El Salvador/ El modelo Bukele: cuando el autoritarismo se vuelve popular. [Jaime Quintanilla]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

15 de marzo 2023

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El Salvador



El modelo Bukele: cuando el autoritarismo se vuelve popular



El mandatario salvadoreño, presentado como un súper héroe, erigió un
monumento a su «victoria» contra las pandillas: una megacárcel bautizada
Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Pese a las denuncias de
violaciones de los derechos humanos, una población cansada de la extorsión y
violencia de las pandillas aclama a Nayib Bukele, cuya popularidad ronda el
90%.



Jaime Quintanilla *

Nueva Sociedad, marzo 2023

https://nuso.org/



La megacárcel construida por Nayib Bukele, cuyas fotos recorrieron el mundo,
es un calco en papel carbón de cómo el presidente salvadoreño gobierna el
país: la obra, promocionada como un gran logro del gobierno, refleja la
indiferencia hacia los derechos humanos, la improvisación como respuesta a
problemas estructurales, la opacidad de la información y una clara apuesta
por sus prioridades populistas.



Bukele dejó desde hace tiempo atrás la imagen de presidente cool y suave
-que se hizo famoso fuera de El Salvador por la incorporación del Bitcoin
como moneda de curso legal y por su aspecto millennial-; en su lugar, sus
políticas cuestionables y autoritarias han provocado que diferentes
instituciones internacionales consideren que en El Salvador hay un gobierno
de régimen híbrido.



Bukele pasó de ser aquel mandatario que despertó la curiosidad internacional
con acciones como tomarse una selfie en la Asamblea General de las Naciones
Unidas a generar temor y a ganarse varios repudios con la toma con las
fuerzas armadas de las Asamblea Legislativa salvadoreña, el anuncio de su
candidatura a la reelección a pesar de ser inconstitucional, la reciente
supresión de derechos constitucionales de los salvadoreños para controlar un
alza homicida provocada en parte por sus fallidas negociaciones con las
pandillas y, finalmente, la construcción en tiempo récord de «la cárcel más
grande de América».



El 31 de enero de 2023, el presidente de 41 años transmitió un discurso en
cadena nacional en la que hizo un recorrido por las instalaciones de lo que
ha publicitado como «una cárcel del primer mundo». La grabación de 36
minutos contó con una producción propia de las comunicaciones del gobierno
salvadoreño, con tomas desde drones de la entrada de la caravana
presidencial al penal, detalles escogidos de las instalaciones, y equipos de
camarógrafos que perseguían la comitiva gubernamental por todo el inmueble.
Bukele estaba en el centro, flanqueado por funcionarios que reiteran todo lo
que dice como cajas de resonancia. El presidente salvadoreño es presentado
como una especie de superhéroe que ha logrado erigir un monumento a la
«victoria» que está logrando contra las pandillas y como tal la bautizó con
un nombre rimbombante: Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).



Este complejo penitenciario tiene un área de 231.446,31 metros cuadrados y
está pensado para albergar a 40.000 prisioneros en ocho pabellones de 5.453
metros cuadrados, según lo expuso el Ministerio de Obras Públicas,
institución que veló por la construcción de la megaestructura. Cada pabellón
cuenta con 32 celdas, las cuales tienen camastros de acero en su interior
para todos los reos y dos pilas de agua con chorros que serán controlados
por los custodios. O dicho de otra manera: la «mejor cárcel de América»
tendrá celdas que apiñarán a 156 personas en su supuesta capacidad máxima y
con agua racionada, además de celdas de castigo en completa oscuridad.



En el país que pasó a ostentar la tasa de encarcelamiento más alta del
mundo, este centro penitenciario es el orgullo y «una obra de sentido común»
para el presidente Bukele. Lejos del mandatario que prometió programas de
reinserción, el actual Bukele promete que las personas condenadas por
pertenecer a una pandilla «no volverán a ver la luz del sol».



De momento, estos son los únicos datos que están publicados en documentos
oficiales. Esto se debe a que el gobierno, de la mano de la Asamblea
Legislativa controlada por Nuevas Ideas, el partido de Bukele, ha aprobado
leyes que facilitan la adjudicación exprés de contratos y la opacidad de la
información. No se sabe, por ejemplo, de dónde provinieron los fondos con
los que el gobierno costeó esta obra ni quién o quiénes fueron los
encargados de su construcción. Toda esa información, que debería ser pública
oficiosamente, es reservada: otra de las características principales del
gobierno de Bukele, que sin embargo no duda en venderse como el más
transparente de la historia salvadoreña, como sus diputados pregonan.



Casi un mes después de aquella transmisión, el 24 de febrero, Bukele publicó
otro video en sus redes sociales y en las redes de las instituciones de
gobierno, que su aparato propagandístico difundió entre medios nacionales e
internacionales. Esta vez se trataba de 2.000 hombres rapados y vestidos
solo con pantaloncillos blancos que iban bajando de buses con las manos
esposadas. Las imágenes estaban acompañadas de música propia de un thriller
de acción y estaban producidas de tal manera que el espectador pudiera ver
de manera clara los tatuajes con los símbolos de la mara Salvatrucha (MS-13)
y de las dos facciones de Barrio 18, las tres pandillas que por décadas
controlaron miles de comunidades en El Salvador. También están hechas para
promover la imagen de un Estado fuerte que ha logrado ganarle la batalla a
las pandillas que asolan a la población.



En esta cárcel estarán «los terroristas perfilados de alto rango dentro de
la pandilla, como aquellos ranfleros históricos, como los ranfleros (jefes)
de programas y de clicas (células), palabreros (jefes locales) y los
gatilleros (pistoleros). Y toda persona perteneciente a un grupo terrorista
va a ingresar, así como usted nos lo indicó», le dijo públicamente a Bukele
Osiris Luna Meza, el director general de Centros Penales y una de las piezas
claves en la negociación con la pandillas, según investigaciones judiciales
de El Salvador y Estados Unidos.



Pero en la imágenes que grabaron de los 2.000 privados de libertad no hubo
certeza de que los líderes históricos de las tres pandillas fueran
trasladados del penal de Zacatecoluca al Cecot. Estos líderes pandilleros
han jugado un papel de suma importancia para el gobierno de Bukele: pactaron
ocultar los homicidios para mejorar la imagen política del gobierno a cambio
de evitar extradiciones y otros beneficios, según lo reveló el Departamento
de Justicia de Estados Unidos.



Bukele y sus funcionarios han negado una y otra vez que alguna vez existiera
ese pacto. Pero investigaciones de la Fiscalía General de la República,
textos periodísticos y acusaciones de la Fiscalía de Estados Unidos han
confirmado que estas negociaciones comenzaron incluso antes de que Bukele
llegara a la silla presidencial.



La última revelación fue publicada el mismo día en que el gobierno difundió
los videos de pandilleros llenando la megacárcel. Ese día, la Corte del
Distrito Este de Nueva York publicó una acusación contra 13 líderes de la
MS-13, en la que el Departamento de Justicia estadounidense señaló que el
gobierno salvadoreño y las pandillas negociaron «cambios legislativos y
judiciales» y «reducciones de las penas de prisión que permitirían la
excarcelación anticipada de los líderes de la MS-13». Además de «apoyar a
los candidatos de Nuevas Ideas en las elecciones de 2021 a la Asamblea
Legislativa de El Salvador».



Este pacto lo hemos visto consumarse con la liberación de ranfleros de la
MS-13 que estaban cumpliendo penas de varios años, como Élmer Canales
Rivera, alias el Crook, a quien Carlos Marroquín, otra de las piezas claves
para el gobierno salvadoreño en las negociaciones, sacó del penal de
Zacatecoluca y llevó a Guatemala, como lo ha publicado El Faro y el
Departamento de Justicia de Estados Unidos.



También lo vimos el mismo día que Nuevas Ideas, el partido que fundaron
familiares y amigos de Bukele, tomó posesión de la Asamblea Legislativa.
Este partido y sus aliados políticos sobrepasan los dos tercios de las
bancas, lo que los habilita a aprobar casi cualquier ley y reforma. Esto les
permitió destituir de manera ilegal al fiscal general que estaba
investigando los pactos secretos de Bukele con las pandillas y a los
magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Así Bukele evitó que el Ministerio Público lo acusara y colocó jueces
aliados que han bloqueado las peticiones de Estados Unidos de extraditar a
los líderes de la MS-13.



Aunque el gobierno afirma que nunca ha negociado con criminales, diversas
investigaciones confirman que Bukele y sus funcionarios han pactado debajo
de la mesa con grupos criminales desde que manejaba la Alcaldía de San
Salvador en 2015. Después de su llegada a la presidencia en 2019, ese pacto
aguantó tres masacres. La última dejó 87 homicidios en tan solo tres días y
uno de ellos pasó a la historia como el día más homicida en la historia de
El Salvador de la posguerra.



La ruptura de las negociaciones derivó en el régimen de excepción en el que
El Salvador vive desde el 27 de marzo de 2022. Esta política, que también ha
estado acompañada de su propia campaña publicitaria llamada «guerra contra
las pandillas», ha resultado en más de 65.000 personas capturadas y más de
un centenar de muertes en condiciones sospechosas dentro de las cárceles.



Cuando el gobierno de Bukele comenzó esta cacería, no existía ningún plan de
contingencia para reforzar un sistema penitenciario que durante décadas ha
estado sobrepoblado. Según documentos oficiales y filtraciones de bases de
datos, la mayoría de los penales rebasaron por mucho su capacidad máxima;
por ejemplo el que está ubicado en el municipio de Izalco fue construido
para albergar a 2.000 personas, pero las capturas del régimen sobrepasó a
los 12.000 detenidos durante los primeros ocho meses de esta política.



También esta nueva estrategia ocasionó que miles y miles de personas
denuncien capturas arbitrarias de sus familiares. Estas políticas de mano
dura son conocidas hasta el tuétano en El Salvador. Lo nuevo que Bukele ha
traído a la mesa es que ha parido un sistema judicial que está en las
antípodas de garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia. Y ha
vendido la imagen de un autoritarismo eficiente, tanto dentro del país como
en América Latina.



El propio gobierno ha aceptado que ha liberado a más de 3.700 personas, pues
las autoridades no les encontraron ningún delito que imputar. Varios de los
ex-detenidos han descrito de manera casi idéntica cómo fueron capturados y
las torturas que vivieron dentro de las cárceles salvadoreñas: policías y
soldados llegaron a sus casas, bajo el pretexto de hacerles unas preguntas y
dejarlos ir luego del interrogatorio, y con esa excusa los llevaron al
puesto policial donde una vez dentro les dijeron que estaban detenidos. Así.
Sin más explicación.



Sus familiares tuvieron que luchar por conseguir información sobre ellos.
Para algunos, esto se convirtió en una desaparición forzosa por parte del
Estado. Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen
(Movir), ha denunciado que el Estado ejerce una forma de tortura psicológica
contra los familiares de los detenidos al negarles las visitas e información
sobre dónde guardan prisión y sobre su estado de salud.



El discurso que ha mantenido el oficialismo para defender la continuación
por un año de este régimen es que están defendiendo el derecho a la vida de
los salvadoreños. Sin embargo, hasta octubre de 2022, la Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos investigaba 43 «muertes potencialmente
ilícitas en centros penales». La crisis carcelaria agudizó los problemas que
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había urgido al gobierno
salvadoreño solucionar, como «la deficiente infraestructura, condiciones de
insalubridad, falta de higiene, atención médica insuficiente, escaso e
inadecuado acceso al agua en los centros de detención».



El ocultamiento de la información de los privados de libertad ha llegado a
tales dimensiones que hay familias que han ido a reconocer a los suyos a
fosas comunes, pues el Estado nunca les informó que murieron mientras
estaban detenidos.



El gobierno de Bukele ha sabido ocultar y opacar estas revelaciones a través
de su maquinaria propagandística, que ha logrado convencer a buena parte de
la población salvadoreña, además de la derecha conservadora en América
Latina y de otras partes del mundo, hoy entusiastamente bukelista. Los
simpatizantes de Bukele incluso han llegado a sostener que debería exportar
este modelo que logró bajar abruptamente la tasa de homicidios y controlar a
las pandillas en un subcontinente en el que la extensión del crimen
organizado es un problema en la mayoría de los países.



Bajo un cínico maquiavelismo, el gobierno pretende que va a alcanzar la
«verdadera paz» violando sistemáticamente los derechos de miles de personas
bajo la justificación de que «los derechos de la gente honrada valen más que
los de los pandilleros». ¿Pero quién va a diferenciar al Estado violador de
derechos humanos de una pandilla de criminales? Por ahora, eso no parece un
problema: la popularidad de Bukele supera el 90% en varias encuestas.



Esta retórica y el resentimiento que sufren las víctimas de las pandillas
atraviesa a buena parte de la población. A principios de febrero, recorrí
ocho comunidades que estuvieron históricamente controladas por las
pandillas. Todos los habitantes con los que hablé afirmaron que conocían los
casos e una o varias personas detenidas arbitrariamente y eran conscientes
de la masiva violación a los derechos humanos que ocasiona el régimen de
Bukele. Pero todos dijeron que era mejor vivir así que bajo el control de
los grupos criminales.



«Yo escuchaba que venían (los policías y militares) a medianoche. Al día
siguiente decían los vecinos que se llevaron a Fulano y a Sutano. Aquí había
uno que no era pandillero, yo lo conocía desde pequeño. Pero es que la
verdad, hablando a las cabales, en una situación así es inevitable que
paguen justos por pecadores. Pero para mí, que no los dejen ir», me dijo un
habitante del populoso municipio de Soyapango que había sufrido de
extorsiones durante décadas.



Bukele ahora tiene el control total de los tres poderes del Estado y cuenta
con suficiente apoyo popular para impulsar cualquier medida que desee sin
contrapesos. Ha usado su poder para promover casos contra adversarios
políticos, mientras dentro de su gabinete tiene a funcionarios que han sido
señalados repetidas veces de corrupción.



La megacárcel está construida como una puesta en escena a corto plazo. La
masiva encarcelación no resolverá los problemas estructurales que dieron
origen a las pandillas. Por ejemplo, dentro de las comunidades aún resienten
la falta de agua potable, de acceso equitativo a la educación y a la salud y
el encarecimiento de la canasta básica. El gobierno de Bukele no ha logrado
resolver estas situaciones y tener la prisión más grande de América no lo
hará.



Habitantes de estas comunidades también comienzan percibir la discriminación
que los cuerpos de seguridad ejercen en los territorios. La narrativa de
funcionarios y diputados oficialistas se ha encargado de tachar a toda
persona capturada, sea o no pandillero, como lo peor de la sociedad.



-Ellos no tienen derecho a visitas, no tienen derecho a llamadas, no tienen
derecho a ningún contacto con el exterior, tienen una cama de metal sin
almohadas, sin cobijas, sin absolutamente nada… y su comida va a ser una
tortilla y frijoles, por 45, 30 o 20 años -dijo el jefe de la bancada de
Nuevas Ideas, Christian Guevara, durante un programa afín al discurso
oficialista.



-¿Alguna vez comen pollo?, preguntó al periodista que ya conocía la
respuesta.



-No. Hasta ahorita no hemos podido darle proteína o pollo a todos los niños
que estudian en la escuela, y el día que nos alcance para darle de comer a
los niños en la escuela, le vamos a dar a las madres embarazadas, y cuando
nos alcance para las mujeres embarazadas se lo vamos a dar a la tercera
edad, y cuando nos alcance para la tercera edad se lo vamos a dar a los
policías, a los bomberos, a los soldados, a los maestros…y cuando nos
alcance para todos ellos, tal vez para los animalitos de la calle y por
último vamos a pensar si le damos proteína a los mareros.



* Jaime Quintanilla, periodista de investigaciones, especializado en temas
de corrupción y seguridad pública con publicaciones en medios de
Centroamérica, México y Europa.

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