Declaración Universal/ 75 años después, ¿dónde están los derechos humanos? [Juan Hernández Zubizarreta/Pedro Ramiro]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de junio 2023

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Declaración Universal



75 años después, ¿dónde están los derechos humanos?



Avanza la destrucción y eliminación de derechos al reinterpretarse estos en
favor de las élites y las grandes corporaciones, mientras se reconfigura la
propia categoría de seres humanos en función del dinero que poseen o el
lugar en el que nacieron.



Juan Hernández Zubizarreta/Pedro Ramiro *

CTXT, 1-6-2023

https://ctxt.es/es/20230601/



El sistema universal de protección de los derechos humanos está sufriendo
una descomposición acelerada. Mientras se conmemora el 75º aniversario de la
proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el marco
de regulación encargado de promover y exigir el cumplimiento de los derechos
humanos se está desmoronando. Por un lado, su espacio normativo se va
diluyendo en el laberinto de las normas privadas corporativas. Por otro, sus
contenidos fundamentales se van desmantelando y fragmentando en piezas
separadas e irreconocibles. No es ya que se vulneren, es que los derechos
humanos se vacían y no se reconocen a las mayorías sociales.



Mucho más allá de la mera concatenación de dramas puntuales y concretos, se
están produciendo cambios cualitativos, modificaciones sustanciales que
necesitan de nuevas calificaciones éticas y jurídicas, dado que el sistema
universal de tutela de los derechos humanos no reacciona ante tanta
descomposición normativa. En el marco de la crisis multidimensional que
estamos atravesando, con la expansión de la ofensiva capitalista y el
recrudecimiento del régimen de guerra para garantizar los beneficios de los
grandes propietarios por encima de cualquier otra consideración, no hablamos
tanto del incumplimiento –del que hay sobrados ejemplos por todo el mundo
desde 1948 hasta nuestros días– como de la liquidación del marco
internacional de derechos humanos adoptado al finalizar la Segunda Guerra
Mundial.



Nuevas palabras para nuevos hechos



Necropolítica, capitalismo gore, zonas de sacrificio, brutalismo, bios
precario, macrocriminalidad, zonas francas de derechos, desechos humanos,
necromáquina, ecocidio... Hay toda una batería de nuevos conceptos que
tratan de caracterizar la insostenibilidad del capitalismo terminal y que,
partiendo de las reflexiones de diversos movimientos y tradiciones de
pensamiento, comparten al mismo tiempo la lógica de asombro e incomprensión
ante la destrucción sistemática de derechos. Son intentos de explicar lo
(aparentemente) inexplicable: un estado de excepción permanente donde los
derechos colectivos son desplazados por un necrocapitalismo cada vez más
generalizado.



Cada cuatro segundos muere de hambre un ser humano. Cinco personas perecen
diariamente tratando de llegar a España. Cada once minutos, una niña o una
mujer es asesinada por un familiar. Hay seis millones de cadáveres en el
subsuelo de la República Democrática del Congo, rico en reservas de uranio.
Los últimos ocho años han sido los más calurosos de la historia. El trabajo
infantil ha resurgido: en Estados Unidos, el empleo ilegal de menores (sobre
todo migrantes) han aumentado el 300% en los últimos años. En 2021, hasta 67
países aprobaron reformas legales para limitar las libertades de expresión,
asociación y reunión. Y en todas partes está aumentando la violencia contra
las activistas ambientales y defensoras de derechos humanos: en Colombia han
sido asesinados 55 líderes sociales en los cuatro primeros meses de este
año.



“En muchas situaciones necesitamos un lenguaje más brutal”, como ha dicho
Saskia Sassen, “un lenguaje que comunique directamente la brutalidad de
nuestros sistemas económicos en cuanto a la capacidad de destruir aguas,
tierra, calidad del aire”. Estas nuevas formas de hacer referencia a la
descomposición del sistema universal de protección de los derechos humanos
implican también definir las nuevas tendencias globales o categorías sobre
las que se sustentan. ¿Cómo caracterizar entonces esta sistemática
destrucción de derechos?



Son interrogantes que nos enfrentan a una realidad que excluye a muchos
millones de personas de la titularidad de derechos. Lo que se presentaban
como efectos colaterales del modelo, errores que la evolución del desarrollo
neoliberal iría corrigiendo, operan sin embargo como vectores fundamentales
del capitalismo realmente existente. La dinámica ética y normativa que la
Declaración Universal de los Derechos Humanos estaba llamada a imprimir a
las relaciones económicas capitalistas, desde mediados del siglo pasado, ha
quedado prácticamente en nada: las normas de protección de los derechos
humanos se han ido difuminando progresivamente ante la fortaleza de la lex
mercatoria. Hasta el punto de que el marco de 1948 ha llegado a ser
reemplazado de facto por la Declaración Universal de los Derechos de Poder
Corporativo: una serie de principios formalmente ocultos, no regulados
expresamente, que gozan de la máxima imperatividad y transversalidad.



El eterno presente en que se ha construido todo el entramado institucional
de tutela de los derechos humanos ha omitido las estructuras racistas y
coloniales que atraviesan todas y cada una de sus normas y prácticas
jurídicas. Eso ha impedido que la invisibilidad y la eliminación de las
personas racializadas y pobres pueda vincularse con la ruptura radical de
los núcleos centrales de protección de los derechos. Siguiendo a Achille
Mbembe: “Hay cuerpos humanos considerados ilegales, prescindibles o
superfluos. Porque donde hay racismo, existe el potencial genocida. Donde
hay racismo, ser en el mundo equivale a ser contra los otros. Porque
amenazan sus propiedades, su existencia”.



El racismo y la xenofobia estructural conectan con el colonialismo jurídico
e institucional que está impulsado por una suerte de impulso genocida. Este
hilo histórico, nunca abandonado, se va actualizando globalmente hasta
colocarnos de nuevo ante la fragmentación de derechos según la procedencia y
las propiedades de las personas, que pasan a ser catalogadas como
funcionales o como prescindibles. De este modo, el sistema de protección de
los derechos humanos queda fuera del alcance de los “no seres humanos”,
racializados y empobrecidos, cristalizando ese impulso genocida.



Una primera hipótesis que sirva para explicar lo que está ocurriendo se basa
en la idea de que la muerte –o la desaparición social: la producción
sistemática de sujetos en el límite de lo reconocible, fuera de los marcos
de percepción compartidos– se ha incorporado al núcleo constitutivo del
modelo de dominación. Puede decirse que ha dejado de ser una consecuencia,
un hecho coyuntural o un efecto colateral que progresivamente pueda ir
siendo superado. Hablamos así de la expropiación, la detención, la
desaparición y la eliminación como elementos constitutivos del sistema
informal de no-derechos. Hablamos de personas que se encuentran fuera del
imaginario colectivo, fuera del foco mediático, fuera de los intereses de
las sociedades de clases medias. Personas y comunidades cada vez más
numerosas que viven en espacios sin derechos cada vez más extendidos.



Una segunda hipótesis, vinculada a la anterior, pasa por considerar que la
desigualdad también entra a formar parte de los núcleos esenciales del
sistema de dominación. Y esta institucionalización de las desigualdades de
clase, género, etnia/raza y nacionalidad lleva aparejada la desigualdad en
los derechos asociados a la condición de “ciudadanía”. De ahí que se deje de
lado a quienes no resultan funcionales a los mecanismos habituales de
extracción de riqueza: privatización de la sanidad, los cuidados, las
pensiones y la educación; mercantilización y financiarización del entorno
natural, destrucción de los servicios sociales, eliminación de las labores
de socorro y salvamento marítimo, exclusión de todas aquellas que no puedan
afrontar la factura de la energía o el pago del alquiler, expolio de los
territorios que albergan materias primas críticas y desplazamiento forzado
de las comunidades, etc.



No hay acumulación sin destrucción de derechos



Los dueños de las grandes empresas y fondos de inversión transnacionales se
han lanzado a la destrucción de cualquier derecho que impida la expansión a
escala global de la dictadura de la ganancia. La incapacidad del capitalismo
para reproducirse sin un marco de abundancia y bajos precios del trabajo,
los alimentos, la energía y las materias primas –esos “cuatro baratos” a los
que se refiere Jason Moore: “El capital no solo debe acumular y revolucionar
incesantemente la producción de mercancías; debe buscar y encontrar
incesantemente formas de producir, naturalezas baratas”– resulta evidente en
el contexto actual. Hoy, el capitalismo se enfrenta a un momento más que
crítico: la destrucción de derechos se conecta con el hecho de que las
élites tienen serias dificultades para mantener sus tasas de ganancia y
acumulación, y es ahí donde se extreman sus prácticas contra los derechos
humanos.



La guerra se ha convertido en un eje central sobre el cual se está
recomponiendo el capitalismo. Vivimos tiempos en los que las dinámicas
capitalistas, patriarcales, coloniales, autoritarias, racistas y ecocidas se
exacerban. La ampliación de la frontera extractiva no ha remitido en el
marco del capitalismo verde y digital; al contrario, está tratando de
expandirse sectorial y geográficamente, en las periferias y también en los
centros del sistema. En este marco, los derechos humanos y los derechos
colectivos, incluyendo al medio natural en su conjunto, se ven sometidos a
la regla de la oferta y la demanda. El derecho a la propiedad privada y a la
especulación se sitúa en el vértice de la jerarquía normativa, mientras la
desigualdad se consolida como el elemento central de la arquitectura
jurídica de la impunidad.



En el contexto descrito, cuatro ideas fuerza ilustran las tendencias
globales que afectan a los contenidos sustanciales de las normas
internacionales que tutelan los derechos humanos.



1) Desregulación: Los derechos humanos se desregulan en masa, pasando la
precariedad a formar parte constituyente de sus núcleos centrales y dejando
de ser un efecto coyuntural o transitorio que impacta en los mismos. Sucede
justo lo contrario con los “derechos” empresariales, que son continuamente
re-regulados en favor de los grandes propietarios.



2) Expropiación: Los derechos se expropian a las mayorías sociales y a las
comunidades por medio de las expulsiones, los megaproyectos y el
neocolonialismo extractivista. Las expulsiones se extienden a todos los
elementos de la biosfera, tanto en la tierra como en los océanos, y las
expropiaciones oscilan entre los desahucios, el pago de la deuda y el
control de datos en el capitalismo digital.



Los derechos se expropian a las mayorías sociales y a las comunidades por
medio de las expulsiones, los megaproyectos y el neocolonialismo
extractivista

3) Zonificación: Los derechos se “zonifican”, lo que implica que se
encierra, aísla y encarcela a personas, comunidades y pueblos, en el marco
del confinamiento estructural al que es sometida una parte de la población
en una sociedad que ha sido dividida entre asimilables y eliminables.



4) Destrucción: Los derechos se destruyen por la vía de la guerra y la
necropolítica, lo que consolida la institucionalización de la
militarización, el racismo social, el patriarcado y la xenofobia jurídica.



Estas tendencias reflejan la descomposición de las normas internacionales de
los derechos humanos. A su vez, nos encontramos con el vaciamiento y la
expulsión del derecho internacional de los derechos humanos, que se traslada
a los márgenes de las relaciones de poder. En sentido contrario, se confirma
el rearme de las normas privadas que protegen los intereses corporativos por
medio de la lex mercatoria, ya sea mediante su propia expansión o a través
de sofisticaciones jurídicas basadas en la unilateralidad y la
no-exigibilidad.



Paralegalidad e impunidad



En paralelo a la descomposición acelerada del sistema internacional de los
derechos humanos, se va consolidando una paralegalidad sustentada en
prácticas de poderes privados, estatales y globales, que conectan con la
destrucción de derechos de manera generalizada. Un espacio donde la
arbitrariedad se impone como norma en la construcción de un submundo de
desechos humanos cada vez más extenso y menos controlado. Un contexto en el
que las prácticas autoritarias y neofascistas se van enredando en una nueva
esfera pseudonormativa que justifica la desregulación, la expropiación, la
zonificación y la necropolítica.



¿Cómo calificar que las personas migrantes sufran abusos que alcanzan
extremos de esclavitud sexual y tortura sistemática, tal y como ha
determinado una misión de investigación de la ONU sobre las violaciones de
los derechos humanos en Libia, y que dicha misión haya responsabilizado a la
Unión Europea de facilitar la comisión de parte de esos crímenes al
financiar entidades que efectúan retornos forzosos a ese país? ¿Cómo
tipificar el estado de emergencia declarado por el gobierno italiano con el
propósito de agilizar la expulsión de migrantes, frente a las cerca de 450
personas muertas y desaparecidas en tres meses en el Mediterráneo? ¿Dónde
queda el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
prohíbe la esclavitud en todas sus formas, cuando vemos el encierro al que
son sometidas las trabajadoras de la fresa en Huelva?



Espacios de paralegalidad son también los muros que un grupo de madres
centroamericanas tienen que sortear en la búsqueda de sus familiares a lo
largo del territorio mexicano. La pobreza y la explotación laboral de las
madres, la falta de recursos económicos de la Brigada Internacional de
Búsqueda “Tejiendo Rutas”, el despotismo de la burocracia, la arbitrariedad
de las normas e instituciones migratorias, la impunidad y el blindaje
humanitario de las cárceles y centros de detención, la indiferencia
institucional, la persecución de la movilización social en el marco de
dinámicas criminales de las corporaciones estatales y el crimen organizado,
son prácticas que también van tejiendo la telaraña de la arbitrariedad
paralegal. En las fronteras, como dice Helena Maleno, “se están construyendo
espacios con unas leyes propias y dinámicas propias” en las que se normaliza
la muerte (de los otros).



Estos espacios no se detienen aquí, se van consolidando en lógicas
planetarias de dimensiones inimaginables: crímenes económicos y ecológicos
internacionales, políticas migratorias globales, feminicidios, fraudes
alimentarios, especulación con productos de primera necesidad, megaproyectos
neocoloniales, destrucción de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, tráfico
de armas y desigualdad generalizada forman parte indisociable de la gestión
político-económica del capitalismo. No son externalidades del modelo, son
elementos constitutivos de su modus operandi.



El resultado de todo ello es la descomposición radical y progresiva de los
núcleos centrales de los derechos. La paz, la democracia, el medio ambiente,
la autodeterminación, la alimentación, la vivienda, la educación, la
cultura, el trabajo, la migración, los cuidados, la diversidad, la salud y
los derechos sexuales y reproductivos caminan hacia la retórica jurídica. Y
no es solo que con esta reinterpretación normativa se estén eliminando y
suspendiendo derechos, es que se está reconfigurando la propia categoría de
seres humanos: quiénes son sujetos de derecho y quiénes, por el hecho de no
tener dinero o ser diferentes o haber nacido en otro lugar, no lo son. En
esta nueva etapa, se pasa de la desregulación a la destrucción del sistema
internacional de los derechos humanos.



El cumplimiento de los derechos humanos, en teoría obligatorio para los
firmantes de los numerosos acuerdos y declaraciones establecidas en los
últimos 75 años, se mueve entre la fragilidad de las normas internacionales,
las recomendaciones de los organismos encargados de su aplicación y la
impunidad de los gobiernos y las empresas transnacionales. La lenta y
titubeante justicia internacional es incapaz de ejercer de contrapeso frente
al incumplimiento reiterado de los textos de derechos humanos. Por poner un
ejemplo: el año pasado aún seguían pendientes de ejecución 6.100 sentencias
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 600 de ellas relativas a casos
calificados como especialmente relevantes. La exigibilidad y justiciabilidad
de los derechos humanos, en el ámbito internacional, se encuentran
bloqueadas.



Al reinterpretarse continuamente en favor de las élites y las grandes
corporaciones, las diferentes categorías materiales y formales de los
derechos humanos se están desacoplando y destruyendo. A su vez, los negocios
corporativos disponen de una protección jurídica que se va perfeccionando en
los espacios locales, nacionales, regionales y globales, a costa de
desregular, vaciar y extinguir los derechos colectivos. Los Estados y las
organizaciones económico-financieras internacionales, columna vertebral de
la arquitectura jurídica de la impunidad, contribuyen por acción u omisión a
toda esta atrofia y disolución de derechos. La transversalidad de los
derechos humanos se va sustituyendo por la transversalidad de la impunidad.



Derechos desde abajo



Afrontar los desafíos descritos requiere construir espacios globales donde
disputar la hegemonía a las élites, donde rediseñar el sistema internacional
de tutela de los derechos humanos. Y mientras tanto, utilizar todas las
grietas normativas que el sistema internacional de derechos humanos y los
ordenamientos nacionales permiten, a la vez que se proponen alternativas de
control del poder corporativo.



En cualquier caso, los derechos colectivos requieren de una nueva
reinterpretación que responda a las propuestas de los movimientos sociales y
las comunidades en resistencia. Así, la dignidad de los seres humanos ha de
quedar fuera de visiones coloniales, patriarcales y capitalistas, asumiendo
las agendas propuestas por las organizaciones populares. Estas miradas
basculan entre los derechos individuales y los colectivos, entre los
derechos de la naturaleza y los derechos de las personas, entre los valores
inmanentes y trascendentes de los pueblos, entre los nuevos “pueblos
transnacionales” de migrantes y la ciudadanía concedida vía nacionalidad.
También sitúan en el centro de las relaciones humanas la sostenibilidad de
la vida, la diversidad sexual, los derechos sexuales y reproductivos, el
derecho a una vida libre de violencias machistas.



El feminismo, el ecologismo, el movimiento LGTBI, el sindicalismo, las
comunidades indígenas y afrodescendientes, los movimientos campesinos,
anticoloniales, antirracistas y antimilitaristas han de establecer diálogos
y convertirse en los protagonistas de una nueva conceptualización de los
derechos humanos, con la que reapropiarse de los mismos mediante categorías
alejadas de las lógicas corporativas y del mercado. Su contexto es el de una
larga lucha contra el derecho internacional, elaborado desde arriba, desde
las élites políticas y económicas. Ese derecho que nunca se ha preocupado de
los movimientos sociales y de los pueblos, a los que ha considerado por
fuera del Estado y por tanto como sujetos ilegales e ilegítimos. Ese derecho
de las grandes corporaciones y de los acuerdos de comercio e inversión, que
se mueven en la armonía neoliberal del progreso, crecimiento y desarrollo.



Los pueblos, las comunidades y los movimientos han de ser sujetos, no meros
objetos de derecho. Y los Estados no pueden ser la única categoría,
principio y fin del derecho internacional. El reconocimiento de las
organizaciones sociales y pueblos en resistencia tiene que ocupar el
protagonismo que le corresponde, reconstruyendo formas de acción colectiva
que trasciendan la visión clásica del Estado. El derecho internacional de
los derechos humanos necesita una reconceptualización “desde abajo”, tal y
como algunos de los procesos constituyentes latinoamericanos y pueblos
originarios han planteado. Estos procesos han construido espacios de utopía
jurídica, han desbordado el pensamiento jurídico liberal y han contribuido a
debilitar los pilares de la arquitectura de la impunidad, frenando el
realismo jurídico capitalista, racista y patriarcal.



“Se tiene que infringir la ley para llamar la atención sobre situaciones muy
lesivas para el bien general”, dice con razón Jorge Riechmann. Y es que la
utopía jurídica resulta imposible sin movilizaciones masivas y de
contrapoder en defensa de los derechos colectivos, sin acciones de
desobediencia civil que coloquen los derechos humanos por encima de los
derechos corporativos patriarcales y coloniales, y sin la construcción de
proyectos cotidianos que disputen la institucionalidad capitalista basada en
la especulación. Redes contrahegemónicas transnacionales que rompan en mil
pedazos los viejos imperialismos y la geoestrategia estatal de la
acumulación de fuerzas al precio que sea.



Es cierto que nos encontramos muy lejos de la construcción de un uso
alternativo del derecho. Pero la defensa de los valores y los bienes
colectivos exige romper con la lógica de lo posible, porque los derechos
humanos se están difuminando en la profunda crisis estructural que atraviesa
el modelo de dominación. El sistema internacional de protección de los
derechos humanos necesita una profunda y radical reconfiguración, tan
alejada de la vieja expertocracia lobista como vinculada a los colectivos y
comunidades situadas en los márgenes del derecho oficial. Una utopía
jurídica construida desde las luchas y resistencias comunitarias como formas
de vida, lejos de los dictados del realismo político y el orden
institucional.



* Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro son investigadores del
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad.

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