Francia/ "La movilización no quiere dar vuelta la página". [Dossier]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

22 de abril 2023

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Francia



Con el objetivo declarado de encontrar apoyo en la sociedad -en un momento
en el que el gobierno recibe un 75% de desaprobación luego de una reforma
jubilatoria rechazada por el 90% de la población activa-, los argumentos
esgrimidos por los dueños del poder pasan por el rechazo del inmigrante y la
guerra contra los pobres. Mientras, la Intersindical, que reúne tanto al
sindicalismo de negociación, como a los sindicatos más combativos, busca
diferentes vías de lucha contra la reforma jubilatoria. La fecha clave es la
del 1° de Mayo. Pero, día tras día, las protestas se suceden. Marchas,
cacerolazos, bloqueos, cortes de carreteras…¿Qué hacer? Es lo que se
plantean Sébastien Fontenelle y Léon Crémieux, en los dos siguientes
artículos. (Redacción Correspondencia de Prensa)



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Jubilaciones: «La movilización no quiere dar vuelta la página»



Léon Crémieux*

A l’encontre, 22-4-2023

http://alencontre.org/

Traducción de Correspondencia de Prensa



Los últimos ocho días estuvieron marcados por una inflexión en el movimiento
de huelgas y movilizaciones.



A una duodécima jornada de movilización nacional convocada por la
Intersindical nacional le siguió el jueves 13 de abril, después, el 14 de
abril, la validación del Consejo Constitucional, el 17 un discurso
televisado “solemne” de Macron y el 20 de abril una serie de manifestaciones
y huelgas de un día en varios sectores.



El rechazo a la reforma se sigue traduciendo a través de numerosas
manifestaciones, bloqueos y paros. Ni Macron ni sus ministros pueden hacer
un viaje sin verse confrontados a manifestaciones populares de hostilidad.
Asimismo, todos los sondeos de opinión indican que además del 75% de
impopularidad de Macron, en los últimos días, el aislamiento es cada vez
mayor.



El 13 de abril, 1 millón quinientas mil personas se reunieron en
manifestaciones (380.000 según la policía), aproximadamente una tercera
parte menos que el 6 de abril, continuando así la tendencia a la baja de la
movilización, pero sigue siendo una cifra muy elevada, equivalente a muchas
de las mayores jornadas de huelga de los últimos años. El descenso se debe
esencialmente a: el fin de las huelgas reconductibles que eran fuertes
factores de movilización -aunque el 13 de abril, al llamado de la CGT, el
sector de la recolección de residuos volvió a la huelga reconductible-, las
vacaciones (escolares) de Pascua en un tercio de los departamentos, y
evidentemente sobre todo a una situación de expectativa. Como la relación de
fuerzas no forzó a Macron a dar marcha atrás, las miradas, incluso las de la
Intersindical, se fijaron en la fecha límite del 14 de abril, día en el que
el Consejo Constitucional debía tomar una decisión. [1]



En los cientos de iniciativas locales del 13 de abril, bloqueos, cortes de
carreteras, ocupaciones de rotondas, la represión policial fue la norma con,
al final, detenciones policiales.  El aislamiento político de Macron va
acompañado de un aumento de las intervenciones policiales y de la violencia.
La defensora de los Derechos (autoridad administrativa independiente a la
que se puede recurrir directamente en defensa de los derechos y las
libertades, en particular en relación con las administraciones del Estado),
Claire Hédon, enumeró más de 120 expedientes remitidos a sus servicios por
violencia policial desde enero de 2023, la inmensa mayoría de ellos desde
mediados de marzo, fecha del 49,3 (adopción por el ejecutivo de la ley, sin
voto parlamentario, ndt). Las exacciones se multiplican, las intervenciones
policiales, los encierros en las manifestaciones, los apaleamientos de
personas en el suelo, las detenciones policiales arbitrarias.



Al día siguiente del 13 de abril, el Consejo Constitucional emitió dos
dictámenes: uno sobre la constitucionalidad de la ley de jubilaciones y el
procedimiento adoptado, y otro sobre la solicitud de la NUPES (LFI, PC, PS,
Verdes) de un “referéndum de iniciativa compartida” (RIP; por sus siglas en
francés) sobre la base de que “la edad legal de jubilación no puede fijarse
más allá de los 62 años”.  Muchos esperaban que lo que no se pudo conseguir
con la moción de censura (que obtuvo 278 votos, nueve por debajo de los 287
necesarios) las huelgas y las manifestaciones se lograra con una decisión
del Consejo Constitucional, que dictaminara que la ley no era conforme y
obligara al gobierno a volver al parlamento. Muchos esperaban también, como
mínimo, que se organizara una campaña de recogida de firmas para el RIP:
unos 4,8 millones de firmas en un plazo de 9 meses, el 10% de los electores
inscritos. En una escena digna de una dictadura, el edificio del Consejo
Constitucional, en pleno centro de París, fue rodeado el 13 de abril por más
de un centenar de CRS (Compagnie Républcaine de Sécurité) y gendarmes
móviles para impedir cualquier manifestación.



Si bien había motivos jurídicos muy sólidos para no avalar la ley, hacerlo
habría sido obviamente una elección política paradójica viniendo de un
órgano compuesto por nueve notables vinculados a Macron y a sus políticas,
de cerca o de lejos. Este Consejo no podía acentuar aún más la crisis
política. Del mismo modo, el rechazo del RIP, que podría haberse convertido
en una espina en el pie de Macron, infectándolo tanto a él como a su
gobierno durante al menos nueve meses, fue una elección muy política.



La noche del 14 de abril, las calles de París y de decenas de ciudades
vibraron con la ira de miles de personas, que manifestaron una vez más su
rechazo a la reforma. En cuanto se anunció la validación de la ley, la
Intersindical le pidió a Macron que aplazara la promulgación de la ley y que
la recibiera. Éste, por el contrario, aunque disponía de quince días para
hacerlo, se apresuró a promulgar la ley, pocas horas después del anuncio de
la validación. Estos dictámenes del Consejo Constitucional, últimas
esperanzas de bloquear legalmente la ley, esta promulgación urgente, fueron
vividos como un nuevo diktat destinado a acallar la indignación popular.



El lunes siguiente (17 de abril), Macron intentó una primera "salida de
crisis" televisada con un discurso a las 20.00 horas. Reconoció lo evidente:
“¿La reforma es aceptada? Evidentemente no”, lo que no le impidió repetir
sus argumentos para justificarla. Macron hacía pensar furiosamente en un
director general de una gran empresa, que justifica una vez más sus
decisiones durante un CSE (Comité Económico y Social), frente a los
sindicatos en huelga contra un plan de despidos. Como el director general no
tiene ninguna obligación de escuchar a los sindicatos ni a los empleados, el
que fuera banquero de inversiones (Macron fue socio-gerente en Rothschild,
donde empezó a trabajar 10 días antes de la crisis de Lehman Brothers, ndt)
considera evidentemente que su única obligación es cumplir los objetivos
financieros del capitalismo liberal y los imperativos comunitarios (Unión
Europea). Las instituciones políticas son para él sólo un accesorio,
estorboso; la voz popular y mayoritaria de las huelgas y de la calle, un
contratiempo embarazoso, pero sin consecuencias, mientras sus mandatarios
sigan confiando en él. Así que la única prueba que quería dar en este
discurso era que seguía a cargo del timón. Sabe que su poder real y
cotidiano procede de los grandes inversores, empresas e instituciones.



Su discurso sirvió para otorgarse 100 días que le permitan conseguir el
“apaciguamiento”, y cerrar el “episodio de las jubilaciones” y hablando de
salud, desempleo, inmigración y seguridad, como si todas estas cuestiones
pudieran permitirle dar vuelta a la página y no fueran ámbitos en los cuales
se ejerce la misma política de clases, las mismas desigualdades y
discriminaciones. La asociación ATTAC había lanzado la idea de grandes
concentraciones “cacerolazos” durante su discurso. La idea fue ampliamente
difundida, con miles de personas en más de 300 concentraciones.



Estas concentraciones con caceroleos se han repetido desde entonces, a cada
intento de Macron, (de la primera ministra) o de sus ministros de
trasladarse. Tanto es así que el miércoles 19 de abril, mientras Macron
visitaba una pequeña ciudad del suroeste, Ganges, el prefecto del
departamento emitió un decreto para “establecer un perímetro de protección”,
invocando la amenaza de atentados, las leyes antiterroristas que, una vez
más, se utilizan de facto para prohibir la libertad de manifestación. Peor
aún, las fuerzas policiales, amparándose en ese decreto, confiscaron
sistemáticamente las cacerolas y latas de conservas que llevaban los
manifestantes, determinados a hacerse oír. Una vez más, la protesta social
fue equiparada a una “empresa terrorista”.



Las señales de los excesos del gobierno se multiplican, más allá del
episodio de Ganges. A las amenazas contra la Liga de los Derechos Humanos
(LDH) proferida por Gérald Darmanin [2] siguieron las de Elisabeth Borne. El
Conseil d'orientation des retraites (Consejo de Orientación de las
Jubilaciones, COR por sus siglas en francés), cuyo informe de 2023 no
confirmaba la novela de Macron sobre la catástrofe anunciada, ha sido
presionado desde entonces para que su informe de 2024 se ajuste a la versión
oficial del poder.



A pedido de Macron, y para tranquilizar a las agencias de notación sobre la
"calidad de la gestión" del gobierno, Bruno Le Maire, ministro de Economía y
Finanzas y de Soberanía Industrial y Digital, acaba de publicar su nueva
"hoja de ruta para las finanzas públicas". Mientras el BCE (Banco Central
Europeo) sigue subiendo las tasas de interés, él quiere acelerar la
aplicación de los criterios de convergencia con el objetivo de reducir el
déficit presupuestario al 2,7% del PIB y la deuda al 108,3% del PIB de aquí
a 2027. El año pasado, Bruno Le Maire preveía sólo un 2,9% y un 112,5%. Este
año, el déficit presupuestario debería ser del 4,9%. Por este motivo, todos
los ministerios acaban de recibir cartas de intenciones para ahorrar un 5%
para acercarse al objetivo fijado por Bruno Le Maire. Recortar drásticamente
el gasto público agravará aún más la carencia de servicios públicos.



En este contexto, el movimiento de movilización, a pesar de la ira social,
desacelera. Lo que está en juego es la capacidad o no de imponer a Macron un
retroceso sobre los 64 años, pese a la promulgación de la ley. Es evidente
que esto dependería aún de la capacidad de ampliar la crisis política y de
paralizar el gobierno. La parálisis parlamentaria va a persistir, ya que
ahora está claro que Los Republicanos (LR, derecha) no van a formar una
alianza parlamentaria para asegurarse la mayoría. Pero Borne y Macron
esperan superar nuevas mociones de censura y seguir gobernando a base de
eludir y proceder al máximo mediante decretos que no impliquen una votación
en el parlamento. Sólo la movilización popular puede poner realmente de
rodillas al gobierno.



El objetivo anunciado por la Intersindical es convertir el Primero de Mayo
en el próximo acontecimiento con manifestaciones unitarias masivas en todas
las ciudades. Será sin duda una primera vez histórica, ya que desde 1945, el
movimiento sindical en Francia nunca ha participado unido en una sola
manifestación el 1 de mayo. Se trata de un signo positivo de la relación de
fuerzas construida en el movimiento.



Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacer de ello un punto de partida para retomar
la iniciativa, un nuevo impulso para enfrentarse a Macron? Evidentemente,
esto sería decisivo para imponer una derrota a Macron, pero revela también
los límites de la Intersindical. La unidad se mantiene sobre el rechazo de
la edad de 64 años y la negativa a dialogar con Macron si éste no retrocede
en su reforma, y esto es un factor de dinamización de las movilizaciones que
siguen siendo numerosas en todo el país. Pero, ¿cuál será el objetivo
después del 1° de mayo?



Establecer nuevos resortes de movilización, contra los 64 años, ampliándose
a las cuestiones sociales más urgentes, empezando por los salarios y el
costo de la vida, manteniendo la dinámica unitaria, pero avanzando hacia una
nueva confrontación para hacer que Macron ceda, tales son los desafíos de
los próximos días.



* Léon Cremieux, sindicalista de Sud-Aviación, Solidaires.



Notas de Correspondencia de Prensa



1] El Consejo Constitucional está compuesto por nueve miembros (tres
designados por el presidente de la República, tres por el presidente de la
Asamblea Nacional, tres por el presidente del Senado). Su mandato de nueve
años no es renovable y es incompatible con otras funciones, como las de ser
miembro del Parlamento, del CESE (Consejo Económico, Social y
Medioambiental, CESE por sus siglas en francés), etc. Los ex presidentes de
la República tienen la posibilidad de ejercer como miembros de por vida.

2] El miércoles 5 de abril, el ministro del Interior, Gérald Darmanin,
declaró su voluntad de “examinar” las subvenciones estatales otorgadas a la
Ligue des droits de l'homme (LDH, asociación que forma parte de la
Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH).



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«Macron y los rencores de clase y raciales»



Sébastien Fontenelle *

A l’encontre, 21-4-2023

http://alencontre.org/

Traducción de Correspondencia de Prensa



Los días en Macronia se suceden y se parecen entre sí: las infamias llegan
unas tras otras siguiendo un ritmo inmutable.



Desde hace 48 horas, el jefe del Estado francés y sus ministros de cabecera
pretenden atizar los resentimientos más sucios de la población francesa: el
odio de clase y la xenofobia sin límites.



El propio Emmanuel Macron marcó la pauta de este nuevo desmadre de bilis al
declarar en su discurso del 17 de abril: “La lucha contra todas las formas
de delincuencia, contra todos los fraudes, ya sean sociales o fiscales,
estará (...) en el centro de la acción del gobierno”. Luego añadió: “También
reforzaremos el control de la inmigración ilegal”. [1]



Así pues, por un lado, este manipulador equipara el fraude social al fraude
fiscal, aunque sabe perfectamente que el primero es infinitamente menos
costoso para la colectividad que el segundo y que, por su parte, es mucho
menos reprimido: Macron sugiere así, sin decirlo explícitamente -porque rara
vez asume sus malicias- que los pobres son delincuentes, cuyo “bandidaje”
debe ser reprimido.



Por otra parte, cuando menciona la “inmigración” inmediatamente después de
haber mencionado la “delincuencia”, está diciendo (una vez más, sin decirlo
tampoco explícitamente) que para él -como para Gérald Darmanin, ministro del
Interior, que ya había alimentado esta confusión unos meses antes- la
delincuencia y la inmigración están estrechamente vinculadas.



Acoso a los inmigrantes y a los pobres



Después de que el jefe del Estado francés marcara la pauta de este nuevo
ataque contra los inmigrantes y los pobres, varios ministros macronistas
retomaron a coro el obsceno estribillo.



Darmanin, súbitamente más atento a lo que “quieren”, según él, “los
franceses” que cuando éstos rechazan categóricamente la reforma macronista
de las jubilaciones, declaró: "Los franceses, quieren más autoridad y
quieren una lucha más intensa contra la inmigración irregular."



Una vez más Darmanin, siempre muy a gusto cuando se trata de estigmatizar a
los más necesitados: “Para los que reciben el RSA [Ingreso de Solidaridad
Activa, RSA por sus siglas en francés], si siguen una vía de inserción, si
muestran esfuerzo, hay que ayudarlos, evidentemente. Pero si no quieren
tomar el camino del trabajo, es normal que les impongamos sanciones”.



Bruno Le Maire, ministro de Economía, Finanzas y Soberanía industrial y
digital: “Nuestros compatriotas están legítimamente hartos del fraude. Ya no
soportan más ver que hay personas que reciben ayudas financiadas por ellos
mismos -es el contribuyente quien paga-, no tienen ningunas ganas de ver a
personas beneficiarias de ayudas que las envían al Magreb (países árabes del
norte africano, ndt) o a otros países.”



Olivier Véran (ex miembro del PS, ndt), ministro delegado para la Renovación
democrática y portavoz del gobierno, que por su parte parece haber
redescubierto súbitamente -tras la represión ultraviolenta de las
manifestaciones contra la reforma de las jubilaciones- algunas virtudes de
la movilización ciudadana: “Los sistemas de inmigración y de integración en
nuestro país, (...) es un tema maravilloso, por el que podemos movilizar a
los franceses en el marco de una convención ciudadana.”



En abril de 2022, Emmanuel Macron fue reelegido gracias a los votos de
millones de franceses que votaron por él en la segunda vuelta contra su
voluntad, porque era la única forma de evitar la elección de la candidata
del Rassemblement National (Marine Le Pen, extrema derecha, ndt).



Inmediatamente después de su victoria, declaró: “Sé (...) que muchos de
nuestros compatriotas votaron hoy por mí no para apoyar las ideas que
sostengo, sino para bloquear las de la extrema derecha. Y quiero darles las
gracias y decirles que soy consciente de que este voto me compromete para
los años venideros.”



Un año después, "enarbola", alto y claro, y en "conciencia", esas "ideas"
infectas para las que asistencia social e inmigración se mezclan en un mismo
oprobio, y contra las que decía querer levantar una barrera. Pero estaríamos
equivocados si consideráramos, como lo siguen haciendo algunos
comentaristas, que esos ataques, de los que las víctimas sienten
evidentemente los efectos muy concretos, son una "maniobra de distracción"
destinada a desviar nuestra atención de la lucha por nuestras jubilaciones.



Porque cuando un jefe de Estado alimenta los rencores de clase y raciales
para consolidar su poder, debe ser visto como lo que es: un aborrecible
mercader del odio.



(Artículo publicado previamente en el semanario Politis el 20-4-2023
https://www.politis.fr/articles/2023/04/macron-marchand-de-haine/]



* Sébastien Fontenelle, periodista y escritor. Colabora con el semanario
Politis. Autor de Les Éditocrates. Ou comment parler de (presque) tout en
racontant (vraiment) n'importe quoi (en collaboration, La Découverte, 2009)
y Vive la crise !, (Seuil, 2012)



Nota de Correspondencia de Prensa



1] El “fraude” social corresponde al cobro indebido de asignaciones
familiares u otras ayudas sociales. El monto se estima entre 300 millones y
un máximo 2.300 millones de euros, según el semanario Alternatives
Économiques. En cambio, el fraude o evasión fiscal (cometido por la
burguesía y las grandes empresas) se estima entre 13.700 millones y 100
millares de euros. Otra forma de evasión es el no pago de cotizaciones
sociales, que se estima entre algo más de 700 millones de euros y 8.400
millares. (Datos cruzados de la central sindical Solidaires y del Tribunal
de cuentas). Por definición, la evasión fiscal es difícil de evaluar con
exactitud.

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