Guatemala/ Transición en suspenso. Los intentos de golpe y la resistencia popular. [Roberto García]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

22 de septiembre 2023

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Guatemala



Los intentos de golpe y la resisitencia popular e internacional



Malos perdedores



Los sectores dominantes de la política y la justicia guatemalteca intentan
por todos los medios impedir la asunción del presidente electo, Bernardo
Arévalo, pero se han chocado con una fuerte movilización popular en el país
y una importante oposición internacional.



Roberto García

Brecha, 22-9-2023

https://brecha.com.uy/



Pese a la innumerable cantidad de señales enviadas y a la insistente presión
sostenida desde el frente interno, y sobre todo desde el externo, Guatemala
no consigue aún encaminar su transición política de cara al próximo 14 de
enero, fecha estipulada para que el nuevo gobierno electo asuma formalmente.



En el confuso y desgastante proceso se visualiza el cruce de numerosas
agendas. La primera de ellas se ubica en el plano local. Allí se palpa el
manifiesto hartazgo de una ciudadanía cada vez más movilizada y que busca
hacer respetar su voluntad, mayoritariamente expresada en las recientes
elecciones que otorgaron, por un amplio margen, la victoria a la fórmula del
partido Semilla, con Bernardo Arévalo y Karin Herrera a su frente.



Pese a su diversidad étnica, en las recientes movilizaciones masivas que han
tomado las calles del país se observa una manifiesta unanimidad en la
necesidad de defender no solo al binomio electo, sino a la existencia misma
de la democracia, pese a todos los matices y críticas de diversas
organizaciones sociales hacia un sistema que en Guatemala ha sido
fuertemente opresivo.



Transición en suspenso y movilizaciones



En las últimas semanas, las acciones dirigidas por el Ministerio Público
para obstaculizar el proceso de asunción de Arévalo no han cesado y, con
ello, las muestras populares de repudio al accionar judicial se expanden. El
7 de setiembre, durante el partido entre Guatemala y El Salvador por las
eliminatorias para el Mundial de fútbol, en el estadio Doroteo Guamuch, de
la capital guatemalteca, la afición supo de la presencia en un palco oficial
de Miguel Martínez, Miguelito, excomisionado presidencial del Centro de
Gobierno, quien, se rumorea, es la pareja y confidente del presidente
Alejandro Giammattei, lo que suscitó una serie de repetidos cánticos en su
contra. Una semana después, el presidente descartó su habitual comparecencia
pública con motivo del acto celebratorio de la Independencia Nacional, para
el cual se limitó a grabar un breve video, evitando de esa forma una segura
rechifla.



El 12 de setiembre, en un hecho inédito, funcionarios del Ministerio Público
ingresaron al Tribunal Supremo Electoral y, en contra de la postura de este
último organismo, de forma ilegal y abusiva abrieron varias urnas de la
última elección en búsqueda de presuntas irregularidades. Esta y otras
acciones de judicialización de un proceso electoral ya culminado, sesgadas
fuertemente contra el partido que triunfó en los comicios, han empañado aún
más el ambiente poselectoral. Ya el 1 de setiembre, Arévalo había denunciado
un «golpe de Estado» en curso.



Las declaraciones del presidente electo, cada vez más directas, han tenido
amplia repercusión internacional, así como su llamado a la movilización
popular en apoyo a su partido. En ese contexto tuvieron lugar dos reuniones
del proceso de transición entre Giammattei y Arévalo, junto con sus
respectivos equipos de trabajo y la presencia del secretario general de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. La primera fue a
puertas cerradas. La segunda supuso un acto público y formal con compromisos
del mandatario saliente. Dos hechos no menores fueron muy ilustrativos del
clima de desconfianza mutua: Arévalo desistió de aceptar el ofrecimiento de
instalar sus equipos de trabajo en el Palacio Presidencial por temor al
espionaje, y en las instancias no participó el vicepresidente en funciones,
quien expresó que, habida cuenta de su actual enfrentamiento con Giammattei,
él mismo haría su propio traspaso de información a la vicepresidenta electa,
Karin Herrera. Tras todo lo anterior, Arévalo pidió interrumpir el proceso
de traspaso transicional de información presidencial y por medio de una
carta solicitó variar la metodología de trabajo.



Las movilizaciones callejeras han continuado y el propio Arévalo pidió que
el «pueblo» lo acompañara el lunes 18 al final de la tarde para hacer
entrega de una solicitud de amparo en la Corte Suprema. El texto pide que
«se restablezca el orden constitucional» y se proceda a «la destitución de
la fiscal general Consuelo Porras», así como de otros funcionarios que,
«traicionando la autoridad depositada en ellos por el pueblo, usan su poder
para negarle a la ciudadanía el derecho a vivir en una democracia, a ser
gobernados por las personas a quienes eligieron de forma libre y
consciente». El llamado no fue en vano: miles de personas se movilizaron ese
día en la capital exigiendo las renuncias solicitadas en el escrito.



En ese acto público, las palabras de agradecimiento del presidente electo,
ya entrada la noche, estuvieron acompañadas por un espectro muy amplio de
líderes y autoridades indígenas, entre ellas la premio nobel Rigoberta
Menchú, pero también mujeres mayas de los pueblos poqomam, ixil, poqomchi y
k’iche, y el cardenal Álvaro Ramazzini. No todo quedó ahí: el Comité de
Desarrollo Campesino (Codeca) movilizó sus fuerzas por la diversa geografía
del país y cortó una docena de rutas en defensa de la democracia. Las
cámaras empresariales, que se han mantenido en silencio ante los ilícitos
judiciales cometidos en esta transición y por los últimos gobiernos
guatemaltecos, condenaron públicamente las formas empleadas por Codeca, una
organización de base indígena, en una muestra más, y por cierto elocuente,
de su racismo ancestral.



Presión internacional



En las agendas cruzadas no pueden quedar por fuera las sostenidas
manifestaciones internacionales sobre lo que está ocurriendo en el país. El
abanico de señales es amplísimo. A poco de celebrada la elección del 20 de
agosto, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Guatemala
ya había celebrado lo «bien organizada y transparente» que había sido la
votación, en contraposición de la propaganda oficialista sobre un supuesto
fraude; el 25 de agosto el secretario general de la ONU, António Guterres,
hizo ver su preocupación ante los intentos de «socavar» los resultados, en
la misma línea que varios presidentes latinoamericanos, entre ellos el
chileno Gabriel Boric, quien conversó por teléfono con Arévalo y le expresó
su solidaridad.



Desde Estados Unidos, la vicepresidenta, Kamala Harris, hizo pública una
minuta de su extensa conversación telefónica en la que felicita al
presidente electo guatemalteco, quien en los últimos días recibió
personalmente a Patrick Ventrell, encargado de Negocios estadounidense en
Guatemala, y al vicesecretario de Estado, Richard Verma. Esta semana,
aprovechando sus respectivas comparecencias en la 78.ª Asamblea General de
la ONU, el argentino Alberto Fernández y su par Luiz Inácio Lula da Silva
expresaron su preocupación: «En Guatemala existe el riesgo de un golpe de
Estado, que impediría la investidura del ganador de las elecciones
democráticas», explicitó el brasileño. Llegado su turno de subir al podio de
la Asamblea General, mostrándose incómodo y alzando la voz en forma
intempestiva, Giammattei respondió que en su país se asistía a un conjunto
de «acciones de injerencia internacional innecesarias».



En las últimas semanas, dos sesiones del Consejo Permanente de la OEA
abordaron la cuestión guatemalteca. Se escucharon sendos informes
presentados por Almagro, quien fue crítico con las acciones intimidatorias
de las autoridades judiciales, cuya legalidad calificó de «dudosa». En su
oportunidad, el delegado dominicano, Josué Fiallo, advirtió no entender la
lógica que operaba detrás del accionar del Ministerio Público guatemalteco.
Más preciso fue el representante argentino, Carlos Alberto Raimundi, quien
invitó a sus colegas a enfocarse en que esas acciones sí tienen una «lógica
profunda»: la de un poder económico cuyos núcleos poderosos, por un camino
«edulcorado» y «moderno», «diferente a los clásicos de otras décadas»,
siguen tratando de impedir el desarrollo de la soberanía de los países y
constriñen de diversas formas nuestras «democracias tuteladas».

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