
extrajudiciales en los alrededores del aeropuerto: varias de las víctimas no
eran manifestantes, sino transeúntes y un médico voluntario que socorría a
heridos (véase «En vigilia continua», Brecha, 13-I-23). Puno, la región de
población quechua y aimara, continúa en paro indefinido hace unos 100 días
para exigir la renuncia de Boluarte y justicia para las víctimas mortales y
los más de 200 heridos el 9 de enero.



A mediados de enero, miles de puneños viajaron a Lima para exigir el cese de
las muertes, además del adelanto de las elecciones generales –una decisión
que depende del Congreso–. Pero también para pedir la renuncia de Boluarte,
quien gobierna en alianza con el sector ultraconservador del Parlamento y la
elite económica. Entre esas delegaciones estaba Calderón, procedente del
distrito de Ilave.



El joven aimara viajó 45 horas en una caravana de autobuses. Tardaron porque
la Policía los retenía en el camino para hacerles controles de identidad
como una forma de impedir que llegaran a su destino. Pero también en la ruta
otros ciudadanos que comparten sus demandas les hacían señas para parar y
les invitaban comida, agua, galletas. O también les daban algunas monedas.
En Lima buscaron posada en el campus de la Universidad Nacional de
Ingeniería, pero solo aceptaban a estudiantes, entonces fueron a la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos –la principal en el país andino–,
donde finalmente se albergaron cerca de 100 personas, procedentes de varias
regiones. Allí durmieron dos noches luego de marchar en la capital.



A las 9.30 del 21 de enero, 300 policías entraron armados al campus, luego
de derribar una de las puertas con una tanqueta, dispararon al aire y
detuvieron a 198 personas: manifestantes de regiones, tres periodistas de
Puno y los residentes de la vivienda estudiantil. Alegaban que había una
denuncia de la universidad por robo y usurpación agravada, pues en la
víspera desaparecieron unos equipos de comunicación de vigilantes privados
(véase «A pesar de las balas», Brecha, 27-I-23).



Calderón se comunicó con una pariente para contarle lo ocurrido, pero no
pudo grabar con su móvil. Mientras los efectivos rebuscaban en sus
pertenencias y los tumbaban bocabajo enmarrocados no había fiscal. «Terruco
de mierda, apaga el celular», le dijo un policía, usando el peruanismo que
nombra a los terroristas. «Borré algunas cosas y me empujaron con su escudo
para tirar al piso el teléfono», describe el joven aimara. Como vio que los
policías golpeaban a otros detenidos, pensó que si lo lesionaban gravemente
para él nunca habría justicia. Entonces trató de mantener la calma y no
reclamar que estaban infringiendo sus derechos.



También sin fiscal, los policías los trasladaron a dos dependencias
policiales del centro de Lima. A Calderón lo internaron en la Dirección
contra el Terrorismo. Durante diez horas la Policía no informó sobre el
paradero del ingeniero: ni a la Defensoría del Pueblo ni a los abogados de
la defensa pública o de derechos humanos. Mientras esperaba su turno para
que lo interrogaran y revisaran sus datos en el sistema, vio que entraron
abogados sembrados. «A personas adultomayores les decían que firmen
documentos falsos. En algún caso me acerqué a decirles que eso les iba a
perjudicar», relató.



El exprefecto de Ilave refiere que ese día no recibieron alimento y a la
1.00 llegó un funcionario.



«¿Estás bien? Soy fiscal de Derechos Humanos.» Eso era lo único que repetía,
añade Calderón.



Una hora después, a él y a otros tres detenidos los metieron en un calabozo
sin luz ni ventilación. «No podíamos ver nada, había un olor nauseabundo a
desagüe. Yo no pude dormir. La mañana siguiente nos llevaron una taza de
avena, no se podía comer», recuerda.



Calderón fue liberado la madrugada del lunes, luego de 18 horas en esa
celda. Cuando le devolvieron su celular, la Policía había bajado programas
que él no usaba y habían recuperado lo que borró en el momento de la
detención. Su equipaje y el de sus coterráneos desaparecieron en el campus.
«La Policía rebuscó todo durante el operativo. Yo perdí casi 700 soles (185
dólares) que traje, mi ropa, mis cosas. Nos fuimos más pobres de lo que
llegamos: nunca imaginé que fueran a ser tan abusivos», lamenta.



Seguimiento policial y persecución judicial



La violencia contra el ingeniero y manifestante aimara no terminó allí.
Cuando recobró su libertad, se fue con otros ciudadanos de Puno a un
alojamiento que les ofrecieron en un distrito de Lima Norte. «Ven a mi casa,
ven a mi casa», nos decían las personas cuando salimos esa madrugada.



«Nos llevaron en un taxi, parecía una escuela particular. No había luz,
dormimos en el patio, en cartones. Al día siguiente, las personas del barrio
decían: “Hay que llamar a la Policía, hay que quemar esa casa, ahí viven los
tucos [abreviatura de terrucos], los terroristas”. A veces era la
insensibilidad de la gente. En su desconocimiento, se comportan así en la
capital»,anota sobre ese mal momento con los limeños.



Calderón lamenta que muchos capitalinos se dejan llevar por las versiones
sesgadas de la prensa de Lima, que ha estigmatizado las protestas y a los
manifestantes, calificándolos a todos de violentos y azuzados, al igual que
lo hacen las fuerzas del orden y los miembros de la coalición conservadora
que gobierna desde el 7 de diciembre, luego del fallido autogolpe de Estado
que dio el entonces presidente Pedro Castillo. «Me di cuenta de que aquí en
Lima hay bastante desinformación», dice Calderón.



Luego de tener que dejar el barrio donde los amenazaban, un puneño residente
en Lima les ofreció que fueran a su local en el centro de Lima a bañarse y
cambiarse. «Yo llevaba la misma ropa desde hacía tres días y no tenía ya mis
cosas. El señor me regaló diez soles, con eso me compré una camiseta, pero a
la señora a quien le compré le conté que había venido a las manifestaciones
y me regaló una camiseta más. Entonces, fuimos con algunos compañeros a otra
casa donde nos ofrecieron albergue, pero horas después notamos que allí
había policías vestidos de civil», agrega.



«En esa casa, uno de mis amigos reconoció a un señor que estaba en la
universidad San Marcos. Ese señor salía a hablar al frente en las reuniones
con los estudiantes, pero allá ese señor, que se hacía pasar por
manifestante, estaba con bastón y lentes. En cambio, en esa casa estaba
normal, sin bastón. Preguntamos a los vecinos y nos dijeron que la casa
había estado abandonada hasta hacía poco. Que nadie vive allí y que
tuviéramos cuidado. Habíamos estado con policías vestidos de civil en esa
casa. Nosotros éramos como 30; con temor, hemos dormido así esa noche,
pensando. Ellos siempre querían saber de dónde éramos y quiénes eran los
dirigentes», dice el joven aimara.



Calderón sigue bajo investigación judicial por robo y usurpación agravada,
pese a que lo único que hizo fue dormir en el campus de San Marcos un par de
noches y ayudar a limpiar y cocinar en el espacio en que estuvo. «Cuidamos y
respetamos esa universidad mientras estuvimos allí», asegura.



«De este sistema no se espera nada»



Desde que empezaron las manifestaciones, en enero, decenas de ciudadanos que
participaron en ellas han quedado en prisión preventiva, mientras son
investigados por disturbios o delitos contra la tranquilidad o por
organización criminal. También desde enero, la fiscal general, Patricia
Benavides, creó nuevos despachos fiscales de terrorismo y lavado de activos
–y cerró fiscalías de Derechos Humanos– para investigar los hechos
vinculados a las protestas, pues también hubo vandalismo contra
establecimientos públicos y privados. En un giro más preocupante, la primera
semana de abril, Benavides creó un grupo especial de diez fiscales para que
investiguen a las víctimas civiles por acción de las fuerzas del orden en
las protestas, pero del total de magistrados solo una tiene experiencia en
derechos humanos. La jefa de dicho equipo especial mintió en una audiencia
ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU cuando se le preguntó si hubo
presencia de fiscales desde el inicio del ilegal operativo policial de enero
en la Universidad de San Marcos.



Ruth Bárcena y Raúl Samillán, presidentes de las asociaciones de víctimas de
las masacres de Huamanga (diciembre) y Juliaca (enero), han rechazado la
creación de dicho equipo, pues a raíz de ello las fiscalías provinciales han
suspendido diligencias en sus ciudades, justamente cuando iba a empezar la
toma de testimonios de miembros de las fuerzas del orden. Las expectativas
de Calderón también son negativas. «De este sistema de justicia no se espera
nada. Se espera que todos los que vinimos a luchar a Lima y nos manifestamos
en contra de las actitudes y el actuar del gobierno y los congresistas vamos
a salir culpables y ser perseguidos», comenta.



A inicios de abril, el gobierno de Boluarte decretó nuevamente otros 60 días
de estado de emergencia en Puno, para que la responsabilidad de mantener el
orden continúe a cargo de un comando policial-militar. Sin embargo, en Ilave
la Policía abandonó la comisaría luego de que fue incendiada en marzo. Desde
entonces, son los propios ilaveños los que se encargan del orden público.
Desde marzo, en Puno, la población intercala semanalmente las actividades de
protesta, con piquetes en carreteras y caminos, con otros días de trabajo,
feria y comercio. Durante los días de protesta, las clases escolares son
virtuales.



«Una vez que esto se calme y apacigüe, cuando ya se levante [el paro], van a
empezar a hacer cacería de brujas. Una vez que la Policía se instale [en la
comisaría], van a empezar a detener a nuestros hermanos. Respecto de los
hermanos muertos no van a obtener justicia. Hay un ápice de esperanza en la
Corte Interamericana, pero tampoco se espera mucho», opina Calderón.



El exprefecto de Ilave cree que para encontrar justicia tendrían que irse de
sus cargos Boluarte y Benavides del Ejecutivo y el Ministerio Público,
respectivamente. «Mientras [Boluarte] siga en el gobierno no se espera nada,
estamos con ese temor de que ya van a venir a la casa a detenernos, pero por
lo pronto estamos tranquilos porque no hay fiscales ni policías ni jueces en
nuestro pueblo. Nuestra seguridad somos nosotros, nuestro pueblo sigue en
pie de lucha, es muy difícil para los delincuentes entrar o escapar mientras
los ronderos y los policías municipales están a cargo del orden», asegura.



Mientras en Puno los miles de personas que se manifestaron en Lima entre
enero y marzo se organizan para volver a la capital en los próximos meses y
mantienen sus protestas y vigilias, Calderón sostiene que contar lo que ha
vivido a raíz del operativo ilegal en la universidad es otra forma de
protesta. En febrero, antes de volver a su región, buscó mantener una
reunión en una oficina de la ONU en Lima para reportar su caso.



«Me llené de valor y empecé a hacer una forma de protesta diferente: contar
al mundo estas vivencias y las cosas que estamos pasando, alzar mi voz para
decir que estamos mal, por eso en la carta que la ONU envía [al gobierno
peruano] aparece mi nombre. Necesitamos apoyo y que sepan que estamos en
emergencia. Estas vivencias únicas en la capital ocurren cuando no compartes
la ideología o el actuar de alguien», explica el ingeniero.



El 3 de abril, el Ministerio Público notificó a Calderón que ha abierto una
investigación preliminar contra «quienes resulten responsables» por el
presunto delito de desaparición forzada en su contra, en el contexto de
graves violaciones a los derechos humanos.

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