Chile/ ¿Se abre un nuevo ciclo político? [Gaudichaud]/Abufom]

Ernesto Herrera germain5 en chasque.net
Sab Dic 23 14:58:42 UYT 2023


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Correspondencia de Prensa

23 de diciembre 2023

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Chile

 

¿Se abre un nuevo ciclo político en Chile?

 

El rechazo a la nueva Constitución derechista da cuenta de un empate
«político nacional» en el que ninguno de los sectores en disputa logra
imponer su programa. Para la próxima etapa es necesario construir una fuerza
política para golpear en común.

 

Franck Gaudichaud y Pablo Abufom *

Jacobin, 21-12-2023

https://jacobinlat.com/

 

El domingo 17 de diciembre de 2023, por segunda vez en poco más de un año,
los chilenos votaron en referéndum «a favor» o «en contra» de un proyecto de
nueva Constitución, que pondría fin a la promulgada en 1980 durante la
dictadura de Augusto Pinochet (y reformada varias veces desde 1989). Esta
nueva elección nacional tiene lugar cuatro años después de la gran revuelta
social de 2019, que sacudió la hegemonía neoliberal establecida en el país
andino desde hacía 5 décadas, y dos años después de la elección de Gabriel
Boric, el joven presidente de la izquierda progresista (apoyada en una
coalición del Partido Comunista y el Frente Amplio, en alianza con parte de
la vieja Concertación que gobernó la transición post-dictadura).

 

El primer plebiscito constitucional (2022) fue para «aprobar» o «rechazar»
la propuesta de nueva constitución redactada por una Convención con
representantes mayoritariamente anti-neoliberales y con participación de
pueblos originarios, movimientos sociales y paridad de género. Se trataba de
un proyecto que recogía décadas de luchas sociales y aspiraba a un Chile
democrático sobre la base de amplios derechos sociales. Por el contrario, el
plebiscito de este domingo fue redactado por un Consejo de mayoría de
extrema derecha, con el Partido Republicano a la cabeza, que profundizaba el
régimen político de la constitución de 1980 y restringía derechos sociales. 

 

Un voto de clase

 

Una vez más, más de 15 millones de chilenos y chilenas estaban llamados a
votar: el 55,8% se opuso al nuevo texto constitucional, aunque el 15% de las
y los electores no acudió a las urnas, a pesar del sistema de voto
obligatorio con inscripción automática (de nuevo en vigor desde el 2022).
Una vez más, en la capital hubo un voto clasista, como en el resto del país:
mientras que los 3 municipios más ricos del país votaron «a favor», los
municipios populares del sur y del poniente de la capital se pronunciaron en
más de un 60%, o incluso en un 70%, «en contra». Sólo dos regiones del país
andino votaron mayoritariamente a favor del último proyecto de Constitución,
redactado por las derechas. Sin embargo, el gran capital y sus medios de
comunicación han invertido más de 130 millones de pesos en la campaña para
defender el nuevo texto y una constitución que impediría definitivamente
cualquier legislación a favor del aborto, que salvaguardaría el sistema de
pensiones de capitalización, que consolidaría la mercantilización del agua,
la educación y la salud, y que consagraría la prohibición de la negociación
colectiva por rama, al tiempo que protegía uno de los derechos de huelga más
reaccionarios de América Latina.

 

Una derrota para el partido de extrema derecha de Antonio Kast

 

En septiembre de 2022, más del 62% de la población ya había rechazado una
propuesta constitucional, pero en este caso una Carta Magna claramente de
izquierdas, paritario y feminista, que proclamaba un Estado «plurinacional»
y reconocía nuevos derechos a los pueblos indígenas. Para muchas y muchos
constituyentes, se trataba de superar —al menos en parte— el Estado
subsidiario neoliberal y un modelo de desarrollo extractivista y ecocida,
heredados de Pinochet y sus «Chicago Boys». En este mes de diciembre, el
rechazo vuelve a expresarse, pero ante un texto redactado por la extrema
derecha y la derecha tradicional, en el marco de un proceso mucho más
«controlado» por los partidos tradicionales y el Parlamento, adosado a
«comités técnicos de admisibilidad» y a comisiones de «expertos». Los 50
integrantes (electos en mayo 2023) del Consejo constitucional estaban
liderados por una mayoría relativa adscrita al Partido Republicano de José
Antonio Kast, una nueva extrema derecha que ha emergido con fuerza en los
últimos 3 años, que se ha erigido como fuerza del «regreso al orden» frente
a la rebelión colectiva de octubre de 2019, contra el poderoso movimiento
feminista y sus demandas, contra el gobierno de Boric y sus «progresismo
tardío», con un discurso abiertamente racista, antimigrante, patriarcal,
conservador y ultrasecuritario. En alianza con la derecha, el Partido
Republicano creyó poder redactar una Constitución a su imagen y semejanza,
la de los «verdaderos chilenos» en palabras de la presidenta del Consejo, la
muy reaccionaria y luterana fundamentalista Beatriz Hevia. Con el resultado
del último referéndum, el Partido Republicano acaba de sufrir una primera
clara derrota. Sobre todo, porque Kast ya se veía como un nuevo candidato
presidencial con posibilidades reales de ganar a fines de 2025. Los
cuchillos también están afuera entre la coalición de la derecha tradicional
conservadora-neoliberal (Chile Vamos), en torno a figuras como Evelyn
Matthei, y el clan republicano, cada uno buscando evadir la responsabilidad
de la debacle. Están también apareciendo disidencias en el seno de la
extrema derecha cuando algunos dirigentes o opinologos como Axel Kaiser
buscan crear un «Partido libertario», más radical aun que Kast y copiado del
modelo de Javier Milei en Argentina. Estas diferenciaciones y tensiones
dentro del campo de las derechas están llamadas a crecer en importancia
durante los próximos meses, creando una posible ventana de oportunidad
política para la izquierda social y política.

 

Un gobierno Boric sin iniciativa, un progresismo sin reformas

 

La noche del resultado, el Presidente Boric volvió a hablar de consenso
nacional, al tiempo que confirmaba que el proceso constituyente había
llegado a su fin tras estos dos rechazos, reconociendo que las «urgencias
sociales» estaban ahora en otra parte. El joven presidente, en vez de
aprovechar esta derrota derechista en las urnas, repitió un discurso
autoflagelante de crítica a la supuesta «radicalidad» de la primera
propuesta constitucional del 2021-2022, y de rechazo a cualquier
«polarización» del país:

 

Es el momento de reconocer el resultado alcanzado a quienes levantaron la
opción en contra, pero sin olvidar que una parte importante de quienes
asistieron a las urnas votaron por la opción a favor. No podemos volver a
cometer el mismo error de los plebiscitos anteriores. El país lo hacemos
todos y todas y quienes triunfan en una elección no pueden prescindir ni
ignorar a quienes son circunstancialmente derrotados. Nuestro país seguirá
con la Constitución vigente porque luego de dos propuestas constitucionales
plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa
diversidad. El país se polarizó, se dividió y al margen de este contundente
resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de
tener una nueva Constitución redactada para todos.

 

En general, varios cuadros del gobierno reconocen que este resultado da un
poco de «aire fresco» a un ejecutivo que se ha caracterizado desde sus
inicios por una débil capacidad de cambio y algunas reformas tímidas y
contradictorias (avances en la gratuidad de la salud, disminución del tiempo
de trabajo semanal y aumento del salario mínimo). Lo que marca sobre todo la
administración Boric es su ausencia de voluntad, ni siquiera mínima, de
enfrentarse a los sectores dominantes y empresariales y de intentar
movilizar «desde abajo» a sectores populares, mientras que, aparte del PC,
no tiene ningún vínculo real con los sectores obreros y subalternos.
Minoritario en el Parlamento, encerrado en una lógica parlamentarista y de
gestión del aparato estatal, y al no haber logrado imponer su reforma
tributaria, Boric depende cada vez más del Partido Socialista y sus aliados
(pilares del neoliberalismo desde 1990), que han entrado con fuerza en La
Moneda y están encarnados por la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Sumido en un caso de corrupción (Caso Convenios) y enfrentado a un
sistemático y terriblemente eficaz bombardeo de los monopolios mediáticos
capitalistas que centraron los debates publicos en el narcotráfico, la
inseguridad y el rechazo a los migrantes, al gobierno le toca padecer más
que impulsar la agenda política. En esa línea, y a pesar de la protestación
de múltiples militantes honestos o de la crítica de dirigentes como el
alcade comunista Daniel Jadue, el gobierno ha seguido militarizando el
territorio Mapuche conocido como Wallmapu, defendiendo a los Carabineros y
la amplia impunidad para los responsables de la represión de octubre de
2019, y proponiendo leyes que criminalizan las luchas por el derecho a la
vivienda. La presencia de figuras de la izquierda como la ministra y vocera
Camila Vallejo, no cambia esta orientación general, que también está
provocando una gran desmovilización entre las bases del Frente Amplio y el
PC.

 

Un nuevo ciclo político y perspectivas para los movimientos sociales

 

Las elecciones del domingo marcan innegablemente el final de un ciclo
político. Se pueden discernir elementos paradójicos de continuidad en el
corazón de estos dos referendos, e incluso en la estela de octubre de 2029:
claramente, la crisis de hegemonía, el rechazo de la «casta» política y la
insatisfacción por la falta de soluciones a las principales demandas
populares siguen con nosotros, de diferentes maneras y con diferentes
orientaciones estratégicas. Si se descuenta el profundo impacto que tuvieron
los medios de comunicación y las redes sociales sobre los resultados
electorales de ambos plebiscitos, de todos modos, se puede encontrar que el
voto «contra algo» pesa más que el voto «a favor de algo». Esto da cuenta de
una situación de empate político nacional, en el que ninguno de los actores
en disputa logra imponer su programa o convencer a la población de sus
propuestas para cerrar la crisis. Ni la irrupción masiva del pueblo en
octubre de 2019, ni la mayoría antineoliberal de la Convención del 2021, ni
el progresismo en el gobierno desde 2022, ni la mayoría pinochetista del
Consejo del 2023: ninguna de estas expresiones de la crisis ha representado
un camino de salida.

 

En esta situación, la principal amenaza para los sectores populares de Chile
es la emergencia exitosa de una fuerza política de extrema derecha que logre
capitalizar las derrotas de todos los actores mencionados aquí arriba. Demás
está decir que el triunfo de Milei en Argentina influye sobre esta
intuición. Pero en un escenario de polarización política, cuando un gobierno
progresista ha sido incapaz de cumplir su programa, no es descabellado
visualizar un próximo gobierno de derecha/extrema-derecha, y esto explica
que las principales figuras presidenciables en las encuestas hoy sean Kast y
Matthei.

 

Ante este horizonte infame, la izquierda y los movimientos sociales,
feministas y populares tienen la obligación de sacar lecciones estratégicas
de los últimos cuatro años. Por una parte, la moderación programática que ha
encarnado el oficialismo ha tenido como efecto, al mismo tiempo, la
decepción de su base electoral y la renuncia a adoptar caminos de
movilización popular para contrarrestar el bloqueo parlamentario de la
oposición. Cuando enfrentado a una terca oposición, el gobierno prefiere
remover sus pretensiones de cambio y terminar aprobando «con éxito»
proyectos despojados de su intención inicial, se envía un mensaje claro: en
tiempos de crisis, no hay alternativa a la claudicación programática. No hay
lugar para apoyar un programa de cambios sobre las bases sociales,
llamándolas a movilizarse. Visto así, el gobierno ha renunciado precisamente
a lo poco que puede hacer en tiempos de crisis y bloqueo parlamentario:
utilizar esa pequeña fracción del poder para forzar un enfrentamiento
abierto por el programa y evidenciar las posiciones de cada actor en
disputa. Por el contrario, ha preferido reeditar la «política de los
acuerdos» elitarios, en las alturas, sin el pueblo que caracterizó a la
centroizquierda social-liberal de la transición.

 

Por otra parte, la izquierda y los movimientos sociales harían bien en
aprovechar este momento de cierres y aperturas para hacer una profunda
autocrítica sobre la dispersión organizativa que implican las luchas
sectoriales, cada una en su ámbito o en su territorio, sin la construcción
de un espacio común de disputa por el poder en torno a un programa
transversal y de independencia de clase. Una notable excepción a esto ha
sido el caso del feminismo desarrollado en torno a la Huelga General
Feminista impulsada por la Coordinadora Feminista 8M, que ha buscado hacer
del feminismo una visión global que pueda enfrentar programática y
organizativamente el conjunto de los problemas nacionales.

 

En términos clásicos, este nuevo ciclo enfrentará a las izquierdas y los
movimientos sociales al problema de la construcción partidaria, en cuanto
desarrollo de una fuerza política capaz de dar golpes unificados en una
dirección común. Esto requiere, en primer lugar, identificar las razones por
las cuales la rebelión de octubre fracasó en imponer por sus propios medios
los términos de la salida a la crisis, y por las que tuvo que transmutarse
en proceso constituyente acordado y diseñado por y desde el Congreso. Antes
que culpar a los «traidores» de turno que habrían pervertido la potencia de
la revuelta social, este cierre de ciclo obliga a pensar en las propias
carencias: una dispersión de demandas sociales sin referencia al hilo
conductor de las causas estructurales de la crisis del capitalismo
neoliberal chileno/global, un archipiélago de organizaciones sin una
actividad común más que la movilización callejera, una desconexión entre los
núcleos militantes y la masa movilizada, y la persistencia de modos de
organización artesanales que no fueron capaces de aprovechar la irrupción
masiva y popular de la revuelta en nuevos referentes políticos alternativos
con presencia nacional.

 

Si la principal amenaza en Chile para el campo popular es hoy un ascenso de
la extrema derecha, entonces lo que está a la orden del día es identificar
todos los caminos por los cuales es posible frenar y compartir pie a pie ese
proceso regresivo. Creemos que esto pasa principalmente por el resurgimiento
de las reivindicaciones que puedan sacar a la clase trabajadora de Chile de
la creciente precarización que experimenta, y una fuerza política que
conecte esas soluciones con un relato de transformación profunda, a la raíz,
que rompa con el régimen político y económico imperante que pone freno a una
salida transformadora a la crisis. Si Kast y otras expresiones neofascistas
chilenas representan una salida a la crisis con características
conservadoras, autoritarias y nacionalistas que refuerzan el régimen,
entonces el camino para las izquierdas y los movimientos sociales habrá de
ser un camino de luchas sociales y conflicto de clase en clave
anticapitalista, feminista y ecosocialista, dirigida a hacer estallar las
causas de la crisis, al tiempo que resuelve sus síntomas más inmediatos con
soluciones materiales de corto plazo. Sin esta combinación, la extrema
derecha seguirá teniendo la vía libre para convencer a los sectores
populares de que el actual progresismo no está de su lado, y que la única
solución es confiar en su plataforma de competencia del penúltimo contra el
último. 

 

* Franck Gaudichaud es Doctor en ciencias políticas y catedrático en
estudios latinoamericanos en la universidad Toulouse 2 Jean Jaurès. Es
miembro del consejo editorial de la revista ContreTemps www.contretemps.eu
<http://www.contretemps.eu>  (Paris) y colaborador de Jacobin América
Latina. / Pablo Abufom es traductor y magíster en filosofía por la
Universidad de Chile. Editor de Posiciones, Revista de Debate Estratégico,
miembro fundador del Centro Social y Librería Proyección y parte del
colectivo editorial de Jacobin América Latina.

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