Guatemala/ La eterna guerra fría. [Roberto García]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

7 de julio  2023

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Guatemala



Guatemala y su eterna guerra fría



En un limbo



El sorpresivo pasaje a segunda vuelta de un candidato progresista tiene en
alarma a las elites guatemaltecas, que permanecen aferradas a un antiguo
sistema de dominación racial y de clase y a su vieja retórica anticomunista.



Roberto García

Brecha, 7-7-2023

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Guatemala, marzo de 1963. Disfrazado y en forma clandestina, tras casi una
década en el exilio, Juan José Arévalo ingresaba en secreto a Guatemala. Su
intención era instalarse definitivamente en el país y ser postulado como
candidato a las elecciones presidenciales de ese año. Aunque vivía fuera,
era, por lejos, el principal y más popular dirigente político del país.
Pocos tenían dudas de que el proceso lo llevaría nuevamente a encumbrarse
como presidente de la república. La confirmación de su arribo llegó cuando
el propio Arévalo convocó a un reducido grupo de periodistas cercanos a una
conferencia de prensa para que constatasen que efectivamente se encontraba
en el país y se disponía a trabajar para regresar, por medio del voto
popular, a la presidencia de Guatemala. Los peores presagios de inteligencia
policial y militar desde 1954 finalmente se cumplían y no habían podido
evitar este desenlace.



Pero la maquinaria del poder establecido actuó rápido. El desprestigiado y
tambaleante presidente Miguel Ydígoras Fuentes amenazó con detener a Arévalo
y llevarlo a la Justicia. La documentación policial da cuenta de numerosos
procedimientos dirigidos a concretar su captura. Hubo detenciones de
familiares y amigos cercanos, dirigentes políticos y estudiantiles. Pero
Arévalo no aparecía y con él otra vez en Guatemala resurgía el pavor,
siempre presente en esa pequeña pero poderosa elite con mentalidad finquera,
de que las masas lo arroparan y de esa forma revivieran la antigua
revolución guatemalteca, todavía fresca en el imaginario. Aquello implicaba
la posibilidad de que el país cayera nuevamente en manos del «comunismo» en
medio de una América Latina donde la guerra fría se intensificaba
rápidamente.



Fue entonces cuando el ministro de la Defensa, ya inspirado en la naciente
doctrina de la seguridad nacional, Enrique Peralta Azurdia, asestó el golpe
derribando del poder a Ydígoras. Su único objetivo, sin embargo, era
cerrarle el paso al candidato Arévalo. Amén de otros apoyos –empresariales,
mediáticos, etcétera–, hoy sabemos que ese golpe se dio tras las claras
señales de respaldo enviadas por el presidente estadounidense John F.
Kennedy, muy preocupado por un asunto al que le dedicó más tiempo del
esperado en diversas reuniones del Consejo de Seguridad Nacional. Implicó el
cierre definitivo de los espacios políticos, incentivó la insurgencia
guerrillera y una contrainsurgencia que, fuera de control, derivó en el
asesinato y la desaparición de miles de personas.



***



Sesenta años más tarde, otro Arévalo es protagonista de una situación
similar que mucho tiene que ver con las estridencias de una guerra fría que
en Guatemala nunca terminó. Al igual que a su padre en 1963, a Bernardo
nadie lo vio llegar. Las encuestas de opinión durante los meses anteriores,
e incluso aquellas publicadas inmediatamente antes del acto eleccionario del
25 de junio, situaban a Arévalo lejos de cualquier posibilidad de aspirar
seriamente a la presidencia. De hecho, indicaban, era altamente probable que
la exdiputada Zury Ríos, del partido derechista Valor –«Arriba a la derecha»
fue uno de sus lemas de campaña y, a la vez, una forma de indicar el lugar
que en la hoja de votación se le había asignado a su partido–, consiguiera
hacerse de un sitio en la segunda vuelta.



Ríos representa otra paradoja de la guerra fría: es hija del general
golpista Efraín Ríos Montt, condenado en 2013 como responsable por el
genocidio cometido en los años ochenta contra pueblos indígenas, entre otros
muchos delitos aberrantes. La candidatura de Ríos quedó muy lejos al
contarse los votos en las urnas, que, sin embargo, confirmaron algo que
parecía bastante probable: que el partido Unidad Nacional de la Esperanza,
que postulaba a la ex primera dama Sandra Torres, se quedara con el primer
lugar con un 15 por ciento de los sufragios. Ya había sucedido en anteriores
ocasiones, explicándose tal arraigo por dos cuestiones. Uno, la prevalencia
en la frágil memoria local de lo que fue su política de combate a la pobreza
por medio de transferencias monetarias condicionadas, mientras gobernaba su
esposo, Álvaro Colom. Dos, y derivado de lo anterior, porque tales
iniciativas fueron posibles gracias a una lógica clientelar y paternalista
que le abrió la posibilidad a su partido de mantener una fuerte presencia en
el terreno controlando numerosos espacios de poder en los sitios más
recónditos de la diversa geografía guatemalteca. No resulta nada menor esto
último si tenemos en cuenta la dispersión y fragilidad del sistema de
partidos en el país, donde la abstención y el voto nulo, una vez más,
obtuvieron el primer lugar en los comicios.



Confirmado lo anterior, la sorpresa la dio el partido Semilla, agrupación
nacida al calor de las manifestaciones de 2015 que depusieron al presidente
Otto Pérez Molina y su vice, Roxana Baldetti. El sembrador inicial del
partido que ahora consiguió hacerse con un lugar en la segunda vuelta –12
por ciento– fue el sociólogo Edelberto Torres Rivas, fallecido a fines de
2018 y una de las referencias intelectuales ineludibles para comprender las
dificultades del desarrollo y, sobre todo, la dependencia centroamericana,
particularmente explosiva por sus obscenos niveles de desigualdad en el caso
guatemalteco.



Tras haber sido impedida la participación de la candidata a presidente del
partido en 2019, Semilla ingresó al Congreso y por medio de sus diputados
mantuvo una eficaz labor de control parlamentario denunciando los múltiples
desbordes de lo que se ha dado a conocer como el «pacto de corruptos», una
alianza política, empresarial, militar, judicial y mediática que
especialmente en los últimos cinco años se ha anotado numerosos resultados
positivos que forman parte de una estrategia más amplia de recomposición de
la impunidad en el país. De ella no está exenta la propia universidad
pública, la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC),
cuya fraudulenta elección, cooptada por el mencionado pacto, entronizó a un
rector no reconocido por amplios sectores estudiantiles y docentes.
Numerosos jueces, fiscales, parlamentarios, académicos y periodistas han
sido obligados recientemente a solicitar refugio fuera de Guatemala (véase
«Los círculos de la impunidad», Brecha, 13-I-23).



Contra todos los pronósticos y tras los devastadores efectos de la pandemia,
que multiplicaron aún más las históricas desigualdades –debe tenerse
presente que más del 10 por ciento del PBI proviene de los envíos de remesas
de guatemaltecos en el exterior–, la segunda posición de Bernardo Arévalo
sorprendió a las elites, con más de 600 mil votos que le permitieron obtener
el primer lugar en cuatro departamentos y posicionarse con reales
posibilidades en otros, más allá de la clara predominancia de Torres en la
mayoría del país.



La sorpresa inmovilizó en los primeros instantes a los partidos y los
actores más relevantes del establishment, que finalmente actuaron al cabo de
unos pocos días. Presentaron un recurso ante la Corte Constitucional, que
controlan, para que el Tribunal Supremo Electoral, sobre el que también
ejercen su poder, proceda a contabilizar nuevamente las actas para
presidente y de esa forma evitar lo que ellos identifican como un auténtico
«fraude» de Semilla. El procedimiento al que hizo lugar la corte –extemporal
y viciado de nulidad– se inició rápidamente y bajo una custodia militar que
cercó el ingreso al Parque de la Industria, donde se conservan las actas y
las cajas con las votaciones. Informaciones preliminares de un proceso que
debe culminar este viernes sugieren lo obvio: las escasas anomalías que
puedan hallarse no moverán los números del evidente descalabro al que se
enfrentan los partidos que conforman el pacto de corruptos.



***



Más allá de lo afirmado, la primera intensa semana poselectoral dejó al
descubierto una vez más, y en toda su elocuencia, algunas cuestiones que
conviene enumerar en este marco de acentuada debilidad de la democracia en
Guatemala.



Primero, la virulencia de la campaña inmediatamente desatada desde redes
sociales y financiada por diversos grupos de presión, que tras la elección
dirigieron sus baterías cuestionando la candidatura del propio Arévalo por
haber nacido en Montevideo en octubre de 1958, durante el obligado exilio de
sus padres, argumento legalmente inválido que antes no había aparecido.



Segundo, en esa ofensiva dijo presente una vez más la antigua rémora del
anticomunismo: el triunfo de Arévalo, se afirma, abrirá la puerta al
comunismo y a la «ideología de género», y existen riesgos de que los niños y
niñas sean secuestrados.



Tercero, la no menos intensa ofensiva evangelista –Guatemala es uno de los
países de la región con mayor presencia de esta expresión religiosa–, cuyos
pastores abordaron en numerosas alocuciones la cuestión de la catástrofe en
la que podía caer el país si no se detiene a Arévalo: «Tenemos que orar
mucho para que ese comunista de Semilla no llegue», sostuvo esta semana el
«apóstol» Sergio Enríquez.



Cuarto, tanto el silencio de la USAC como las posturas empresariales ante
los hechos indican, una vez más, la funcionalidad del pacto al proyecto
actual de acumulación económica y el grado de manipulación ciertamente
extremo que esas elites, estrechamente vinculadas al narcotráfico, pueden
mantener sobre casi todo el espectro político, asegurándose mutua impunidad.



Quinto, y ciertamente amenazante, la postura de la Fundación Contra el
Terrorismo, integrada por militares contrainsurgentes, que, este mismo año,
consiguió silenciar la voz de El Periódico, cuyo director, José Rubén
Zamora, ha sido acusado y encarcelado, lo que obligó a la desaparición del
único diario impreso independiente, que ha jugado un rol relevante en la
denuncia de numerosos ilícitos económicos. Dicha fundación, ante las
expresiones de resistencia frente al recuento electoral manifestadas por las
comunidades indígenas –los ancestrales 48 Cantones de Totonicapán–, ha
explicitado abiertamente la necesidad de recurrir a la violencia como única
alternativa para contener a las comunidades, parte del temor y el racismo
estructurantes y recurrentes del mundo blanco.



Sexto, y a diferencia de 1963, las señales externas parecen haber detenido
en esta primera fase el intento por detener la elección: la misión de la
OEA, la embajada de Estados Unidos en Guatemala y el Departamento de Estado
junto con la Unión Europea y las denuncias de exiliados desde el exterior,
entre muchas otras expresiones, han advertido por medio de «llamamientos»
que permanecen observando de cerca un proceso en el que debe respetarse el
resultado electoral.

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