Venezuela/ Migración abierta y casas cerradas. [Humberto Márquez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de octubre 2023

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Venezuela



Migración abierta y casas cerradas



Humberto Márquez, desde Caracas *

Inter Press Service, 28-9-2023

https://ipsnoticias.net/



Gladys juró que no lloraría delante de sus pequeños hijos, pero aun así
debió enjugar un par de lágrimas cuando volvió la cabeza y miró, quizá por
última vez, la que fue la casa de sus sueños en la isla de Margarita,
Venezuela, de donde migró empujada por la falta de ingresos y espantada por
el miedo.



“Da dolor abandonar la casa propia, el bien material más preciado para una
familia como nosotros –ella administradora, su esposo mecánico, dos niños
varones-, pero quedamos sin empleo y sufrimos un atraco a plena luz del día
en medio de la ciudad. Eso nos decidió a emigrar”, relata a IPS desde la
ciudad estadounidense de Miami.



Por la crisis económica, social y política, que da cuerpo a una emergencia
humanitaria compleja, 7,7 millones de venezolanos, según agencias de las
Naciones Unidas, han migrado de este país, en su inmensa mayoría en la
última década, y el flujo no se detiene, sobre todo hacia los países del
continente.



La familia de Gladys, quien pidió igual que otros testigos no dar su
apellido, probó suerte en Colombia, Panamá y España, antes de finalmente
recalar en Estados Unidos “y la preocupación por la casa nos acompañó como
una sombra, pero afortunadamente conseguimos un trato con un joven
emprendedor que la cuida, mejora y paga un alquiler, aunque modesto”.



Como su caso hay miles. Los migrantes tratan de no dejar sus casas solas,
abandonadas, y perderlas. Por eso, como quienes más migran son los adultos
en la edad más productiva y los jóvenes, los parientes de otras edades
permanecen en las viviendas y dan la apariencia de un país de viejos y
niños.



“Mi casa tengo que cerrarla. La cuidarán los vecinos. Construirla nos llevó
más de cinco años y entre 150 000 y 200 000 dólares. Ahora no dan por ella
más de 60 000. No vamos a regalarla”, indica Juan Manuel Flores, de San
Antonio de Los Altos, una ciudad satélite de Caracas con numerosas viviendas
de clase media.



Flores, docente en un colegio donde su paga no llega a 200 dólares
mensuales, alista su viaje a España, a donde se han adelantado su mujer y
sus hijas ya adultas. “Volveré a Venezuela, cuando el país y su economía
mejoren, y los precios de las casas volverán a subir”, dice a IPS, aunque
sin mucha convicción.



¿Por qué no alquilar? “Porque las leyes y las autoridades favorecen siempre
al inquilino, y si tiene niños es imposible sacarlo cuando se termina el
contrato, paguen o no el alquiler, y terminan quedándose en la casa por
años”, tercia Nancy, repostera, también de San Antonio, quien dejó a una
sobrina a cargo de su apartamento cuando migro a Brasil el año pasado.



Una encuesta a migrantes en Colombia, Ecuador y Perú, divulgada en octubre
de 2022 por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y
Migrantes de Venezuela (R4V), liderada por agencias de las Naciones Unidas,
mostró que apenas 23 % consideraban que estaban seguras las viviendas que
dejaron en su país.



La venta tampoco resulta una opción en la mayoría de los casos,  porque la
magnitud del éxodo de la última década ha hundido tanto la demanda que lo
máximo que se puede obtener por un inmueble es 15 o 20 % del valor de hace
15 años, si hay suerte, así que deshacerse de ellas si se quisiera es largo,
difícil y con magros resultados.



Los que no tienen más remedio, dicen que no la venden, sino que por lo que
obtienen «la regalan» con gran pesar, mayormente a migrantes internos de
otros lados del país, que «se refugian» en Caracas porque fuera de la
capital son recurrentes las interrupciones de los servicios de electricidad,
agua y combustible, además de otras carencias.



“Los inmuebles se deterioran, dejan de prestar servicio a quienes lo
necesitan y permanecen como un patrimonio importante que no le produce nada
al propietario, por ejemplo un migrante que necesita pagar un alquiler
apenas llega a otro país”, dijo a IPS Roberto Orta, presidente de la Cámara
Inmobiliaria de Venezuela.



Para el dirigente empresarial “ese es un tema que, hemos propuesto, debe
abordarse con voluntad política y buscar la reforma de las leyes que
constriñen el mercado inmobiliario, para beneficiar tanto a arrendadores
como a arrendatarios. Se podrían liberar hasta 250 000 viviendas en cinco
años”.



Nace un oficio



En los edificios residenciales de Caracas y otras ciudades, cerrar un
apartamento y marcharse no es dejar una vivienda en soledad y abandono,
porque los vecinos que quedan, por su propia seguridad, y para costear los
gastos comunes, ejercen alguna vigilancia y se preocupan de ahuyentar a los
extraños.



Pero las casas, especialmente las residencias de las clases medias, son un
blanco atractivo y fácil para la delincuencia e incluso tentación para
ocuparlas por vías de hecho. Por eso ha aparecido un nuevo oficio: el
cuidador de casas.



“Yo he cuidado tres casas en urbanizaciones del sureste (de Caracas), es la
manera de rebuscarme (subsistir)”, cuenta Daniel, trabajador además como
jardinero por cuenta propia. “A una casa iba dos veces por semana, a otra
tres y a otra todos los días”, explica.



Explica que en esa última casa “los dueños eran unos portugueses
comerciantes que se fueron y dejaron tres perros. Yo iba a una venta de
comida para mascotas que me entregaba los alimentos, los llevaba a los
animales, daba un vistazo a la casa y listo”



Familiares amigos de los dueños se han hecho cargo de los perros y Daniel ya
no percibe el pago por ese cuidado. “No tengo cuenta en dólares, me pagaban
a través de un restaurante amigo de los dueños, que sí tiene cuenta en el
extranjero”, relata.



Para el pago de estos trabajos desde el exterior los intermediarios son
indispensables, pues en Venezuela, con su moneda licuada por la crisis
económica, impera una dolarización de facto, sin acuerdo con las autoridades
de Estados Unidos, que además bloquean con sanciones las transacciones de
los entes estatales.



Daniel reúne dinero para integrarse a uno de los grupos que se forman en su
barriada Antímano, en el suroeste de la capital, para también migrar. Dice
que “no me fui hace unas semanas porque no vendí mi motocicleta, pero si no
estaría ahorita en el Darién”, la peligrosa selva entre Colombia y Panamá
que cruzan a diario miles de migrantes.



Un caso más exitoso de cuidador es el de Arturo, a cargo de dos casas con
amplios salones, corredores, patio, piscina y área para estacionar
vehículos. Recibe un pago modesto por cuidar y mantener las viviendas, pero
está autorizado para alquilarlas para reuniones sociales y festejos.



“En ambos casos los dueños son gente de buenos ingresos, se fueron con sus
hijos para que estudien en el extranjero y piensan volver en unos años si
las condiciones del país cambian. Quisieran encontrar sus casas como las
dejaron”, explica.



Al alquilar la propiedad por un día o una noche, con patios, piscina e
incluso toldos, mesas y sillas, Arturo cierra los accesos a las áreas más
íntimas de la casa y contrata auxiliares para vigilar que no haya daños o
desmanes. “Vivo bien, mantengo las casas y cada una me produce unos 3000
dólares en ganancias al mes”, indica Arturo.



Barriadas sin casas vacías



En las barriadas populares de las ciudades y pueblos de este país -33,7
millones de habitantes según cifras gubernamentales, 28 millones según
estudios de universidades- la situación es diferente y apenas hay viviendas
solas o desocupadas.



“En los barrios (en nombre local para asentamientos urbanos pobres) no se
deja una casa sola. Al día siguiente pueden invadirla, ocuparla, agarrar lo
que dejen adentro los que se fueron, muebles o corotos (enseres). Alguien se
queda a cargo, el abuelo o los suegros, un vecino de confianza, o se trae un
pariente del interior del país”, explica Alejandra, desde la zona Gramoven.



La suya es una barriada de viviendas informalmente construidas, en el
noroeste de Caracas, semejantes a las que cubren la mayoría de las muchas
colinas y hondonadas ocupadas por los habitantes más desfavorecidos de la
capital.



“Mucha gente se va, los muchachos se van, mis hijos tienen ganas de irse por
el Darién pero aquí nadie se va para dejar la casa vacía. Eso es perderla”,
sentencia Alejandra.



En Santa Bárbara del Zulia, en la calurosa llanura al sur del occidental
lago de Maracaibo, “la situación es la misma”, corrobora a IPS Julio, un
albañil que migró durante cuatro años a Colombia y ha regresado para atender
a sus ancianos padres.



“No se puede dejar la casa sola en estos pueblos. Cuando mis papás fueron a
Maracaibo y Caracas para tratarse con médicos, fueron y regresaron rapidito,
porque en el Consejo Comunal les advirtieron que no dejaran la casa mucho
tiempo sola, que ellos no podrían retener mucho tiempo a quienes quisieran
ocuparla”, narra Julio.



Los Consejos Comunales son comités estructurados por el oficialismo para
representar y manejar asuntos de las comunidades -como la distribución de
bolsas con alimentos subsidiados a familias pobres- y funcionar como correas
de transmisión de las decisiones del gobierno, que avala sus decisiones.



“Pero de cualquier manera la gente se va. Es algo que no se detiene mientras
aquí no se gane sino una miseria para medio comer (el salario mínimo y las
pensiones oficiales en Venezuela equivalen a cuatro dólares mensuales). Se
cuida la casa, pero la comida está primero”, resume Julio.



Asunto de Estado y de empresarios



Mientras transcurren estos dramas de gentes y hogares, el gobierno del
presidente Nicolás Maduro anuncia casi cada semestre la construcción de
centenares de miles de nuevas viviendas, un programa iniciado por su
fallecido predecesor Hugo Chávez (1999-2013), llamado “Gran Misión Vivienda
Venezuela”.



Según las cifras oficiales, desde 2011 a la fecha se han construido y
entregado por esa Misión 4,6 millones de viviendas, en su mayor parte
conjuntos residenciales a los que acude el presidente para entregar
personalmente las llaves de una o varias casas a quienes las habitarán.



De acuerdo con la misión, los ocupantes reciben la vivienda como
adjudicatarios, y no como propietarios, por lo que no pueden transarla y si
la cierran puede entregarse a otra familia. Para evitarlo, los
adjudicatarios que optan por mudarse de ciudad –o de país- buscan antes a
parientes que puedan ocupar la vivienda y así conservarla.



Sin embargo, esa situación no muestra las dimensiones que corresponderían a
las cifras oficiales, como atestiguan la miríada de casas informales
autoconstruidas y aún ocupadas en las barriadas pobres, y reportes
concordantes de organizaciones empresariales y de la sociedad civil.



La Cámara de la Construcción da cuenta de que el sector ha decrecido 96 % en
los últimos 10 años, sus asociados emplean a 20 000 trabajadores y no a 1,2
millones como en mejores tiempos, las empresas cementeras trabajan a 10 % de
su capacidad y la siderurgia a 7 %.



La organización civil Provea, especializada en estudios de los derechos
económicos, sociales y culturales, ha contrastado la cifras de la Misión
Vivienda –no auditadas, según subraya- con estudios y análisis
independientes, y concluye que el Estado ha construido y entregado en 10
años apenas 130 856 viviendas.



En 1955 el escritor venezolano Miguel Otero Silva (1908-1985) publicó su
afamada novela “Casas Muertas”, describiendo el declive de Ortiz, un pueblo
en los llanos centrales, debido a la pérdida de su población por causa del
paludismo y la emigración hacia las grandes ciudades y los centros de
producción petrolera.



La emigración venezolana de este siglo no alcanza a dejar al país como un
nuevo reguero de casas muertas. Pero sus puertas cerradas testimonian las
heridas de un colapso que empujó a millones de sus habitantes al extranjero,
al igual que lo hace la minoría de luces que se encienden en las noches en
los edificios de Caracas y otras urbes.



* Humberto Márquez es corresponsal en Venezuela de IPS desde 2002. Es
cofundador de la Unión Sudamericana de Corresponsales y ha sido docente de
Periodismo en la caraqueña Universidad Católica Santa Rosa.

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