Brasil/ Tierras indígenas. Supremo Tribunal vota a favor, pero las amenazas siguen. [Mario Osava]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

22 de septiembre 2023

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Brasil



Supremo Tribunal asegura la vida indígena, pero siguen las amenazas



Mario Osava, desde Río de Janeiro

Inter Press Service, 22-9-2023

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“Sabemos que ganamos una batalla, pero aún tenemos una guerra por delante”,
advirtió la abogada Cristiane indígena Baré sobre el fallo del Supremo
Tribunal Federal que rechazó la más grave amenaza jurídica a la
sobrevivencia de los pueblos originarios de Brasil, el llamado “marco
temporal” para el otorgamiento de tierras.



“Victoria”, celebraron los cerca de 600 indígenas que acamparon en Brasilia
para acompañar las dos sesiones del máximo tribunal que concluyeron con una
votación considerada histórica al anochecer del jueves 21.



Por nueve votos contra dos se puso fin a una pesadilla que costó muchas
vidas indígenas desde 2009, cuando surgió la “tesis” de que los indígenas
solo tienen derecho a la tierra que ocupaban físicamente el 5 de octubre de
1988, fecha en que se promulgó la actual Constitución brasileña.



Esa tesis es inconstitucional, sentenciaron los magistrados del Supremo, con
excepción de los dos nombrados por el expresidente de extrema derecha Jair
Bolsonaro, radicalmente contrario a los derechos indígenas y cuyo gobierno
(2019-2022) actuó de forma genocida, de acuerdo con la posición de muchos
juristas.



Denuncias de genocidio contra los pueblos indígenas pesan contra el
expresidente en el Tribunal Penal Internacional y en el Ministerio Público
brasileño, que investigan las acusaciones.



Origen de la pesadilla



Paradójicamente, el “marco temporal” nació de un fallo del mismo Supremo
Tribunal Federal (STF), cuando consideró legal la demarcación del territorio
Raposa Serra do Sol, en el norteño estado de Roraima, y puso fin, en 2009, a
una disputa judicial de más de una década.



Un argumento, entonces denominado “condicionante”, fue que los varios
pueblos beneficiados ocupaban las tierras demarcadas en octubre de 1988. Eso
se convirtió en regla y varios tribunales, incluso el STF, pasó a rechazar
algunas demarcaciones a causa del llamado “marco”.



Ante los conflictos generados, el STF aclaró  en 2017 que el criterio fue
específico para el territorio Raposa Serra do Sol y no era válido en otros
casos, pero la “regla” siguió favoreciendo los terratenientes en su pelea
contra los territorios indígenas.



Con el “juicio del siglo”, como lo denominan defensores de los pueblos
originarios, se buscó dirimir definitivamente la controversia, al menos en
lo jurídico.



Para eso el STF aprovechó un proceso local, una disputa de tierras entre los
indígenas del pueblo xokleng y el gobierno del sureño estado de Santa
Catarina, para darle “repercusión general”, de validez en todas las
demarcaciones.



Por eso el fallo de este 21 de septiembre es “histórico”. Servirá de
precedente normativo para los procesos judiciales pendientes y que
involucran a 226 de los territorios indígenas cuestionados por alguna de las
partes involucradas, según el dato del proprio STF.



Conquistas constitucionales



La Constitución de 1988 representó un triunfo de los indígenas al
reconocerles “el derecho originario sobre las tierras que tradicionalmente
ocupan”, encargando al Estado demarcarlas y protegerlas.



En Brasil hay 740 territorios reclamados por los indígenas, de los cuales
500 ya fueron plenamente demarcados y 66 ya declarados. Estos últimos se
trata de los ya reconocidos y delimitados pero aún pendientes de la
homologación presidencial, último acto del procesos, según los datos del
Instituto Socioambiental, organización no gubernamental que acumula datos
detallados de la población originaria.



Otros 174 territorios ya fueron identificados o siguen en estudios para una
futura demarcación.



Las áreas ya demarcadas suman 119 millones de hectáreas, o 14 % de los 850
millones de hectáreas del territorio nacional. Los indígenas suman 1,65
millones de personas en Brasil, lo que equivale a 0,83 % de la población
total de 203 millones de habitantes. Creció mucho desde los años 80, cuando
se los estimaba en 250 000.



La reafirmación de la identidad indígena fue el factor principal de ese
aumento. Las nuevas políticas alentaron a declararse indígenas a muchos que
antes negaban su etnia ante la discriminación y la violencia contra los
pueblos originarios.



Las tierras demarcadas son una cuestión vital para “la reproducción física y
cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones” de los indígenas,
reconoce la Constitución.



Pero se trata de un proceso lento que lleva más de una década, a veces
varias, al enfrentar distintos obstáculos, como el “marco temporal” y la
escasez de recursos humanos y financieros de la Fundación Nacional de los
Pueblos Indígenas, la agencia gubernamental encargada de las políticas
sectoriales.



“Litigio climático”, es como  definió el juicio del “marco temporal” el
coordinador jurídico de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil
(Apib), Mauricio Terena. Los territorios indígenas benefician no solo los
indígenas, sino toda la humanidad al constituir una barrera contra la
destrucción de la naturaleza y contener así el recalentamiento global,
argumento en varias entrevistas este mes de septiembre.



Abogados indígenas



Terena, que adopta el nombre de su pueblo como apellido, es uno de los más
de 50 abogados que actuaron contra el “marco” en ese juicio, buena parte
indígenas y otros indigenistas de organizaciones como el Instituto
Socioambiental y el Consejo Indigenista Misionero (Cimi), vinculado a la
Iglesia católica.



Una generación de abogados indígenas, como Terena y Cristiane Baré, se
graduó en las universidades para encabezar las luchas de sus pueblos en este
siglo. Uno de los coordinadores de Apib, la organización nacional que une
siete asociaciones regionales, Dinaman Tuxá, también es abogado.



Baré es asesora jurídica de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas
de la Amazonia Brasileña (Coiab), la región en que vive la mayor parte de
los pueblos originarios del país.



“Seguir movilizados para alejar otras amenazas” es el llamado del líder
tuxá, al destacar que el STF aún debe decidir el miércoles 27 de septiembre
sobre las indemnizaciones a los terratenientes que se adueñaron de parte de
los territorios indígenas.



Además, en el legislativo Congreso Nacional se busca imponer, por una nueva
ley, el marco temporal ahora desestimado como inconstitucional por el STF.



Por eso “la lucha continua”, advirtieron muchos líderes y abogados
indígenas.



Otras amenazas



Dos jueces del STF rechazaron el “marco temporal”, pero sus votos incluyeron
la necesidad de indemnizar los terratenientes por las tierras que
adquirieron de “buena fe”, con la propiedad reconocida legalmente, aunque
constitucionalmente sean considerados invasores y solo tengan derecho a la
compensación por las mejoras que añadieron al predio.



Además otros dos también propusieron que el Congreso apruebe una ley
abriendo la posibilidad de actividades económicas hoy restringidas en los
territorios indígenas, como la minería y la agricultura sin limitaciones.



Y uno más votó por el traslado de los grupos indígenas a un “área
equivalente”, fuera de su comunidad tradicional, siempre que lo acepten,
cuando sea muy difícil sacar a los “invasores”.



Son concesiones peligrosas para los derechos indígenas, según Terena, que
puede generar otros conflictos y afectar las demarcaciones, especialmente la
indemnización previa por la tierra en si misma, como pregona un juez.



Un consenso sobre compensaciones a los terratenientes es el tema pendiente
que los 11 jueces del Supremo intentarán definir antes de finalizar el
juicio el día 27.



Otra amenaza es el proyecto de ley 2903, que se tramita en el Senado tras
una aprobación acelerada en la Cámara de Diputados, que busca imponer la
restricción del “marco temporal” por la vía legislativa, ahora en
confrontación con el STF, es decir el Poder Judicial.



Legislar sobre el tema es una prerrogativa del Poder Legislativo, según el
relator del proyecto, el senador Marcos Rogerio, del opositor Partido
Liberal a que pertenece también Bolsonaro y es, por lo tanto, dominado por
la extrema derecha.



Los legisladores reconocen que, al condenar el marco como inconstitucional,
el STF estableció una norma nacional. Pero eso no somete al Congreso, cuyas
decisiones se sobrepondrían al fallo judicial, gracias a su rol de crear
leyes que modifican la legalidad.



Suena solamente un deseo de crear un hecho político y mantener el tema en
tela de juicio. Ello porque una ley ordinaria, como la que está en trámite
legislativo, no se sobrepone al dictado de la Constitución y será obviamente
declarada inconstitucional.



A los legisladores les quedaría la alternativa de aprobar una enmienda
constitucional, hazaña poco posible, ya que requiere una mayoría de 60 % de
los votos de los diputados y de los senadores.



Además sin la seguridad de poder entrar en vigor, porque se trata de anular
derechos fundamentales, que son “cláusula pétrea” en la Constitución, es
decir protegidas de cualquier intento de modificaciones.

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