Nicaragua/ La dictadura decapita la Cruz Roja nicaragüense y saquea sus bienes. [Wilfredo Miranda Aburto]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

11 de mayo 2023

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Nicaragua



Decapitación de la Cruz Roja “es una cosa grotesca” contra una organización
humanitaria



La dictadura Ortega-Murillo canceló a la Cruz Roja Nicaragüense y confiscó
sus bienes “para traspasarlos” al Minsa. Aunque el oficialismo alega que la
organización humanitaria incumplió sus leyes, para expertos en salud pública
y opositores se trata de una represalia directa por atender a los heridos de
las protestas de 2018, mezclado con el afán de controlar “todo” en el país



Wilfredo Miranda Aburto

Divergentes, 10-5-2023

https://www.divergentes.com/



La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado a la Cruz Roja
Nicaragüense la mañana de este miércoles a través de la Asamblea Nacional
controlada por el oficialismo. La decisión es considerada “como un hecho sin
precedentes” por opositores y expertos en salud pública, dado el carácter
humanitario de la organización creada en 1931, tras el terremoto que sacudió
Managua y el incendio que posteriormente abrasó casi toda la ciudad.



La primera secretaria del Parlamento, la diputada sandinista Lorna Dixon,
remitió una iniciativa de ley que no solo deroga el decreto fundacional del
organismo, sino que mandata confiscar los bienes de la asociación y
“traspasarlos” al Ministerio de Salud (Minsa). El principal argumento del
oficialismo es que la Cruz Roja Nicaragüense “actuó contra los principios de
humanidad, imparcialidad y neutralidad” en 2018, el año de las masivas
protestas sociales contra la pareja presidencial. En ese entonces, la
organización humanitaria se volcó a las calles a curar y a atender a los
miles de heridos que dejó la represión policial y paramilitar.



“En los actos acontecidos en el año 2018 que atentaron contra la paz y
estabilidad de la nación, algunas filiales de esta Asociación actuaron en
contra de estos principios y de su Acta Constitutiva y Estatutos; y la
Asociación misma transgredió las leyes del país al desentenderse y hasta
apoyar este actuar de sus filiales”, señala el documento de exposición de
motivos de los legisladores del régimen.



Edipcia Dubón, directora de la Fundación Puentes para el Desarrollo,
sostiene que la anulación de la Cruz Roja de Nicaragua evidencia cómo los
Ortega-Murillo subordinan a todo aquel que tenga una actuación
independiente. “Es una cosa grotesca que una organización que tiene un
carácter humanitario, un carácter de socorrer a víctimas en condiciones de
vulnerabilidad, también tenga que estar sometida a la voluntad del régimen”,
insiste.



En el artículo 3 de la ley de derogación, el Gobierno ordena la confiscación
de todos los bienes de la Cruz Roja de Nicaragua, pero lo solapan con el
término “traspaso de bienes”. “Todo el Patrimonio, bienes y acciones que a
la fecha pertenezcan a la Asociación Nacional llamada Cruz Roja Nicaragüense
pasarán a ser propiedad del Estado, y serán administrados por la Cruz Roja
Nicaragüense ente descentralizado adscrito al Ministerio de Salud (Minsa)”,
establecen los legisladores sandinistas.



“La disolución de la Cruz Roja en Nicaragua es un hecho sin precedentes. Ha
acompañado de manera humanitaria y al dolor de la población nicaragüense por
más de 60 años. Estamos hablando de una organización que tiene un prestigio
y un reconocimiento tal, que ni siquiera durante la dictadura de Somoza fue
disuelta”, afirma Dubón, opositora exiliada en Costa Rica y desnacionalizada
por el régimen. “El somocismo intentó limitar su capacidad para llevar a
cabo su trabajo humanitario de manera independiente. Intentó someterla y
utilizarla como un instrumento de propaganda, pero la Cruz Roja continuó
trabajando en el país, brindando asistencia humanitaria a las personas
afectadas por la guerra, por otros desastres naturales, y pudo trabajar con
mayor independencia y expandirse en todo el país desde 1979”.



“Incumplen OSFL”



El Gobierno también sostiene que la Cruz Roja Nicaragüense ha incumplido
“sus deberes y obligaciones establecidas en la Ley N° 1115, Ley General de
Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL)”, al no
presentar “estados financieros, balance contable, declaración fiscal, falta
de verificación de sus donantes y proveedores de fondos, información
desactualizada en el registro del Ministerio de Gobernación”. Es decir, las
mismas alegaciones que el régimen ha hecho en contra de las 3,290
Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que han decapitado desde 2018 por no
someterse a la Ley de Agentes Extranjeros.



Sin embargo, Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, insistió en que
esta cancelación es una represalia directa por el trabajo que estaba
haciendo la Cruz Roja en Nicaragua y su labor durante el contexto de 2018 en
la que, alguna manera, guardó su neutralidad y apoyó a las víctimas de la
violencia que generó el régimen sandinista en esos días.



“Muchas (víctimas) fueron atendidas por la Cruz Roja y ellos (respondieron)
a su neutralidad y labor humanitaria solidaria con los heridos que fueron
transportados en sus unidades. Es una pasada de cuenta, y un enorme interés
de parte del régimen en los bienes y proyectos que estaba desarrollando este
organismo”, plantea Ruiz.



La Cruz Roja Internacional ha intentado ser un mediador humanitario en la
crisis sociopolítica de Nicaragua, apoyándose en la asociación hoy disuelta,
en especial en los temas referidos a los presos políticos. Los
Ortega-Murillo ya habían arremetido contra la institución internacional no
sólo al negarle el ingreso a las prisiones, sino que en marzo de 2022
expulsaron al jefe de misión Thomas Ess, sin informar el motivo de la
decisión.



La anulación de la Cruz Roja de Nicaragua interrumpe más de una docena de
proyectos y cursos humanitarios que desarrollan en comunidades indígenas,
temas de prevención de la violencia, inseguridad alimentaria, sequía, y el
análisis de muestras biológicas humanas que contribuyen al estudio,
prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades en sus laboratorios en
todo el país.



“Lo más serio es que a través de la Cruz Roja uno podía tener algún tipo de
servicio, tal vez no de atención médica, pero sí de traslados en casos de
emergencias. Pero al pasar a ser parte del Ministerio de Salud, pierde toda
independencia. Si nos viéramos en una situación como la de 2018, la Cruz
Roja también se vería impedida incluso de trasladar a personas heridas o
negarles la atención, tal cual hizo el sistema público de salud con los
manifestantes”, dice Ana Quirós, experta en salud pública y feminista.



La “nueva” Cruz Roja



De acuerdo al plan de la dictadura, la nueva Cruz Roja será un ente
autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio,
duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, asimismo, será la sucesora legal sin solución de continuidad
de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense.



“Continuará dando cumplimiento al marco jurídico internacional fundamentado
en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de los
cuales Nicaragua es Estado Parte, asimismo los Principios Fundamentales del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja aprobados
en la Conferencia de Viena de 1965 y su reforma de la XXV Conferencia de
Ginebra de 1986, así como aquellos en donde Nicaragua es Estado Parte”,
señala la nueva legislación.



En su exposición de motivos los diputados señalan que desde el año 2007 el
régimen sandinista “ha fortalecido el Modelo de Salud Familiar y
Comunitario, garantizando un abordaje integral, asegurando la salud desde el
inicio de la vida, la niñez, adolescencia y adultez”. Este antecedente,
según los legisladores, fue uno de los alicientes para determinar que la
nueva Cruz Roja esté a cargo del Minsa por ser la institución que cuenta con
las competencias normativas, capacidades técnicas e institucionales.



“Esto es el colmo, otro intento de controlar absolutamente todo lo que
sucede en Nicaragua. Esto violenta las normativas internacionales y los
principios internacionales de la Cruz Roja”, dice Ana Quirós, experta en
salud pública y feminista desnacionalizada. “Al pasar a ser una instancia
gubernamental, deja de ser realmente Cruz Roja, que es una organización que
debe ser, en primer lugar, apolítica y en segundo lugar debe ser
independiente. En tercer lugar, debe ser no discriminatoria. Y lo que
sabemos del Ministerio de Salud y de la actitud del gobierno es todo lo
contrario”.

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