Colombia/ Una Red Pluriétnica para defender el territorio y los derechos humanos. [Juan Gallego Castro]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de mayo 2023

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Colombia



Se llama Red Pluriétnica y su objetivo es defender el territorio y los
derechos humanos del Bajo Cauca



Comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y urbanas se preguntan
qué los une a pesar de la diferencia. La respuesta de más de 130
organizaciones de seis municipios de la región es defender la tierra y el
agua, exigir que se cumplan los Acuerdos de Paz y dialogar con los actores
armados en la Paz Total.



Juan Camilo Gallego Castro

Agencia de Prensa IPC, 3-5-2023

http://www.ipc.org.co/



-Hay algo en común en estas más de 130 personas que vienen de cada rincón
del Bajo Cauca: dicen que quieren proteger su territorio, pero no pueden
hacerlo solas, y por eso se juntan, se reúnen de nuevo a las afueras de
Caucasia, para concertar sobre lo que los une, que son tantas cosas, a pesar
de que sus culturas los hace tan distintos: indígenas, afros, campesinos,
pescadores, profesores, mujeres, líderes de juntas comunales.



“Tenemos bastantes problemas con el río Nechí”, dice uno de ellos. En esta
historia ellos no tienen nombre por seguridad, pero sus preocupaciones son
como un coro, “compañeros, arranquemos con esta iniciativa con fuerza,
porque nos estamos quedando sin agua, sin flora y sin fauna”.



Esta iniciativa es lo que ahora llaman la Red Pluriétnica por la Defensa del
Territorio y los Derechos Humanos. Esta iniciativa es la que le dijo al
Gobierno Petro que el Bajo Cauca no podía declararse Distrito Minero, porque
esto invisibiliza a los pescadores, a los campesinos, a quienes protegen el
medio ambiente. Que el Bajo Cauca, a pesar de toda la riqueza del oro,
también es rica en muchas otras cosas. Una de ellas, el agua. Por eso quien
habló del Nechí dijo que debían hacer algo, porque ese río que es afluente
del Cauca, tiene mineros legales e ilegales: los primeros tienen un título a
perpetuidad de 37 mil hectáreas, y han destruido humedales y ciénagas y
acabado con la pesca en muchos sectores, mientras que los ilegales también
se han encargado de llenar con mercurio las aguas de un río del que vive la
gente: pescado con mercurio, huevos y cerdos con mercurio, yuca, plátano y
ñame con mercurio.



Aunque el río o los ríos no son lo único que preocupa a todas estas personas
que se juntaron el 29 y 30 de abril. También analizaron el desarrollo
territorial, la implementación de los Acuerdos de Paz, la situación de los
derechos humanos y los impactos de la política de la Paz Total. ¿Qué hacer?,
¿hacia dónde incidir?, ¿cómo trabajar? Por eso se volvieron a juntar ocho
meses después de que publicaron un comunicado en el que unieron sus voces e
hicieron una declaración de principios.



Uno de los guardianes del río Cauca, figura creada gracias a la sentencia
038 de 2019, del Tribunal superior de Medellín, que declaró al río Cauca
como sujeto de derechos, dijo que querían ser incluidos en la Red
Pluriétnica, “para unidos proteger al territorio, al que debemos defender”.
Y así, la Red sigue uniendo cada vez más comunidades.



La voz de la Red en el paro minero



Un hombre delgado, de piel trigueña y lentes cuadrados dice que, en
representación de la Red, abrieron el diálogo para que otros sectores del
Bajo Cauca, en especial el minero, entendieran que “somos una región diversa
culturalmente y ambientalmente; hay otros sistemas productivos distintos al
oro, al extractivismo”.



El 13 de abril, en uno de los diálogos que hizo el Gobierno en la región
para solucionar el paro, “insistimos en que el distrito no sea solo minero,
porque dejaba por fuera grandes alternativas económicas. El Distrito Minero
debe tener una mirada sistémica: somos territorio hídrico, forestal, tenemos
el mayor reservorio de agua subterránea de Antioquia.” Por esa razón la
propuesta de la Red Pluriétnica y de un conjunto de organizaciones y
personas amigas del Bajo Cauca, es que este se constituya en un Distrito
para la Vida, en donde quepan todas las actividades ancestrales, incluyendo
la minería.



El problema de la tierra



A la par que las comunidades piden más presencia del Estado, distinta a la
militar, se enfrenta al problema del acceso a la tierra: gran parte del
territorio está bajo Ley Segunda, es decir, que es una reserva forestal
declarada por ley desde 1959. Si quieren vías, escuelas u hospitales, no
pueden hacerlas; si quieren proyectos de vivienda, no pueden recibirlos; si
quieren desarrollar proyectos productivos, no pueden tenerlos. Un ejemplo,
el Bajo Cauca comparte la Serranía de San Lucas con el Nordeste antioqueño,
como la serranía está protegida por la ley desde hace seis décadas, los ex
combatientes de las Farc que salieron de la guerra no pueden tener proyectos
productivos en el ETCR de Carrizal: no hay título de propiedad, la tierra es
del Estado y fue declarada reserva forestal. En resumen: por ahora, no
pueden hacer nada.



Eso sucede con varias comunidades de El Bagre, quieren salir de las
economías ilegales que alimentan la guerra en el Bajo Cauca, pero no pueden
recibir proyectos productivos distintos. Las paradojas de Colombia.



“La problemática de las comunidades étnicas y campesinas es la tenencia de
la tierra”, dijo un campesino de El Bagre. Las comunidades indígenas, por
ejemplo, carecen de tierra y la que tienen no pueden formalizarla, porque
están en zona de reserva. Un funcionario de la oficina de implementación del
Acuerdo de Paz dice que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha formalizado
450 mil hectáreas y adjudicado 150 mil en Antioquia; hacerlo en el Bajo
Cauca será una tarea compleja. Los indígenas no son los únicos con problemas
para acceder o formalizar la tierra. En la región hay 68 consejos
comunitarios de comunidades afrodescendientes, pero solo ocho están
legalmente constituidas con titulación colectiva.



Lo primero, dice una investigadora del IPC, retomando las conclusiones de
una de las mesas de trabajo de la Red Pluriétnica, es exigirle a la Sociedad
de Activos Especiales (SAE) (que tendría unas 40 mil hectáreas en el Bajo
Cauca), al Fondo de Reparación para las Víctimas y a la Agencia Nacional de
Tierras que les diga cuánta es la tierra disponible que puede ser titulada a
favor de las comunidades, y dónde se ubica.



El Plan Nacional de Desarrollo (PND)



Hay esperanza en algunos puntos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Un líder dice que este contempla la posibilidad de hacer contratos de
concesión ambiental. Es decir, que los campesinos que viven en la zona de
reserva puedan tener la tierra con el compromiso de proteger los bosques.
Sin embargo, les preocupa que al hacer esto el gobierno de turno los expulse
de los predios sin garantías.



Además, ven con buenos ojos que el Gobierno contemple la restauración
ecológica y remediación de las tierras por efectos del mercurio, pues si la
tierra disponible está degradada por la minería y el mercurio, tendrían
tierras que no son aptas para producir alimentos. En una de las mesas de
trabajo de la Red recibieron con agrado que en el tercer artículo del PND se
proponga el “ordenamiento del territorio alrededor del agua. Busca un cambio
en la planificación del ordenamiento y del desarrollo del territorio, donde
la protección de los determinantes ambientales y de las áreas de especial
interés para garantizar el derecho a la alimentación sean objetivos
centrales que, desde un enfoque funcional del ordenamiento”. Aunque este
artículo, aún, sea un poco inasible.



También les agrada que el PND, incluya planes de vida para las comunidades
indígenas y planes de etnodesarrollo para las comunidades afro.



Esperan que el programa de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS) pueda
desarrollarse en toda la región y que no sea truncado como sucedió en el
gobierno de Iván Duque; además, que las comunidades, representadas por la
Red Pluriétnica, estén en los diálogos que el gobierno espera hacer con los
actores armados en la Paz Total.



Derechos Humanos y Paz Total



La Red analizó la situación de derechos humanos en la que se encuentra la
subregión después de 38 días de Paro minero, la situación en materia de
derechos económicos y sociales se complicó, porque los ingresos en la región
se vieron afectados. En relación con los derechos civiles y políticos, las
discusiones hicieron énfasis en el control territorial y poblacional que
todavía ejercen los grupos armados sobre las comunidades, por eso instaron
al Gobierno Nacional y actores como el ELN a establecer una mesa de diálogos
regionales, dando reconocimiento social y político a la Red Pluriétnica
dentro de los espacios de discusión y los mecanismos de verificación,
establecidos para el monitoreo por parte de la sociedad civil.



Por lo pronto, la Red Pluriétnica sigue sumando actores, discutiendo los
temas que los une y definiendo cómo van a defender su territorio. La Red es
una esperanza para ellos, un mosaico de voces, un bloque macizo que pondría
a toda una región a dialogar sobre su futuro.



* Juan Camilo Gallego Castro, periodista de la Universidad de Antioquia.
Autor de los libros "Aquitania. Siempre se vuelve al primer amor" (Sílaba
Editores, 2016) y "Con el miedo esculpido en la piel" (Hombre Nuevo
Editores, 2013). Algunas de sus crónicas han sido publicadas en Frontera D
(España), El Espectador, Verdad Abierta, Pacifista!, Universo Centro y
Hacemos Memoria.

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