Chile/ Los abismos chilenos. Boric y la derrota reformista. [Dossier]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

10 de mayo 2023

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Chile



Los abismos chilenos



El triunfo de la extrema derecha en las recientes elecciones en Chile deja a
este sector, opuesto al reemplazo de la Constitución de 1980, como principal
fuerza del nuevo Consejo Constitucional. Con una campaña alejada del debate
constitucional y centrada en cuestiones como la inseguridad, el progresismo
sufrió una dura derrota que impactará sobre el gobierno de Gabriel Boric



Tomás Leighton/José Acevedo *

Nueva Sociedad, mayo 2023

https://nuso.org/



Desde hace un tiempo, Chile había vuelto a ocupar un lugar especial en el
corazón del progresismo mundial. En 2019, las protestas sociales contra el
neoliberalismo derivaron en un proceso democrático para dejar atrás la
Constitución impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet en 1980. En 2021,
Gabriel Boric, un ex-dirigente estudiantil de 36 años, fue elegido
presidente e inició lo que algunos han señalado como una nueva ola de
gobiernos progresistas en Latinoamérica.



Sin embargo, en septiembre pasado la población rechazó masivamente en las
urnas el texto constitucional que buscaba reemplazar la antigua
Constitución, lo que obligó a los partidos a iniciar un nuevo proceso mucho
más tutelado que el anterior. Y esto sería solo la antesala: en las
elecciones para el nuevo Consejo Constitucional, celebradas el 7 de mayo
pasado, la extrema derecha representada en el Partido Republicano (PR) de
José Antonio Kast logró 35,41% de los votos. De esta forma, le pasó por
encima a la derecha tradicional (21,1%) y derrotó al oficialismo progresista
(que compitió en listas separadas, un error que dará mucho que hablar y
reparar). Además, el PR obtuvo por sí solo poder de veto y, en conjunto con
la derecha tradicional, logró dos tercios de representación para vetar
cualquier modificación que sugiera la comisión experta al borrador de nueva
Constitución.



Todo lo anterior dificulta enormemente cualquier acuerdo entre la izquierda
y la derecha tradicional (quién habría dicho que se añoraría esa
posibilidad). Aunque inevitablemente los resultados dinamitaron la posición
negociadora del gobierno para llevar a cabo un programa que ya venía a
cuestas por carecer de mayoría parlamentaria, lo cierto es que la mayoría de
extrema derecha en el Consejo Constitucional no tiene el camino asegurado
hacia un triunfo en las próximas presidenciales. En realidad, los tiempos de
las «identidades negativas» y el rechazo a todo lo que huela a poder vienen
mostrando justo lo contrario: sin experiencia y puesta a liderar un proceso
con expectativas que no podrá cumplir, la extrema derecha puede enfrentar su
propio proceso de degradación, tal como la izquierda tuvo el suyo con la
primera Convención Constitucional.



Idas y venidas constituyentes



Aunque aún es muy pronto para extraer conclusiones sobre el comportamiento
electoral, hay varias cuestiones que mencionar. En primer lugar, la
introducción del voto obligatorio desde el año pasado ha estabilizado un
alto porcentaje de participación que cambia por completo el mapa electoral.
Si en 2022 la participación fue de 86%, esta vez se ubicó en casi 85%.
Pareciera que el desinterés ciudadano hacia el actual proceso constituyente,
en vez de convertirse en abstención, se ha expresado en votos nulos y
blancos: estos sumaron 21,54% del total. Por otro lado, el resto de los
votantes que no había acudido a las urnas anteriormente (ni en el primer
proceso constituyente ni en la elección del presidente Boric, cuando el voto
era aún opcional), esta vez, con voto obligatorio, ha optado por la extrema
derecha.



Si esto significa una ampliación de la penetración cultural del
conservadurismo en Chile dependerá de si el PR mantiene sus buenos
resultados en el tiempo. Por ahora se pueden aventurar tres cosas. Primero,
que la votación por el Rechazo al borrador en el plebiscito pasado es
similar al porcentaje de apoyo a la oposición, en ambos casos en torno de
62%. Segundo: el centro político ha terminado de desfondarse luego de que la
alianza entre la Democracia Cristiana y el Partido por la Democracia (PPD,
del ex-presidente Ricardo Lagos), bautizada Todo por Chile, decidiera ir por
fuera del bloque oficialista y no obtuviera ningún escaño. Tercero, y quizás
lo más importante: pareciera que la extrema derecha está capitalizando
coyunturalmente un voto de repudio al establishment político que no es
demasiado distinto del que movilizó a los votantes de la nueva izquierda
chilena en el último tiempo. Como ya ha pasado en otros países, las
elecciones se están definiendo por las denominadas «identidades negativas»,
y quien gana las elecciones ve diluido su poder en un abrir y cerrar de
ojos.



Ahora bien, para entender más precisamente qué es lo que los chilenos están
castigando en esta ocasión, hay que remitirse a la seguidilla de idas y
venidas constituyentes de las que deriva el proceso actual. La persistencia
del problema constitucional chileno radica en que, a pesar de las múltiples
reformas que ha tenido la Constitución de 1980, esta no se desenvuelve como
pacto fundante de la comunidad política ni tampoco sirve de base para
dirimir las diferencias entre los ciudadanos. Además de su herencia
dictatorial, el texto degradó aún más su legitimidad al bloquear reformas
que pudieran alterar el carácter subsidiario del Estado.



Tras el estallido social de octubre de 2019, el mundo creyó que todo eso
quedaría atrás con la Convención Constitucional y sus innovaciones
democráticas inéditas en materia de paridad de género y protección del medio
ambiente. Sin embargo, el borrador fue rotundamente rechazado por casi 62%
de los votantes en todas las regiones del país. Aunque algunos todavía
culpan a la campaña de desinformación conservadora, lo cierto es que esta
solo pudo tener éxito debido a un error estratégico y también ideológico por
parte de la izquierda: se confundió la redacción de una Constitución con el
despliegue y materialización de un innovador programa de gobierno
progresista. El problema estructural con la ratificación de nuevas
constituciones por referéndum es que cuanto más extenso es el texto, más
razones tienen los votantes para rechazarlo. En el caso de Chile, por
ejemplo, gran parte de los nuevos votantes de sectores populares
interpretaron la «plurinacionalidad» como un ataque a su identidad
patriótica.



Con el borrador anterior rechazado, el Congreso Nacional echó a andar un
nuevo proceso mucho más limitado por el poder constituido. Aunque esto fue
un balde de agua fría para las expectativas de la izquierda, cualquier otra
cosa habría dado armas a la derecha. Al igual que en la Convención, el nuevo
órgano estableció quórums contramayoritarios, en particular, tres quintos en
una asamblea de 51 electos (el acuerdo original contempló 50 escaños, al que
se agregarían cupos indígenas en caso de obtener el 1,5% de la votación
total del país en una papeleta separada; este fue el caso de Alihuén
Antileo, elegido por ese cupo). Y, tal como le ocurrió antes a la derecha,
la escasa representación de la centroizquierda en el proceso actual implica
que los quórums no cumplirán su objetivo de avanzar en los pactos. Además,
la derecha tenía tres exigencias: 12 bases institucionales intocables
durante el proceso (como la imposibilidad de eliminar el Senado y la mención
explícita a la existencia de las Fuerzas Armadas y Carabineros en la
Constitución, dos puntos polémicos en la pasada Convención), una comisión de
expertos compuesta proporcionalmente por las fuerzas representadas en el
Congreso y un comité de árbitros para asegurar la tutela sobre el poder
constituyente. La primera paradoja es que, con los resultados electorales
favorables a la extrema derecha, estos contornos podrían darle, en el mejor
de los casos, un cierto grado de influencia a la izquierda (y ya no a los
conservadores, como originalmente) y, en el peor de los casos, resultarían
irrelevantes. La segunda paradoja electoral es que un partido como el PR,
que defiende la continuidad de la Constitución de 1980, quedó a cargo del
cambio constitucional.



El sorpasso de la extrema derecha



El cambio en la hegemonía de la derecha chilena es total. Desde hoy, Kast no
es tan solo el ex-candidato presidencial de la derecha que obtuvo 44% en la
segunda vuelta de 2021, sino que su partido acaba de sumar más del doble de
representantes que las fuerzas clásicas de la derecha, entre ellos
Renovación Nacional (del ex-presidente Sebastián Piñera) y la Unión
Demócrata Independiente (UDI, fundada por Jaime Guzmán, uno de los ideólogos
de la dictadura).



La prensa internacional ha catalogado a Kast como la simple adaptación
chilena de populistas como Donald Trump o Jair Bolsonaro, lo que cobra
sentido considerando las conexiones del PR con las principales
organizaciones de extrema derecha en el mundo. En el plano discursivo, desde
2017 Kast apela al peligro que viven los valores de la familia tradicional y
su estabilidad económica. ¿La amenaza? La clásica red conspiranoica de
enemigos coordinados: la izquierda, los operadores políticos, la «ideología
de género» y los inmigrantes. Nada muy diferente al discurso de la Alt-Right
que crece en el resto del mundo.



Desde que Boric salió elegido en 2022, el contexto económico, la crisis
migratoria y la crisis de seguridad (particularmente, con el fuerte
crecimiento de delitos de alta repercusión social) no solo han dado lugar a
una reacción contra el gobierno, sino que además han vigorizado discursos
como el de los republicanos, que se las arreglan para ser percibidos como
outsiders que vienen a desplegar la «mano dura» contra la delincuencia. En
efecto, toda la campaña electoral para el nuevo Consejo Constitucional
estuvo marcada por mensajes sobre el descontrol de la seguridad que poco
tenían que ver con la Constitución y le sirvieron al PR para antagonizar con
el oficialismo.



Ahora bien, ¿es realmente Kast un outsider? A diferencia de algunos de sus
pares internacionales, es un político de larga trayectoria que lleva
ocupando cargos públicos desde el año 1996 y, hasta su primera campaña
presidencial en 2017, siempre se había postulado por la UDI. En particular,
Kast proviene del corazón de una de las culturas políticas más tradicionales
de la derecha chilena. Cuando estudiaba Derecho en la Universidad Católica,
Jaime Guzmán fue su tutor, y así se volvió militante del Movimiento Gremial,
un grupo corporativista y religioso, que luego se convertiría en la semilla
del partido. Por otro lado, su hermano, Miguel Kast, fue un Chicago boy
formado por Milton Friedman que luego se convirtió en ministro de Pinochet.
Justo cuando Guzmán y Miguel Kast iban a fundar la UDI, este último
falleció, de modo que la figura de José Antonio pasó a ocupar un rol
simbólico fundacional que se refleja en innumerables discursos y homenajes.



Todo esto es extremadamente relevante para intuir la forma en que Kast y los
republicanos intentarán conducir a su grupo en el Consejo Constitucional.
¿Seguirán antagonizando con el resto de los partidos ahora que les toca
conducir? El actual presidente de la UDI, Javier Macaya, se mostró confiado
de que esto cambie cuando remarcó que «casi el 90% de los electos de
Republicanos viene de la UDI». Aunque no sabemos qué papel elegirá jugar
Kast hasta la culminación del proceso, puede que presente algunas
diferencias con el guión del populismo de derecha de otras latitudes.



Progresismo chileno: ¿y ahora qué?



Chile eligió el presidente más izquierdista desde el retorno a la democracia
pero, al mismo tiempo, votó un Congreso mayoritariamente de derecha. Fue tal
la algarabía que desató lo primero, intensificada tal vez por las
expectativas del proceso constituyente inicial, que la izquierda cometió un
error estratégico: olvidarse de lo segundo. Así, en vez de tramitar de
inmediato las principales reformas del programa de gobierno, usando la cada
vez más corta luna de miel de los gobiernos, decidió esperar a los
resultados del plebiscito de septiembre de 2022, pensando que el triunfo
potenciaría el poder de negociación del Ejecutivo en el Congreso. Sin
embargo, con el borrador rechazado, el oficialismo se quedó con gran parte
del programa de gobierno cuesta arriba, y tras los resultados del 7 de mayo
no solo se ha escogido al órgano político más derechista en décadas, sino
que la posición de negociación en el Congreso ha vuelto a empeorar.



En un escenario adverso, el progresismo necesita despercudirse rápidamente
de su derrota y recoger las autocríticas, no para fomentar la
autoflagelación, sino para mirar hacia adelante. ¿Qué elementos del proceso
constituyente hasta ahora deben ser recuperados y cuáles abandonados?
¿Cuáles son los consensos necesarios para recuperar la legitimidad de
nuestra vida común en un contexto como el descrito?



Si hay algo claro es que la izquierda no puede desentenderse del proceso
constituyente. A fin de cuentas, fue la que le propuso al país una nueva
Constitución destinada a habilitar un periodo de justicia social. Así,
aunque toque hacer múltiples concesiones, sería mucho más perjudicial
renunciar a un acuerdo con la derecha tradicional. Por un lado, esto
permitiría consensuar un texto con mayores posibilidades de ser aprobado en
diciembre de 2023 para zanjar de una vez por todas el proceso. Por otro, se
sentaría un precedente para cerrar caminos de autoritarismo.



La era de las identidades políticas negativas también implica que en Chile
podría haber espacio para construir una identidad en contra de la extrema
derecha, algo que hasta cierto punto se generó en la segunda vuelta
presidencial de 2021. Aunque la pregunta es si para construir tal
antagonismo basta con denunciar que el PR «no es democrático» justo cuando
acaba de ganar las elecciones. En vez de eso, vale la pena volver al origen:
la razón por la que comenzamos este largo camino de idas y venidas desde el
estallido social fue el malestar con la subsidiariedad del Estado consagrada
en la Constitución de 1980. Si se considera la lógica del plebiscito
ratificatorio, que no distingue artículo por artículo, sino que somete la
totalidad del borrador a votación, entonces lo más importante de cara a la
votación final serán los anticuerpos que pueda inducir el nuevo texto. Si la
derecha opta por constitucionalizar el rechazado sistema de administradoras
de fondos de pensiones privadas (AFP) o las instituciones de salud
previsional (ISAPRE, sistemas privados de seguros de salud), es muy
plausible que gane nuevamente el Rechazo.



El dilema de Kast



Decíamos más arriba que el proceso constituyente quedó bajo la conducción de
quienes rechazaban un proceso constituyente. Para graficar, basta un
ejemplo: Luis Silva, el candidato más votado a escala nacional, indicó que
el PR «no quiere una nueva Constitución». En pocas palabras, se podría decir
que la propuesta constitucional del PR es la Constitución de 1980, ni más ni
menos. Sin embargo, a pesar de las duras derrotas electorales de este año y
el pasado, el plebiscito constitucional de 2020 aprobó con 78% de los votos
la propuesta de cambiar el texto impuesto por la dictadura y reformado en
múltiples ocasiones. En otras palabras, este es un capítulo que difícilmente
se cerrará sin más con un nuevo rechazo.



Como se ve, la cuestión no es tan sencilla para el PR. Como la principal
fuerza del Consejo con 23 bancas, un poder de veto autónomo y a solo ocho
votos de lograr los tres quintos (quórum para aprobar los artículos), la
responsabilidad del curso del proceso recae ahora sobre sus espaldas en la
misma medida que el apoyo popular recibido en la votación. Y aunque habrá
más de un intento de desmarcarse de su responsabilidad, lo cierto es que las
expectativas de cierre de la crisis social e institucional de Chile no han
desaparecido, a pesar de que la seguridad y la inmigración pasaron a ser
cuestiones centrales en la agenda ciudadana.



A diferencia del plebiscito pasado, capitalizar un nuevo rechazo ya no es
posible para la derecha. La facilidad con que pueden construir los tres
quintos e incluso dos tercios con Chile Vamos implica que los costos del
proceso constituyente recaerán en buena parte sobre la derecha. Por eso, es
probable que la apuesta del PR sea sacar adelante un borrador para ser
aprobado en diciembre. Ello depende de las capacidades de la derecha, pero
sobre todo del PR, de actuar de manera moderada. Algo que no es imposible si
se considera que, a diferencia de buena parte de la izquierda independiente
de la Convención, el PR tiene un líder y una estructura partidista mucho más
vertical.



Sin embargo, esta no es la única posibilidad. El PR es un partido nuevo, con
muchos cuadros que no se han fraguado en política ni están acostumbrados a
debates institucionalizados, reglamentos de votación, apariciones públicas,
etc., de modo que pueden cometer los mismos errores comunicacionales y
tácticos que se cometieron, en abundancia, en la primera Convención
Constitucional. No podemos olvidar que en la Cámara de Diputados y Diputadas
los militantes y ex-militantes del PR han estado envueltos en diversas
polémicas.



Con todo, mientras el camino de la nueva izquierda chilena encabezada por el
presidente Boric enfrenta curvas peligrosas, el de la extrema derecha de
Kast, si bien parece despejado, se enfrenta a los riesgos del exceso de
velocidad. Deberá generar el marco de una nueva Constitución que debe
aprobarse para mostrar que puede gobernar y generar «estabilidad», pero se
tendría que cuidar de que sus ideas «ochentistas» no aparezcan en el nuevo
texto. Mientras tanto, entre las curvas peligrosas y el exceso de velocidad,
sigue creciendo un verdadero abismo entre la política y la sociedad.



* Tomás Leighton, es magíster en Comunicación Global por la Universidad de
Erfurt y director ejecutivo de la Fundación Rumbo Colectivo de Chile. José
Acevedo, es abogado por la Universidad de Chile y ha trabajado en el
Congreso Nacional, la Convención Constitucional y la Secretaría de
Comunicaciones del Gobierno de Chile.



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En caída libre



La derrota reformista recargada



Igor Goicovic Donoso

Rebelión, 10-5-2023

https://rebelion.org/



Las recientes elecciones de consejeros constitucionales deben ser analizadas
en el contexto del proceso político que se inauguró en noviembre de 2019,
cuando las diferentes expresiones de la élite política sancionaron el
Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, a efectos de contener la
protesta popular anticapitalista que amagaba no sólo la estabilidad del
gobierno de Piñera, sino que el conjunto del sistema de dominación en Chile



Efectivamente, dicho acuerdo, suscrito desde el Frente Amplio (FA) hasta la
Unión Demócrata Independiente (UDI), les devolvió la iniciativa estratégica
a las clases dominantes y logró redirigir el impulso popular de cambio hacia
el escenario institucional. Todo ello en un contexto de profunda debilidad
de las organizaciones sociales y políticas revolucionarias. Una debilidad
que, a estas alturas, resulta endémica. En ese sentido, la derrota del
reformismo en el plebiscito constitucional de septiembre de 2022, evidenció
tanto la debilidad política de los sectores que empujaron desde el
“progresismo” el cambio de la Constitución, como las insuficiencias
programáticas contenidas en el texto plebiscitado en esa oportunidad. Los
énfasis culturalistas del texto derrotado y la renuncia a los cambios
profundos en el modelo de dominación de clase enajenaron la adhesión de
importantes sectores del mundo popular.



Sobrepasado por la derrota electoral de septiembre y por sus propias
incapacidades en la gestión del gobierno, el reformismo, presionado
sistemáticamente por los medios de comunicación al servicio de la burguesía,
nuevamente cedió. De esta manera, en marzo de 2023 se constituyó, tras un
amplio acuerdo político, la Comisión de Expertos (24) cuyos integrantes,
nominados por el Congreso Nacional, provenían de las filas de los diferentes
partidos del sistema. Los expertos no eran otra cosa que la voz de las
diferentes fracciones de la burguesía. Esta Comisión de Expertos se
encuentra redactando, de espaldas a la ciudadanía (incluso en el más
profundo secretismo), un borrador de texto constitucional que no modificará
en lo sustancial el modelo económico o el régimen político.



Por otro lado, el énfasis puesto por los medios de comunicación en los
problemas delictuales, en especial en aquellos protagonizados por
inmigrantes, resituaron el campo de la discusión pública hacia la situación
de seguridad. Los problemas asociados a salud, educación, pensiones,
vivienda y salarios, desaparecieron de la agenda. De hecho, muy pocos se
enteraron, en julio de 2022, que el INE informó que el salario mediano en
Chile continuaba estancado en los 457.690 pesos. De esta manera, con un
campo popular replegado sobre sus territorios, con una izquierda
revolucionaria fragmentada y sin capacidad de incidir en la coyuntura
política, con una opción reformista acorralada por sus nuevos aliados
concertacionistas y con una derecha cada vez más vociferante y agresiva, se
llegó a la elección de consejeros constitucionales del domingo 7 de mayo.



En esta nueva elección votaron 12.858.472 personas, lo que representa un 85%
del total de electores (15.150.571), un porcentaje levemente inferior al
85.7% que participó en el plebiscito de septiembre de 2022. La
obligatoriedad del voto y la reiteración de la amenaza de multas para
quienes no sufragaban sin duda alguna incidió de manera importante en la
masiva concurrencia a la “fiesta de la democracia”.



La distribución de la participación fue aleatoria. En las comunas de altos
ingresos de la región Metropolitana, como Las Condes (76,4%) Vitacura
(77,89%) y Lo Barnechea (83,09%), la participación continúa siendo alta,
aunque baja respecto de la media nacional. Mientras que, en las comunas
populares, que regularmente tienen bajas tasas de participación, en esta
oportunidad la concurrencia a las urnas fue particularmente alta: La Pintana
(86,77%), Pudahuel (88,43% y Puente Alto (89,08%).



Por otro lado, el voto nulo y el voto blanco también escalaron de forma
importante. Los nulos llegaron al 16,98%, mientras que los blancos al 4,55%.
Entre ambos se llegó al 21,53%. Así, considerando las abstenciones, los
votos nulos y los votos blancos llegamos a un total de 4.980.077 personas
que no expresaron mayor interés en el evento o en los candidatos. Es decir,
un 32,87% de los electores permanecieron indiferentes frente al proceso.
Pero cabe hacer algunas precisiones. Muchos de los que no votaron en esta
oportunidad lo hicieron por indiferencia frente al proceso político, y si
bien esta manifestación es una forma de rechazo político, no es menos
efectivo que se trata de un rechazo que no responde a un abstencionismo
activo u orgánico, sino más bien a la prescindencia de lo político. Por otro
lado, es importante indicar que muchas de las personas que se abstuvieron de
votar concurrieron hasta las unidades policiales a justificar su ausencia
del evento. No estamos en presencia, como creen ver algunos, de una actitud
de rebeldía frente a la clase dirigente, sino más bien, en presencia de una
creciente apatía política.



No obstante, los resultados de la elección de consejeros constitucionales
arrojan resultados que van más allá de la coyuntura electoral. Por una
parte, se hace evidente la extinción de la Democracia Cristiana (DC, 3,78%)
y del Partido Radical (PR, 1,58%). Dos partidos veteranos que en esta
últimas dos décadas han visto difuminarse sus “nichos” electorales.



La adscripción confesional conservadora giró desde la DC hacia la UDI y más
recientemente hacia Republicanos, mientras que la creciente laicización de
la sociedad ha encontrado diferentes expresiones de representación pasando
desde el Partido por la Democracia (PPD), hasta el FA.



También resulta interesante el declive de los partidos que integran la
coalición Chile Vamos, fenómeno que se inició con la elección de los
convencionales constituyentes de mayo de 2021 y que luego se extendió a la
primera vuelta de la elección presidencial de noviembre de ese mismo año.
Efectivamente, la coalición Chile Vamos que en esta oportunidad se presentó
bajo la consigna Chile Seguro obtuvo sólo un 21,07% de los votos, y partidos
hasta hace poco hegemónicos en la política chilena, como la UDI, llegaron a
solo un 8,86% del electorado. Es evidente que las organizaciones políticas
que acompañaron a la Concertación en el largo ciclo de la democracia de los
acuerdos han experimentado un profundo desgaste, el mismo que se acentuó en
el último período presidencial de Sebastián Piñera (2018-2022). Todo indica
que Republicanos, con un 35,4% de adhesión, ha pasado a convertirse en un
relevo de la derecha dictatorial. Efectivamente, este partido, con un
discurso que reivindica la conservación de la Constitución Política de 1980,
la aplicación de medidas punitivas más severas contra el mundo delictual y
contra la protesta popular y que se propone un mayor celo represivo con la
migración, ha logrado interpretar no sólo las expectativas de las élites
económicas y sociales, sino que, incluso, el de amplios sectores del campo
popular. De hecho, Republicanos obtuvo la primera mayoría electoral en 12 de
las 16 regiones del país. Además, en 9 de esas 12 regiones, Republicanos
obtuvo una votación superior a su propia media nacional (35,4%), siendo las
regiones de Tarapacá (41,19%) y Bio Bío (43,34%), los nuevos bastiones de
este referente.



Pero no debemos confundirnos. Republicanos no es ni una derecha más extrema
y tampoco es una derecha fascista (en el sentido histórico del concepto). Es
una derecha al servicio de la burguesía, tal y como lo han sido
históricamente otras agrupaciones del mismo signo y como lo son sus pares de
Chile Vamos. Efectivamente, la derecha en Chile ha sido históricamente
conservadora y autoritaria. Lo fue en el siglo XIX y comienzos del siglo XX,
con conservadores y liberales; lo fue en el siglo XX con el Alessandrismo y
el Ibañismo, e incluso presionó hacia el autoritarismo a los gobiernos
reformistas del Frente Popular y de Eduardo Frei Montalva. Expresión de ello
fueron las sucesivas matanzas de trabajadores a lo largo de la centuria
pasada, todas ampliamente documentadas por la historiografía. Esta misma
derecha fue la que apoyó incondicionalmente la política represiva de la
dictadura y artículo, con la Concertación de Partidos por la Democracia, una
política de impunidad para los represores. Nunca ha existido en Chile una
derecha democrática o liberal y las diferencias entre Republicanos y Chile
Vamos se reducen a la intensidad y extensión de la política represiva. No
existe una derecha “peor” a la que se debe contener, es el conjunto de la
derecha, soporte fundamental de burguesía, la que debe ser derrotada.



El escenario que se está configurando tiene al conjunto de la derecha (39
consejeros constitucionales), como administrador de los destinos
institucionales del país. Es decir, quienes se oponían de manera rotunda al
cambio constitucional hasta octubre de 2019, son hoy día los que tienen el
control del proceso constitucional. Ello incluso les permite ser generosos
con los vencidos y concederles algunas demandas menores en el plano de los
derechos civiles y culturales. El objetivo será sumarlos a la construcción
de la “casa de todos” y, por esa vía, darle al texto constitucional la
legitimidad política que debe tener en el plebiscito de salida (diciembre de
2023). No es extraño, siguiendo el razonamiento del 7 de mayo por la noche
del Presidente Gabriel Boric, que la nueva carta constitucional articule
competencias policiales cada vez más estrictas en materia de orden público y
migración y que a su vez considere un marco de operaciones amplio para las
inversiones de capital, locales y extranjeras, y en compensación le conceda
al progresismo algunas migajas en materia de interculturalidad y equidad de
género. En definitiva, nada que amenace la acumulación de capital de la
burguesía y, consecuente con ello, su capacidad de control y represión de la
protesta popular.



Quilpué, 8 de mayo de 2023



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Juan Pablo Luna: Boric debe “conectar con las necesidades reales de la
gente”



El académico calificó, además, de “paliza” la derrota sufrida por el
gobierno, que tuvo un “error en la estrategia” antes de las elecciones de
constituyentes del domingo.



La Diaria, 10-5-2023

https://ladiaria.com.uy/



El uruguayo Juan Pablo Luna, radicado desde hace muchos años en Chile, es
doctor en Ciencia Política por la Universidad de Carolina del Norte y
profesor del Instituto de Ciencia Política y Escuela de Gobierno de la
Universidad Católica de Chile.



En diálogo con La Diaria , Luna analizó el resultado de las elecciones del
domingo en las que la ciudadanía chilena eligió a los integrantes de la
Convención Constituyente, quienes tendrán que redactar la nueva carta magna
del país.



El académico explicó que el resultado, una “paliza” para el gobierno que
preside Gabriel Boric, se debió, además, a un “error de estrategia”, por lo
que el mandatario quedó en una posición aún más incómoda en el marco de una
gestión que viene siendo problemática, muy alejada de las expectativas.



Luna insistió en que Boric y su gobierno deben “conectar con las necesidades
reales de la gente en áreas como la salud, la educación, la vivienda. Sucede
que a veces todos estos debates legislativos permanentes son ajenos a las
necesidades de las personas”. El experto dijo, además, que, por la actual
situación en la que se encuentra el gobierno de Boric, “su agenda se va a
ubicar mucho más al centro de lo que podía esperar en un principio”.



Luna expresó que en Chile esta presencia del Estado suele estar pautada
básicamente por los gobiernos municipales y no por el gobierno central, por
lo que cree que este es un punto que la actual administración debe abordar.



“Por otra parte, estos cambios el gobierno los debe hacer mientras está
pasando por exámenes electorales permanentemente, porque el año que viene
son las elecciones municipales, que en Chile son muy importantes, y al año
siguiente ya vendrán las generales”, puntualizó Luna.



El politólogo expresó que este es un momento de crisis no sólo para la
izquierda, sino también para la centroderecha, porque está en un punto de
equilibrio bastante débil, lo cual fue capitalizado por el Partido
Republicano, que es de extrema derecha. Ahora es factible que la derecha y
la centroderecha rompan el cerco y se unan a los republicanos de extrema
derecha que lidera José Antonio Kast en la redacción de la Constitución, que
será puesta en consideración de la ciudadanía en diciembre.



Luna explicó que el ascenso del Partido Republicano, el gran ganador de las
elecciones de constituyentes del domingo, se puede entender como una
consecuencia del estallido social de octubre de 2019. A partir de ese
momento, ciertos sectores de la sociedad chilena empezaron una demanda de
seguridad muy grande por varios factores. A los fuertes incidentes
callejeros que se produjeron durante el estallido se sumaron el conflicto
que existe en el sur con la población mapuche y el problema que hay en la
frontera norte con la migración, principalmente de venezolanos.



El Partido Republicano, con un discurso muy duro, supo ganar parte de ese
electorado que reclama mayor represión, distanciándose de sectores de la
derecha tradicional, que incluso llegaron a acuerdos con el actual gobierno
en algunos puntos.



Luna dijo que ahora espera ver qué actitud tomarán los representantes del
Partido Republicano que fueron electos para redactar la nueva Constitución.
“Una posibilidad es que pase lo que pasó con la convención anterior, que se
volcó demasiado a la izquierda y terminó fracasando; pero ahora los
republicanos electos pueden tener una actitud más disciplinada, moviéndose
un poco hacia el centro”, aunque, en cualquier caso, Luna dijo que ve
difícil la situación de que, en el plebiscito de diciembre, en el que la
ciudadanía deberá votar si apoya la nueva Carta Magna, se produzca una
aprobación.



En el discurso que dio el domingo, luego de conocidos los resultados, Boric
les pidió a los ganadores: “No cometan el mismo error que cometimos
nosotros”. Para el politólogo, esta frase puede interpretarse de dos
maneras. “La lectura más directa es que no escriban una constitución
partidaria como sucedió en la convención anterior, a lo cual Boric siempre
se supuso, pero lo que pasó es que no tuvo la capacidad de articular y de
disciplinar a la convención pasada. Entonces el mensaje es claro: no cometan
el mismo error, porque la realidad que quedó ahora planteada es básicamente
un espejo de la convención anterior y puede terminar igual de mal. Una
segunda lectura posible es que Boric les está diciendo a los ganadores del
domingo que no sobreinterpreten este resultado. Me parece que es una lectura
importante, porque lo que venimos viendo son alternancias electorales y
cambios de humor electoral, aparentemente muy drásticos en términos
ideológicos, pero si uno los lee menos ideológicamente, lo que hay ahí es un
voto castigo al poder y a la institucionalidad, y en eso están todos los
sectores más o menos en el mismo barco”.

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