Francia/ Se abre la perspectiva de una huelga renovable. [León Crémieux]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

13 de febrero 2023

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Francia



Para defender las jubilaciones frente a Macrón



Se abre la perspectiva de una huelga renovable



León Crémieux

Viento Sur, 13-2-2023

https://vientosur.info/



Desde hace un mes, las movilizaciones contra Macron y su gobierno no se han
debilitado, sino todo lo contrario.



La semana pasada, la intersindical nacional anunció dos jornadas: una
jornada de huelga y manifestaciones el martes 7 y manifestaciones el sábado
11 (sin convocatoria de huelga). El martes 7 fue similar al 19 de enero en
cuanto al número de manifestantes, pero con un número inferior de
huelguistas que el 31. Obviamente, estos índices más bajos para un tercer
día de huelga en 20 días plantean interrogantes sobre la eficacia de las
huelgas en días separados mientras el gobierno sigue concentrando toda su
voluntad en forzar la contrarreforma. Pero, por otro lado, la masividad de
las manifestaciones sigue mostrando una oposición popular masiva y una clara
comprensión de las consecuencias de esta reforma.



El sábado 11 de febrero, con 2,5 millones de personas en las
manifestaciones, según el recuento de los sindicatos, fue una clara
confirmación de este rechazo popular. En un gran número de ciudades, a
menudo pequeñas y medianas, el número de manifestantes fue incluso mayor que
el 31 de enero, confirmado incluso por las cifras de la policía. En París,
la policía anunció 93.000 manifestantes, la cifra más alta anunciada no sólo
desde el inicio del movimiento, sino desde hace décadas para una
movilización social.



Así pues, estos dos días han confirmado el elemento más claro de la
situación social y política del país: Macron y su gobierno permanecen
totalmente aislados, y la población en general y los y las trabajadorass,
apoyan mayoritariamente el movimiento de protesta contra este proyecto.



Cada nuevo debate en torno al proyecto de ley pone en evidencia a los
ministros, que mienten sin recato y ofrecen cálculos erróneos que se ven
obligados a desmentir a la vuelta de la esquina. Es el caso de la promesa de
Elisabeth Borne de que "la reforma permitirá revalorizar las pensiones de
las personas asalariadas, artesanas y comerciantes jubiladas que cobran el
SMIC hasta cerca de 1.200 euros al mes", dando a entender deliberadamente
que afectaría a 1,8 millones de pensionistas. Fue el propio ministro
encargado de la reforma, Olivier Dussopt, quien se encargó de
desautorizarle: "No sé si afectará a 10.000, 20.000 o 30.000 personas”. Lo
mismo ocurre con la inclusión de los años de aprendizaje en el cálculo de
los años de servicio para una pensión completa, que solo afecta a los
jóvenes que hayan estado en prácticas después de 2014. Tantas inexactitudes
y mentiras echan por tierra toda la comunicación gubernamental.



Los argumentos de choque del Gobierno son pura caricatura. El ministro de
las Cuentas Públicas, Gabriel Attal, se atreve a declarar que "hay que
salvar el sistema de reparto [de las pensiones] de la quiebra". Numerosos
artículos muy sólidos han demostrado la indecencia de semejante argumento,
sobre todo si se tiene en cuenta la desestabilización del sistema de reparto
generada con las deducciones de las cotizaciones sociales. Las exenciones
patronales a las cotizaciones de la Seguridad Social ascienden a 85 000
millones en el presupuesto de la Seguridad Social para 2021. Además, el
Gobierno, para demostrar a las agencias de calificación y a la Comisión
Europea que es ejemplar en materia de cuentas públicas, impone a los fondos
de pensiones amortizar el capital de su deuda en 17.000 millones cada año.
Por último, resulta paradójico ver a los diputados de Renessaince [Macron]
fustigar a las y los diputados de la NUPES que, al rechazar la reforma,
querrían "crear una deuda insostenible de 160.000 millones". Estos 160.000
millones corresponderían al déficit acumulado del sistema de pensiones
durante 20 años en la hipótesis más pesimista del COR (Conseil d'orientation
des retraites); 8.000 millones anuales de un hipotético déficit proyectado a
20 años, una carga calificada de inasumible cuando el presupuesto de la
Seguridad Social es de más de 700.000 millones cada año y el déficit
presupuestario del Estado es de 165.000 millones en 2023. Este déficit
presupuestario no impide al Gobierno haber programado un aumento del
presupuesto militar de 100.000 millones para el periodo 2024-2030 y haber
suprimido en el presupuesto de 2023 la contribución sobre el valor añadido
de las empresas (CVAE) que representaba unos ingresos anuales de 9.700
millones. También hay que recordar que las ayudas pagadas por el presupuesto
(en gastos o en exenciones) a las empresas representan 157.000 millones al
año.



Por tanto, es evidente que lo que está en juego en todo este debate es la
distribución de la riqueza, empezando por los recursos de la fiscalidad y la
distribución del gasto público.



Las manifestaciones, sobre todo en las ciudades pequeñas y medianas,
contaron con una participación popular masiva, que expresó no sólo el
rechazo a la reforma de las pensiones, sino que también puso en primer plano
el descontento y exasperación ante la inflación, la carestía de la vida,
sobre todo de los alimentos y la energía, y la liquidación de los servicios
públicos, empezando por los hospitales y las escuelas. Todo ello mientras
los grupos del CAC 40 anuncian beneficios crecientes y el enriquecimiento de
una ínfima minoría frente a la precariedad de la mayoría: 80.000 millones de
euros (incluidos 56.000 millones en dividendos) repartidos entre los
accionistas del CAC 40 en 2022 y Emmanuel Macron puede enorgullecerse de que
Bernard Arnault, que le acompañó recientemente a Washington, se haya
convertido en la primera fortuna del mundo con 213.000 millones de dólares.



Ahora bien, la situación de la movilización no es sencilla, porque el
gobierno ignora totalmente la voluntad mayoritaria expresada en las calles.
Por otro lado, intenta establecer su legitimidad mediante un acuerdo
parlamentario con Les Républicains [derecha tradicional], única forma de
obtener la mayoría en la Asamblea y el Senado. El diálogo con los sindicatos
está cerrado desde hace varias semanas, pero Elizabeth Borne y sus ministros
han estado negociando con el partido tradicional de derechas.



El desprecio de clase mostrado hacia la voluntad popular profundiza aún más
la determinación contra esta reforma, pero también revela el enfoque
político del gobierno: repetir la táctica de Sarkozy en otoño de 2010 que,
para aumentar la edad de jubilación de 60 a 62 años, resistió a una serie de
huelgas y manifestaciones de un nivel equivalente al que conocemos hoy:
entre septiembre y mediados de octubre de 2010, 7 grandes jornadas de
huelgas y manifestaciones con un frente sindical idéntico al de hoy, con
importantes huelgas. A partir del 12 de octubre, la SNCF, la RATP, los
puertos y muelles y las refinerías se declaran en huelga: 18 días de huelga
en la SNCF, 12 refinerías bloqueadas y un tercio de las estaciones de
servicio sin combustible. En aquel momento, la intersindical se limitó a
convocar jornadas de movilizaciones, cada vez más espaciadas y que dejaron
sin perspectiva al movimiento en la tarde del 19 de octubre.



Sarkozy y su ministro Woerth consiguieron así aprobar una reforma contra la
mayoría social. Incluso se permitió el lujo de felicitar a los líderes
sindicales el 16 de noviembre de 2010 en TF1, la principal cadena de
televisión: "Hay que rendir homenaje a las fuerzas sindicales de nuestro
país, hemos llevado a cabo esta reforma considerable de las pensiones sin
violencia. (...) Los franceses pueden estar orgullosos. Han mostrado sus
diferencias, su preocupación, pero con respeto mutuo (...) Los sindicatos
han sido responsables”.



La UMP [partido gubernamental] lo pagó dos años después dejando la
presidencia y la mayoría parlamentaria al PS, que no sólo no dio marcha
atrás en la reforma Woerth sino que añadió la reforma Touraine, que
aumentaba progresivamente el número de años de servicio.



En 2010 también estuvo sobre la mesa, en las manifestaciones en el seno de
los dinciatos la cuestión de una huelga renovable [indefinida], una huelga
general, para hacer ceder a Woerth y a Sarkozy. Pero la mayoría de la
intersindical se opuso, siguiendo el ejemplo de François Chérèque,
secretario general de la CFDT en aquel momento, que declaró a la Agence
France Presse el 23 de septiembre: "Los que quieren radicalizar el
movimiento, llamar a la huelga general, quieren entrar en un planteamiento
político (...). Pero la fuerza de este movimiento es que no es político,
sino social. Tenemos una fuerza silenciosa, utilicémosla". Bernard Thibault,
secretario general de la CGT, evitó una respuesta frontal declarando el 10
de septiembre en Le Monde: "Cuanto más domine la intransigencia, más ganará
terreno la idea de las huelgas renovables", tronó el viernes 10 de
septiembre. En definitiva, la intersindical no se opuso a las huelgas
renovables por sectores, pero dejó que se realizaran sin intentar
reforzarlas y ampliarlas organizando un calendario para la confrontación. En
2010, la iniciativa combativa partió de un gran número de sindicatos y
militantes combativos que pusieron en pie coordinaciones, asambleas
generales interprofesionales, en particular en Toulouse, Rouen, Marsella, en
el departamente 92, sobre todo para reforzar las huelgas y organizar
bloqueos.



Así que esta cuestión está muy presente hoy en día.  Hay que señalar dos
diferencias importantes con 2010, relativas a la política de las direcciones
sindicales: en primer lugar, todos los sindicatos están claramente a favor
de retirar el proyecto de ley presentado por Elisabeth Borne, lo que no era
el caso en 2010. La segunda, es precisamente la experiencia de 2010 y su
fracaso, un fracaso del que también son conscientes las direcciones
sindicales.



El 7 de febrero, la codelegada general de Solidaires, Murielle Gilbert,
declaró: "No podremos ganar si no avanzamos hacia una reconducción real y un
bloqueo generalizado de la economía. Las grandes manifestaciones no serán
suficientes". Solidaires propuso concretamente preparar el 8 de marzo
poniendo en perspectiva la huelga renovable a partir de esta fecha. El
objetivo era incluir claramente la jornada de huelga y manifestación
feminista del 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de la Mujer, en
el calendario de la batalla contra la reforma de las pensiones, sabiendo que
la CGT, la FSU y Solidaires ya estaban comprometidos en un planteamiento
unitario para esa fecha.



La intersindical nacional, en su conjunto, ha tomado en cuenta parcialmente
esta propuesta. En su declaración del 11 de febrero titulada "La
Intersindical está dispuesta a endurecer el movimiento", declara "si el
gobierno y los parlamentarios siguen haciendo oídos sordos a la protesta
popular, la intersindical llamará a endurecer el movimiento paralizando
Francia en todos los sectores el 7 de marzo... y aprovechará el 8 de
marzo... para poner de relieve la gran injusticia social de esta reforma
para con las mujeres". Obviamente, este anuncio coincide con la propuesta de
Solidaires, que llama a preparar una huelga general en todos los sectores a
partir del 7 de marzo. El sindicato ferroviario CGT ya ha convocado una
huelga renovable para esa fecha, al igual que la intersindical de la RATP
[transporte público en la región parisina]. Solidaires realizará una
declaración más amplia en los próximos días.



Es más que probable que en los próximos días se den a conoceer otras
convocatorias en la misma línea. A partir del 7 de marzo podría establecerse
un calendario claro e interprofesional de huelgas renovables. Esta fecha es,
además, el final de las vacaciones escolares de invierno, lo que abre la
posibilidad de una movilización en los institutos y refuerza la iniciada en
las facultades. En tal caso, el escenario podría ser diferente al de 2010.



La cuestión esencial es evidentemente la de ganar la confianza de los
asalariados en que es posible ganar, en que vale la pena ir a la huelga a
partir del 7 de marzo para hacer ceder a Macron. Y el movimiento social va a
tener que gestionar los próximos 25 días, porque si bien puede ayudar en los
distintos sectores a preparar un movimiento global a principios de marzo,
también puede hacer crecer en la población cierto sentimiento de
resignación.



Nueva etapa



El gobierno y sus partidarios mediáticos son muy conscientes de que se abre
una nueva etapa. Macron ya no intenta convencer, sino debilitar e incluso
dividir al movimiento. En primer lugar, dirigiéndose esencialmente a los
sindicatos reformistas, CFDT, CGC y UNSA en particular, para desvincularlos
de quienes quieren ir hasta el final. De momento, el frente sindical resiste
y el propio Berger repite que el Gobierno cargará con toda la
responsabilidad del endurecimiento del movimiento.



En otro registro, los medios de comunicación y el gobierno intentan desviar
la atención hacia el debate parlamentario, que se celebra hasta el viernes
17 de febrero en la Asamblea Nacional. Acusan a la NUPES, y en particular a
France Insoumise, de alborotar los debates, de bloquearlos presentando
11.000 enmiendas; los diputados macronistas, aliados en este terreno con
Rassemblement national [extrema derecha], juegan histéricamente con el menor
incidente del que son culpables los diputados del NUPES, como jugar con un
globo fabricado por huelguistas con la imagen de Olivier Dussopt, ministro
encargado de la reforma. Del mismo modo, el gobierno llora por una muñeca
con la imagen de Elisabeth Borne que fue colgada de una horca durante la
manifestación del 11 de febrero. Sin embargo, en las manifestaciones
sociales de los últimos cincuenta años se han visto eslóganes, pancartas o
varios maniquíes caricaturizando y despotricando contra presidentes y
ministros. Obviamente, para los macronistas el objetivo es utilizar estas
distracciones para salir del aprieto en el que se encuentran.



Además, en las últimas sesiones de la Asamblea, los diputados macronistas y
republicanos se han unido a toda prisa para anular una votación mayoritaria
que apruebe comidas a 1 euro para todos los estudiantes en los restaurantes
universitarios. Del mismo modo, no pudieron impedir que se votara en esta
asamblea un proyecto de ley del PS para la renacionalización de EDF,
productor casi exclusivo de electricidad en Francia, y la salida de las
normas de la UE sobre los precios de la electricidad. Obviamente, esta
votación será impugnada por la mayoría de derechas en el Senado, pero todos
estos acontecimientos muestran la febrilidad del grupo Renessance (el
partido de Macron) en la Asamblea. Como minoría en la Asamblea, cada vez más
dependientes del grupo republicano para aprobar las votaciones, se enfrentan
a la hostilidad de su propio electorado y temen su futuro en las próximas
elecciones legislativas.



Así pues, podemos encontrarnos en un punto de inflexión en el clima social y
político en Francia. Hay una oportunidad política para derrotar a Macron,
mejorar la relación de fuerzas de las clases populares y dar confianza en
una alternativa que acabe con los ataques del capitalismo neoliberal,
satisfaciendo las necesidades de la gran mayoría. Más allá de la cuestión de
las pensiones, se puede abrir una ventana de oportunidad para las y los de
abajo y puede comenzar a instalar el miedo entre los dirigentes
capitalistas. El afán por desacreditar a las NUPES y halagar a la extrema
derecha compatible con políticas liberales (como demuestra claramente el
gobierno de Meloni en Italia) es una expresión incipiente de ese miedo. La
construcción de un verdadero frente político anticapitalista al calor del
movimiento contra la reforma de Macron podría dar un verdadero salto
adelante. Esto dependerá, sobre todo, de la capacidad de mantener la
movilización, de anclarla y de preparar en el máximo de sectores la huelga
renovable. En ese sentido, impedi que el movimiento se desactive durante los
próximos 25 días será decisivo.

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