Colombia/ Los enredos de Gustavo Petro. [Catalina Niño Guarnizo]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

25 de noviembre 2023

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Colombia

 

Los enredos de Gustavo Petro

 

A poco más de un año de su histórica llegada al gobierno, la izquierda
colombiana enfrenta diversas dificultades, que provienen tanto de la acción
opositora como de sus propias filas.

 

Catalina Niño Guarnizo *

Nueva Sociedad, noviembre 2023

https://nuso.org/

 

Las últimas semanas en Colombia han estado llenas de noticias sobre los
altibajos de la política de «paz total», en particular sobre las
negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con el Estado
Mayor Central (EMC), disidencia de las extintas Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC); sobre los malos resultados del
oficialismo en las elecciones locales de fines de octubre y sus
implicaciones para la política nacional; y, finalmente, sobre el estilo del
presidente Gustavo Petro y sus relaciones con los medios. A poco más de un
año de gestión, son varios los frentes abiertos. Pero vayamos por partes.

 

¿Qué se puede decir hoy sobre la situación de la estrategia de paz del
gobierno? Aunque muchos analistas reconocen avances importantes y con pocos
precedentes en las conversaciones con el ELN, el proceso entró en crisis
cuando se supo que ese grupo guerrillero era el responsable del secuestro
del padre del futbolista Luis Díaz, una figura conocida y querida en todo el
país. Aunque finalmente Luis Manuel Díaz fue liberado después de 12 días de
secuestro, el hecho generó una enorme ola de rechazo contra el ELN y contra
las negociaciones en curso por el impacto que este delito tiene en el
imaginario del país, y porque se sabe que hay otras personas en poder de ese
grupo que, por no tener tanta visibilidad, siguen estando en cautiverio. 

 

Otty Patiño, el hasta ahora jefe de la delegación del gobierno y recién
nombrado alto comisionado para la paz, ha sido enfático en decirle al ELN
que se necesita una reunión urgente, antes del siguiente ciclo de
conversaciones, para tratar el asunto de los secuestros. Sin embargo, el
grupo guerrillero parece impermeable a cualquier crítica y ha usado el
eufemismo de «retenciones económicas» para afirmar que no hay ningún acuerdo
en la mesa sobre los secuestros extorsivos, crimen que la opinión pública no
está dispuesta a tolerar. 

 

Las perspectivas para el futuro de las negociaciones son complejas porque la
cuestión del financiamiento del ELN es un asunto irresuelto y la idea del
gobierno de crear un fondo para que este grupo deje de secuestrar es
tremendamente impopular. Al mismo tiempo, la decisión del gobierno de
negociar sin líneas rojas y sin una estrategia clara lo deja sin margen de
maniobra para hacer exigencias. 

 

Pero si con el ELN llueve, con el EMC no escampa. Las conversaciones y un
cese al fuego bilateral con ese grupo comenzaron, después de muchos
tropiezos, apenas a mediados de octubre y hoy, un mes más tarde, ya
atravesaron una crisis de la que no se han recuperado por completo. Las
conversaciones fueron suspendidas unilateralmente por la disidencia
guerrillera argumentando el incumplimiento del gobierno de un acuerdo sobre
la presencia de las fuerzas militares en El Plateado, un poblado del sur del
Cauca (corredor clave para el narcotráfico) controlado por el EMC, para
vigilar la realización del proceso electoral. 

 

Según ese acuerdo, el Ejército debía salir de la zona después de las
elecciones, cosa que no ocurrió y que, por lo demás, sería muy poco
estratégica por parte del Estado colombiano. De hecho, el senador Ariel
Ávila señaló que la desmilitarización de esa región era una línea roja que
no se debía cruzar, lo que le generó una airada respuesta del EMC en la red
social X. En síntesis, las acciones de esta guerrilla en el sur del
departamento del Cauca, sumadas a la falta de claridad en la estrategia del
gobierno y a la profunda desarticulación que existe dentro del Poder
Ejecutivo, específicamente entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz
y el Ministerio de Defensa, alimentan la crisis y abren la puerta a un
posible fracaso de un proceso en sus primeras etapas.

 

Como se ha señalado en varios análisis, es necesario que el gobierno revise
lo hecho hasta ahora, evalúe con más realismo la voluntad de paz de los
diversos grupos con los que mantiene mesas de negociación, se trace
objetivos claros y alcanzables, y diseñe una estrategia articulada y con
recursos para conseguirlos. Continuar por la senda actual pone en riesgo
toda su política de paz. 

 

En medio de ese panorama, a finales de octubre tuvieron lugar las elecciones
locales, calificadas por algunos analistas como un plebiscito sobre el
gobierno de Petro, en el que el presidente habría salido mal librado. Aunque
no se puede desconocer que hay conexiones entre la política nacional y la
local, esas afirmaciones son superficiales, porque dejan de lado factores
importantes de las dinámicas locales de poder, vinculadas a la mayor
influencia que ejercen los partidos tradicionales, a la forma en que se hace
política en los municipios pequeños, y a los temas que más interesan en los
ámbitos municipales, como la seguridad ciudadana o la movilidad. 

 

Entonces, ¿cómo le fue al presidente Petro? En números absolutos, el Pacto
Histórico, la coalición de partidos que está en el gobierno, creció en
número de alcaldías y de gobernaciones. Sin embargo, ese crecimiento fue
pequeño y en muchos casos se dio en alianza con otros partidos y grupos
políticos, mientras que en las ciudades capitales los resultados fueron
adversos y dejaron en evidencia el descontento hacia el gobierno central,
con Bogotá como el ejemplo más visible. 

 

De hecho, en algunos lugares, los partidos de la coalición oficialista
apoyaron a candidatos distintos para un mismo cargo, con lo cual dividieron
los votos de la izquierda, lo que refuerza la idea de que la política local
tiene incentivos y dinámicas distintas de la nacional. Como lo reconocieron
los congresistas María José Pizarro y David Racero, figuras jóvenes de la
coalición de gobierno, si la izquierda quiere competir en el ámbito nacional
para las elecciones presidenciales de 2026 (en Colombia no hay reelección),
debe avanzar en un proceso de unificación y consolidación. Hoy el Pacto
Histórico está conformado por 13 partidos distintos con líderes diversos que
en ocasiones empujan en diferentes direcciones. Está por verse si logran
superar sus diferencias para buscar dar continuidad al proyecto político
iniciado por Petro.  

 

Como siempre ocurre en Colombia, en cuanto pasa un periodo electoral, medios
y analistas comienzan a pensar en el siguiente. Siguiendo la tradición, los
pobres resultados del Pacto Histórico en las elecciones locales,
particularmente en las grandes urbes -Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
Bucaramanga-, generaron el interrogante de si la derecha está en un proceso
de recomposición que pueda llevarla de nuevo al poder nacional en 2026. 

 

Hasta el momento, eso no es claro. Si bien las alcaldías principales
quedaron en manos de representantes de la política tradicional, no se
observa todavía un grupo consolidado de derecha que articule la oposición al
gobierno de Petro. Además, por la forma en que funcionan las relaciones
entre lo nacional y lo local y regional en el sistema político colombiano,
los gobiernos locales buscarán caminos para facilitar las relaciones con el
gobierno nacional, puesto que muchos proyectos de infraestructura dependen
de ellas; y seguramente veremos un intenso proceso de negociaciones y
transacciones en el Congreso para encaminar recursos hacia las regiones a
cambio de apoyos a las reformas promovidas por el Poder Ejecutivo. 

 

Ese será el foco durante los próximos dos años, y para el gobierno es clave
lograr avances en ese frente. Por el momento, lo que se observa es una cuasi
parálisis de las reformas en el Congreso, específicamente la de salud, que
parece haberse convertido en un punto de honor para todos los bandos y fue
una de las razones de la ruptura de la coalición de Petro con fuerzas de
centroderecha. El propio gobierno va a paso lento a falta de apoyo
parlamentario. Ya se rumora que habrá un nuevo llamado a marchar en las
calles para apoyar la reforma, pero si se miran los resultados de las
últimas convocatorias, ese camino puede ser muy limitado.

 

Por otro lado, el presidente ha tenido que enfrentar dos escándalos muy
mediáticos y de alto impacto político sobre su gobierno. Uno involucra a su
hijo, Nicolás Petro, procesado judicialmente por lavado de activos y
enriquecimiento ilícito, y quien sostuvo en una declaración jurada que
dineros ilegales entraron en la campaña presidencial de su padre. El
presidente ha negado estas acusaciones y ha sido claro en pedir a la
justicia que investigue a su hijo. El otro escándalo llevó a la salida del
cargo de Laura Sarabia, quien fuera su jefa de despacho y persona de
confianza. Sarabia está siendo investigada por abusos de poder contra la
niñera de su hijo, Marelbys Meza, a quien obligó a someterse a una prueba de
polígrafo y cuyo teléfono fue intervenido por agencias del Estado de manera
irregular. A pesar de las críticas, el presidente decidió reintegrar a
Sarabia al gobierno como directora del poderoso Departamento de Prosperidad
Social, lo que algunos críticos interpretaron como una movida para
protegerla en caso de que las acusaciones lleguen a juicio. 

 

Entretanto, las relaciones del presidente Petro con los medios de
comunicación siguen siendo tensas. Su tendencia a usar su cuenta en X como
si fuera su oficina de prensa le genera no pocas polémicas, no solo a su
gobierno sino también al Estado colombiano, como ha ocurrido por ejemplo con
sus pronunciamientos sobre la guerra en Gaza, y además un desgaste
innecesario frente a la opinión pública (según una encuesta publicada a
mediados de noviembre pasado, la desaprobación del presidente llegó a 64%,
su punto más alto desde que inició el gobierno). 

 

Es poco probable que Petro cambie su manera de comunicarse y de relacionarse
con la prensa. Pero aún hay tiempo para hacer ajustes en otros frentes que
le permitan ganar gobernabilidad y avanzar en las transformaciones sociales
y en la búsqueda de la paz, ejes centrales de sus promesas de gobierno. Al
mismo tiempo, la izquierda colombiana representada en los 13 partidos de la
coalición de gobierno debería escuchar los llamados a la unidad que se hacen
desde sus propias filas, si realmente quiere ser una alternativa real de
poder. De ambas cosas depende la continuidad del proyecto político de
izquierda que en 2022 llegó al poder en Colombia por primera vez en la
historia republicana del país, o al menos, la posibilidad de que el país no
viva un retroceso significativo con la elección de alguna de las múltiples
figuras de la derecha que comienzan a perfilarse con discursos antiderechos
y xenófobos. Observando el estado de la democracia en la región, el riesgo
es real, y el presidente Petro y sus aliados no deberían desestimarlo.  

 

* Es coordinadora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en
Colombia y del Proyecto de Seguridad Regional de la FES para América Latina.
Trabaja en asuntos de políticas de drogas, dinámicas de violencia,
construcción de paz y crimen organizado transnacional y sus impactos en la
gobernanza democrática. Miembro de Amassuru, red de mujeres especializadas
en seguridad y defensa en América Latina y el Caribe.

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