Colombia/ Petro proyecta incluir a grupos criminales en su política de "paz total" [Medios]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

18 de marzo 2023

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Colombia



El gobierno presentó proyecto para incluir a grupos criminales en su
política de “paz total”



Se ofrecerá a las organizaciones armadas sin estatus político “un
tratamiento penal más benigno” para lograr su desmantelamiento.



La Diaria, 18-3-2023

https://ladiaria.com.uy/



Al tiempo que lleva adelante diálogos con el Ejército de Liberación Nacional
(ELN) y se dispone a iniciar conversaciones con las disidencias de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el gobierno de Gustavo
Petro dio a conocer una iniciativa para incluir en su política de “paz
total” a grupos armados que no tienen estatus político. El proyecto, que
daría marco jurídico a este proceso, fue presentado esta semana al Congreso
colombiano por los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Justicia,
Néstor Osuna. Contempla a grupos criminales, como el Clan del Golfo, y no
consiste en una negociación de paz sino en condiciones especiales de
“sometimiento a la Justicia”.



“Este proyecto de ley contiene una oferta generosa por parte del Estado
colombiano a esas estructuras criminales de alto impacto. Si se entregan y
confiesan sus delitos, entregan sus bienes, entregan la información de sus
patrones criminales y reparan a las víctimas, el Estado les otorga un
tratamiento penal más benigno que el ordinario, todo con el fin de vivir en
una paz completa. Esta iniciativa está pensada para estructuras criminales
que no tienen vocación política”, manifestó Osuna, según citó la página web
del Senado de Colombia.



Por su parte, Prada insistió en que en este caso “no hay un proceso de paz”,
como con las guerrillas, sino que se proponen “instrumentos para desarmar
todas las fuentes de violencia que generan sangre en el territorio”. La
iniciativa, conocida como “ley de sometimiento”, incluye la sujeción a la
Justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de
estructuras armadas.



El plan prevé que los grupos armados cuenten con un plazo de dos años para
desarticularse y demostrar que abandonaron sus actividades ilegales. Si no
cumplen con esas condiciones, el gobierno puede suspender el proceso.



Si el Congreso aprueba la ley, los integrantes de grupos que se atengan a
ese plan recibirán penas de prisión de entre seis y ocho años, excepto los
principales líderes de esas organizaciones y aquellos que hubieran cometido
crímenes graves, como los de lesa humanidad. A esos años de cárcel se
sumarán cuatro años en libertad condicional en los que llevarán adelante
actividades de restauración y reparación de las víctimas. En ese período, si
un miembro de estos grupos armados –que suelen estar vinculados al
narcotráfico y la minería ilegal– no cumple con las condiciones pactadas,
deberá pagar la pena correspondiente a los delitos cometidos, sin los
beneficios de esta ley.



Para acceder a esas condiciones los integrantes de grupos armados deberán
aceptar su responsabilidad penal, entregar información sobre sus conductas
delictivas y reparar a las víctimas. Podrán conservar hasta 6% de los bienes
que hayan obtenido de manera ilegal, con un tope máximo de 10.000 salarios
mínimos. El porcentaje restante se utilizará para crear un fondo especial
que se utilizará para reparar a las víctimas y financiar programas de
justicia restaurativa.



El presidente del Senado, el oficialista Roy Barreras, llamó al gobierno a
tramitar este proyecto con carácter de urgencia “para que la incertidumbre
sea menor y la gente sepa a qué ley acogerse”.



Por su parte, el presidente de la Comisión de Paz del Senado, Iván Cepeda,
destacó que esta iniciativa “no brinda ninguna clase de impunidad”, y
agregó: “Es un camino que se abre para la paz total que avanza, a pesar de
las dificultades y a pesar de los problemas que implica una política de paz
ambiciosa como la de este gobierno”.



Opositores cuestionan la negociación



Sectores de la oposición, así como el fiscal general de Colombia, Francisco
Barbosa, argumentan que esta iniciativa beneficiará a narcotraficantes y
algunos afirman que les otorga estatus político, aunque el gobierno sostiene
que no es así.



A quienes critican esta iniciativa, Petro les recordó que “cuanto más duras
han sido las medidas y más campesinos se han encarcelado por sembrar hoja de
coca”, “más fuerte se ha abrazado el dueño del narcotráfico con el dueño del
poder político”, según citó Europa Press. El presidente colombiano agregó:
“La pregunta es si queremos desmantelar pacíficamente las bandas ilegales o
cerramos esa puerta. Yo creo que la sociedad colombiana se merece la
construcción de un camino pacífico. En el mundo de la guerra sólo se ha
empoderado el narcotráfico”.



Petro dijo que este proyecto de ley presentado el miércoles ante el Congreso
es similar a legislaciones de Estados Unidos en las que se habilita la
posibilidad de otorgar beneficios jurídicos a delincuentes a cambio de
desmantelar las organizaciones en las que operan. “La ley que proponemos
busca el completo desmantelamiento del narcotráfico, la extorsión, la
minería ilegal”, y también tiene como objetivos “la reparación de las
víctimas y la verdad”, dijo.



La mayor de las organizaciones contempladas en esta iniciativa es el Clan
del Golfo. Sin embargo, el lunes el gobierno colombiano lanzó una
advertencia a ese grupo y lo acusó de instigar un paro minero en el norte
del país, con acciones violentas. Manifestó que actos de ese tipo, como la
quema de ambulancias, ponen en duda que el Clan del Golfo tenga voluntad de
sumarse a una política de paz.



Procesos en marcha



En cuanto a los grupos que sí son considerados con estatus político, el
gobierno de Petro anunció nuevas instancias de diálogo. El alto comisionado
para la Paz, Danilo Rueda, dijo a la agencia de noticias Efe que una segunda
ronda de conversaciones con el ELN terminó la semana pasada en México con
“una arquitectura de lo que sería un cese del fuego”, y una tercera ronda
está prevista para después de la semana de Turismo.



Además, el gobierno anunció el lunes que se instalará una mesa de
conversaciones con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC,
guerrilleros que no accedieron a pactar la paz en 2016 o que, si bien
participaron en ese acuerdo, luego retomaron las armas.



Al respecto, el último comandante de las FARC antes del acuerdo de paz de
2016, Rodrigo Londoño, advirtió que esos grupos disidentes están atacando a
quienes se desmovilizaron. Denunció que unas 200 familias de excombatientes
fueron desplazadas en el departamento de Meta debido a las amenazas de las
disidencias de las FARC, y advirtió que situaciones como esta y la falta de
respuesta del gobierno a los guerrilleros desmovilizados pueden hacer caer
el acuerdo de 2016.



“La implementación del acuerdo de paz corre grave peligro. Las
organizaciones con las que se pretende negociar la ‘paz total’ nos han hecho
blanco de sus acciones y su gobierno no atiende nuestros llamados”,
manifestó Londoño. Agregó que el partido político que lidera, Comunes,
surgido de la guerrilla desmovilizada, apoya los diálogos, pero señaló que
lo hace “sobre la base del respeto a nuestras vidas y al acuerdo de paz” de
2016.

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