Uruguay/ Militancia adolescente: la dura lucha por la participación. [Iván Fernández Chiribao]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

19 de mayo 2023

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Uruguay



Militancia adolescente: la dura lucha por la participación



Una rampa imposible



El conflicto entre los estudiantes de Secundaria y las autoridades trajo
nuevamente al centro del debate el rol que deben tener los adolescentes en
la toma de decisiones en los centros educativos y su capacidad para hacerlo
de modo autónomo. Para intentar trascender el ruido mediático, Brecha
conversó con los estudiantes movilizados y con investigadores sobre
juventudes y movimientos sociales.



Iván Fernández Chiribao

Brecha, 19-5-2023

https://brecha.com.uy/



Todo empezó hace más de un mes, aunque los reclamos y las diferencias entre
estudiantes y autoridades se arrastraban al menos desde el año pasado. Desde
hace mucho tiempo los adolescentes reclaman por mejoras en las condiciones
edilicias y por la conformación de equipos multidisciplinarios para atender
las distintas problemáticas estudiantiles en los liceos. Esta última semana
estuvo marcada por manifestaciones y ocupaciones en distintos centros
educativos. Desde el viernes pasado el liceo Dámaso Antonio Larrañaga, el
Zorrilla –donde se llevaron adelante ocupaciones que fueron desalojadas
mediante operativos policiales que hacen recordar a viejas imágenes de la
historia reciente– y el Miranda aparecieron en la escena mediática, luego de
que, desde mediados de abril, los focos estuviesen puestos en los
estudiantes del IAVA (Instituto Alfredo Vázquez Acevedo), que también
formaron parte de las manifestaciones del viernes pasado con una marcha
desde 18 de Julio hasta el Consejo Directivo Central (Codicen).



Pero por su circulación en los medios, el conflicto que estuvo en boca de
los comentaristas de ocasión fue el que se protagonizó en el IAVA. Allí, la
Dirección General de Educación Secundaria (DGES) resolvió que un salón del
Gremio Estudiantil del IAVA (GEI) debía reconvertirse en una puerta de
ingreso al edificio. En principio, las autoridades aseguraron que se haría
un «ingreso accesible» para personas con problemas de movilidad, pero luego
salió a la luz que la propuesta de las autoridades era irrealizable –según
un informe de arquitectura de Secundaria– y, de cualquier manera, el espacio
se convertiría en una nueva salida de emergencia. La gestión no estuvo
exenta de problemas y dificultades e incluyó el sumario al director del
liceo, que se negó a obligar a los estudiantes a abandonar el salón gremial.
La anotación fue por insubordinación, una norma aplicada en la época de la
dictadura. Esta actitud fue considerada como un «atropello» en un contexto
de imposibilidad de diálogo con las autoridades, por lo que, el 13 de abril,
los estudiantes decidieron ocupar el centro educaivo –rápidamente desalojado
por la Policía, con la presencia del exdirector de Convivencia Ciudadana
Santiago González– y declararse en conflicto.



Este contexto hizo que aumentara la participación estudiantil en el IAVA,
principalmente durante los primeros momentos del conflicto y durante la
ocupación del liceo, con reuniones plenarias en las que participaron más de
70 estudiantes. Uno de ellos fue el que tomó mayor relevancia pública y
mediática: Gerónimo Sena, vocero del GEI, que condensó las reivindicaciones
gremiales y fue el foco de críticas y cuestionamientos desde las redes
sociales y algunos actores políticos. Incluso recibió un ataque cibernético
por el que le hackearon varias de sus cuentas en redes sociales. Él, al
igual que sus compañeros, se define como un «independiente» que milita por
las injusticias que se ven adentro del liceo. «Salgo del salón de clase y
veo el liceo todo roto», apunta. Además de las razones estudiantiles, hay
una especie de fuego interno que lo mueve. Las críticas, el hateo –como le
llama– en Twitter y los cuestionamientos de quienes quieren «hacerte sentir
menos porque sos un pibe de 16 años y creen que por eso no podés tener
pensamiento propio ni ser crítico. Creen que te manijea un adulto. Eso me da
muchísimas más ganas de militar».



A los ojos de los estudiantes, el conflicto está instalado por las
autoridades de la educación, concentradas en la figura de Jenifer Cherro,
directora de la DGES, y Robert Silva, presidente del Codicen. Incluso una
figura impensada del oficialismo –el senador Sebastián da Silva– dijo que
medidas como las tomadas por Cherro «son complejas, complicadas», porque
muchos gurises no van a tener clases, «y van a aprovechar esto para hacer un
reguero de pólvora».



«Si es por nosotros, preferimos estudiar y no ocupar el liceo en pleno
abril», dijo Sena sobre la situación desatada el mes pasado, en la que quedó
clara «la falta de voluntad de diálogo de las autoridades». Reconocer a los
estudiantes como interlocutor válido es uno de los tantos problemas a los
que se enfrentan los adolescentes. A su juicio, se los desvaloriza para la
toma de decisiones porque los adultos son vistos como «más cultos» solo por
tener más edad. El vínculo planteado desde el gobierno de la educación «es
digno del autoritarismo». Si los estudiantes piden una reunión, la tienen,
pero si en ese espacio quieren reclamar algo, no tienen chance: ya está
decidido lo que se va a hacer.



Antonella Larrosa, militante del GEI, explicó que a las autoridades «no les
importa la opinión de los estudiantes» y que el discurso de que el salón
gremial es un pasillo no puede sostenerse porque desde 2009 «figura en los
planos como un salón», a pesar de que originalmente tuvo otra concepción.
Sena complementó que la DGES va a seguir con el plan de «abrir la puerta»
que da a la calle Eduardo Acevedo y, aunque «no va a haber rampa porque es
inviable», la puerta quedará para emergencias. El salón gremial guarda un
peso simbólico importante para la colectividad del IAVA. Por esa puerta que
hoy se quiere abrir «fue por donde entraron los milicos» a llevarse a
estudiantes, funcionarios y docentes que fueron detenidos, algunos
desaparecidos durante la dictadura. «Nosotros dimos otras opciones»,
reconoce. Una de ellas fue que la salida fuera por el Museo de Historia
Natural que linda con el IAVA y no tiene escaleras –propuesta planteada
antes por Arquitectura de Secundaria–, pero las autoridades hacen «oídos
sordos y nosotros tenemos que visibilizarnos de alguna manera».



De todos modos, el eje del reclamo estudiantil, que trasciende la situación
del IAVA, se centra en la necesidad de «participación real» de los
estudiantes y la comunidad educativa del liceo en la toma de decisiones. No
solo por el salón gremial, que parece ser la punta del iceberg, sino en
temas que calan más hondo, como la transformación educativa, «en la que no
escucharon ni consultaron lo que precisábamos los estudiantes», señala
Larrosa, quien reconoce la necesidad de una reforma, «pero no así». En la
vida del IAVA los reclamos pasaron por la reparación del ascensor que brinda
accesibilidad a los distintos niveles del edificio –que se está iniciando
luego del conflicto– y otras que se extienden a toda Secundaria, como la
implementación de tutorías, más horas de intérpretes y de equipos
multidisciplinarios. Estas luchas, recuerda Sena, son las que se iniciaron
el año pasado y aún continúan en este y otros liceos. «Si las autoridades
tienen las soluciones, perfecto. Nos quedamos quietos. Peleamos porque
tenemos algo por lo que luchar, si no, no estaríamos en este conflicto. Es
lo que queremos hacerles entender a las autoridades.»



La desconfianza adulta



En general, la participación activa de los jóvenes, y principalmente de los
adolescentes, es vista con cautela e, incluso, con desconfianza desde el
mundo adulto. A pesar de que este tipo de instancias pueden ser vistas como
una etapa de la construcción de ciudadanía que los jóvenes comenzarán a
ejercer plenamente en unos pocos años, las autoridades tienden a
deslegitimar este tipo de acciones colectivas y particularmente las
gremiales en los centros educativos. Suele primar una cierta mirada de corte
paternalista que tiende a infantilizar y deslegitimar los argumentos de los
adolescentes. Desde esta visión, los pensamientos que tienen nunca pueden
ser propios, sino que son inoculados por agentes externos, vinculados a
partidos políticos y movimientos sindicales o sociales. Un ejemplo de este
posicionamiento pudo verse durante las movilizaciones docentes contra la Ley
de Urgente Consideración. En ese momento, bajo el pretexto de la «laicidad»
y la imposibilidad de llevar a cabo actos «proselitistas» –aunque
estrictamente la campaña por la derogación no hacía referencia a la política
partidaria–, las autoridades prohibieron el uso de distintivos relacionados
con el referéndum. El argumento entonces era que el docente resultaba una
figura de referencia que podía sugestionar o condicionar los
posicionamientos estudiantiles. Ese criterio parece ser el que prima en
cuanto a la visión de los estudiantes como sujetos de derecho.



A pesar de esta lectura promovida por diversos actores políticos y del
gobierno, la participación estudiantil en la vida liceal es una parte
importante del proceso de convivencia en los centros educativos. Este
derecho de los adolescentes fue consagrado en 2006, luego de la derogación
del Acta 14, una norma aprobada en dictadura, y es reconocido por la Ley
General de Educación, aprobada en 2008, que promueve e institucionaliza la
participación estudiantil. «Los jóvenes tienen un conjunto de necesidades,
intereses y deseos relativos a su vida en la institución que quieren
canalizar y que lo han hecho mediante los mecanismos institucionales
previstos», explica Nilia Viscardi, docente e investigadora de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación y la Facultad de Ciencias
Sociales, especializada en violencia, adolescencia y convivencia. Este
amparo normativo se enfrenta a una lectura distinta por parte de las
autoridades educativas que «recuperan una lectura parcial del lugar que
deben ocupar los jóvenes en el sistema educativo».



En este cruce de visiones, la noción del adolescente como sujeto de derecho
aparece amparada no solo por la legislación nacional, sino también por la
Convención sobre los Derechos del Niño, «que tiene que ver con un avance
cultural en el mundo occidental y moderno del siglo XXI». En la actualidad,
apunta Viscardi, una autoridad vertical y sin diálogo se encuentra lejana a
la sensibilidad cultural y política de la sociedad, por lo que se hace
difícil «pensar que los jóvenes vayan a acatar una norma instalada por una
autoridad que cuestiona sus derechos y los mandata porque sí». Esta
relectura del autoritarismo deviene «del paradigma tutelar, donde los
sujetos deben disciplinarse y seguir a la autoridad por la vía del castigo»
y se opone al proceso de construcción de ciudadanía que, frente a los
conflictos, busca motivar procesos de escucha y argumentación. La
participación de los estudiantes en la convivencia no quiere decir que ellos
decidan qué hace la institución, porque en parte existen restricciones
normativas, «pero forma parte de un proceso en el que los estudiantes
aprenden a escuchar y a entender, aunque tal vez sus reclamos no tengan
lugar».



Uno de los focos de discrepancia es si existe diálogo o no. Las autoridades
entienden que dialogan con el gremio estudiantil, pero esto no es visto de
la misma forma por la contraparte. Lo que sucede se parece más a un traspaso
de información, a un dar conocimiento de lo resuelto que a un intercambio
dialógico. En este sentido, Viscardi tiene la convicción de que «las
autoridades no están dialogando, aunque probablemente crean que lo hacen».
En el caso del IAVA, hay una regla que se impone, y si los estudiantes
quieren formar parte de la institución, no tienen otra opción que aceptarla.
El rol de los estudiantes, en este caso, está en «defender su espacio en
esta institución, lo que también es una tradición histórica. Es patrimonio.
La historia no se hace solo por el respeto de las paredes. Atentar contra la
participación de los estudiantes en el IAVA es también atentar contra un
patrimonio histórico».



Una concepción vertical



Hay un discurso instalado en la sociedad que brega por la apatía política de
los jóvenes y los ubica lejos de los intereses de los grandes temas
políticos o de la política partidaria. Sin embargo, una lectura de estos
movimientos gremiales de adolescentes da cuenta de un interés por la
política del espacio inmediato. «La visión de que a los jóvenes no les
interesa la política es un discurso conservador que ha tenido diferentes
momentos de la historia del Uruguay y en el que permanentemente la historia
nos demuestra que no es cierto», afirma Diego Sempol, historiador e
investigador de la Facultad de Ciencias Sociales. Muchos jóvenes participan
dentro de los «movimientos estudiantiles, feministas, con cuestiones
vinculadas a la sexualidad, la etnia, la raza», aunque estos temas no son
vistos como «lo suficientemente maduros» por algunos sectores, ya que se
enmarcan «fuera de la política partidaria».



Un punto importante en los conflictos que viven los distintos liceos está
puesto en las condiciones de estudio y de contención para los estudiantes.
En esta línea, Sempol, que se ha dedicado a estudiar los movimientos
sociales, sostiene que «el movimiento estudiantil de Secundaria tiene una
agenda de reivindicaciones sobre las condiciones locativas que está centrada
en la vida cotidiana de las instituciones». Este tipo de instancias de
participación aparece como un agente «democratizador» porque la militancia
«es una escuela de ciudadanía clave donde se aprende a organizarse, a
construir agendas de trabajo, a escuchar al otro, a negociar y a entender
cómo funciona la institución educativa».



Los jóvenes muestran preocupación por lo que sucede en la institución
educativa que habitan, explica Sempol, pero muchas veces «la acción
colectiva juvenil es criminalizada y hay un discurso histórico que pone en
duda la autonomía de acción de los jóvenes». En este contexto, para la
formación democrática, la participación de los estudiantes «debe ser tenida
en cuenta», afirma, al tiempo que advierte que las lógicas autoritarias que
«desconocen la voz de los estudiantes sobre cómo se va a organizar el
sistema educativo» son cercanas a la censura y a procesos que no son muy
democráticos. Al igual que Viscardi, entiende que hay una visión autoritaria
y «vertical» de las autoridades de Secundaria que no aparece dispuesta al
diálogo. «La autoridad educativa dice dialogar», pero en realidad lo que
hace es «reivindicar un principio tradicional de orden y autoridad».



Sempol explica que siempre existió «la sospecha social de que hay
intervención» de actores políticos que «impulsan a los adolescentes como
carne de cañón para generar acciones». En línea con lo que sostiene Sempol,
cabe recordar que durante la ocupación estudiantil del Codicen en setiembre
2015, que fue desalojada por la Policía en una acción sumamente violenta,
uno de los discursos que circulaban y deslegitimaban a los adolescentes era
«la manija» de los grupos «radicales». Además de esta aparente dependencia
adulta, en términos discursivos existe otra sospecha social, explica, sobre
el comportamiento que tienen los adolescentes: «Hay discursos
institucionales y mediáticos que tratan de deshabilitarlos y los presentan
como grupos radicales y violentos que destruyen la propiedad privada».



En ese marco aparecen los discursos sobre el estado de las paredes del salón
del GEI en el que se plasman grafitis, dibujos y otras formas de
intervención que conforman vías de expresión de los estudiantes de distintas
generaciones que han pasado por el liceo. Para Sempol, quienes sostienen que
se ejerce una destrucción de la propiedad privada «no entienden la dinámica
de instituciones educativas y tampoco entienden mucho en profundidad el
perfil de un adolescente», por lo que la idea de que «el salón gremial
estaba destruido ignora las formas de apropiación de los muros» y otros
espacios.

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